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Por una Europa de las personas: Lobbies y puertas giratorias en la UE

Por una Europa de las personas

La semana del 11 al 17 de marzo nos movilizaremos por la Europa de las personas y contra la Europa de los mercados. Decenas de colectivos y organizaciones de toda Europa llaman a la protesta coincidiendo con la cumbre de la Unión Europea de Bruselas de los días 14 y 15.

En Madrid, se han convocado multitud de acciones que culminan el sábado 16 con una gran manifestación. Puedes ver toda la información al final del artículo.

Las relaciones entre los poderes políticos y económicos son históricas y muy fuertes, y se dan tanto a nivel local como estatal e internacional. Entre las prácticas que se desarrollan algunas son ilegales, como la financiación oculta de partidos políticos o las comisiones a cargos públicos para conseguir contratos o normativas favorables.

Pero se dan también de manera generalizada otros mecanismos que, siendo en principio legales, propician que las políticas, leyes y fondos públicos se pongan al servicio de intereses privados contrarios a los de la ciudadanía y la sociedad en su conjunto. Mecanismos, como los lobbies o las puertas giratorias que, por su naturaleza opaca, sirven para ocultar prácticas ilegales e ilegítimas.

Los lobbies:

Los lobbies, o grupos de presión, son colectivos con intereses comunes que trabajan para influir en las decisiones de las administraciones públicas de tal manera que sean favorables a estos intereses. Se calcula que en Bruselas hay unos 2.500 lobbies y entre 15.000 y 30.000 profesionales (lobbistas o cabilderos, en español) que representan a empresas, sectores industriales, grupos de la sociedad civil, sindicatos y otros colectivos.

Esta elevada concentración de lobbies en Bruselas responde al hecho de que el 80% de la legislación que afecta a los europeos se decide aquí, y entre el 30% y el 40% de toda la legislación de los países de la Unión Europea tiene su origen en normas comunitarias, por lo que influir en estas leyes supone hacerlo en la de todos los países.

La mayoría de lobbistas trabajan en empresas y asociaciones sectoriales (banca, petróleo, químicas, etc.) y representan directamente sus intereses. Hay 500 empresas con sus propias oficinas en Bruselas, como Iberdrola o el Banco Santander. Los lobbistas que representan intereses privados empresariales son 5 veces más numerosos que los demás. Y tienen mucho más dinero y un acceso privilegiado a los centros de toma de decisiones. Esto provoca que las directivas comunitarias y otras regulaciones y políticas sean en gran parte diseñadas al gusto del lobby empresarial.

Los Think Tanks (Laboratorios de Ideas) y los medios de comunicación hacen también funciones de lobby, a veces de forma muy directa. Organizan eventos, hacen estudios y elaboran informes que tildan de neutrales pero que en su mayoría están patrocinados por empresas, de tal manera que esconden sus intereses en lo que presentan como la “opinión pública europea”. Existen también lobbistas “mercenarios”, agrupados en cientos de firmas de “relaciones públicas” o “asuntos europeos” y despachos de abogados que venden sus servicios a quienes puedan pagarlos.

Los lobbies tienen como principal objetivo a la Comisión Europea, dado que esta genera la mayor parte de la legislación y políticas de la UE. La Comisión cuenta con más de mil grupos asesores, de los cuales más de cien están totalmente dominados por lobbistas de grandes empresas. Estos grupos influyen en la redacción de las propuestas de leyes, por lo cual buena parte de la legislación comunitaria favorece los intereses de estas grandes empresas, lo que a menudo es contrario al interés general.

De hecho, fue la Mesa Redonda Europea de Industrialistas, un grupo de presión formado por los presidentes de las empresas europeas más potentes, junto a destacados cargos políticos de los años 1980, la que planeó el Mercado Único Europeo y la cesión de poderes a la UE para conseguir una Europa más competitiva que beneficiara a las grandes empresas.

Ahora es la gran patronal europea, Business Europe, la que tiene un acceso directo y privilegiado a la Comisión Europea. Esta organización, comandada por las multinacionales, tiene un gran poder de presión al combinar su estatus y gran influencia con el de los miles de lobbistas de las patronales nacionales y sectoriales y de las propias empresas.

Y este poder cristaliza en leyes y políticas de tal calibre como las medidas de gobernanza económica y de austeridad que están barriendo Europa, o el rescate a la banca durante una crisis financiera que lo que exigía es la regulación y control eficientes de la actividad de bancos, fondos de inversión, aseguradoras y el resto de agentes financieros.

Además de la Comisión, también el Consejo Europeo, que representa a los estados miembros, está sometido a los intereses empresariales. Y el Parlamento, la única institución europea cuyos miembros son elegidos directamente por los europeos, tiene acreditados unos 4.500 lobbistas, que se reúnen a diario con los “representantes de los ciudadanos”.

Los efectos de esta actividad son fulminantes: de las 1.600 enmiendas que se presentaron a la directiva que iba a regular la especulación financiera, más de la mitad fueron escritas por lobbies empresariales y presentadas por parlamentarios. Otro dato: más del 95% de las enmiendas a una propuesta sobre gases fluorados fueron redactadas por lobbies y no por parlamentarios. Hay pruebas de que algunos parlamentarios presentan propuestas y enmiendas a cambio de dinero. Algunos de los parlamentarios “pillados” han dimitido, otros no, como Pablo Zalba, del PP.

La actividad de los lobbies carece prácticamente de regulación en Europa, no así en otros países como Estados Unidos. La exigua regulación se centra en los lobbies que se ocupan en el Parlamento, mientras que los lobbies de la Comisión solo cuentan con un registro, que además es voluntario, y al que por supuesto no se han inscrito la mayor parte de lobbies.

Esto genera una situación en la cual se usan con total impunidad prácticas perniciosas como el falseo de estudios, las maniobras para retrasar procesos, la desinformación y engaños, el uso de organizaciones ficticias para defender los propios intereses, o agasajos varios a los cargos y funcionarios.

Todos los organismos internacionales están sujetos a la actividad de los lobbies empresariales, desde el Banco Central Europeo o el Fondo Monetario Internacional hasta la propia ONU. La presión corporativa en las negociaciones dentro de la ONU ha logrado bloquear soluciones efectivas a problemas relacionados con el cambio climático, la producción de alimentos, la violación de derechos humanos, el abastecimiento de agua, la salud, la pobreza y la deforestación, favoreciéndose en cambio políticas de desregulación, liberalización y privatización que han beneficiado al sector privado.

Lobbies y puertas giratorias en la UE

Copyright: @acampadasol

Las puertas giratorias:

Se llama “puertas giratorias” a la práctica por la cual gente de las grandes empresas privadas ocupa cargos públicos, mientras que políticos y funcionarios que han ostentado cargos importantes con capacidad de decisión pasan a ocupar puestos bien remunerados en las empresas privadas.

Este mecanismo evidencia dos realidades. La primera es la estrecha relación entre los intereses de las élites políticas y las empresariales, que propician el acceso directo de estos a los espacios de poder alcanzados por aquellos. La segunda es el trato de favor que algunos políticos tienen con las empresas y bancos, que es pagado con un oneroso retiro de la vida política. La corrupción cada vez es más fina. Ya no es necesario (en todos los casos) “poner dinero en un sobre” para conseguir un contrato público o una ley favorable. Basta con asegurar un futuro lucrativo para uno y los suyos.

En Bruselas es una práctica extendida trabajar en la Comisión o el Parlamento, y antes o después de ello en un lobby y/o en un medio de comunicación. Por ejemplo en 2010, seis de los trece comisarios que dejaban su puesto pasaron por las puertas giratorias de la Comisión al sector privado, a trabajos muy relacionados con el lobby. Günter Verheugen, Comisario de Industria, creó su propia agencia de lobby con el beneplácito de la Comisión Europea.

Esto también es norma en los diferentes gobiernos. Presidentes, ministros, secretarios de estado y otros altos cargos acaban sus días en la política con un puesto en los consejos de administración o en la alta dirección de grandes compañías. Es el caso de Felipe González (Gas Natural) y José María Aznar (ENDESA, News Corp.), además de tantos otros. Es de reseñar que algunos de estos puestos se ocupan en empresas que en su momento fueron públicas y se privatizaron bajo el mandato de estas personas. El sector financiero, el energético, las telecomunicaciones, la industria…en todos ellos se encuentra a personalidades de la política.

En el otro sentido, son también muchas las personas que, provenientes del mundo financiero y empresarial, recalan en la política y la función pública. Las cúpulas de instituciones como el Banco Central Europeo o el FMI están copadas por gente de la banca (Mario Draghi y Antonio Borges, de Goldman Sachs, entre otros), igual que diversos ministerios y altos cargos en 18 países de la UE, entre ellos España. Y sin distinción de familias ideológicas: el presidente francés Francois Hollande ha situado como todopoderoso secretario general adjunto de presidencia a Emmanuel Macron, procedente de la banca Rothschild.

En el caso de España, el Ministro de Economía Luis de Guindos viene de Lehman Brothers y de Mare Nostrum; el Ministro de Educación José Ignacio Wert del BBVA; el Ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Arias Cañete, tiene relaciones con empresas de energía nuclear, petroleras, automóvil, construcción y agricultura. Y la lista sigue: el Secretario de Estado de Economía, el Secretario del Tesoro, el Presidente del ICO, y un largo etcétera que se extiende hasta el Consejo de Estado y la Casa Real.

