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Hucha de reclamaciones de EZ

Declarada la nulidad del contrato de la línea de crédito COFIDÍS de una usuaria de EZ con un 24,51 % TAE

La nulidad del contrato de la línea de crédito COFIDÍS de una usuaria de EZ le devuelve 4.345,34 €

El Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3 de Zamora estima íntegramente la demanda interpuesta por una usuaria de Economía Zero frente a COFIDIS S.A. Sucursal en España. En dicha demanda, la clienta de la entidad solicitaba la declaración de nulidad del contrato de la línea de crédito que había firmado hacía algunos años.

El tipo de interés aplicado para este producto financiero ascendía al 24,51 % TAE, mientras que el tipo medio en España para ese tipo de productos era del 8,49 % TAE. Esta desproporción fue la que -teniendo presentes la jurisprudencia del TS y la Ley de Represión de la Usurallevó a la Magistrada a declarar la nulidad del contrato de la línea de crédito.

Esta declaración de nulidad del contrato de la línea de crédito de COFIDIS por usura supuso la aplicación del Artículo 3 de la ya citada Ley de Represión de la Usura. La entidad se vio por tanto obligada a devolver a la usuaria de EZ todas las cantidades que ésta pagó durante la vigencia del contrato por encima de la que realmente había prestado a su clienta.

COFIDIS S.A., tras perder el asunto en Primera Instancia (al ser declarada la nulidad del contrato de la línea de crédito) tal y como muestra la sentencia recogida a continuación, elevó el fallo a la Audiencia Provincial de Zamora, donde los Magistradosen el recurso de apelación 79/2019volvieron a dar la razón a la usuaria de EZ.

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JDO. 1ª INST. E INSTRUCCIÓN Nº 3 ZAMORA

SENTENCIA: 00147/2018
ORD. PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000428 /2018

Procedimiento origen: /
Sobre OTRAS MATERIAS

DEMANDANTE D/ña. XXXXXX
Procurador/a Sr/a. XXXXXX
Abogada Sra. AZUCENA NATALIA RODRIGUEZ PICALLO

DEMANDADO D/ña. COFIDIS, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA
Procurador/a Sr/a. XXXXXX
Abogado/a Sr/a. XXXXXX

SENTENCIA Nº 147

En Zamora a 30 de noviembre de 2018, vistos por Doña XXXXXX, Magistrada Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Zamora, los presentes autos de Juicio Ordinario, seguido ante este Juzgado bajo el Nº 428-18, a instancia de Doña XXXXXX, bajo la representación de la procuradora Doña XXXXXX y la dirección letrada de Doña Azucena Rodríguez Picallo frente a COFIDIS S.A. bajo la representación del procurador Don XXXXXX y la dirección letrada de Doña XXXXXX.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO – El día 12 de septiembre de 2018, ante el Juzgado Decano de esta localidad por el procurador de los Tribunales, Don XXXXXX, en nombre y representación de Doña XXXXXX, se presentó demanda de juicio ordinario frente a la entidad Cofidis.

SEGUNDO – Admitida a trámite la demanda se dio traslado a la demandada para su contestación lo que verificó en forma y plazo legal siendo por ello declarada en rebeldía.

TERCERO – Las partes fueron convocadas a la Audiencia Previa que tuvo lugar el 14 de noviembre de 2018, asistiendo las partes con la representación y defensa indicadas. Tras intentar la conciliación sin éxito ambas partes solicitaron el recibimiento del pleito a prueba. Por ambas partes se solicitó la documental que fue admitida.

CUARTO – Habiendo sido propuesta únicamente la documental y no habiendo sido impugnado ninguno de los documentos y dictámenes obrantes en las actuaciones se declararon los autos vistos para sentencia al amparo del artículo 429.8 de la L.E.C, formulando previamente las partes sus conclusiones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO – La parte actora solicita la declaración de nulidad del contrato suscrito con la entidad demandada por usurario. Manifiesta que la actora suscribió con la entidad demandada Cofidis un contrato de línea de crédito que no cumple las exigencias de la ley 16/2011 de 24 de junio de contratos de créditos al consumo que entró en vigor el 25 de septiembre de 2011, derogando la anterior ley 7/95 de crédito al consumo de 23 de marzo, incorporando a nuestro ordenamiento los contenidos de la directiva 2008/48/CE.

