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Hucha de reclamaciones de EZ

BBVA devuelve 4.239,93 € a una usuaria de EZ por una tarjeta «Affinity Card» con una TAE del 22,42 %

BBVA devuelve 4.239,93 € a una usuaria de EZ por una tarjeta "Affinity" con una TAE del 22,42 %

La usuaria de EZ reclamó de forma extrajudicial (ante el Servicio de Atención al Cliente de BBVA) la nulidad del contrato por usura de una tarjeta «Affinity Card» contratada en el año 2005, la cual aplicaba una TAE del 22,42 % a todas las compras realizadas y a las disposiciones de efectivo realizadas con dicha tarjeta.

Tras recibir respuesta negativa por parte de la entidad, derivamos el asunto a uno de nuestros Despachos de Abogados colaboradores para que presentase la correspondiente demanda ante los Juzgados de Primera Instancia, la cual fue dirigida por Rodrigo Pérez del Villar Cuesta, Letrado experto en Derecho Bancario y Financiero.

La sentencia, apoyándose en gran parte en lo dicho por el Tribunal Supremo en su sentencia de Pleno de la Sala de lo Civil de noviembre de 2015, declara la nulidad el contrato de la tarjeta «Affinity Card» por tener un tipo de interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso, tal y como está previsto en el artículo 1º de la Ley de Represión de la Usura.

Por lo tanto, BBVA es condenado a devolver a la consumidora todo el dinero que ésta hubiese pagado de más sobre el capital prestado, es decir, la suma de todos los intereses, comisiones y seguros abonados durante la vida de la tarjeta «Affinity Card». Además, la entidad es condenada también al pago de las costas procesales, que son los honorarios que cobran nuestros Abogados colaboradores (salvo que no las hubiese), para que de este modo todo el beneficio económico (capital devuelto + deuda anulada) sea para la usuaria.

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SENTENCIA: 00023/2019

JDO. 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 5 SAN JAVIER

ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000488/2017

Sobre OTRAS MATERIAS:

DEMANDANTE D/Dña. XXXXXX

Abogado Sr/a. XXXXXX

DEMANDADO D/ña. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Procurador/a Sr/a. XXXXXX

Abogado/a Sr/a.

SENTENCIA

En San Javier, a 18 de Febrero de 2019.

Vistos por D. XXXXXX, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de San Javier, los presentes autos de Juicio Ordinario a nº 488/17, seguidos ante este Juzgado a instancia de Dña. XXXXXX, representada por la Procuradora de los Tribunales, Dña. XXXXXX, y asistida del Letrado, D. Rodrigo Pérez del Villar Cuesta, contra Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., representada por el Procurador de los Tribunales, D. XXXXXX, y asistida de la Letrada, Dña. XXXXXX, en el ejercicio de acción individual de nulidad de contrato de tarjeta “Affinity Card” por usurario, y en base a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Presentada el día 31 de octubre de 2017, demanda de Juicio ordinario en el decanato, turnada al presente Juzgado, la Procuradora de los Tribunales, Dña. XXXXXX, en nombre y representación de Dña. XXXXXX, por la que exponiendo los fundamentos de derecho y hechos que tuvo por convenientes, se solicitaba que, previo los trámites legales, se dicte sentencia en la que se declare la nulidad del contrato de tarjeta de crédito de fecha 27 de octubre de 2005, y se condene a la entidad crediticia demandada a que le devuelva la cantidad pagada que haya excedido del total del capital efectivamente prestado o dispuesto.

SEGUNDO.- Admitida la demanda, se acordó emplazar a la demandada para que en el plazo de veinte días compareciera y contestase a la demanda, lo que así hizo en legal forma.

TERCERO.- Las partes fueron citadas para la celebración de la audiencia previa, en aras a resolver los puntos controvertidos, compareciendo las mismas debidamente asistidas y representadas, quienes tras ratificar sus escritos, solicitaron el recibimiento del pleito a prueba.

CUARTO.- Se recibió el juicio a prueba y se propuso:

Por la actora: documental por reproducida, testifical del empleado que celebró el contrato con la parte actora.

Por la parte demandada: documental por reproducida.

