Los despidos, en todo caso, no afectarán a los funcionarios. El recorte se centrará en la plantilla de contratados laborales, trabajadores interinos y eventuales.
La reforma de la administración, con la que el Gobierno pretende ahorrar unos 80.000 millones de euros durante esta legislatura, prevé el despido de al menos 100.000 trabajadores públicos, según fuentes del Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Otras fuentes del PP aumentan esta cifra hasta las casi 300.000. Los despidos, en todo caso, no afectarán a los funcionarios. El recorte se centrará en la plantilla de contratados laborales, trabajadores interinos y eventuales, un colectivo que asciende a 877.459 personas, el 39% del total de los 2.530.956 empleados públicos de España, según los datos de junio del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Mención aparte es la situación de las muy amplias plantillas laborales de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, sobre las que el Gobierno de Mariano Rajoy no tiene competencias y cuyo adelgazamiento quedarán en manos de los respectivos gobernantes.
Diálogo
El problema al que se enfrenta el Ejecutivo es que la mayoría de estas sociedades pertenecen a las comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades de municipios.
Y el Gobierno no puede imponerles de manera directa que despidan personal, aunque sí le hará una recomendación formal a través de una resolución del Consejo de Ministros.
La Moncloa considera clave que exista diálogo y cooperación entre los tres niveles de la administración pública para lograr limitar con precisión las competecias de cada una de ellas, con el fin de evitar duplicidades en el gasto y en la acción administrativa.
Leer noticia completa en Finanzas