Acciones

  • 10 de marzo de 2013. Desayuno-debate “El pueblo frente a la Unión Europea”. Ponente: Carlos Sánchez Mato. Domingo 10 de marzo, 11:30 horas. Plaza de los Carros. Organiza la Asamblea Popular de Austrias.
  • 10 de marzo de 2013. Conferencia-debate “Consecuencias sociales, económicas y ambientales de la Unión Europea”. Ponente: Tom Kucharz. Domingo 10 de marzo, 12 horas. Velilla (Plaza de las Velillas, junto al colegio Valdemera). Organiza la Asamblea Popular de Velilla.
  • 12 de marzo de 2013. DOCU-DEBATE “¿Qué Europa tenemos, que Europa queremos?”. Visionado del documental “Los negocios de Bruselas” y posterior debate. Martes 12 de marzo, 19:30 horas. Patio Maravillas – Cafetería (c/ Pez, nº 21). Organiza DRY Madrid.
  • 13 de marzo de 2013. CACEROLADA FRENTE A LA SEDE DE LA UE. Miércoles 13 de marzo, 19 horas. Paseo de la Castellana, 46 (junto a Glorieta Emilio Castelar).
  • 14 de marzo de 2013. FORO “POR LA EUROPA DE LAS PERSONAS”. Jueves 14 de marzo, 19 horas. Puerta del Sol.
  • 16 de marzo de 2013. MANIFESTACIÓN “LA EUROPA DE LAS PERSONAS CONTRA LA UE DE LOS MERCADOS”. Sábado 16 de marzo, 18 horas. Recorrido: Plaza de España – Sol.
MANIFIESTO

Defendemos una Europa donde se impongan los derechos de todas y todos frente a los intereses de los mercados. Un nuevo modelo decidido por la ciudadanía a través de la democracia directa, que ponga en el centro a las mujeres y los hombres. Que cambie competitividad por cooperación, individualismo por apoyo mutuo, opresión y patriarcado por igualdad, que haga efectiva la soberanía popular. Una Europa de las personas y los pueblos que se imponga sobre los mecanismos del egoísmo y el canibalismo económico.

Luchamos por la libertad contra la tiranía de falsas democracias y de un sistema económico que solo sirven para perpetuar las desigualdades y las injusticias. La Unión Europea no es un proyecto social, su fin último es aumentar la competitividad de los grandes bancos y empresas en los mercados mundiales, y con ello sus ganancias. La maximización del beneficio capitalista por encima de cualquier derecho social o ecológico. Por ello en Bruselas hay 15.000 lobbistas, y la gente de la banca se coloca en altos cargos en los gobiernos nacionales y en las cúpulas de organismos como el FMI o el BCE. Por ello los presidentes y ministros acaban en los consejos de administración de estas empresas y bancos.

Las políticas europeas y nacionales son diseñadas por el Consejo Europeo y la Troika, formada por instituciones no democráticas (Comisión Europea, Banco Central Europeo y FMI). Los tratados y pactos europeos son firmados por los jefes de estado sin consultas a la ciudadanía. Los Tratados de Maastricht y Lisboa, el Pacto por el Euro, el Pacto Fiscal, el MEDE… son los acuerdos que imponen la reforma laboral, los recortes en prestaciones y servicios sociales, la privatización de empresas y servicios públicos, el aumento de los impuestos a las clases medias y bajas, las ayudas a la banca con dinero público, la priorización en el pago de la deuda ante cualquier gasto social, o la propia pérdida de soberanía a favor de la Troika.

No queremos una UE que oprime a las personas y explota los ecosistemas en beneficio de unos pocos; que controla a la ciudadanía por medio de la manipulación de los medios de información y la represión policial; que con tratados de libre comercio, supuestas ayudas a la cooperación e intervenciones militares apoya dictaduras, apartheids y ocupaciones, y abre brecha para que las transnacionales expolien a pueblos enteros y sus recursos. No queremos esta UE legitimada por gobiernos contrarios al pueblo y la democracia. Exigimos alternativas, pasos decididos hacia un nuevo modelo al servicio de las personas:

EXIGIMOS LA DEROGACIÓN DE LOS TRATADOS Y PACTOS DE LA UNIÓN EUROPEA, Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA EUROPA DE LAS PERSONAS Y LOS PUEBLOS

Que ponga en el centro los derechos y los intereses de la ciudadanía frente a los de las élites económicas. Exigimos una Europa democrática cuyos objetivos sean la igualdad, la libertad, la justicia, la solidaridad, la cooperación y la sostenibilidad en lo económico, lo social y lo ecológico.

Porque esta Unión Europea solo sirve para apuntalar un sistema que vela por los intereses del capital a costa de los derechos y libertades de las personas y la sociedad en su conjunto.

EXIGIMOS UNA AUDITORÍA DE LA DEUDA

Transparente y con participación ciudadana, y repudiamos el pago de la deuda que se considere ilegitima. Exigimos responsabilidades civiles y penales a los gestores políticos y financieros de la crisis.

Porque sabemos que buena parte de la deuda pública no ha sido adquirida en beneficio de la ciudadanía. Porque el 81% de la deuda Española es privada, mayoritariamente de bancos y grandes empresas, y se está convirtiendo en pública a través de las ayudas a la banca, cuyo pago se nos impone con recortes y privatizaciones.

EXIGIMOS EL CESE DE PRIVATIZACIONES Y RECORTES

La recuperación de servicios y empresas privatizadas, la derogación de las leyes que permiten la privatización, así como de aquellas que excluyen a colectivos de la universalidad de estos servicios. 

Porque la gestión privada es más cara y de peor calidad que la pública, y solo beneficia a las grandes empresas. Y porque defendemos que todos aquellos bienes y servicios que sirven a las necesidades básicas de las personas y la sociedad deben ser bienes y servicios comunes, de carácter 100% público, bajo control y gestión ciudadanos para responder al interés general.

EXIGIMOS LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA FISCAL SUFICIENTE, PROGRESIVO Y JUSTO

Así como la eliminación del fraude y los paraísos fiscales. Porque el déficit en España no proviene de un excesivo gasto público, muy inferior a la media Europa, sino de los bajos ingresos del estado por cobrar menos impuestos a las grandes empresas y fortunas que a los trabajadores, y por no perseguir decididamente el fraude fiscal.

Porque las políticas fiscales deben servir para redistribuir la riqueza, y deben ser suficientes para financiar unos servicios públicos de calidad y universales, las prestaciones sociales y la creación de empleo público.

EXIGIMOS LA ANULACIÓN DE LA REFORMA LABORAL

Y la creación de un nuevo marco laboral que proteja los derechos de las personas trabajadoras y garantice la conciliación de la vida laboral y personal. Exigimos el aumento del salario mínimo interprofesional, el establecimiento de salarios máximos, de la renta básica ciudadana y el reparto del trabajo (asalariado y no asalariado).

Porque la riqueza la genera el trabajo, pero las rentas se las queda el capital. Porque la actividad económica y el trabajo deben servir para cubrir las necesidades de las personas y la sociedad, y no para enriquecer a unos pocos.

EXIGIMOS LA REGULACIÓN INMEDIATA DEL MERCADO INMOBILIARIO, PARALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE DESAHUCIO, DACIÓN EN PAGO, RECONVERSIÓN DE LOS PISOS EJECUTADOS Y PISOS VACÍOS EN ALQUILER SOCIAL, Y TODO ELLO CON CARÁCTER RETROACTIVO

Porque el modelo inmobiliario impulsado por políticos, banqueros y constructores nos ha llevado a la ruina.

Porque el precio de la vivienda se ha inflado artificialmente mientras los salarios reales han caído.

Porque la gente se queda sin casa y las casas se quedan sin gente.

Porque no se puede permitir la especulación con un derecho básico.

EXIGIMOS QUE EL SISTEMA FINANCIERO SEA 100% PÚBLICO, DEMOCRÁTICO, ÉTICO Y BAJO CONTROL SOCIAL

Que sirva para dar cobertura a las necesidades de la población y no sirva a la especulación ni a intereses privados. Exigimos el enjuiciamiento de los responsables de esta quiebra y la devolución del capital amasado. Porque el sistema financiero privado nos lleva al desastre social y económico. Porque las ayudas a la banca solo sirven para seguir acumulando riqueza en pocas manos. Porque solo una banca pública servirá al interés general.

EXIGIMOS UNA REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y HUMANA QUE ASUMA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO COMO PRINCIPIOS BÁSICOS

Porque el crecimiento ilimitado es imposible en un planeta que tiene unos límites. Porque bajo el actual modelo agotamos los recursos del planeta, acabamos con la biodiversidad, degradamos irreversiblemente el medio ambiente y con todo ello abandonamos el equilibrio ecológico en el cual la vida es posible. Porque el respeto y la solidaridad también han de serlo con las futuras generaciones.

EXIGIMOS IGUALES DERECHOS Y LIBERTADES PARA LAS PERSONAS MIGRANTES

Exigimos el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES). Exigimos la regularización de la situación de todas las personas migrantes. Exigimos el cese de las políticas de control de la inmigración, como el FRONTEX Y EUROSUR, que vulneran los derechos de las personas y les imponen un trato degradante. Porque hay libertad de circulación de capitales y mercancías, pero no de personas. Porque si la gente emigra es debido al empobrecimiento de países enteros, de lo cual tiene la culpa el propio sistema capitalista.

EXIGIMOS LA DESMILITARIZACIÓN DEL ESTADO Y LA SOCIEDAD

Exigimos la cancelación de los programas de compra de armamento y de las misiones militares en el extranjero, así como la reducción del gasto militar en general. Exigimos el cese inmediato de la represión policial sobre la ciudadanía, y de la compra y uso de material antidisturbios.