Admitida la prueba propuesta y declarada pertinente, quedaron los autos conclusos para sentencia en virtud del artículo 429.8 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; habiéndose observado en la tramitación del presente procedimiento las prescripciones legales vigentes, a excepción del plazo para dictar sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Ejercita la parte actora la acción de nulidad por usurario del contrato de tarjeta “Affinity Card” (“revolving”) suscrito el 27 de octubre de 2005 con la entidad demandada, en cuyo clausulado se prevé una Tasa Anual Equivalente (TAE) del 22,42 %.

La demandada, por su parte, se opuso a la demanda alegando, en síntesis, que el interés remuneratorio aplicado no ha sido de ninguna forma usurario, sin que, en ningún caso, proceda devolver cantidad alguna abonada antes de junio de 2011, y ello, en aplicación de los criterios temporal de 6 años acogido en el art. 30 del Código de Comercio, respecto al deber de conservación de los empresarios, entiendo, con ella, prescrita la acción ejercitada.

SEGUNDO.- Con carácter previo, es preciso recordar, en consonancia con lo dispuesto en la última Audiencia Previa celebrada, en la que las partes mostraron su conformidad, que en la presente litis se analizará, única y exclusivamente, si el TAE fijado en el contrato de tarjeta “Affinity Card” (“revolving”) de fecha de 27 de octubre de 2005, es o no, un tipo de interés usurario, y ello por las razones que entonces se expusieron y que en este punto se dan por reproducidas en aras de evitar reiteraciones innecesarias.

Dicho lo cual, ha de partirse de una situación de hecho indiscutida y que en todo caso resulta acreditada con la prueba documental obrante en autos, y no es otra que las partes concertaron el día 27 de octubre de 2005 el contrato tarjeta “Affinity Card”, en que, como se alega en el escrito de contestación a la misma, la demandante optó por el pago aplazado o revolving, fijándose en su cláusula 9 ª, un tipo mensual del 1,70 % mensual (TAE 22,42 %).

De ello resulta que se trató la concertada de una operación de crédito en la que la actora es consumidora y a la que es aplicable la Ley de Represión de la Usura, de acuerdo con su artículo 9, que establece que “lo dispuesto por esta Ley se aplicará a toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualesquiera que sean la forma que haya ofrecido”.

Precisamente la Sentencia del Pleno del TS de 25 de noviembre de 2015, declara el carácter usurario de un crédito “revolving” sustancialmente idéntico al litigioso, concedido al consumidor demandando, razonando al respecto que, “la flexibilidad de la regulación contenida en la Ley de Represión de la Usura ha permitido que la jurisprudencia haya ido adaptando su aplicación a las diversas circunstancias sociales y económicas.

En el caso objeto del recurso, la citada normativa ha de ser aplicada a una operación crediticia que, por sus características, puede ser encuadrada en el ámbito del crédito al consumo”.

Es más, en la propia Sentencia del Pleno precitada, ya se argumenta y justifica la procedencia de esta aplicación de la Ley de Represión de la Usura, a contratos de crédito distintos al tradicional de préstamo y así, se declara en la misma, “en este marco, la Ley de Represión de la Usura se configura como un límite a la autonomía negocial del art. 1255 del Código Civil aplicable a los préstamos, y en general, a cualesquiera operaciones de crédito “sustancialmente equivalente” al préstamo.

Así lo ha declarado esta Sala en anteriores sentencias, como las núm. 406/2012, de 18 de junio, 113/2013, de 22 de febrero y 677/2014, de 2 de diciembre”.

Respecto a la interpretación del art. 1 de la citada Ley de Represión de la Usura, se razona en la misma que, “a partir de los primeros años cuarenta, la jurisprudencia de esta Sala volvió a la línea jurisprudencial inmediatamente posterior a la promulgación de la Ley de Represión de la Usura, en el sentido de no exigir que, para que un préstamo pudiera considerarse usurario, concurrieran todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el art. 1 de la ley.

Por tanto, y en lo que al caso objeto del recurso interesa, para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la ley, esto es, “que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso”, sin que sea exigible que, acumuladamente, se exija “que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales”.

En cuanto al módulo de contraste para determinar si el interés pactado es manifiestamente desproporcionado al normal del mercado, la citada sentencia expresa inequívocamente que esa comparación ha de realizarse con el interés medio de los préstamos al consumo, razonando al respecto que, “la cuestión no es tanto si es o no excesivo, como si es “notablemente desproporcionado con las circunstancias del caso”.

Señalar, que pese a que se trate de una única Sentencia, en la medida en que la misma es dictada por el Pleno de la Sala de lo Civil, y el hecho de que se sienta un nuevo criterio al respecto, apartándose de la línea jurisprudencial hasta entonces mantenida no es obstáculo para el acatamiento del nuevo criterio, entre otras razones porque la propia jurisprudencia no es inmutable, y evoluciona, en la medida en que como señala el art. 3 del Código Civil, las normas deben interpretarse teniendo en cuenta la realidad social del momento en el que han de ser aplicadas.

No puede desconocerse el valor jurisprudencial que tiene una sola sentencia de Pleno del TS si no viene contradicha por otra posterior. En este sentido se pronuncia la Sentencia del TS de 9 de mayo de 2011, que ya viene a definir lo siguiente, “en todo caso, una sola Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo (sea o no del Pleno de dicha Sala) puede tener valor vinculante como doctrina jurisprudencial para el propio Tribunal y para los demás tribunales civiles, como sucede cuando con la motivación adecuada se cambia la jurisprudencia anterior (por muy reiterada que sea ésta) y fija la nueva doctrina.

Así, lo ha dicho esta Sala en STS de 198 de mayo de 2009, rec. Núm. 1731/2004, … pero es que a efectos de justificar e interés casacional (artículo 477 2º Ley de Enjuiciamiento Civil), los criterios de admisión contenidos en el Acuerdo del TS de 27 de enero de 2017 expresamente señalan que: cuando se trate de sentencias del Pleno o de sentencia dictadas fijando doctrina por razón de interés casacional, bastará la cita de una sola sentencia, pero siempre que no exista ninguna sentencia posterior que haya modificado su criterio de decisión, de ahí que lógicamente se base la recurrida en la sentencia del Pleno no contradicha por ninguna resolución posterior, lo que obliga a rechazar su alegato”.

Pues bien, aplicando la doctrina jurisprudencial antedicha al caso enjuiciado, resulta que le interés pactado en el contrato ascendía al 22.42 % TAE, esto es, un interés que supera el doble del interés medio ordinario en las operaciones de crédito al consumo de la época en que se concertó el contrato, de acuerdo con las tablas aportadas junto con la demanda como documento nº 5.

Y a mayor abundamiento, no concurren circunstancias excepcionales en el tipo de crédito o producto que justifique ese interés manifiestamente desproporcionado, pues, en principio, dado que la normalidad no precisa de especial prueba, mientras que es la excepcionalidad la que necesita ser alegada y probada, en el supuesto enjuiciado no concurren otras circunstancias que las relativas al carácter de crédito al consumo de la operación cuestionada, y sin que ese carácter del crédito al consumo por el tipo de operación, constituya circunstancias concretas de un determinad préstamo, entre las que se encuentra el mayor riesgo para el prestamista que pueda derivarse de ser menores las garantías concertadas, puede justificar, desde el punto de vista de la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, un interés superior al que puede considerarse normal o medio en el mercado, no puede justificarse una elevación del tipo e interés tan desproporcionado en operaciones de financiación al consumo como la que ha tenido lugar en el presente caso, sobre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedida de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico.

A ello se añade que, en este caso de concurrir alguna circunstancia excepcional, al margen del tipo de operación, ni alegó ni acreditó la entidad financiera demandada su concurrencia, al no haber propuesto en la Audiencia Previa prueba alguna al respecto, por lo que siendo ello carga probatoria que le correspondía, a ella debe perjudicar esa ausencia de prueba sobre tal extremo.

En consecuencia, no habiéndose producido ausencia de prueba que pueda dar lugar a la aplicación de la regla distributiva sobre su ausencia que se contiene en el art. 217 LEC, no cabe sino deducir, que se está ante un tipo de interés notoriamente superior al normal del dinero, y por tanto usurario, lo que comporta, a tenor del art. 1 de la Ley de Represión de la Usura, la nulidad del contrato de tarjeta “Affinity Card”.

