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La A.P. de Zamora ratifica la nulidad de una línea de crédito de COFIDIS y una usuaria de EZ recupera 4.345,34 €

La A.P. de Zamora ratifica la nulidad de una línea de crédito de COFIDIS y una usuaria de EZ recupera 4.345,34 €

La Audiencia Provincial de Zamora ratifica la sentencia dictada en Primera Instancia a favor de una usuaria de EZ. En dicha sentencia una línea de crédito de COFIDIS S.A. fue declarada usuraria, y la entidad fue condenada a devolver a su antigua clienta todas las cantidades que ésta le abonó por encima del capital efectivamente prestado.

La entidad demandada apeló la sentencia y elevó el caso a segunda instancia, donde los Magistrados ad quem de la A.P. de Zamora consideraron, al igual que hizo la Magistrada a quo, que el interés de 24,51 % TAE aplicado por la línea de crédito de COFIDIS era desproporcionado, es decir, usurario.

Así pues, la Letrada Natalia Rodríguez Picallo -Despacho Picallo Abogados- (colaboradora desde hace años de Economía Zero) no solo logró anular la deuda de 3.177,09 € de la línea de crédito de COFIDIS que la entidad reclamaba a su representada, si no que también obligo a COFIDIS a devolverle 1.168,25 € ya cobrados de manera ilegal. Por tanto, tras ganar el asunto tanto en primera como en segunda instancia, el beneficio económico de esta usuaria de EZ ascendió a 4.345,34 €.

La entidad demandada, tal y como se puede comprobar en la sentencia recogida a continuación, fue también condenada al pago íntegro de las costas derivadas de los litigios; tanto las de Primera como las de Segunda Instancia.

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Si tienes o has tenido una tarjeta de crédito de Barclays, Bankia, Banco Sabadell, EVO Finance o cualquier otra entidad, o un préstamo rápido o línea de crédito de COFIDIS, Creditea, Vivus, Ferratum, etc., es muy posible que tenga unos intereses de usura.

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AUDIENCIA PROVINCIAL DE ZAMORA

Rollo nº: RECURSO DE APELACIÓN 79/2019
Procedencia: Primera Instancia Nº 3 de ZAMORA
Tipo de asunto: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

Este Tribunal compuesto por los Señores Magistrados que se expresan al margen, han pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA Nº 269

Ilustrísimos/as Sres/as

Presidente: XXXXXX.

Magistrados/as:
D. XXXXXX
Dª. XXXXXX

————————————————————–

En la ciudad de ZAMORA, a dieciocho de julio de dos mil diecinueve.

Vistos ante esta Ilustrísima Audiencia Provincial en grado de apelación los autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 428/2018, seguidos en el JDO. 1A. INST. Nº 3 de ZAMORA, RECURSO DE APELACIÓN (LECN) Nº 79/2019; seguidos entre partes, de una como apelante la entidad mercantil COFIDIS, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA, representada por el Procurador D. XXXXXX, y dirigida por la Letrada Dª. XXXXXX, y de otra como apelada Dª. XXXXXX, representada por la Procuradora Dª. XXXXXX, y dirigida por la Letrada Dª. AZUCENA NATALIA RODRÍGUEZ PICALLO.

Actúa como Ponente, el Iltmo. Sr. D. XXXXXX.

ANTECEDENTES DE  HECHO

PRIMERO .- Por el JDO. 1A. INST. Nº 3 de ZAMORA se dictó sentencia de fecha 30 de noviembre de 2018, cuya Parte Dispositiva dice:

«FALLO: Que debo ESTIMAR Y ESTIMO íntegramente la demanda presentada por la procuradora Doña XXXXXX en nombre y representación de Doña XXXXXX frente a la entidad Cofidis, declarando la nulidad por usura del contrato de línea de crédito suscrito el día 30 de marzo de 2011, y aceptado por la entidad el día 6 de abril de ese mismo año, entre las partes, con nº XXXXXX, condenando a la entidad demandada a restituir a la actora Doña XXXXXX la suma de las cantidades percibidas en la vida del crédito que excedan del capital prestado a la misma, más los intereses legales devengados de dichas cantidades, y al pago de las costas generadas en la presente causa».

SEGUNDO .- Contra mencionada resolución interpuso la parte demandada el presente recurso de apelación que fue sustanciado en la instancia de conformidad con lo establecido en el art. 458 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil; se elevaron los autos, correspondiendo a este Tribunal su resolución, dando lugar a la formación del presente rollo y, no habiéndose celebrado vista pública ni solicitado práctica de prueba, quedó el procedimiento para votación y fallo, señalándose el día 11 de abril de 2019.