Porque el poder militar se usa para defender intereses económicos privados, para someter a los pueblos y expoliar sus recursos. Porque la policía se usa como herramienta de represión para mantener un sistema injusto. Porque estos gastos pueden dedicarse a inversiones sociales.

Y EXIGIMOS LA INSTAURACIÓN DE UNA DEMOCRACIA REAL Y PLENA, TANTO A NIVEL ESTATAL COMO EUROPEO

Exigimos la participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones. Exigimos mecanismos de transparencia y control ciudadanos. Exigimos unos medios de comunicación públicos y democráticos bajo gestión directa de la ciudadanía. Porque el pueblo tiene que decidir, sin intermediarios, cómo quiere vivir. Porque los intereses de las grandes corporaciones mercantiles y bancos no pueden secuestrar la soberanía popular.

Porque esta falsa democracia sólo permite una consulta directa al pueblo cada 4 años para elegir unos programas de gobierno que no se cumplen y, sin legitimidad democrática, se decretan medidas de reformas, recortes y privatizaciones contrarias a los intereses de la inmensa mayoría. Porque es necesaria una regeneración ética y democrática que acabe con la corrupción política, con un control social efectivo de las instituciones y un nuevo ordenamiento constitucional. Porque la voz del pueblo tiene que expresarse libremente, sin manipulaciones ni censuras.

Hacemos un llamamiento para que la lucha por los derechos y libertades de las personas y los pueblos sea una lucha abiertamente antifascista. Porque ante esta dictadura económica que sufrimos se presentan como alternativas otros fascismos políticos, que en estos tiempos de crisis arraigan en toda Europa bajo discursos populistas y salvadores que esconden viejas formas de opresión.

MOTIVOS

Por una fiscalidad justa en España y en Europa:

¡IMPUESTOS SI, PERO QUE PAGUE MÁS QUIEN MÁS INGRESA!

La evasión y el fraude fiscal es una de las formas más efectivas para desnaturalizar y vaciar la democracia. Al contrario, reclamar más impuestos con una progresividad redistributiva y controlar socialmente que se empleen de una forma justa, es una de las mejores estrategias para impulsar la democracia participativa y reforzar el poder ciudadano.

El empobrecimiento de la democracia y el retroceso de la participación de una ciudadanía que rehúye de “la política” son por tanto procesos que van paralelos a la regresión fiscal, especialmente en nuestro país donde en las últimas décadas se han ido reduciendo, o incluso eliminan­do, impuestos a las rentas más altas y a las grandes empresas, que han conseguido pagar cada vez menos.

El hecho es que sufrimos una fiscalidad injusta ya que las rentas del trabajo tienen impuestos superiores a las rentas del capital. La renta general (donde se incluyen las rentas del trabajo) tributa a un tipo mínimo del 24% mientras que las rentas del ahorro (rendimientos de capital y ganancias patrimoniales) tributan a un tipo del 19% hasta 6.000 euros y a partir de 6.000 tributan del 19 al 21%.

El Impuesto de Sociedades entre 1990 y 2009 bajó del 35% al 30%, pero además existen una serie de deducciones y exenciones fiscales aplicadas que lo rebajan aún más. Así por ejemplo, lo que realmente pagaron las empresas de media en 2010 fue solo el 16,7% de su base imponible, pero lo verdaderamente escandaloso fue que el tipo real se quedó en el 8,3% (lo pagado respecto del resultado contable positivo), cuando en 2006 había sido el 19,9%. Son los grandes bancos y las empresas que facturan anualmente más de 180 millones de euros quienes consiguen tributar a tipos impositivos hasta 5 puntos por debajo del que lo hacen las pequeñas empresas.

El resultado de esta fiscalidad injusta es que en tan solo tres años, de 2007 a 2010, el Impuesto de Sociedades ha visto reducida su recaudación en un 64% (28.625 millones de euros), que por sí solo suponen el 70% de la caída global de la recaudación fiscal. La crisis ha influido ciertamente en ello pero asombra saber que en países como Alemania o Francia los ingresos públicos en porcentaje del PIB han caído infinitamente menos (0,2% y 0,3% entre 2007 y 2008).

En España tenemos una fiscalidad que privilegia a los que más tienen e ingresan, como lo prueba el que se han eliminado ciertos impuestos (el de Patrimonio y el de Suce­siones y Donaciones) y el que se mantengan facilidades para que las grandes fortunas tributen sólo al 1% gracias a las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV).

Una fiscalidad justa que volviera a fijar en el 35% el tipo impositivo para las 5.740 mayores empresas del país (las que facturan anualmente más de 45 millones de euros) supondría recaudar, según el sindicato de técnicos de hacienda (GESTHA), 14.000 millones de euros anuales, esto es, aproximadamente el doble de lo que espera obtener el Gobierno con la subida del IVA al 21%, una medida injusta que grava a los que menos tienen y a sectores básicos como la cultura.

Otro aspecto fundamental de la fiscalidad injusta que padecemos es un Fraude Fiscal que se estima en 90.000 millones de euros y procede en un 72% de las grandes corporaciones y fortunas, que con total impunidad operan en Paraísos Fiscales con el apoyo de la banca y el secreto bancario. Un cuarto del fraude corresponde a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos y apenas el 3% restante lo realizan los particulares.

Con estos datos, resulta indignante que las directrices políticas de la Agen­cia Tributaria obliguen a seguir dedicando el grueso de las inspecciones a particulares, autónomos y PYMES y no a investigar las grandes fortunas y empresas que son las responsables de esas tres cuartas partes de la evasión fiscal. Igualmente indignante es que se haya premiado a los grandes defraudadores a través de la recientemente im­plantada Amnistía Fiscal, que permite a los defraudadores “regularizar” sus cuentas, al módico precio de un 10% de lo defraudado, como máximo.

Es muy significativo el hecho de que España, junto con Grecia, Portugal e Irlanda, sea el país europeo donde los ingresos fiscales del estado son menores (33% PIB frente al 39% en la UE), y esto es consecuencia directa de ser los países de la UE donde menos impuestos pagan las grandes fortunas y empresas, mientras que los trabajadores asalariados pagan cada vez más.

Los tratados en vigor en el ámbito europeo fomentan una competencia impositiva suicida entre los estados, que resulta muy perjudicial para las arcas públicas de la mayoría de ellos. Irlanda, Holanda, Luxemburgo, entre otros, se disputan con sus rebajas impositivas la relocalización de fortunas y filiales de grandes empresas, proceso que no acabará hasta que se produzca una profunda armonización fiscal.

La prevista Unión Fiscal, elaborada por los líderes del BCE, la Comisión Europea, el Consejo Europeo y la Eurozona, no va a solucionar estos problemas, al limitarse a establecer un escaso presupuesto para la eurozona dirigido a premiar con ayudas a los países que más ajustes antisociales realicen, y lo que es más grave, a someter los presupuestos de los estados miembros a la aprobación previa de la Comisión y el Consejo, cuyos miembros no son elegidos por la ciudadanía.

Por otra parte, la banca y las grandes empresas siempre se han opuesto a la introducción de un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) que finalmente -y aunque en una formulación claramente insuficiente que no sirve a los objetivos de redistribución y eliminación de las prácticas especulativas- van a aplicar 11 países europeos, entre ellos España.

Intensificar la presión fiscal a las grandes fortunas y macroempresas apenas repercutiría en la actividad económica y en la generación de em­pleo, ya que se trata de ingresos que se invier­ten en un 99% en actividades especulativas de los mercados financieros. Serían ingresos que reforzarían la sostenibilidad presupuestaria y la suficiencia fiscal de los estados, a los que, además, el Banco Central Europeo debería financiar directamente y no proporcionando negocio a la banca privada.

En definitiva, acabar con esta fiscalidad injusta es la mejor forma de reforzar el Estado Social a través del mantenimiento de los servicios públicos; redistribuir la riqueza aplicando los principios de progresividad y justicia y dirigir la política económica del estado gravando en mayor medida aquellas activida­des de menor interés general o con efectos indeseables para el conjunto de la sociedad.

Lobbies y puertas giratorias en la Unión Europea

Lobbies y puertas giratorias en la Unión Europea:

Los lobbies, o grupos de presión, son colectivos con intereses comunes que trabajan para influir en las decisiones de las administraciones públicas de tal manera que sean favorables a estos intereses.Se calcula que en Bruselas hay unos 2.500 lobbies y entre 15.000 y 30.000 profesionales (lobbistas o cabilderos, en español) que representan a empresas, sectores industriales, grupos de la sociedad civil, sindicatos y otros colectivos. Esta elevada concentración de lobbies en Bruselas responde al hecho de que el 80% de la legislación que afecta a los europeos se decide aquí, y entre el 30% y el 40% de toda la legislación de los países de la Unión Europea tiene su origen en normas comunitarias, por lo que influir en estas leyes supone hacerlo en la de todos los países.

La mayoría de lobbistas trabajan en empresas y asociaciones sectoriales (banca, petróleo, químicas, etc.) y representan directamente sus intereses. Hay 500 empresas con sus propias oficinas en Bruselas, como Iberdrola o el Banco Santander. Los lobbistas que representan intereses privados empresariales son 5 veces más numerosos que los demás. Y tienen mucho más dinero y un acceso privilegiado a los centros de toma de decisiones. Esto provoca que las directivas comunitarias y otras regulaciones y políticas sean en gran parte diseñadas al gusto del lobby empresarial.