TERCERO.- Debe abordarse la denuncia de no haberse concretado en la demanda su exacta cuantía, cuestión que si bien, ya fue resuelta en el acto de la Audiencia Previa, se estima que en aquélla no se está ejercitando una acción de reclamación de cantidad sino de nulidad fundada en el carácter de usurario del interés remuneratorio restablecido en una condición predispuesta, y cuyas consecuencias a efectos del reintegro están expresamente recogidas en el art. 3 de la Ley de Represión de la Usura, a las que se ajusta la demanda, y no siendo además posible determinarlo en la fecha de su presentación en cuanto la actora, carecía de toda la documentación necesaria para poder determinar el importe del exceso cobrado por la demandada, y ello contrasta con la posición de ésta, quien racionalmente debe poseerla, y si bien es cierto que pudo recabarse extrajudicialmente o incluso por medio de diligencias preliminares, no lo es menos también que la demandada, en disposición de la documental pudo aportarla ya en el curso del proceso, con el fin de no tener que diferir esta cuestión al trámite de ejecución, cosa que no hizo, de ahí que se confirme que la cuantía sea indeterminada.

Y diferir a la fase de ejecución de sentencia la cuantificación de la condena y reintegros procedentes, no supone una infracción del art. 209 de la LEC, toda vez que el TS en su reciente Sentencia de 17 de Abril de 2015 ha reiterado la doctrina establecida en su Sentencia del Pleno de 12 de Enero de 2012, seguida en otras posteriores que detalla, interpretando los artículos 209. 4. º LEC y 219 LEC, que “… e contenido de estos preceptos debe ser matizado en aquellos casos en los que un excesivo rigor en su aplicación puede afectar gravemente al derecho a la tutela judicial efectiva de las partes, provocando indefensión. Esto puede suceder cuando por causas ajenas a ellas, a las partes no les resultó posible la cuantificación en el curso del proceso.

Para evitarlo es preciso buscar fórmulas que, respetando las garantías constitucionales fundamentales –contradicción, defensa de todos los implicados, bilateralidad de la tutela judicial-, permitan dar satisfacción al legítimo interés de las partes.

No es aceptable que deba denegarse la indemnización por falta de un instrumento procesal idóneo para su cuantificación. Como se examinó en la citada STS del Pleno, cuando se produce esta situación cabe acudir a dos criterios que impidan la indefensión de las partes. Es posible remitir la posibilidad operativa del incidente de ejecución. Ambas soluciones han sido utilizadas en sentencias de esta Sala atendiendo a las circunstancias singulares de cada caso”.

En el presente caso, es claro que ya en la demanda y en la pretensión de reintegro anudada a la pretensión principal de las bases que permiten la correcta cuantificación de las cantidad objeto de condena y restitución en su caso.

Solo pendientes de meras operaciones aritméticas, teniendo en cuenta el histórico de extractos bancarios de las disposiciones d crédito efectuadas por el titular de la tarjeta, en poder de la entidad financiera demandada y que no ha sido facilitada.

No se precisaba por ello mayor concreción cuando el art. 3 de la Ley de Represión de la Usura, contempla los efectos de la declaración de nulidad que se ejercita con carácter principal en base a la misma, de forma que tras esa nulidad del contrato, el prestatario solo está obligado a la devolución del capital efectivamente recibido, para cuyo calculo deberá simplemente tenerse en cuento lo ya satisfecho por parte del mismo por todos los conceptos, estando más justificado si quiere esa remisión a la fase de ejecución, en cuanto ello en este supuesto de financiación sucesiva obliga a remontarse desde su inicio a la fecha de la declaración de nulidad para la concreción del saldo resultante.

CUARTO.- Por último, se invoca como obstativo al éxito de la acción de nulidad, la doctrina de los actos propios y la confirmación por ello del consentimiento prestado al tipo de interés remuneratorio fijado en el contrato, y en su caso, la prescripción de la acción entablada.

El rechazo de la primera deriva del hecho de que es absolutamente consolidada la jurisprudencia del TS, que exige para la apreciación de esa vinculación a los actos propios, que los invocados como tales sean jurídicamente válidos y eficaces en derecho para producir el efecto jurídico que les es propio, excluyendo por ello que puedan invocarse como tales los llevados a cabo en cumplimiento de un contrato, que como el de autos está incurso en causa de nulidad radical.

En tal sentido se pronuncia entre otras muchas, la STS de 7 de abril de 2015, con cita de su precedente de 16 de febrero de 2012, en la cual se recuerda que “la jurisprudencia en torno a la doctrina de los actos propios, cuya base legal se encuentra en el artículo 7.1 CC, con carácter general, exige la concurrencia de las siguientes circunstancias:

I) que el acto que se pretenda combatir haya sido adoptado y realizado libremente;

II) que exista un nexo causal entre el acto realizado y la incompatibilidad posterior;

III) que el acto sea concluyente e indubitado, constitutivo de la expresión de un consentimiento dirigido a crear, modificar y extinguir algún derecho generando una situación desacorde con la posterior conducta del sujeto.

Pero como presupuesto esencial para su aplicación, resulta imprescindible que el acto sea susceptible de ser confirmado”.

Añadiendo que, “la jurisprudencia de esta Sala establece que sólo son susceptibles de ser confirmados los contratos que reúnan los requisitos del artículo 1261, a saber os elementos esenciales, consentimiento, objeto y causa, en definitiva la doctrina de los actos propios, no es aplicable en materia de nulidad (SSTS 10 de junio y 10 de febrero de 2003”.

Tampoco es por ello aplicable la convalidación o confirmación el consentimiento, ya que el lazo de cuatro años legalmente establecido en el art. 1301 del C.C., no sería aplicable al tener su ámbito especifico de aplicación a los contratos anulables, esto es, aquéllos en que concurren los requisitos del art. 1261 del C.C:, y no a los radicalmente nulos como es el caso, en cuanto esa es la sanción establecida en la Ley de Represión de la Usura, y así lo declara expresamente la tan citada Sentencia del TS del Pleno de 25 de noviembre de 2015, con cita de su precedente de 14 de julio de 2009, cuando dice que “el carácter usurario del crédito “revolving”… conlleva su nulidad, que ha sido calificada por esta Sala como “radical, absoluta y originaria, que no admite convalidación confirmatoria, porque es fatalmente insubsanable ni es susceptible de prescripción invocada, siendo por ello las consecuencias derivadas de tal declaración las previstas en el art. 3 de la Ley de Represión de la Usura.

Finalizar, diciendo, que ningún pronunciamiento cabe efectuar sobre el enriquecimiento injusto suscitado por la entidad demandada, en cuanto el mismo no se adujo respecto del contrato que ha sido objeto de análisis en la presente resolución.

QUINTO.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 394-1º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas procesales deberán ser abonadas por la parte demandada al haberse producido la íntegra estimación de la demanda.

Vistos los preceptos legales citados y cualesquiera otros de general y pertinente aplicación, en nombre de S.M. El Rey, pronuncio el siguiente:

FALLO

ESTIMO la demanda formulada por Dña. XXXXXX, representada por la Procuradora de los Tribunales, Dña. XXXXXX contra Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., representada por el Procurador de los Tribunales, D. XXXXXX, en su virtud:

1º.- Declaro la nulidad del contrato de tarjeta “Affinity Card” de fecha 27 de octubre de 2005.

2º.- Condeno a la entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., reintegrar al demandante las cantidades indebidamente cobradas en aplicación el porcentaje de interés declarado nulo, importe que se calculará en ejecución de sentencia.

3º.- Con expresa imposición de costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes, con el apercibimiento de que no es firme y cabe recurso de apelación que deberá interponerse ante se Juzgado dentro del plazo de veinte días contado desde el día siguiente a la notificación de la presente resolución, previo deposito de 50 euros exigido por la disposición decimoquinta de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre (BOE 4/11/09).

La omisión de la constitución del citado depósito dentro del plazo para interponer el citado recurso conllevará su no admisión a trámite.

Llévese el original de esta resolución al Libro de Sentencias y expídase testimonio literal para los autos de su razón.

Así por esta mi sentencia, juzgando en primera instancia, la pronuncio, mando y firmo.

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