Un usuario de EZ recupera 1.719,90 € de una tarjeta de Cofidis con una TAE del 24,51 %

Un usuario de EZ, tras enviar la carta de reclamación ante el SAC solicitando la nulidad de la tarjeta de COFIDIS, y recibir contestación desfavorable por parte de ésta, presentó demanda ante los Juzgados de Sagunto.

La demanda fue dirigida por la abogada Lourdes Galvé Garrido (Despacho Solá & Galvé), Bufete que colabora con Economía Zero desde hace muchos años, y que es especialista en toda clase de reclamaciones relacionadas con las entidades financieras, entre ellas la nulidad de contratos por usura y/o falta de transparencia.

La tarjeta de COFIDIS objeto de la demanda había sido contratada el 18 de diciembre de 2013, y cancelada por el usuario el 12 de julio de 2016. La TAE (Tasa Anual Equivalente) aplicada fue del 24,51 %, un tipo de interés que el Juez considera usurario, puesto que es notablemente superior al tipo de interés medio para préstamos al consumo publicado por el Banco de España en sus estadísticas.

Dice la Sentencia que según las consecuencias previstas en el art .3 de la Ley de Represión de la Usura (o Ley Ázcarate), el prestatario estará obligado únicamente a entregar tan sólo la suma recibida durante la vida de la tarjeta de COFIDIS, es decir, que solo queda obligado al pago exclusivamente del capital dispuesto, quedando liberado tanto del pago de los intereses remuneratorios, como de cualquier otra obligación accesoria o derivada del contrato.

Se dicta en la Sentencia que la liquidación de las cantidades a favor del demandante, será realizada en la posterior «Ejecución de Sentencia«, tras la cual, y después de que la entidad aportase la correspondiente liquidación detallada, el saldo a favor del usuario ascendió a 1.719,90 €.

Además de ser condenada a la nulidad de la tarjeta de COFIDIS, con todo lo que ello conlleva, también fue condenada al pago de las costas causadas en el procedimiento, dichas costas fueron destinadas a los honorarios de la abogada, quedando la cuantía recuperada enteramente para el usuario.

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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2

Procedimiento: Asunto Civil 000327/2018

SENTENCIA Nº 000115/2018

JUEZ QUE LA DICTA: Dª XXXXXX

Lugar: SAGUNTO

Fecha: veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho

PARTE DEMANDANTE: XXXXXX

Abogado: LOURDES GALVÉ GARRIDO

Procurador: XXXXXX

PARTE DEMANDADA: COFIDIS S.A.

Abogado: XXXXXX

Procurador: XXXXXX

OBJETO DEL JUICIO: Nulidad

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.– Por el Procurador de los Tribunales D. XXXXXX, en nombre y representación de D. XXXXXX, se interpuso demanda de juicio ordinario en ejercicio de acción individual de nulidad por usura de contrato de préstamo sin garantía inmobiliaria, estipulado en condiciones generales de contratación; nulidad por falta de transparencia y/o abusividad de diversas clausulas, entre ellas la de tipo de interés remuneratorio y composición de pagos, y reclamación de cantidad contra COFIDIS, S.A.,en base a las alegaciones y fundamentos de derecho que estimó de aplicación.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda por Decreto de 20 de junio de 2017, se acordó su sustanciación, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 249 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por los trámites del Juicio Ordinario, dando, como ordena el Artículo 404.1 del citado cuerpo legal, traslado de la demanda a la parte demandada, emplazándola, con los apercibimientos y advertencias legales, para que la contestara en el plazo de veinte días hábiles computados desde el siguiente al emplazamiento.

TERCERO.- Por la Procuradora de los Tribunales Dª. XXXXXX, en nombre y representación de COFIDIS, S.A., se contestó en tiempo y forma oponiéndose a la misma y alegando la inadmisibilidad por cancelación del crédito de la actora.

CUARTO.- Celebrada la Audiencia previa al Juicio en fecha 23 de octubre de 2018, comparecieron las partes, ratificándose la actora en su escrito de demanda y la demandada en su escrito de contestación a la misma, puntualizando ambas partes los hechos objeto de controversia, e interesando el recibimiento del pleito a prueba.