Los Think Tanks (Laboratorios de Ideas) y los medios de comunicación hacen también funciones de lobby, a veces de forma muy directa. Organizan eventos, hacen estudios y elaboran informes que tildan de neutrales pero que en su mayoría están patrocinados por empresas, de tal manera que esconden sus intereses en lo que presentan como la “opinión pública europea”. Existen también lobbistas “mercenarios”, agrupados en cientos de firmas de “relaciones públicas” o “asuntos europeos” y despachos de abogados que venden sus servicios a quienes puedan pagarlos.

Los lobbies tienen como principal objetivo a la Comisión Europea, dado que esta genera la mayor parte de la legislación y políticas de la UE. La Comisión cuenta con más de mil grupos asesores, de los cuales más de cien están totalmente dominados por lobbistas de grandes empresas. Estos grupos influyen en la redacción de las propuestas de leyes, por lo cual buena parte de la legislación comunitaria favorece los intereses de estas grandes empresas, lo que a menudo es contrario al interés general.

De hecho, fue la Mesa Redonda Europea de Industrialistas, un grupo de presión formado por los presidentes de las empresas europeas más potentes, junto a destacados cargos políticos de los años 1980, la que planeó el Mercado Único Europeo y la cesión de poderes a la UE para conseguir una Europa más competitiva que beneficiara a las grandes empresas.

Ahora es la gran patronal europea, Business Europe, la que tiene un acceso directo y privilegiado a la Comisión Europea. Esta organización, comandada por las multinacionales, tiene un gran poder de presión al combinar su estatus y gran influencia con el de los miles de lobbistas de las patronales nacionales y sectoriales y de las propias empresas.

Y este poder cristaliza en leyes y políticas de tal calibre como las medidas de gobernanza económica y de austeridad que están barriendo Europa, o el rescate a la banca durante una crisis financiera que lo que exigía es la regulación y control eficientes de la actividad de bancos, fondos de inversión, aseguradoras y el resto de agentes financieros.

Además de la Comisión, también el Consejo Europeo, que representa a los estados miembros, está sometido a los intereses empresariales. Y el Parlamento, la única institución europea cuyos miembros son elegidos directamente por los europeos, tiene acreditados unos 4.500 lobbistas, que se reúnen a diario con los “representantes de los ciudadanos”.

Los efectos de esta actividad son fulminantes: de las 1.600 enmiendas que se presentaron a la directiva que iba a regular la especulación financiera, más de la mitad fueron escritas por lobbies empresariales y presentadas por parlamentarios. Otro dato: más del 95% de las enmiendas a una propuesta sobre gases fluorados fueron redactadas por lobbies y no por parlamentarios. Hay pruebas de que algunos parlamentarios presentan propuestas y enmiendas a cambio de dinero. Algunos de los parlamentarios “pillados” han dimitido, otros no, como Pablo Zalba, del PP.

La actividad de los lobbies carece prácticamente de regulación en Europa, no así en otros países como Estados Unidos. La exigua regulación se centra en los lobbies que se ocupan en el Parlamento, mientras que los lobbies de la Comisión solo cuentan con un registro, que además es voluntario, y al que por supuesto no se han inscrito la mayor parte de lobbies. Esto genera una situación en la cual se usan con total impunidad prácticas perniciosas como el falseo de estudios, las maniobras para retrasar procesos, la desinformación y engaños, el uso de organizaciones ficticias para defender los propios intereses, o agasajos varios a los cargos y funcionarios.

Todos los organismos internacionales están sujetos a la actividad de los lobbies empresariales, desde el Banco Central Europeo o el Fondo Monetario Internacional hasta la propia ONU. La presión corporativa en las negociaciones dentro de la ONU ha logrado bloquear soluciones efectivas a problemas relacionados con el cambio climático, la producción de alimentos, la violación de derechos humanos, el abastecimiento de agua, la salud, la pobreza y la deforestación, favoreciéndose en cambio políticas de desregulación, liberalización y privatización que han beneficiado al sector privado.

Las puertas giratorias:

Se llama “puertas giratorias” a la práctica por la cual gente de las grandes empresas privadas ocupa cargos públicos, mientras que políticos y funcionarios que han ostentado cargos importantes con capacidad de decisión pasan a ocupar puestos bien remunerados en las empresas privadas. Este mecanismo evidencia dos realidades.

La primera es la estrecha relación entre los intereses de las élites políticas y las empresariales, que propician el acceso directo de estos a los espacios de poder alcanzados por aquellos. La segunda es el trato de favor que algunos políticos tienen con las empresas y bancos, que es pagado con un oneroso retiro de la vida política. La corrupción cada vez es más fina. Ya no es necesario (en todos los casos) “poner dinero en un sobre” para conseguir un contrato público o una ley favorable. Basta con asegurar un futuro lucrativo para uno y los suyos.

En Bruselas es una práctica extendida trabajar en la Comisión o el Parlamento, y antes o después de ello en un lobby y/o en un medio de comunicación. Por ejemplo en 2010, seis de los trece comisarios que dejaban su puesto pasaron por las puertas giratorias de la Comisión al sector privado, a trabajos muy relacionados con el lobby. Günter Verheugen, Comisario de Industria, creó su propia agencia de lobby con el beneplácito de la Comisión Europea.
Esto también es norma en los diferentes gobiernos. Presidentes, ministros, secretarios de estado y otros altos cargos acaban sus días en la política con un puesto en los consejos de administración o en la alta dirección de grandes compañías. Es el caso de Felipe González (Gas Natural) y José María Aznar (ENDESA, News Corp.), además de tantos otros. Es de reseñar que algunos de estos puestos se ocupan en empresas que en su momento fueron públicas y se privatizaron bajo el mandato de estas personas. El sector financiero, el energético, las telecomunicaciones, la industria…en todos ellos se encuentra a personalidades de la política.

En el otro sentido, son también muchas las personas que, provenientes del mundo financiero y empresarial, recalan en la política y la función pública. Las cúpulas de instituciones como el Banco Central Europeo o el FMI están copadas por gente de la banca (Mario Draghi y Antonio Borges, de Goldman Sachs, entre otros), igual que diversos ministerios y altos cargos en 18 países de la UE, entre ellos España. Y sin distinción de familias ideológicas: el presidente francés Francois Hollande ha situado como todopoderoso secretario general adjunto de presidencia a Emmanuel Macron, procedente de la banca Rothschild.

En el caso de España, el Ministro de Economía Luis de Guindos viene de Lehman Brothers y de Mare Nostrum; el Ministro de Educación José Ignacio Wert del BBVA; el Ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Arias Cañete, tiene relaciones con empresas de energía nuclear, petroleras, automóvil, construcción y agricultura. Y la lista sigue: el Secretario de Estado de Economía, el Secretario del Tesoro, el Presidente del ICO, y un largo etcétera que se extiende hasta el Consejo de Estado y la Casa Real.

Los pactos y tratados europeos

Los pactos y tratados europeos:

El fracaso del proyecto europeo a través de la historia de sus tratados

La construcción de Europa es la historia de una democracia amordazada, en la que los intereses de los pueblos y los ciudadanos vienen supeditados a los intereses del capitalismo financiero y de las grandes corporaciones, que imponen sus leyes.

A lo largo de 50 años se han ido jalonando diferentes acuerdos políticos o tratados, cuyos objetivos y prioridades no son decididos de forma democrática por los pueblos europeos, sino que -como la historia comunitaria ha demostrado- han estado condicionados por los intereses del capital hegemónico. Primero fueron los intereses de la gran industria del carbón y el acero (la CECA), luego los de la energía nuclear (EURATOM), los de la política agraria como negocio (la PAC), las redes de transporte e infraestructuras al servicio de los grandes holdings y empresas constructoras, la directiva de servicios de interés general para desguazar los servicios públicos o el apoyo a la gran banca y la defensa de los acuerdos comerciales a través de la OMC.

Resumen de los principales acuerdos y tratados:

  • 1951: Creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) por los seis miembros fundadores (Bélgica, República Federal de Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos).
  • 1957: Tratados de Roma. Creación por los seis países firmantes de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM) y una Comunidad Económica Europea (CEE). Esta última implicaría la creación de un mercado común más amplio que abarcará toda una gama de bienes y servicios.
  • 1968: Se suprimen los derechos de aduana entre los seis países para favorecer, principalmente, los intereses de las grandes multinacionales. Se implantan las políticas comunes, especialmente la política agrícola (PAC) y la política comercial. En la primera fase de ampliación, de 1973 a 1995, se adhieren nuevos países: Dinamarca, Irlanda y Reino Unido (1973); Grecia (1981), España y Portugal (1986), Austria, Finlandia y Suecia (1995).A partir de 1985 el neoliberalismo toma carta de naturaleza en la CEE. Se generaliza la adhesión de los gobiernos de los países de la UE a los postulados del Consenso de Washington (disciplina presupuestaria, liberalización financiera y desregulación de los mercados, privatización de las empresas públicas, imposición fiscal regresiva, protección de la propiedad privada), y de la mano del FMI se abren las puertas a la implantación de este rosario de políticas neoliberales que hoy día marcan el modelo económico y social europeo.
  • 1987-1993: Del Acta Única al Tratado de Maastricht, por el que se crea la Unión Europea (UE).Con el Acta Única (1986) se impulsa el mercado interior a través de la libre circulación de mercancías y capitales, y con el Tratado de Maastricht (1993) la Unión Económica y Monetaria (condiciones para el establecimiento del euro) y los criterios de convergencia necesarios para la Unión Monetaria: deuda publica inferior al 60% del PIB; déficit presupuestario inferior al 3% del PIB y tasa de inflación inferior al 1,5%. Se pasa de la transferencia de competencias sectoriales al abandono de la soberanía nacional de amplio calado político (la moneda en primer lugar, pero también la política económica nacional y regional o algunas competencias judiciales o policiales).
  • 1997: Tratado de Ámsterdam, en el que se desarrollan los criterios de Maastricht a través del Pacto de estabilidad y crecimiento y se pone en marcha (1998) el Banco Central Europeo (BCE),organismo independiente y opaco sin ningún tipo de control democrático a pesar de ser un banco público. De acuerdo con sus estatutos el BCE tiene como principal función el control de la oferta monetaria y el mantenimiento y la estabilidad de los precios, aunque pasa a ser, de hecho, la autoridad política y económica que, sin legitimidad democrática,determina las políticas económicas, presupuestarias y fiscales de los países de la Eurozona.En efecto, según el artículo 123 del Tratado de Lisboa, queda prohibida la autorización de descubiertos o la concesión de cualquier otro tipo de créditos por el Banco Central Europeo y por los bancos centrales de los Estados miembros, en favor de instituciones, órganos u organismos de la Unión, así como la adquisición directa a los mismos de instrumentos de deuda por el Banco Central Europeo o los bancos centrales nacionales.