TERCERO .- En la tramitación del recurso se han observado y cumplido todas las prescripciones de carácter legal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sentencia dictada en la instancia, dando respuesta a la demanda interpuesta por la representación procesal de doña XXXXXX contra el Cofidis SA, -solicitando con carácter principal, que se declare la nulidad por usura del contrato de línea de crédito suscrito el día 30 de marzo de 2011 (y aceptado por la entidad el día 6 de Abril de ese mismo año) entre las partes del proceso, con nº XXXXXX, condenando a la entidad demandada a restituir a Doña XXXXXX la suma de las cantidades percibidas en la vida del crédito que excedan del capital prestado a la demandante, más los intereses legales devengados de dichas cantidades.

Y con carácter subsidiario al punto anterior, se declare la nulidad por abusiva -por no superar ni el control de inclusión ni el de transparencia- de la cláusula de intereses remuneratorios del contrato de línea de crédito con nº XXXXXX, condenando a la entidad demandada a restituirle a Doña XXXXXX la totalidad de los intereses remuneratorios abonados, más los intereses legales devengados de dichas cantidades-, estima íntegramente la demanda y declarando la nulidad por usura del contrato de línea de crédito suscrito, condena a la parte demandada a abonar a la actora la cantidad que exceda del capital prestado con sus intereses legales, y ello con imposición de las costas procesales a la parte demandada.

Justifica su decisión el juez «a quo» señalando que habiéndose pactado un interés remuneratorio al préstamo del 22,12 % anual, en TAE 24,51 %, estamos ante préstamos usurarios, -los cuales requieren que se haya pactado un interés superior al usual y que éste sea manifiestamente desproporcionado en función de las circunstancias del caso-, pues la parte demandante ha aportado prueba tendente a la acreditación de los intereses que puedan reputarse normales en contratos similares; para la consideración de por qué los intereses se consideran usurarios es preciso tomar en consideración no sólo el tipo medio al que se estaba prestando dinero por entidades bancarias, sino también situaciones de riesgo crediticio similares, pues no recibe el mismo trato un cliente vinculado a un banco desde hace muchos años que en un determinado momento precisa  liquidez, que la persona que acude por vez primera a dicha entidad.

En el caso el contrato celebrado en 2011 recoge un interés anual superior al 24 %. Por tanto, puede concluirse que ha de estimarse la pretensión actora, contenida en el punto primero del suplico de la demanda como principal petición. Ante dicho pronunciamiento, la representación procesal de la parte actora interpone recurso de apelación con la pretensión de que se revoque la sentencia del juzgado y se dicte otra en la que se desestime íntegramente la demanda.

Alega, a tal fin, como motivos del recurso, el error en la interpretación de la jurisprudencia del TS, al no valorar las circunstancias concurrentes en el caso; y error en la apreciación y valoración de las pruebas practicadas, respecto de los pedimentos hechos valer en la demanda, pues el contrato suscrito no es un préstamo sino una línea de crédito del tipo revolving, las estadísticas aportadas por esta parte se refieren exactamente al año 2011, año de suscripción del crédito, y toma en consideración por la juez “a quo” de estadísticas para el crédito al consumo que no son las adecuadas para valorar el interés normal en la fecha de suscripción del contrato.

SEGUNDO. En lo que atañe a la cuestión principal, -los intereses remuneratorios contractuales son usurarios, y por tanto el contrato es nulo, con las consecuencias legales inherentes a tal declaración-, lo primero a reseñar es que no hay discrepancias respecto del contrato concertado por las partes y respecto de cual se solicita la declaración de nulidad.

En este sentido, y por lo que se refiere al posible carácter usurario de los intereses remuneratorios convenidos en el contrato de autos, debe analizarse el tema, en primer lugar, tal cual hace la sentencia de instancia, atendiendo a lo dispuesto en el primer párrafo del art. 1 de la Ley de 23 julio 1908 de Represión de la Usura, el cual señala que: «será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales«.

A su vez, el art. 3 del mismo texto legal indica que: «Declarada con arreglo a esta ley la nulidad de un contrato, el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida; y si hubiera satisfecho parte de aquélla y los intereses vencidos, el prestamista devolverá al prestatario lo que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del capital prestado«.

Es decir, en el caso de considerar que el préstamo establecido en el contrato es usurario, la demandada solo vendría obligada a devolver el principal recibido, con sus intereses legales, lo que tendría trascendencia en la fijación de la cantidad adeudada.

Pues bien, dicho lo anterior, cabe significar en relación con la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, lo que la sentencia del Tribunal Supremo de 25/11/15 razonó: «…A partir de los primeros años cuarenta, la jurisprudencia de esta Sala volvió a la línea jurisprudencial inmediatamente posterior a la promulgación de la Ley de Represión de la Usura, en el sentido de no exigir que, para que un préstamo pudiera considerarse usurario, concurrieran todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el art. 1 de la ley.

Por tanto, y en lo que al caso objeto del recurso interesa, para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la ley, esto es, «que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», sin que sea exigible que, acumuladamente, se exija «que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales»…«.

Por lo que se refiere al primer requisito, el aludido en el primer inciso del art. 1 de la Ley de Represión de la Usura, «interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado en relación con las circunstancias del caso«, la referida sentencia dijo lo siguiente: «Dado que conforme al art. 315, párrafo segundo, del Código de Comercio, «se reputará interés toda prestación pactada a favor del acreedor», el porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero no es el nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE), que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados.

Este extremo es imprescindible (aunque no suficiente por sí solo) para que la cláusula que establece el interés remuneratorio pueda ser considerada transparente, pues no solo permite conocer de un modo más claro la carga onerosa que para el prestatario o acreditado supone realmente la operación, sino que además permite una comparación fiable con los préstamos ofertados por la competencia. El interés con el que ha de realizarse la comparación es el «normal del dinero«. No se trata, por tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés «normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia» (sentencia núm. 869/2001, de 2 de octubre).

Para establecer lo que se considera «interés normal» puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.).

Esa obligación informativa de las entidades tiene su origen en el artículo 5.1 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (BCE), que recoge la obligación de este último, asistido por los bancos centrales nacionales, de recopilar la información estadística necesaria través de los agentes económicos. Para ello, el BCE adoptó el Reglamento (CE) nº 63/2002, de 20 de diciembre de 2001, sobre estadísticas de los tipos de interés que las instituciones financieras monetarias aplican a los depósitos y a los préstamos frente a los hogares y a las sociedades no financieras; y a partir de ahí, el Banco de España, a través de su Circular 4/2002, de 25 de junio, dio el obligado cumplimiento al contenido del Reglamento, con objeto de poder obtener de las entidades de crédito la información solicitada…».

TERCERO. En el caso de autos, el interés aplicado a la actora ha sido, para el contrato, del 24,51 % TAE. La comparación debe hacerse, no con el interés legal del dinero, sino con el «interés normal» establecido para los préstamos similares. Estamos ante unas líneas de crédito, o crédito «revolving», como alega la demandante, a devolver en pequeñas mensualidades, de concesión rápida y sin ninguna garantía adicional. Por ello, el interés que se debe tener en cuenta a los efectos de realizar la comparación no puede ser solamente y exclusivamente el de los préstamos al consumo, sino específicamente el «normal» o «habitual» para los créditos del tipo del de autos, que tiene unas características muy definidas que lo diferencian de aquellos.

Pues bien, el Boletín Estadístico del Banco de España contiene en el Capítulo 19 la información de los tipos de interés (TEDR) aplicados por las instituciones financieras donde puede apreciarse, en el Capítulo 19.4, que el interés medio para las operaciones de crédito al consumo correspondiente a las tarjetas de crédito que han solicitado el pago aplazado y tarjetas «revolving», al que esencialmente se acomodan los créditos «revolving» de autos, se situó entre el 2013 y el 2016, -la demanda se interpuso en setiembre de 2018-, entre el 20,68 % y el 21,17 %, por lo que el tipo aplicado al contrato en cuestión, excede de tal límite, lo que dar lugar a que se considere dicho contrato como usurario.

En consecuencia, procede declarar que los intereses remuneratorios del contrato aquí contemplado, de fecha 30 de marzo de 2011 es usurario, de tal modo que éste sólo estaría obligado a devolver el principal prestado, debiendo ser reintegrado del abonado en exceso.

Se estima pues, la pretensión principal instada en la demanda, con las consecuencias que ello lleva aparejado respecto al resto.

CUARTO.- La declaración anterior supone la no necesidad de entrar a conocer del resto de pretensiones hechas valer en la demanda. Sin embrago, dado que se plantea por la parte recurrente la declaración de no incorporación, artículo 7 LCGC o subsidiariamente la nulidad, artículo 8 del mismo texto legal, de la cláusula de intereses con los efectos legales inherentes a tal declaración, procede, a mayor abundamiento, un breve examen de tal tema.

Cabe aludir sobre el particular a la doctrina general sobre el control de transparencia, en el sentido de que aunque el interés fijado en el contrato pueda entenderse como «normal», atendida la naturaleza del contrato, otra cosa distinta es que no se pueda considerar abusivo, por no ser transparente, y que esta falta de transparencia no suponga un condicionante que convierta en leoninas las condiciones del mismo. Sabido es que las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas (art. 83 TRLGDCU), por lo que la abusividad de la cláusula de intereses remuneratorios implicaría su nulidad, y por tanto determinaría también la cantidad adeudada.

Sobre el tema del control de abusividad de los intereses ordinarios o remuneratorios, como elemento esencial del contrato, hemos de realizar unas consideraciones de carácter general. El punto de partida es el art. 4.2 de la Directiva 93/13/CEE, del Consejo, de 5 de abril 1993, del que se ha deducido, pese a que no ha sido incorporado a nuestra legislación, que no es posible realizar un control de contenido, o adecuación entre precio y contraprestación, de los intereses ordinarios, al ser objeto principal del contrato, en el ámbito de las condiciones generales y las cláusulas predispuestas.

No obstante, el mismo art. 4.2 de la Directiva, permite que las condiciones generales o cláusulas predispuestas que afecten a los elementos esenciales del contrato, puedan estar sometidas a un control de inclusión y de transparencia que implica que su redacción ha de ser clara y comprensible. Este es el sentido de los arts. 5.5 y 7 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación y 80.1 del Texto refundido de la Ley General para la defensa de Consumidores y Usuarios. La transparencia, en relación con el objeto principal del contrato, garantiza que el consumidor conozca o pueda conocer la carga económica que el contrato supone para él y la prestación que va a recibir de la otra parte.

La STS de 9 de Mayo de 2013, sobre cláusulas suelo, dio carta de naturaleza al denominado control de transparencia y acabó anulando las cláusulas suelo sobre las que versaba el pleito. Por lo que ahora interesa, en la referida sentencia se señalaba que las cláusulas suelo formaban parte inescindible del precio que debía pagar el prestatario, esto es, definían el objeto principal del contrato, por lo que estaban exentas del control de contenido que podía llevarse a cabo con el fin de determinar el posible carácter abusivo de la cláusula, es decir, no se extendía al equilibrio de las contraprestaciones, de tal forma que no cabía un control sobre el precio.

Ahora bien, sí podían ser sometidas al control de transparencia o, en términos de la resolución, a un doble control de transparencia, superando así el inicial control de inclusión al contrato del art. 7 LCGC. Ese segundo control se aplicaría cuando las cláusulas estaban incorporadas a contratos con consumidores y en la medida que se proyectaba sobre los elementos esenciales del contrato, suponía que el adherente conociese o pudiera conocer, con sencillez, tanto la carga económica que suponía para él el contrato celebrado, como la carga jurídica, y al tratarse de un parámetro abstracto se situaría fuera del ámbito de interpretación general del Código Civil del denominado «error vicio». Esta doctrina se ha reiterado en numerosas resoluciones posteriores.

En consecuencia, y por aplicación de la referida jurisprudencia si bien los intereses remuneratorios están al margen de un control de contenido, sí que están sometidos, cuando, como en el caso de que nos ocupa, están ínsitos en un contrato celebrado con consumidores, al doble control de transparencia, que va más allá del control de inclusión a que se refiere el art. 7 LCGC, y que supone que el adherente conozca o pueda conocer la carga económica y jurídica que derive para él del contrato en cuestión. En este marco se analizará pues la cláusula relativa a los intereses remuneratorios del caso de autos en aquellos contratos excluidos del pronunciamiento principal.

Los contratos «revolving» (apertura de crédito, o tarjetas), como el de autos son unos contratos en los que se dispone de un límite de crédito determinado, que puede devolverse a plazos, a través de cuotas periódicas. Éstas pueden establecerse como un porcentaje de la deuda existente o como una cuota fija; cuotas periódicas que se pueden elegir y cambiar dentro de unos mínimos establecidos por la entidad.

Su peculiaridad reside en que la deuda derivada del crédito se ‘renueva’ mensualmente: disminuye con los abonos que se hacen a través del pago de las cuotas, pero aumenta mediante las peticiones de numerario o el uso de la tarjeta (pagos, reintegros en cajero), así como con los intereses, las comisiones y otros gastos generados, que se financian conjuntamente.

Esta peculiaridad tiene sus consecuencias. Por una parte, si se paga una cuota mensual baja respecto al importe de la deuda, la amortización del principal se realizará a un plazo muy largo, lo que puede derivar en que se tengan que pagar muchos intereses. Por otra, hace que no sea posible emitir un cuadro de amortización previo (como sí ocurre, por ejemplo, cuando se contrata un préstamo), al variar la deuda y, en su caso, las cuotas mensuales a pagar.