Las partes aportaron instructa respecto a la prueba interesada que en síntesis fue: testifical y documental.

QUINTO.– Por el Procurador de los Tribunales D. XXXXXX, en nombre y representación de D. XXXXXX, se presentó escrito en el que, resultando imposible la practica de la testifical y requerimiento por él solicitada, interesaba se dejase sin efecto el señalamiento de vista, lo que así fue acordado por resolución de fecha 20 de noviembre de 2018, quedando los autos vistos para sentencia.

SEXTO.- En el presente procedimiento se han cumplido los trámites legalmente establecidos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.– En el presente procedimiento se interpone por la parte actora, demanda de juicio ordinario contra la entidad financiera COFIDIS.

Declara que el Sr. XXXXXX, consumidor, contrató telefónicamente la tarjeta de crédito bajo la creencia de ser una tarjeta de crédito a precio de mercado, completamente gratuita, y que le permitía comprar a plazos pagando los mismos con la consiguiente reducción del capital pendiente.

Manifiesta que las clausulas del contrato le fueron impuestas por la demandada, que han sido predispuestas y redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos sin que haya existido negociación individual ni hayan sido debidamente explicadas.

Condiciones: fecha contratación 18/12/2013. TAE 24,51 %. Cuotas flexibles que capitalizan intereses: SI. Destino financiación: adquisición de bienes y servicios de consumo. Las condiciones particulares son completamente ilegibles.

Solicita que se declare la nulidad total del contrato por usura, en tanto que el TAE aplicado conforme al contrato fue del 24,51 %, el cual resulta notablemente superior a los intereses usados en operaciones equivalentes a la fecha de contratación, siendo más del doble de la TAE media histórica de créditos al consumo en España y también supera desproporcionadamente la diferencia media histórica entre TAE e Interés Legal. Considera que nos hallamos ante una tarjeta revolving.

Por otra parte impugna las clausulas que determinan el precio del contrato: coste del crédito, seguro accesorio incluido como condición general de contratación. Y considera ilícitas la clausula de intereses, la clausula de composición de los pagos y del contrato de seguro accesorio, por no superar el control de incorporación.

Interesa igualmente la nulidad del contrato de tarjeta por incumplimiento de las obligaciones de la prestamista al amparo de la Ley 22/2007 de 11 de julio.

Subsidiariamente, solicita la declaración de abusividad de determinadas clausulas e ineficacia de las mismas: comisión de impagados, variación unilateral de condiciones del contrato y seguro accesorio.

SEGUNDO.- Frente a dicha pretensión se opone la parte demandada destacando en primer lugar que el presente contrato reclamado se encuentra abonado en su totalidad desde noviembre de 2016, lo que debe interpretarse como muestra de la conformidad absoluta del demandante con los términos del contrato.

Las condiciones generales se contienen en el reverso del contrato y resultan legibles, claras, concretas y ademas simples, cumpliendo así la legislación y jurisprudencia vigentes.

El demandante fue plenamente informado de todos los extremos precisos acerca de las clausulas contractuales aplicables a la concesión de la línea de crédito.

Improcedencia de la declaración de abusividad de la clausula de intereses remuneratorios y comisiones por no superar el doble control de transparencia, los intereses aplicados tienen exclusivamente carácter remuneratorio y constituyen el precio del contrato, por consiguiente, se configuran como un elemento esencial del mismo, siendo las entidades libres para ofrecer el tipo de interés que deseen.

Considera que resulta imposible apreciar el carácter usurario del tipo de interés y, consecuentemente, de la nulidad del contrato.

Ademas, el tipo de interés aplicado es el “normal” de mercado para el mismo tipo de productos financieros.

Por otra parte, concurren circunstancias excepcionales que justifican la aplicación de un tipo de interés más elevado en las cuentas de crédito revolving.

Procedencia y exigibilidad de la comisión de devolución aplicada en tanto que no se trata de gestiones automáticas, sino que existe un proceso interno de reclamación que justifica absolutamente el cobro de los gastos por retraso en el pago.

Por último, muestra su disconformidad con las alegaciones vertidas de contrario respecto a la clausula de modificación de las condiciones.