    Sin embargo el BCE, de acuerdo con su política monetarista y de ayuda a la banca, es una de las principales fuentes de financiación y de préstamos a la banca privada a tipos de interés muy bajos (del 1% durante los últimos años y del 0,75% en la actualidad), que después se utilizan por los bancos privados para comprar deuda o para hacer préstamos a estados como España a tasas muy superiores, de entre el 5% y el 7%.

  • 2000-2010: Estrategia de Lisboa y Estrategia Europa 2020. A partir de 1999 se impulsa desde las instituciones europeas la desregulación monetaria y financiera, así como las medidas adoptadas en pro de la “promoción de la competitividad” en el sector financiero. Se transforma el panorama financiero europeo a imagen del de Estados Unidos para así poder competir a escala mundial. La libertad de movimientos de capitales y el imparable proceso de financiarización de la economía europea, que supone la subordinación de la economía real a la economía especulativa, se convierten en elementos clave de la política neoliberal (Tratado de Lisboa, art. 56 TFUE). La idea fuerza de esta estrategia es la de hacer de Europa una “gran potencia económica a nivel mundial”, pasando por encima de cualquier otro valor como los de la justicia social y la solidaridad.
  • 2002: La Unión Monetaria. El euro entra en circulación. La moneda única, el euro, es el símbolo de la construcción de una UE diseñada para satisfacer los intereses del capital. No era esta la única, ni siquiera la mejor opción técnicamente posible para facilitar la integración económica y social. Sin embargo, sí era el mejor mecanismo para aumentar las diferencias entre países y para garantizar el incremento de los beneficios empresariales y las rentas del capital financiero.La moneda única se convierte en una camisa de fuerza que limita el margen de maniobra con el que cuentan los estados para gestionar su economía. La política monetaria pasa a ser competencia exclusiva del Banco Central Europeo, entrando en conflicto con el diseño y el control democrático de las políticas macroeconómicas nacionales.
  • 2004-2007: Proyecto de Tratado Constitucional (TC) y Tratado de Lisboa (2007), para sustituir a los tratados existentes e institucionalizar, sin posibilidad de vuelta atrás, las políticas neoliberales de la UE.El TC es rechazado por dos referéndums nacionales (Francia y Países Bajos), y con ello se abre la mayor crisis política de la UE que dura más de tres años. Como resultado de ello los dirigentes de la UE elaboran un nuevo tratado, el Tratado de Lisboa -un refrito del anterior TC, firmado en 2007- cambiando las reglas de aprobación y forzando su imposición por encima de las constituciones nacionales y la voluntad popular de muchos países europeos. Con el Tratado de Lisboa se convierten en ley y se institucionalizan, sin posibilidad de vuelta atrás, las políticas neoliberales de la UE.

    Los ejes que vertebran el Tratado de Lisboa son el mercado interior y la primacía de la competencia frente a la solidaridad. La competencia es el principio organizador de la Unión, un derecho normativo, verdadero derecho “constitucional”, que relega a la mayor parte de los otros textos europeos a meras declaraciones de intención sin alcance operativo práctico. La primacía de la competencia supedita aspectos claves como son la solidaridad entre los pueblos y las naciones europeas, entre si y en relación a terceros países; la garantía de la deuda; la política financiera común y la armonización fiscal de los países de la UE (Tratado de Lisboa, art. 102-104 del TFUE).

  • 2009: Entra en vigor el Tratado de Lisboa cambiando el funcionamiento de la Unión Europea.
  • 2011: Pacto por el Euro. Para salvar la moneda única y ser competitivos a nivel internacional es preciso acabar con la idea de la Europa Social y desmantelar el estado de bienestar conquistado por la clase trabajadora: rebajar los salarios, los derechos y las prestaciones sociales y cargarse el llamado “Estado de bienestar”. Este tratado proponía laelevación a rango constitucional del techo al déficit y de la priorización del pago de la deuda ante cualquier gasto o inversión social (educación, sanidad, etc.). España fue uno de los primeros países en acatar esta norma con la reforma del artículo 135 de la Constitución Española en septiembre de 2011.
  • 2012: El Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza (TECG) o Pacto Fiscal. Este tratado, conocido como Pacto Fiscal de Estabilidad, tiene como objetivo fortalecer las reglas para asegurar que los Estados signatarios apliquen unas políticas presupuestarias estrictas (políticas de austeridad presupuestaria). En particular, en lo referente a los llamados «déficits estructurales», que están planteados para no sobrepasar un límite de 0,5% del PIB de forma permanente. En el caso de que se observen desviaciones, se activará automáticamente un mecanismo corrector (art. 4), y si las medidas no se cumplen se aplicarán sanciones que pueden alcanzar hasta el 0,1% del PIB del país (art. 8).Este tratado supone una herramienta política de primer orden en manos de la Comisión Europea o de cualquiera de los Estados miembros, que podrán denunciar estas desviaciones ante el Tribunal Europeo de Justicia. Este organismo tendrá la última palabra en caso de diferencias entre los Estados miembros.

    El Pacto Fiscal restringe gravemente la libertad de los pueblos para elaborar sus presupuestos y decidir sus opciones y su futuro económico. Esta “norma básica” no es solamente un atentado contra las personas, sino también contra futuras generaciones que quedan condenadas a vivir en condiciones precarias. Con el pretexto de mantener la estabilidad presupuestaria y el objetivo de reducir el déficit, se impone una ortodoxia de la austeridad por encima de todo. De esta manera se recortan salarios y gastos sociales -y no la especulación financiera y los beneficios empresariales- para así favorecer la hegemonía de la banca y el gran capital, aunque con ello se ahonde en la recesión económica.

    Este Pacto es, en definitiva, la causa de la actual desastrosa política macroeconómica de la eurozona y legitima las políticas de austeridad, de recortes, empobrecimiento y recesión en que se encuentran la mayor parte de los países de la zona euro.

  • 2012: Mecanismo de Estabilidad Europea (MEDE), que ha entrado en vigor el 27 de septiembre de 2012. No es tanto un mecanismo, sino más bien una nueva administración de la Unión Europea. El objetivo es suministrar préstamos (bajo estrictas condiciones) a los países de la zona euro que no puede cumplir con sus obligaciones financieras. A cambio se imponen estrictas condiciones macroeconómicas y políticas de recortes que llevan al empobrecimiento y la recesión económica de los países que soliciten los préstamos, así como la perdida de soberanía por la supervisión constante por parte de la Troika.

Consecuencias de los tratados y pactos europeos:

En definitiva, a través de estos pactos y tratados no son las personas y los pueblos los que deciden sus intereses y su futuro, sino que son el mercado y las finanzas el principio regulador básico de las relaciones entre los estados de la Unión. Y de esta forma vemos como las instituciones de la UE -la Comisión Europea, el Consejo Europeo, el Banco Central Europeo- han subordinado sistemáticamente todas sus políticas económicas y sociales a los dictados del sector financiero. Es decir, primero los bancos, los mercados y la estabilidad financiera, y luego los intereses de los trabajadores y las personas.

La UE y sus instituciones son directamente responsables, por acción o por omisión, de la crisis financiera y de la crisis de la deuda, y lo son principalmente de la gestión errónea de la crisis a través de las políticas de austeridad fiscal aplicadas. Estas políticas de brutales recortes sociales y laborales nos están llevando, en España y en Europa, a la recesión y al desastre económico; al desempleo insoportable; al desmantelamiento de los servicios públicos; a la polarización social y salarial; a la pérdida de la vivienda y los desahucios; y, en definitiva, al empobrecimiento generalizado y al aumento de la exclusión social, además de aumentar las diferencias económicas entre países.

Estos tratados han vaciado de contenido las políticas de convergencia económica y de cohesión social que formaban parte del reivindicado “Modelo Social Europeo”, acabando con los restos del llamado “Estado de Bienestar”. Estos logros que nos han usurpado representaban las conquistas democráticas y sociales de la clase trabajadora europea a lo largo de más de 140 años. Esto es: el naufragio de la construcción europea y el suicidio de Europa.

La responsabilidad de la UE en la génesis de una deuda ilegítima

La responsabilidad de la UE en la génesis de una deuda ilegítima:

Desde el gobierno y los medios de comunicación nos dicen que el origen de la crisis está en el elevado endeudamiento de la economía española. Nos explican que tod@s hemos contribuido a generar esta deuda al vivir por encima de nuestras posibilidades y ahora la única solución es apretarse el cinturón. Efectivamente, la economía española tiene un problema de sobre-endeudamiento.

Según datos del Banco de España, la deuda total llegó a suponer, en septiembre de 2012, el 481% del PIB. Pero el responsable principal no son las Administraciones Públicas, que acumulan únicamente el 20% del total, sino el sector privado, quien es responsable del 80%, principalmente la banca y las grandes empresas no financieras. De esta manera, el 38% del total de la deuda ha sido generada por empresas, el 24% por instituciones financieras y el 18% por familias.

Así pues, la deuda española tiene un origen fundamentalmente privado, en gran parte resultado de las burbujas inmobiliaria y financiera, iniciadas a finales de la década de 1990, con las que empresas, constructoras, inversores en busca de beneficios rápidos, bancos y cajas, amasaron grandes beneficios.

Dicha burbuja fue potenciada por legislaciones nacionales como la Ley de liberalización del suelo, aprobada por el Partido Popular en 1996, que facilitaba a los municipios la re-calificación del suelo no-urbanizable en urbanizable, así como la reforma de la Ley de Cajas de Ahorro de 1997, que permitió a dichas entidades abrir oficinas por todo el estado español, perdiendo su vinculación con el territorio y asumiendo las mismas actividades especulativas que la banca privada y de inversión.

Sin embargo, la Unión Europea (UE) también es directamente responsable de la génesis de la deuda. A pesar de las declaraciones de buenas intenciones, por las que la UE y el euro fueron presentados como herramientas de democracia, solidaridad entre naciones y bienestar para los pueblos, su diseño y funcionamiento han favorecido la actividad especulativa de las élites económicas y financieras.

Por un lado, de acuerdo a la tendencia internacional, ha potenciando el libre flujo de capitales y la liberalización del sector financiero. Por otro lado, ha promovido una estructura económica basada en la especialización centro periferia, según la cualEspaña tuvo que especializarse en el sector de la construcción y en el turismo.

A lo cual se debe sumar la creación de una unión monetaria entre países con realidades económicas muy diferentes, sin los adecuados sistemas de compensación y redistribución, dando lugar a que los excedentes comerciales de los países del centro fueran subvencionados con los déficits crónicos de los países de la periferia.

El resultado final fue que dichos excedentes se convirtieron en una gran cantidad de dinero que fluyó, a partir del año 2000 con la adopción del euro, desde las élites financieras del centro de Europa a las burbujas especulativas de los países de la periferia, donde conseguían una alta rentabilidad a un riesgo mucho menor que en el pasado, pues ya no existía la incertidumbre del cambio de moneda.

Así pues, las instituciones y políticas económicas de la UE han aplicado un programa de políticas económicas cuyo resultado ha sido un sistema financiero capaz de redirigir con toda libertad los recursos de la economía real a la economía especulativa, proporcionando el crédito necesario para hinchar la burbuja inmobiliaria española. Las entidades financieras también obtuvieron financiación del Banco Central Europeo (BCE), institución que les suministraba crédito en torno al 1% de interés.

De esta manera, obtenían grandes beneficios con el endeudamiento de empresas y hogares, pues los préstamos que les concedían eran a un interés superior al que ellos mismos obtenían del BCE o de otros bancos. Mientras, las familias tuvieron que hipotecarse hasta 40 años para tener acceso a una vivienda cuyo precio no paraba de subir, mientras sus salarios se mantenían congelados en términos reales, siendo este el origen de las tres cuartas partes del endeudamiento actual de las familias.

Pero en 2007 saltó la crisis crediticia en Estados Unidos, lo que paralizó el crédito inter-bancario a nivel internacional. Las entidades financieras españolas ya no tenían fondos para continuar hinchando la burbuja y cortaron el crédito a inmobiliarias, constructoras y familias. La rueda especulativa frenó en seco y la quiebra del sector de la construcción, que absorbía una gran parte del trabajo asalariado en España, puso en la calle a muchas personas que ya no podían hacer frente al pago de su hipoteca, al mismo tiempo que muchas empresas no podía devolver los créditos otorgados por las entidades financieras. De esta manera, bancos y cajas vieron como sus balances se llenaban con activos sobre-valorados por la burbuja, así como créditos que puede que nunca lleguen a cobrar.

Por tanto, podemos afirmar que el origen de la crisis española es la elevada deuda privada resultado de la burbuja inmobiliaria con la que la élite económica y financiera de este país obtuvo tremendos beneficios. Sin embargo, las instituciones de la Unión Europea señalan como culpable de la crisis a la elevada Deuda Pública. Esto es sencillamente imposible, ya que el año anterior a la crisis, en 2007, la deuda pública española era del 47,5% sobre el PIB. Una de las más bajas de Europa. Su aumento en los años sucesivos, llegando al 77,3% del PIB en 2010, al 88,6% del PIB en 2011, hasta el 96,2% del PIB en septiembre de 2012, ha estado vinculado de una u otra forma con esta deuda privada.

Ya sea por (a) la enorme cantidad de dinero público que se ha dado a los bancos, transformando así su deuda privada en deuda pública (en septiembre de 2012 la cantidad era mayor a 144.000 millones de euros, más del 14% del PIB); (b) por el aumento del paro y el cierre de pequeñas y medianas empresas consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria y financiera, la cual fue alimentada por los bancos y grandes empresas, en connivencia con la clase política; (c) por la política fiscal regresiva promovida en las últimas décadas, e impulsada desde la UE, gracias a la cual las grandes empresas y fortunas del país pagan cada vez menos impuesto, haciendo depender los ingresos del Estado de los impuestos que gravan las rentas medias; (d) o por el aumento de los intereses de la deuda, los cuales crecen tanto por el aumento del total de la deuda pública que se acumula, como por el efecto de la especulación en los mercados financieros, ya que a partir de la crisis de 2008 los títulos de deuda pública se convirtieron en el nuevo activo refugio con el que poder continuar con el negocio de la especulación.

De hecho, las mismas entidades financieras que son rescatadas con fondos públicos son las que compran los títulos de deuda en los mercados financieros para especular con ellos y seguir sacando beneficios.

Ante esta situación, las medidas impuestas por la UE para, teóricamente, salir de la crisis, no inciden en el origen del problema, sino que se centran, en primer lugar, en fortalecer los mecanismos que asegurar el cumplimiento de los límites de déficit y deuda pública, fijados en el 3% y el 60% del PIB respectivamente, a través de instrumentos como el Pacto del Euro, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento o cambios en las Constituciones Nacionales, tal es el caso de la modificación del artículo 135 de la Constitución Española.

La justificación es que sobrepasar dichos límites podría generar inflación, priorizando conservar el propio valor del dinero por encima de la generación de empleo o el bienestar de la población. Evidentemente a quien más le beneficia que no suba el nivel de precios bajo ninguna circunstancia es al sector bancario, que vería como el valor de sus activos se reduce.

En segundo lugar, se crean mecanismos supranacionales con los que la deuda privada se convierte en pública, como el MEDE. Gracias al cual, recursos públicos de toda Europa son transferidos a los bancos, para que puedan sanear sus cuentas. Pero siempre a través del Estado, quien es el responsable, en último término, de su devolución.

Estos rescates tienen como contrapartida las llamadas “reformas estructurales”, cuyo objetivo oficial consiste en mejorar la competitividad y aumentar la credibilidad de las economías frente a los mercados financieros, lo que supuestamente garantiza el crecimiento futuro y hará que salgamos de la crisis. Sin embargo, dichas reformas se materializan lo siguiente:

Por un lado, para mejorar la competitividad, se devalúan los salarios con objeto de que las exportaciones sean más baratas y se flexibiliza el mercado laboral, es decir, se eliminan derechos laborales, para garantizar los márgenes de beneficios empresariales.

Por otro lado, para aumentar la credibilidad frente a los mercados financieros se disminuye el déficit público vía reducción de gasto, lo que lleva aparejada la privatización de servicios públicos básicos, como la educación, la sanidad y las pensiones. Estas políticas, en realidad, son una continuidad del programa político neoliberal que definió el funcionamiento de la UE y que es corresponsable de la crisis a la que hemos llegado.

Siguen beneficiando a las mismas élites económicas, socializando sus pérdidas a través de la transformación de sus deudas privadas en deuda pública, garantizando sus márgenes de beneficios y nuevos nichos de mercado a través de las privatizaciones. Todo ello a costa de acabar con nuestros derechos laborales, sociales, económicos y políticos, aplicándonos las mismas políticas de ajuste y austeridad que se impusieron a los países de América Latina, África y Asia, en décadas pasadas, para garantizar el pago de una deuda que sumió a sus pueblos en la pobreza y en una “generación perdida”.

En conclusión, podemos asegurar que la mayor parte de la deuda española actual, tanto privada como pública, no ha tenido como origen la financiación de bienes o servicios que hayan beneficiado al conjunto de la población, sino el enriquecimiento privado de una minoría poderosa. Por todo esto podemos decir que la deuda es ilegítima y no debe pagarse.

La gran estafa, el salvamento del sistema bancario con dinero público

La gran estafa, el salvamento del sistema bancario con dinero público:

El sistema bancario europeo quebró en el año 2008. La Comisión Europea trató de garantizar, desde un principio, que los procesos de rescate del sector financiero en los distintos países miembros de la UE-27 se llevaran a cabo de forma coordinada adoptando un marco general sobre el que se negociaran los planes de cada país.