Alega que el préstamo suscrito resulta usurario conforme a la Ley de 23 de julio de 1908 o Ley Azcárate de represión de la usura al haberse pactado cómo interés una tasa anual equivalente notablemente superior al normal del dinero no siendo preciso conforme a la sentencia de nuestro Tribunal Supremo de 25 de noviembre del 2015 la justificación de circunstancias excepcionales para que el préstamo pueda ser considerado usurario.

Manifiesta que se ha producido una infracción del artículo 1 de la Ley de Represión de la Usura, por ser un horario en el crédito revolving al haber fijado en interés notablemente superior al normal del dinero en la fecha que fue concertado el contrato, sin que ocurra ninguna circunstancia jurídicamente atendible que justifique un interés tan notablemente elevado.

Subsidiariamente solicita la declaración de nulidad de la cláusula de interés remuneratorio por abusiva manifestando que como condición general de contratación y conforme a la normativa de protección de consumidores no supera el control de incorporación transparencia y contenido. Tras la exposición de los hechos y fundamentos jurídicos que consideró de aplicación solicita con carácter principal se declare la nulidad por usura del contrato de línea de crédito suscrito el día 30 de marzo de 2011 y aceptado por la entidad el día 6 de abril de ese mismo año, entre las partes del proceso, con número XXXXXX condenando a la entidad demandada a restituir a Doña XXXXXX la suma de las cantidades percibidas en la vida del crédito que excedan del capital prestado a la demandante, más los intereses legales devengados de dichas cantidades.

Subsidiariamente solicita la declaración de nulidad de la cláusula de interés remuneratorio por abusiva por no superar ni el control de inclusión ni el de transparencia, de la cláusula de intereses remuneratorios del contrato de línea de crédito referido condenando a la entidad demandada restituirle a doña XXXXXX la totalidad de los intereses remuneratorios abonados, más los intereses legales devengados de dichas cantidades. Todo ello con imposición de las costas procesales a la parte demandada.

SEGUNDO – La parte demandada se opone a la demandante manifestando que resulta imposible aplicar la Ley Azcárate al contrato suscrito entre las partes, contrato revolving que impide que la comparación se pueda realizar con unos intereses genéricos que no tienen en cuenta las especialidades del producto, sobre todo desde que el Banco de España ya los distingue en su boletín estadístico. Alega que el Banco de España confirma que los tipos de interés medios para el año 2011 en las nuevas operaciones de préstamos y créditos correspondientes a tarjetas de crédito de pago aplazado para hogares era del 20,03 % punto por tanto unos intereses del 24,51 % TAE eran habituales en la época.

Invoca por ello la teoría de los actos propios así como la superación del control de transparencia de las cláusulas que regulan los términos contractuales. La entidad demandada se opone a la demanda manifestando que ha cumplido los deberes que le son propios en relación al deber de información y transparencia contractual en relación a la línea de crédito revolving suscrita por la actora que ha solicitado hasta 13 ampliaciones de la línea de crédito en los 7 años que lleva activa, disponiendo de un total de 6.477 € habiéndosele enviado mensualmente un extracto con todos los gastos habidos durante periodo de liquidación así como un extracto anual siendo informado de la cuota que se destina a amortizar el capital, qué parte eran intereses y el importe del crédito que seguía teniendo disponible yendo en contra de sus propios actos por cuanto después de haber recibido toda esa información y tras la respuesta de la reclamación presentada ante el Servicio de Atención al cliente, y de solicitar la nulidad del crédito, volvió a solicitar otra ampliación de 386 € en junio de 2018.

Manifiesta que los intereses aplicados tienen exclusivamente carácter de remuneratorios. Formando parte del precio elemento esencial del contrato que no puede ser objeto de análisis de abusividad siendo libremente pactada por las partes. Por todo ello solicita la desestimación de la demanda con imposición de costas a la parte actora.

TERCERO – Resultan relevantes para la de la presente causa los siguientes hechos:

1.- Con fecha 30 de marzo de 2011 Doña XXXXXX suscribió con la entidad Cofidis Hispania EFC S.A un contrato de línea de crédito nº de contrato XXXXXX aceptada por la entidad el día 6 de abril de 2011 por importe inicial de 1.000,00 euros, y un tipo de interés TAE de 24,51 %, solicitando posteriormente diversas cantidades.

2.- El interés remuneratorio aplicado por COFIDIS a los préstamos realizados fue del 22,12 % anual, TAE 24,51 %.

CUARTO – Solicita la parte actora la declaración de nulidad del préstamo por usurario, nulidad que se ampara en la Ley de 23 julio 1908, Ley Azcárate de Represión de la Usura. La jurisprudencia ha declarado la aplicabilidad de esta Ley a toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo en dinero, cualquiera que sea la forma que revista el contrato y la garantía que se haya ofrecido, pues lo que debe prevalecer al respecto es el verdadero espíritu animador de la operación o contrato y la realidad intrínseca de su contenido, mereciendo tal calificación, según la doctrina del Tribunal Supremo (SsTS 15-12-1965, 18-10-1968, 19-12-1974): «aquellos en los que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso, aquellos en que se consignen condiciones que resulten lesivas aceptadas por la situación angustiosa del prestatario o aquéllos en que se suponga recibida una cantidad mayor que la efectivamente.«

Respecto de la consideración como usurario de un préstamo indicar que el TS en S. 25-11-2015 señala: «para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria , basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la ley, esto es, «que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso«, sin que sea exigible que, acumuladamente, se exija «que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales«.

Indica asimismo: «El interés con el que ha de realizarse la comparación es el «normal del dinero«. No se trata, por tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés «normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia» (sentencia núm. 869/2001, de 2 de octubre ).

Para establecer lo que se considera «interés normal» puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.).

Esa obligación informativa de las entidades tiene su origen en el artículo 5.1 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (BCE), que recoge la obligación de este último, asistido por los bancos centrales nacionales, de recopilar la información estadística necesaria través de los agentes económicos. Para ello, el BCE adoptó el Reglamento (CE) nº 63/2002, de 20 de diciembre de 2001 (EDL 2001/61743), sobre estadísticas de los tipos de interés que las instituciones financieras monetarias aplican a los depósitos y a los préstamos frente a los hogares y a las sociedades no financieras; y a partir de ahí, el Banco de España, a través de su Circular 4/2002, de 25 de junio, dio el obligado cumplimiento al contenido del Reglamento, con objeto de poder obtener de las entidades de crédito la información solicitada.

Manifiesta la demandada que el interés del 24,51 % TAE apenas superaba el doble del interés medio ordinario en las operaciones de crédito al consumo de la época en que se concertó el contrato, lo que, considera, no puede tacharse de excesivo. La cuestión no es tanto si es o no excesivo, como si es «notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso«, y esta juzgadora considera que una diferencia de esa envergadura entre el TAE fijado en la operación y el interés medio de los préstamos al consumo en la fecha en que fue concertado permite considerar el interés estipulado como «notablemente superior al normal del dinero».

5.-Para que el préstamo pueda ser considerado usurario es necesario que, además de ser notablemente superior al normal del dinero, el interés estipulado sea «manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso«. En principio, dado que la normalidad no precisa de especial prueba mientras que es la excepcionalidad la que necesita ser alegada y probada, en el supuesto enjuiciado no concurren otras circunstancias que las relativas al carácter de crédito al consumo de la operación cuestionada. La entidad financiera que concedió el crédito «revolving» no ha justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo.

Generalmente, las circunstancias excepcionales que pueden justificar un tipo de interés anormalmente alto están relacionadas con el riesgo de la operación. Cuando el prestatario va a utilizar el dinero obtenido en el préstamo en una operación especialmente lucrativa pero de alto riesgo, está justificado que quien le financia, al igual que participa del riesgo, participe también de los altos beneficios esperados mediante la fijación de un interés notablemente superior al normal.

«Aunque las circunstancias concretas de un determinado préstamo, entre las que se encuentran el mayor riesgo para el prestamista que pueda derivarse de ser menores las garantías concertadas, puede justificar, desde el punto de vista de la aplicación de la Ley de Represión de la Usura , un interés superior al que puede considerarse normal o medio en el mercado, como puede suceder en operaciones de crédito al consumo, no puede justificarse una elevación del tipo de interés tan desproporcionado en operaciones de financiación al consumo como la que ha tenido lugar en el caso objeto del recurso, sobre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico«.

Aplicando la doctrina precedentemente expuesta al presente caso en el que el préstamo fue suscrito inicialmente en fecha 30 de marzo e 2011, aceptado pro la entidad demandada el 6 de abril de 2011 estableciéndose un interés nominal anual del 22,12 % y un TAE anual del 24,51 %, no cabe considerar las tablas facilitadas por la prestamista referidas además a fechas posteriores. Consultada la base de datos del Banco de España en el mes de suscripción del préstamo marzo de 2011, resulta que en operación de crédito al consumo entre 1 y 5 años el tipo medio era del 8,49 %.

En un caso similar (préstamo suscrito en marzo 2007) se pronuncia la AP Madrid sección 12 en S. del 03 de mayo de 2017 señalando que: «el interés del 24,6 % TAE apenas superaba el doble del interés medio ordinario en las operaciones de crédito al consumo de la época en que se concertó el contrato, lo que, considera, no puede tacharse de excesivo. La cuestión no es tanto si es o no excesivo, como si es «notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», y esta juzgadora considera que una diferencia de esa envergadura entre el TAE fijado en la operación y el interés medio de los préstamos al consumo en la fecha en que fue concertado permite considerar el interés estipulado como «notablemente superior al normal del dinero«.

Asimismo señala: «Aunque las circunstancias concretas de un determinado préstamo, entre las que se encuentran el mayor riesgo para el prestamista que pueda derivarse de ser menores las garantías concertadas, puede justificar, desde el punto de vista de la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, un interés superior al que puede considerarse normal o medio en el mercado, como puede suceder en operaciones de crédito al consumo, no puede justificarse una elevación del tipo de interés tan desproporcionado en operaciones de financiación al consumo como la que ha tenido lugar en el caso objeto del recurso, sobre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico«.

En estas circunstancias parece claro que el tipo de interés fijado a la operación y las circunstancias valoradas son semejantes a las analizadas en las sentencias antes indicadas, por lo que ha de apreciarse la misma consecuencia jurídica declarando su carácter usurario

Apreciado el carácter usurario del interés remuneratorio establecido en el contrato en el que sustenta su reclamación la entidad demandante, el prestatario, en aplicación del art. 3 de la citada ley, solo viene obligado a entregar la suma recibida; y si hubiera satisfecho parte de aquélla y los intereses vencidos, el prestamista devolverá al prestatario lo que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del capital prestado. Estimada la acción principal declarando la nulidad del contrato por usurario, no es preciso entrar a analizar la petición subsidiaria.

QUINTO – En virtud del principio de vencimiento objetivo consagrado en el artículo 394 de la L.E.C, las costas generadas en la presente causa deberán ser asumidas por la parte demandada.

FALLO

Que debo ESTIMAR Y ESTIMO íntegramente la demanda presentada por la procuradora Doña XXXXXX en nombre y representación de Doña XXXXXX frente a la entidad Cofidis, declarando la nulidad por usura del contrato de línea de crédito suscrito el día 30 de marzo de 2011, y aceptado por la entidad el día 6 de abril de ese mismo año, entre las partes, con nº XXXXXX, condenando a la entidad demandada a restituir a la actora Doña XXXXXX la suma de las cantidades percibidas en la vida del crédito que excedan del capital prestado a la misma, más los intereses legales devengados de dichas cantidades, y al pago de las costas generadas en la presente causa.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma, conforme al artículo 455 de la L.E.C, podrá interponerse RECURSO DE APELACIÓN ante la Ilma. A.P de Zamora, que deberá anunciarse en el plazo de los cinco días siguientes a su notificación, mediante escrito a presentar en este Juzgado.

Llévese el original al Libro de Sentencias. Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

MAGISTRADA JUEZ XXXXXX

DILIGENCIA.- Seguidamente se une al Libro de Sentencias original de la presente dejando testimonio suficiente de la misma en las actuaciones, de lo que yo, firmo y doy fe.

2 comentarios para Declarada la nulidad del contrato de la línea de crédito COFIDÍS de una usuaria de EZ con un 24,51 % TAE

  • Juan Manuel

    Buenas tardes:

    Tal y como hemos hablado en la conversación telefónica, te adjunto los documentos en relación a la reclamación efectuada a COFIDIS. Ya me comentarás cuál es el procedimiento a seguir después de recibir la respuesta de la entidad.

    Gracias.

    • Economía Zero

      Hola Juan Manuel

      Nos ponemos en contacto contigo para responder a tu consulta sobre la respuesta que has recibido de Cofidis a tu carta de nulidad.

      Esta respuesta es muy completa, ya que tiene el contrato; un listado amplio de movimientos y la respuesta de la entidad ante nuestra solicitud de nulidad del contrato.

      Por lo tanto, es lo suficientemente completa como para que uno de los Despachos de Abogados que colabora con nosotros, pueda iniciar los trámites de la presentación de la demanda en el Juzgado para solicitar la nulidad del contrato de esta tarjeta y conseguir que sólo tengas que devolver al Banco la cantidad que realmente te prestó; anulando por tanto todo lo que hayas pagado en concepto de intereses, comisiones, seguros y cualquier otro cargo que no sea específicamente la devolución del principal del préstamo.

      También hemos podido comprobar que el tipo de interés que tiene esa tarjeta es de usura (superior al 24 % TAE) y, en consecuencia, lo suficientemente alto como para que un Juez declare la nulidad del contrato.

      Después de haber estudiado los movimientos que te ha entregado la entidad, podemos ofrecerte la siguiente estimación de la liquidación de tu tarjeta hasta la fecha:

      La entidad te ha cobrado en concepto de gastos 2.588 € y la supuesta deuda que dicen que mantienes hasta la fecha asciende a una cuantía de 2.225,2 €, por lo que si se anulase ahora el contrato, tendrías que devolverles la diferencia (362,80 €). Deberán anular la supuesta deuda que dicen que mantienes (1.444,88 €), por lo que realmente obtendrás un beneficio económico de 1.082,08 €, qué es exactamente la suma de todas las comisiones, seguros e intereses que llevas pagados durante la vida del producto.

      Por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora es presentar la correspondiente demanda en el Juzgado, por lo que, si quieres, podemos derivarte a uno de nuestros abogados expertos en productos revolving.

      Puedes ver todas las condiciones en este artículo Presentar demanda en el Juzgado para la anulación de contratos de tarjetas y préstamos revolving, aunque ya te adelantamos que salvo el ingreso de la tarifa única no tendrás que hacer ningún otro desembolso más (excepto el Poder Notarial para Pleitos), puesto que nuestros abogados sólo cobran las costas, siempre que estas se acuerden, y de este modo todo el dinero recuperado será para vosotros.

      Lo que perseguimos es que se condene a la entidad a cargar con todos los gastos de la reclamación judicial.

      La tarifa única de 60 € nos la tienes que ingresar en el nº de cuenta ES91 1491 0001 2130 0009 9633 (Triodos Bank), y una vez confirmemos el ingreso te derivaremos al abogado de inmediato. Si tras el envío de tu caso al abogado, por algún motivo éste decide que no se dan los requisitos para interponer la demanda, te devolveremos los 60 €.

      No te olvides de avisarnos en cuanto hayas realizado el ingreso, de este modo evitaremos retrasos innecesarios.

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      Como siempre, quedamos a tu disposición ante cualquier duda.

      Un saludo.

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