TERCERO.- De conformidad con el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, corresponde al actor la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda, e incumbe al demandado la carga de probar los hechos que, conforme a las que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior.

Añadiendo el precepto que, para la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores, deberá tenerse presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes del litigio.

La documental no impugnada produce los efectos del art. 319 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de conformidad con lo dispuesto en el art. 316 de la misma Ley, produciendo, en consecuencia, prueba plena del hecho, acto o estado de cosas que documenten, de la fecha en que se produce esa documentación y de la identidad de los fedatarios y demás personas que, en su caso, intervengan en ella.

CUARTO.- Se alega con carácter previo por la demandada, que procede declarar la inadmisibilidad de la demanda por cancelación del crédito de la actora.

Efectivamente dicho contrato fue cancelado por pago total en fecha 12 de julio de 2016, hecho no controvertido. Sin embargo, esta circunstancia no veta al demandante al ejercicio de la acción de nulidad que nos ocupa en tanto que, ejercitada la acción de nulidad en tiempo, la misma puede desplegar sus efectos estando vigente o cancelado el préstamo.

En el presente supuesto la parte actora ha propuesto con carácter principal, la declaración de la nulidad del contrato suscrito entre las partes el 18 de diciembre de 2013 (Documento nº1), por Usura.

El art. 1 de la de la Ley de 23 julio 1908 de Represión de la Usura, establece: «será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales».

En este marco, la Ley de Represión de la Usura (LA LEY 3/1908) se configura como un límite a la autonomía negocial del art. 1.255 del Código Civil (LA LEY 1/1889) aplicable a los préstamos y, en general, a cualquier operación de crédito «sustancialmente equivalente» al préstamo.

Efectivamente los intereses remuneratorios, en cuanto constituyen el «precio» o contraprestación de la operación y por tanto son un elemento esencial del contrato, no pueden ser objeto del control de abusividad en base a la normativa de protección de los consumidores y usuarios.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de junio de 2012 viene a concluir la imposibilidad de declarar nula por abusiva una cláusula esencial del contrato, indicando que «aunque doctrinalmente no hay una posición unánime al respecto, debe entenderse, por aplicación teleológica de la Directiva del 93, artículo 4.2, que los elementos esenciales del contrato, si bien excluidos del control de contenido, no obstante pueden ser objeto de control por la vía de inclusión y de transparencia (artículos 5.5 y 7 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación y 10.1 de la Ley General para la Defensade los Consumidores y Usuarios)«. Sin embargo, nada impide examinar si los intereses remuneratorios en el caso, son usurarios.

La sentencia del Pleno dictada por el Tribunal Supremo el 25 de noviembre de 2015, prescinde del requisito subjetivo para considerar como usurario un préstamo, y estima suficiente a estos efectos, que concurran los dos presupuesto objetivos, a saber: se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso.

El tipo nominal de interés remuneratorio, TAE efectivamente representativo del coste real que para el consumidor supone la operación, señaló que «El interés con el que ha de realizarse la comparación es el «normal del dinero».

No se trata, por tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés «normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia.

Para establecer lo que se considera «interés normal» puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.).

Esa obligación informativa de las entidades tiene su origen en el artículo 5.1 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (BCE), que recoge la obligación de este último, asistido por los bancos centrales nacionales, de recopilar la información estadística necesaria través de los agentes económicos.

Para ello, el BCE adoptó el Reglamento (CE) nº 63/2002, de 20 de diciembre de 2001, sobre estadísticas de los tipos de interés que las instituciones financieras monetarias aplican a los depósitos y a los préstamos frente a los hogares y a las sociedades no financieras; y a partir de ahí, el Banco de España, a través de su Circular 4/2002, de 25 de junio, dio el obligado cumplimiento al contenido del Reglamento, con objeto de poder obtener de las entidades de crédito la información solicitada».

En el supuesto enjuiciado por el Alto Tribunal se trataba de un crédito de la modalidad «revolving» con un interés del 24,6% TAE que apenas superaba el doble del interés medio ordinario en las operaciones de crédito al consumo de la época en que se concertó el contrato, por lo que concluyó su carácter excesivo.