Siguiendo esta pauta, cada estado ha ido adaptando el marco general establecido por la Comisión en función de la magnitud del problema de su sector bancario. Además, teniendo en cuenta su diferente exposición a la crisis financiera, la mayoría de países ha adoptado otras medidas para sanear su sistema financiero, aunque siempre bajo la supervisión de la Comisión Europea. Se trataba de intervenir para evitar el colapso de sus sistemas financieros.

En teoría se trataba de prevenir una retirada masiva del ahorro de los ciudadanos depositado en las entidades financieras e impedir que las dificultades de liquidez afectaran a la solvencia del sistema y evitar el desbordamiento de la crisis financiera hacia la economía real.

En la práctica se ha desarrollado un mastodóntico plan de salvamento de las entidades bancarias privadas con dinero público. Los instrumentos utilizados han sido los siguientes:

  • Avales públicos a la deuda de las entidades bancarias: este fue el primer instrumento del que se hizo uso para tratar de responder a los primeros efectos de la crisis financiera. Estos avales se dirigieron al conjunto del sistema bancario en lugar de a entidades concretas y mostraron ser eficaces para afrontar restricciones de liquidez en un contexto de pérdida de confianza. Los países que concedieron más avales públicos a la deuda de los bancos entre 2008 y 2010 fueron Irlanda (360 mil millones de euros), Reino Unido (158 mil millones de euros), Dinamarca (145 mil millones de euros) y Alemania (135 mil millones de euros).
  • Medidas de recapitalización: bajo este instrumento se llevaron a cabo inyecciones directas de capital en entidades bancarias. Los países que más capital inyectaron entre 2008 y 2010 en su sistema bancario fueron Reino Unido (83 mil millones de euros), Alemania (57 mil millones de euros) e Irlanda (46 mil millones de euros).
  • Planes de saneamiento de activos: se introdujeron en una segunda fase de la crisis financiera, cuando el problema de los activos tóxicos se hizo más patente. Este instrumento se ha utilizado en 11 de los 27 países de la UE. La mayor parte de las cantidades aprobadas afectaron a Reino Unido, Irlanda, Alemania, Bélgica y Holanda. Como en el caso de las medidas de recapitalización, los bancos que recibían estas ayudas debían presentar planes de reestructuración.
  • Otras medidas para inyectar liquidez: De muy diversos tipos y alcances, fundamentalmente han consistido en compras de activos y en préstamos del Banco Central Europeo.

El resultado conjunto es que entre los años 2008 y septiembre de 2011, los 27 países de la UE han aprobado ayudas públicas por un importe conjunto de 4,5 billones de euros a los que hay que sumar la actuación del Banco Central Europeo que ha añadido 1,2 billones de euros de liquidez adicional inyectada al sistema bancario europeo. En conjunto, las medidas aprobadas superan a septiembre de 2011 (última fecha para la que hay datos publicados) los 5,7 billones de euros (el 46% del PIB del conjunto de la Unión Europea anual).

De esta inmensa cantidad de dinero, en el período 2008-2010 se habían utilizado ayudas públicas por valor de 1,6 billones de euros (un 13,1% del PIB de la UE), de las cuales 1,1 billones corresponden a avales y 409 mil millones a medidas de recapitalización y tratamiento de activos tóxicos. Tres estados miembros absorbieron casi el 60% de la ayuda total utilizada: Irlanda (25%), Reino Unido (18%) y Alemania (15%). En términos relativos a su PIB, los países que han utilizado más ayudas entre 2008 y 2010 han sido Irlanda (un 268%), Dinamarca (67%), Bélgica (21%) y Reino Unido (18%). A los 1,6 billones de euros hay que añadir de igual modo la inyección del Banco Central Europeo (1,2 billones de euros) lo que situaba hace 2 años en 2,8 billones de euros utilizados (17,5% del PIB anual).

Una vez más se ha optado por salvar a los causantes de la crisis en vez de a sus víctimas y para ello las instituciones europeas no han tenido en cuenta las diferentes alternativas posibles en una situación como la actual.

Nuestro país ha sido una pieza más del expolio: España ha necesitado solicitar un rescate de hasta 100 mil millones de euros para su sistema financiero. Para ello ha recurrido a un organismo creado por el Consejo Europeo en 2011: el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), previsto para mejorar las posibilidades de ayuda a los estados y a los bancos en las próximas crisis bancarias. El organismo no conseguirá sus objetivos porque su actuación está basada en la austeridad presupuestaria, la cesión por parte de los estados miembros de más soberanía y una dosis adicional de sumisión a la lógica del capital privado.

En resumen, en España, a finales de 2012, la cantidad total por todos los conceptos de ayudas públicas al sector financiero ascendía a unos 590 mil millones de euros, de los que aportación de capital suponen cerca de 81 mil millones de euros (13,72% del total) frente a las medidas de financiación que superan los 508 mil millones de euros (86,28% del total). Y todo esto se ha producido sin que se modifiquen las relaciones de propiedad de las entidades.

El resultado de esta enorme transferencia de dinero público a las arcas de los bancos es que las deudas de las entidades financieras las acabamos pagando las familias trabajadoras con recortes en sanidad, educación, dependencia y todo tipo de servicios públicos, además de sufrir cada vez más paro y una mayor explotación en los puestos de trabajo. En conjunto se está produciendo una brutal transferencia de renta de los asalariados y capas más humildes de la sociedad a las más ricas, con un crecimiento brutal de las desigualdades que está llevando a la mayoría a sufrir unas condiciones de vida y de trabajo cada vez peores.

El rescate es ilegítimo, ya que, al igual que con las actuaciones anteriores, se salva la responsabilidad y malas prácticas de los gestores y grandes inversores, hace que no reconozcan su situación de quiebra y se aprovechen del dinero público sin que se modifique el control accionarial que tienen de las entidades. Si todos los fondos públicos utilizados se hubieran convertido en acciones, el Estado y la Unión Europea serían los dueños de las entidades bancarias(por cada euro que han puesto los accionistas privados, el erario público ha puesto más de tres).

Esta situación no es una mera crisis financiera, sino que el problema de fondo es una crisis capitalista clásica que nace en la llamada economía real. La banca no crea un solo átomo de riqueza, sino que ésta es el producto del trabajo humano (aplicado a los medios de producción) y los recursos naturales. Igual que estimula los auges económicos, el crédito (o, en este caso, la ausencia de él) agrava la crisis económica pero no la crea. Las soluciones tendrán que tener en cuenta este diagnóstico.

El fracaso de las políticas de vivienda en Europa

El fracaso de las políticas de vivienda en Europa:

El fracaso de las políticas de vivienda en Europa ha determinado la existencia de ciudades violadoras de derechos sociales legalmente reconocidos, acaparadoras rapaces de los espacios, los suelos y los territorios, de los recursos naturales y de los bienes comunes.

Productoras de una crisis sistémica, ecológica, alimentaria y urbana, agravada con la crisis que empeora dramáticamente la vida de millones de personas, excluidas de una vivienda y de un hábitat digno, seguro, y bajo amenaza de marginalidad y miseria.

Por todo ello denunciamos:

  • El rol jugado por la TROIKA proponiendo alianzas que subordinan a los estados y a las autoridades locales al negocio privado y al mercado especulativo, entregando las llaves de las ciudades y los pueblos a quien las quiera usar para traficar con el suelo y las viviendas de la gente, con la falsa promesa de ofrecer recursos financieros para salir de la crisis de la deuda; forzando, además, la priorización del pago de la deuda externa frente a las políticas sociales y los derechos de las personas;
  • La participación activa de la Europa de los mercaderes, desde el Banco Central Europeo hasta la gran banca privada centroeuropea, financiando la burbuja inmobiliaria y aceptando las cedulas hipotecarias como avales-colaterales en la financiación de los bancos dedicados a los negocios hipotecarios, además de sostener un sistema de engaño llamado EURIBOR;
  • La exclusión de la agenda oficial de temas candentes como los desahucios y el derecho a la ciudad y a la vivienda basados en los principios de la gestión democrática y la suficiencia financiera;
  • Los intereses de las empresas que han convertido el derecho a la vivienda en una mercancía y en un mecanismo de especulación financiera;
  • El ensañamiento con las víctimas de la crisis, los estafados por las sobretasaciones de las hipotecas y los alquilados que, precarios o sin trabajo, no solo pierden su vivienda sino que, como es el caso de España, se les mantiene esclavizados de por vida mediante una deuda ficticia producida por la distorsión de los precios mediante la sobretasación de los inmuebles y por los intereses desmedidos de los especuladores financieros;
  • El desmantelamiento y privatización de los parques públicos de vivienda en alquiler;
  • Los desalojos y derrumbes de vivienda informal sin alternativa habitacional, utilizados como política de acoso a las poblaciones;
  • La criminalización de los desahuciados y de quienes luchan por el derecho a la vivienda y por la recuperación de los bienes comunes, mediante el acoso y la persecución permanente a sus movilizaciones, abusivas identificaciones policiales y multas, cuando no de maltratos y detenciones.

Dentro de las políticas económicas de los sucesivos gobiernos españoles, el impulso de la construcción de viviendas ha sido una constante que ha influido de manera perversa sobre la formación de la estructura del parque actual. En todos los planes de vivienda aprobados los objetivos pretendidos por parte de los diversos gobiernos tienen doble naturaleza: por un lado, se presentan como la forma de satisfacer la demanda social existente, paliando la necesidad de vivienda; por otro, este propósito va siempre acompañado de objetivos económicos globales ajenos a la política de vivienda. A lo largo de los últimos 30 años las decisiones tomadas por los sucesivos gobiernos transformaron profundamente la  estructura del parque de viviendas y, a pesar del tiempo transcurrido, siguen definiendo la situación actual:

  • Se fomenta el acceso a la vivienda en propiedad.
  • No  se crea un parque de vivienda social gestionado directamente por la administración pública o por entidades sin ánimo de lucro, sino que se pasa directamente a la construcción y venta directa de viviendas protegidas.
  • No se aprovecha el momento de recesión económica para afrontar el problema de la congelación de los  alquileres, con el consiguiente deterioro del parque de viviendas.

Actualmente la SAREB (popularmente conocida como el “banco malo”), que se ha utilizado para estabilizar los precios de las viviendas (activos financieros) y sostener engañosamente los balances bancarios, se está quedando con las propiedades de los bancos con un descuento del 55%. Esto quiere decir que las hipotecas que la gente aún está pagando están infladas en ese 55%. Seguimos siendo estafados.

La vivienda es una necesidad esencial de las personas que debe ser satisfecha con criterios de igualdad y progresividad y no debe ser objeto de especulación. El suelo es un bien común que debe ser recuperado para su gestión corresponsable y transparente, bajo control y titularidad pública. Y la ciudad es un espacio y un territorio común que debe ser refundado bajo criterios de  participación, corresponsabilidad, sostenibilidad y equilibrio ecológico, también bajo control y titularidad pública.

Es necesaria la realización de políticas públicas que garanticen el derecho humano a la vivienda digna y sostenible. Por ello exigimos la regulación inmediata del mercado inmobiliario, la paralización de los procesos de desahucio, la dación en pago, la reconversión de los pisos ejecutados y pisos vacíos en alquiler social, y todo ello con carácter retroactivo.

Porque no se puede criminalizar la protesta social y el derecho de las personas y organizaciones a defender sus conquistas y derechos, atropellados por las actuaciones gubernamentales. Porque se penaliza la ocupación de viviendas y lugares vacíos mientras que no se audita ni se persigue penalmente a los responsables de la estafa y las sobre tasaciones hipotecarias.

Porque  el modelo  inmobiliario impulsado por políticos, banqueros y  constructores nos ha llevado a la ruina. Porque el precio de la vivienda se ha inflado artificialmente mientras los salarios reales han caído. Porque la gente se queda sin casa y las casas se quedan sin gente. Porque no se puede permitir la especulación y el engaño con un derecho básico.

La mercantilización impuesta por los poderes políticos y económicos promueve una insuficiencia de recursos que podrían permitir un uso social y no especulativo del suelo y la vivienda, así como la anulación del saber hacer de las personas y la represión de toda forma de autogestión. Este modelo va en contra de la gestión democrática de la ciudad, impidiendo la participación directa de sus habitantes en la elaboración y control de las políticas urbanas y del presupuesto público.

Se impulsan de este modo proyectos que tienen un impacto destructivo sobre la vida de los habitantes, como el de EUROVEGAS, que no vienen precedidos de los preceptivos estudios de impacto social y ecológico que podrían condicionar su desarrollo,obviando cualquier criterio de transparencia y participación posible. Y todo ello con una alarmante dejación en cuanto a las responsabilidades de las administraciones públicas en materia de inspección fiscal, laboral y urbanística.

Más que nunca se hace necesario evaluar y dar a conocer los diferentes aspectos que dentro de la política europea obstruyen el avance de los pueblos y ocultan el conocimiento de la realidad  que nos apremia, fomentando el abstencionismo político y social. Es el tiempo de la lucha, de la  movilización social y la convergencia de organizaciones y redes de habitantes en toda Europa por el derecho a la vivienda y la ciudad, por la recuperación y la gestión democrática, participativa y transparente de los bienes comunes.

El empleo en el marco de la Unión Europea

El empleo en el marco de la Unión Europea:

En las últimas décadas distintas modificaciones legales han ido arrinconando a la clase trabajadora y haciéndola perder su poder social. Ese proceso se ha acelerado hasta lo insoportable en los últimos años.  La tan traída y llevada flexibilidad (aún en su forma maquillada, la flexi-seguridad) no ha hecho otra cosa que debilitar y precarizar a los sectores más numerosos de la clase obrera. Al fin y al cabo, no se trata de otra cosa que de arrumbar la posición del trabajador en el centro de trabajo, haciéndole someterse a todas las órdenes del empleador, sean cuales sean.

La contratación temporal (que sigue siendo la que más se realiza cada año), el trabajo a tiempo parcial manipulado para convertirlo en “trabajo a la carta”, la contratación indefinida con derechos recortados (con el nuevo “contrato de apoyo a emprendedores” con período de prueba de un año), las Empresas de Trabajo Temporal y las agencias privadas de colocación, la subcontratación, el despido prácticamente libre y pobremente indemnizado, la legalización y la tolerancia con las “zonas grises” con las que los empresarios consiguen lisa y llanamente huir del cumplimiento de los derechos laborales (falsos autónomos, becarios, migrantes…), la posibilidad acrecentada de modificar unilateralmente por parte del empleador casi cualquier condición laboral pactada; todo ello ha servido para hacer que la precariedad campara a sus anchas en el mercado de trabajo español.

La época del trabajador con contrato fijo y con derechos ha llegado a su fin. Eso sólo lo ven unos cuantos, a los que se ataca llamándoles “privilegiados” porque mantienen, en la cuerda floja, algunos derechos que deberíamos tener todos. Un mal ejemplo, dicen los medios de comunicación pagados por los patrones.

La realidad laboral para la mayoría de la población es la de una relación siempre débil con el puesto de trabajo, ante la espada de Damocles del despido facilitado; la de la rotación acelerada de períodos de trabajo y paro; la de la ausencia de todo derecho laboral; la de interminables jornadas y falta de seguridad e higiene; o la del desempleo puro y duro, utilizado por el empresariado para imposibilitar toda reivindicación del elemento asalariado.

La reforma laboral ha sancionado y profundizado este escenario. La reforma que incluye de la negociación colectiva pretende llevarlo aún más lejos al impedir todo contrapoder sindical en el ámbito laboral y al intentar enfrentar a unos trabajadores contra otros (esa es, al fin y al cabo, la finalidad de que los convenios se negocien en la empresa y no en el sector). La reforma de las pensiones promete a los jóvenes, después de una vida de precariedad y trabajo sin derechos, una ancianidad con míseras prestaciones.

Recapitulemos: venimos de décadas de reformas sin fin animadas por la idea de la flexibilización de la relación laboral, sustentada sobre la tesis neoliberal de que abaratar el factor trabajo facilita la contratación. Una tesis que se ha extremado hasta el paroxismo con las últimas dos reformas legislativas (la de 2010 y la de 2012) en las que se ha practicado una auténtica “revolución” en el Derecho Social, facilitando el despido, las modificaciones unilaterales de las condiciones de trabajo y acabando con nuestro sistema de negociación colectiva.Sin embargo, la tasa de paro es más alta que nunca.

No han sido ajenas a esta deriva, desde luego, las iniciativas persistentes de la Unión Europea al respecto. Animada por ese mismo vértigo neoliberal, y por sus tendencias más conservadoras, la Unión se ha lanzado a promover visiones que, como la de la flexi-seguridad adelantada por el Libro Verde de la Comisión Europea del año 2006, “Modernizar el Derecho laboral para afrontar los retos del siglo XXI” fundamentaban ideológicamente todas estas transformaciones.

Una perspectiva que ha servido, en la práctica, para favorecer la desregulación flexibilizadora de despidos y condiciones laborales, extremado la “flexibilidad”, mientras la supuesta “seguridad” que la iba a acompañar ha sido simplemente abandonada (recordemos que en el año 2012 se recortaban las prestaciones por desempleo en el Estado Español, así como las partidas destinadas a las políticas activas de empleo).

Se trata de una transformación profunda: en unas décadas (y, ya lo hemos dicho, con una aceleración creciente en los últimos años de la crisis) hemos pasado de un mercado laboral centrado en la existencia de relaciones indefinidas, con un cierto contrapoder sindical y normas claras, a la emergencia de un “mercado dual”, con una amplia capa precaria, cuya misma existencia está sirviendo de ariete que ha permitido arrumbar los derechos laborales de todos.

El resultado final de esta estrategia es la disminución creciente de los salarios y, por lo tanto, de la demanda agregada, profundizando la crisis. Si la mayoría de la población (los asalariados de todo tipo) no puede consumir, es normal que las PYMES locales no tengan clientes y deban cerrar. La dinámica de abaratar el trabajo a toda costa sólo termina favoreciendo a la gran empresa transnacional, que juega a deslocalizar la producción, forzando a las poblaciones del globo a competir entre sí para generar ámbitos “amistosos” respecto de sus intereses. Justo el tipo de política antisocial y neoliberal que, implementada por organismos como la actual Unión Europea, genera dinámicas de saqueo como la que estamos viviendo contra la economía española.

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Este llamamiento surge del Grupo de Trabajo Transversal RE-ACCIÓN CIUDADANA, espacio de encuentro de asambleas populares, colectivos y plataformas que tiene como objetivo la coordinación de acciones y campañas, como las movilizaciones del pasado 22 de septiembre “DESMONTANDO MENTIRAS, CONSTRUYENDO ALTERNATIVAS” y el 13 de octubre “GLOBAL NOISE / NO DEBEMOS NO PAGAMOS”, y se pone en marcha de nuevo para esta movilización.

Contacto: gtreaccionciudadana@gmail.com

Fuente: Desmontando mentiras

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