En el caso de autos, vistas las circunstancias concurrentes en el mismo, procede concluir en orden a la abusividad de la cláusula aquí considerada, pues concurren en la misma los requisitos precisos para su declaración como abusiva; sólo citar al respecto las condiciones personales de la interesada puestas de manifiesto ya desde la demanda.

Las consecuencias de todo ello no pueden ser otras sino la desestimación del presente motivo de recurso, al no apreciarse error alguno en la sentencia de instancia.

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la desestimación del recurso de apelación conlleva que las costas procesales de la presente instancia se impongan a la parte recurrente, máxime siendo tal desestimación con arreglo a los mismos argumentos que sustancialmente se tuvieron en cuenta en la primera instancia.

Vistos los artículos citados y demás normas de general y pertinente aplicación, por la autoridad que nos confiere la Constitución Española y en nombre de SM. el Rey,

FALLAMOS

Desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Cofidis S.A. Sucursal en España contra la sentencia dictada en fecha 30 de noviembre de 2018 por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número tres de esta ciudad, en Autos de los que dimana el presente rollo, confirmamos referida resolución e imponemos las costas de esta alzada a la parte apelante.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de Sala y otra a los autos originales para su remisión al Juzgado de procedencia para su ejecución, lo pronunciamos mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN

Leída y publicada que fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado-Ponente de la misma, estando el Tribunal celebrando audiencia pública en el día de la fecha, de lo que doy fe.

2 comentarios para La A.P. de Zamora ratifica la nulidad de una línea de crédito de COFIDIS y una usuaria de EZ recupera 4.345,34 €

  • Salomé

    Os envio la contestacion de Cofidis escamneada, pero me temo que se ve peor que las fotos que os mande. Osea, mañana os lo mando por correo postal.

    Un saludo

    • Economía Zero

      Hola Salomé

      Estupendo, ahora se ve perfectamente.

      Sobre la respuesta que has recibido de COFIDIS a tu carta de reclamación, te informamos de lo siguiente:

      Esta respuesta es muy completa, ya que tiene el contrato; y el listado completo de movimientos y la respuesta de la entidad ante nuestra solicitud de nulidad del contrato.

      Por lo tanto, es lo suficientemente completa como para que uno de los Despachos de Abogados que colabora con nosotros, pueda iniciar los trámites de la presentación de la demanda en el Juzgado para solicitar la nulidad del contrato de esta tarjeta y conseguir que sólo tengas que devolver al Banco la cantidad que realmente te prestó; anulando por tanto todo lo que hayas pagado en concepto de intereses, comisiones, seguros y cualquier otro cargo que no sea específicamente la devolución del principal del préstamo.

      También hemos podido comprobar que el tipo de interés que tiene esa tarjeta es de usura (superior al 24 % TAE) y, en consecuencia, lo suficientemente alto como para que un Juez declare la nulidad del contrato.

      A continuación te ofrecemos un cálculo que hemos podido efectuar de la liquidación de tu tarjeta:

      La entidad te ha prestado 3.769,00 €, y les llevas devuelta hasta la fecha una cuantía de 2.658,00 €, por lo que si se anulase ahora el contrato, tendrías que pagarles aún la diferencia (1.111,00 €). Pero esa supuesta deuda que dicen que mantienes desaparecería (2.045,94 €), por lo que realmente estarás obteniendo un beneficio económico de 934,94 €, que es exactamente la suma de todas las comisiones, seguros e intereses que llevas pagados durante la vida del producto.

      En situaciones como la tuya, en las que sabemos que con todo lo que llevamos pagado, todavía no cubrimos el capital realmente prestado, hay dos posibilidades:

      1ª.- Presentar demanda, aunque en este caso, cuando se emita la Sentencia tendremos que abonar de golpe la diferencia que quede a favor de la entidad.

      No obstante, llegado el momento, el abogado puede intentar negociar un plan de pagos, aunque la decisión de aceptarlo es enteramente de la entidad, por lo que no hay garantías de que vaya a aceptarlo.

      2ª.- Seguir pagando la cuota habitual, y esperar a demandar hasta que el saldo final nos sea favorable.

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      Quedamos a la espera de tu respuesta y como siempre, a tu disposición ante cualquier duda o consulta. Si prefieres que te llamemos, sólo tienes que decirlo, indícanos también una franja horaria en la que podamos hacerlo (procura que sea lo más amplia posible).

      Un saludo.

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