Aplicando lo expuesto al caso que nos ocupa, se aprecia que estamos igualmente ante un tipo notoriamente superior al normal del dinero, y, por tanto usurario, pues de la prueba practicada resulta que el interés aplicable a los créditos al consumo, oscila entre el 9,68% del año 2013 y del 8,45 del año 2016, existiendo una diferencia considerable con el interés pactado, que variará en función del saldo pendiente de la línea de crédito.

Sostiene la entidad demandada que el interés aplicado se encuentra justificado con las circunstancias concurrentes, y el propio Tribunal Supremo expresamente ha señalado que efectivamente ello puede venir justificado pero «con las circunstancias del caso», las cuales deben ser acreditadas por la demandada.

Pero la entidad financiera que concedió el crédito «revolving» no ha justificado que concurran en el supuesto del Sr. XXXXXX circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior.

Como es sabido, la circunstancia de implicar la concesión de crédito un mayor riesgo para el prestamista, al ser menores las garantías concertadas, no puede justificarse una elevación del tipo de interés tan desproporcionado en operaciones de financiación al consumo como la que ha tenido lugar en el caso objeto de litis.

No puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico que, sobre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto que trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tienen que cargar con las consecuencias.

Realmente, ninguno de los argumentos vertidos por la entidad demandada parece suficiente a fin de sostener la posibilidad de una elevación del precio del crédito revolving teniendo presente que, en realidad, estamos hablando de unas contingencias que son comunes a todos los supuestos de financiación mediante contratos, no de préstamo simple, sino de apertura de crédito, con independencia de que la disposición del capital objeto del crédito se haga mediante tarjeta o no, y estemos o no ante el supuesto específico de un crédito revolving.

Por lo tanto y siendo ello así, y en la medida en que el índice del precio normal del dinero manejado lo es el de créditos al consumo, lo sea ya mediante préstamos o aperturas de crédito, sin distinción en función de que la concesión se haga por bancos o establecimientos financieros de crédito tales particularidades no pueden considerarse como circunstancias a tener en cuenta.

La nulidad interesada por usura determina la nulidad del contrato en su totalidad, no de parte de sus cláusulas. Las consecuencias de dicha nulidad son las previstas en el art .3 de la Ley de Represión de la Usura, esto es, el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida.

Esto es, el actor queda obligado al pago exclusivamente del capital dispuesto, quedando liberado tanto del pago de los intereses remuneratorios, como de cualquier otra obligación accesoria o derivada del contrato, lo que se adecua a lo establecido en el art. 1.303 del Código Civil.

QUINTO.– De acuerdo con lo dispuesto en los arts. 1.101, 1.108 y 1.109 del Código Civil, se condena al demandado a los intereses legales desde el momento de la interpelación judicial.

SEXTO.-Por lo que se refiere a las costas, en virtud del principio del vencimiento objetivo que rige a tenor del art. 394-1º de la LEC 1/2000 procede en el caso presente al estimarse la demanda imponer las costas a la demandada.

Vistos los artículos citados y demás que resulten de aplicación,

FALLO

Que estimando la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales D. XXXXXX, en nombre y representación de D. XXXXXX CONTRA COFIDIS, S.A., debo declarar y declaro la nulidad del contrato celebrado entre los litigantes en fecha 18 de diciembre de 2013, debiendo la demandada estar y pasar por la presente declaración y, en su virtud, se condena a la demandada a reintegrar al actor las sumas por él satisfechas que hayan excedido del total del capital prestado, lo que será determinada en ejecución de sentencia mediante liquidación que en la misma se aporte por la entidad demandada, más intereses legales desde la interpelación judicial.

Todo ello, con expresa imposición de las costas causadas en la sustanciación del procedimiento a la demandada.

MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de APELACIÓN ante la Audiencia Provincial de VALENCIA (artículo 455 LECn).

El recurso se preparará por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de CINCO DÍAS hábiles contados desde el día siguiente de la notificación, limitado a citar la resolución apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con expresión de los pronunciamientos que impugna (artículo 457.2 LECn).

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el/la Sr/a. Juez que la dictó, estando el/la mismo/a celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, el/la Letrado A. Justicia doy fe, en SAGUNTO, a veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho.