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Anulado por usurario un contrato de crédito «Dinero Ya» de COFIDIS con un 22,08 % TAE

Anulado por usurario un contrato de crédito "Dinero Ya" COFIDIS con un 22,08 % TAE

El Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Guadalajara declara la nulidad de un préstamo revolving «Dinero Ya» de COFIDIS, contratado en el año 2010 por una consumidora.

El préstamo rápido, con una disposición inicial de 1.000 euros junto con disposiciones posteriores que hacen que la suma total ascienda a 7.072 euros, todo ello pactado con un interés remuneratorio del 22,08 % TAE y un interés de demora del 28,84 %.

La sentencia, aplicando la doctrina fijada por el Tribunal Supremo el 25 de noviembre de 2015 y apoyándose en la Ley de Represión de la Usura de 1908 o Ley Azcárate, que califican ese interés como usurario por ser notablemente superior al normal del dinero, debido a la gran diferencia existente entre el TAE fijado en el préstamo y el interés medio que tenían los préstamos al consumo en la fecha en que fue contratado el crédito.

COFIDIS, que reclamaba 6.321,41 € a la consumidora, deberá aceptar el fallo de la resolución y la demandada solamente deberá devolver la diferencia entre el capital realmente prestado y el capital devuelto, que asciende a 2.344,50 €. Quedando anulado el contrato del préstamo, así como las cláusulas de intereses de demora, gastos e indemnización vencimiento anticipado, comisiones y el seguro asociado al préstamo.

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Juzgado de Primera Instancia N° 6 de Guadalajara. 

SENTENCIA

En Guadalajara, a 22 de febrero de 2016.

Vistos por el Ilmo. Sr. D. XXXXXXX, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia num. 6 de Guadalajara los presentes autos de Juicio Ordinario 138/2015 sobre reclamación de cantidad, seguidos ante este Juzgado a instancia de COFIDIS, S.A. Sucursal en España, representada por la Procuradora Dña. XXXXXX y bajo la dirección letrada de Dña. XXXXXX, contra Dña. XXXXXX, representada por la Procuradora Dña. XXXXXX y bajo la dirección letrada de Dña. XXXXXX, se dicta la presente sentencia en virtud de los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La Procuradora Dña. XXXXXXX en nombre de COFIDIS interpuso proceso monitorio y después de la oposición de la Sra. XXXXXX, formuló demanda de Juicio Ordinario en la que, tras alegar los fundamentos de hecho y derecho aplicables, solicitó que se dictase sentencia por la que se condene a la demandada a abonar a la actora la suma de 6.321,41 €, más los intereses legales y costas.

SEGUNDO.- Emplazada la demandada presentó contestación a la demanda en la que, tras alegar los fundamentos de hecho y de derecho aplicables, solicitó que se dictase sentencia por la que se desestime la demanda y se condene en costas a la actora.

TERCERO.- La audiencia previa se celebró el 18 de diciembre de 2016 con el resultado que obra en autos. La actora propuso la documental aportada con el proceso monitorio, la documental aportada con la demanda, tres documentos y una grabación telefónica que se aportaron en la audiencia previa, el libramiento de oficios a entidades bancarias y el interrogatorio de parte. La demandada propuso documental.

Se admitieron los medios de prueba a excepción de la grabación telefónica al considerarse que había precluido la posibilidad de su aportación al entenderse que había podido presentarse con la solicitud de proceso monitorio y con la demanda.

CUARTO.- La vista se ha celebrado el 18 de febrero de 2016. Se ha practicado el interrogatorio de la demandada. Se han formulado las conclusiones y el procedimiento ha quedado pendiente de dictar sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Alegaciones de la demanda. La actora afirma que es una entidad financiera de crédito dedicada a la concesión de créditos al consumo y que cuando acepta la línea de crédito realiza la transferencia a la cuenta bancaria designada por el cliente.

En la demanda se indica que entre los productos ofrecidos se encuentran los contratos denominados «créditos Revolving», que se caracterizan por la posibilidad de solicitar disposiciones a través de diversos canales, así como ampliaciones del importe del crédito inicial.

La actora alega que el 21 de abril de 2010 suscribió con la demandada el contrato de crédito denominado Dinero Ya con una disposición inicial de mil euros que se debía devolver con una cuota inicial de 31,90 €. El interés remuneratorio se devengaría diariamente y su finalidad era evitar la pérdida de valor del importe prestado.

La actora afirma que con la firma del contrato la demandada se adhirió al seguro opcional para cobertura de riesgos según las condiciones particulares. En la demanda se indica que la Sra. XXXXXXX ha solicitado diversas cantidades por importe total de 7.072 € y que desde octubre de 2013 comenzó el pago irregular de las mensualidades aplicándose la condición general octava de penalización del pago y la novena de indemnización por el 8 %.

La actora manifiesta que dio por vencido el préstamo y procedió al cierre de la cuenta por la suma de 6.321,41 €, que es la cantidad que se reclama por todos los conceptos, según el desglose de deuda que aporta.

SEGUNDO.- Alegaciones de la demandada: La Sra. XXXXXX niega las afirmaciones de la actora y afirma que la deuda no ha sido acreditada al no justificar las disposiciones de crédito. Ha señalado que en la solicitud no se aceptaba el seguro opcional, por lo que reclamado por el seguro por la suma de 799,68 € no debe ser abonado.

Se opone a las comisiones por 208 € y a los gastos de indemnización de 366,62 €. En relación al tipo de interés del 1,84 % mensual afirma la demandada que es usurario porque asciende realmente al 22,08 % anual y el Euribor era del 1,22 %. Afirma que abonó 7.221,50 €, por lo que si el capital prestado era de 7.072 € el préstamo ha sido devuelto.

TERCERO.- La actora ha ejercitado una acción de reclamación de cantidad afirmando que la demandada suscribió un contrato de crédito denominado DINERO YA en el que COFIDIS ponía a su disposición una línea de crédito durante un año renovable anualmente.

La demandante señala que es un crédito denominado comercialmente como «Créditos Revolving», que se caracterizan por la posibilidad de solicitar sucesivas disposiciones que se piden a través de canales diversos (teléfono, fax, Internet…), así como ampliaciones del importe de crédito inicial. En la demanda se indica que la demandada solicitó una disposición inicial de mil euros y que posteriormente solicitó la realización de más transferencias ascendiendo el importe financiado a 7.072 €.

Con la demanda de proceso monitorio se ha aportado la solicitud de fecha 13 de abril de 2010 en la que consta el nombre de Dña. XXXXXX. En el documento aparecen los datos personales de la demandada señalándose que se solicitaba la suma de 1.000 €, que serían abonados en cuotas de 31,90 €.

La demandada no ha impugnado la contratación, pero ha señalado en la contestación que la deuda no ha quedado acreditada al no justificarse las disposiciones de crédito. En la declaración realizada en la vista la Sra. XXXXXX ha reconocido que suscribió un contrato con COFIDIS, aunque no puede asegurar que es el aportado al procedimiento, y que recibió aproximadamente siete mil euros.

En conclusiones ha reconocido que se percibieron 7.072 €. Se han librado oficios al BANCO DE SABADELL y al BANCO DE SANTANDER. Esta última entidad ha señalado que en la cuenta titularidad de la Sra. XXXXXX se recibió la suma de 130 € efectuada por transferencia ordenada por COFIDIS.

Por otra parte, el BANCO DE SANTANDER ha comunicado al juzgado que COFIDIS transfirió en la cuenta de la sra. XXXXXX diversas cantidades por un valor total de 6.942 €, que sumados a los 130 €, alcanzan la cifra de 7.072 €, que coincide con la cantidad que COFIDIS ha señalado que entregó a la demandada. De las alegaciones de las partes y de los medios de prueba aportados al procedimiento ha quedado justificado que la actora concedió un crédito a la demandada por el importe de 7.072 €.

CUARTO.- La entidad demandante reclama por todos los conceptos la suma de 6.321,41 €. Ha aportado una liquidación en la que aparecen los siguientes conceptos: saldo financiado por la suma de 7.072 €; intereses: 2.602,61 €; seguro: 799,68 €; recibos emitidos: 7.221,50 €; impagado: 2.494 €; gastos e indemnización vencimiento anticipado: 366,62 €; comisiones: 208 €.

Es necesario hacer un análisis de la reclamación para poder conocer si la demandada adeuda la cantidad solicitada de 6.321,41 €. La suma de 366,62 € por gastos de indemnización por vencimiento anticipado y la suma de 208 € por comisiones.

La demandada se ha opuesto expresamente a la condena por estos conceptos. Estas cantidades no deben ser aceptadas al no estar justificadas, por lo que la demandada no debe abonarlas. Por otra parte, se basan en lo dispuesto en las condiciones octava y novena, que deben declararse nulas por abusivas al imponer una indemnización desproporcionada a cargo de la demandada, que es una consumidora.

Además, no consta expresamente la aceptación de la demandada y que fuera conocedora de la realidad de las mismas.

Se ha aplicado un porcentaje del ocho por ciento sobre el capital pendiente como indemnización y unas comisiones de devolución por la suma cada una de ellas de veinte euros. Estas cantidades forman parte de la reclamación total, porque la actora ha liquidado la deuda teniendo en cuenta estas cuantías que no deben ser computadas al no estar justificadas y ser consecuencia de unas cláusulas que se declaran nulas.

Debe ser aplicada la doctrina contenida en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Secc. 14) de 12 de noviembre de 2014 al presente procedimiento, que establece que de oficio puede declararse la abusividad de estas condiciones. En la sentencia se establece que:

Lo que si podemos hacer, incluso de oficio es revisar la comisión de devolución que tiene todos los ingredientes necesarios para ser declarada abusiva.

En la sentencia de esta misma Sala de 15-5-14, en un asunto también de Cofidis, nos ocupábamos de ella y decíamos: «CUARTO.- Se denuncia falta de exhaustividad y de congruencia de la sentencia, con infracción delart. 218 L.E.C (LA LEY 58/2000), por desestimar la partida reclamada en concepto de gastos y comisiones por impago de recibos, por la suma de 771,54 €, sin fundamentar la causa de la desestimación.

Se trata de una cantidad reclamada con el carácter de indemnización de daños y perjuicios, expresamente pactada en las cláusulas octava y novena del contrato, por lo que no precisa de acreditación concreta. En el clausulado del contrato se establece una comisión de devolución del 5 % sobre la cuota devuelta de importe superior a 70 €, con un mínimo de 18 €, más un 8 % del capital pendiente de amortización en concepto de indemnización de daños y perjuicios.

En respuesta a la cuestión planteada procede tener por reproducida la fundamentación reflejada en S. 11 Dic. 2013 de esta Sala Civil de la Audiencia Provincial (Sección 25), aplicable al supuesto enjuiciado a pesar de la diferencia de cifras entre uno y otro, que no desvirtúa la conclusión final, a cuyo tenor:

«En cuanto a las cláusulas relativas a la indemnización por mora -a consecuencia del impago de alguna de las mensualidades convenidas para la devolución del capital dispuesto y sus correspondientes intereses remuneratorios- y a la indemnización por incumplimiento de obligaciones, el control ha de quedar circunscrito, habida cuenta de lo establecido por el artículo 85.6 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LA LEY 11922/2007) y otras leyes complementarias, a determinar si el pago del porcentaje del 8 % del importe de la mensualidad impagada -o el 8 % del capital pendiente de amortizar- implica el establecimiento de una indemnización desproporcionadamente alta para el consumidor, por el incumplimiento, o cumplimiento irregular, de su obligación.

Y ello, por cuanto, tampoco cabe reprochar falta de transparencia a aquellas estipulaciones contractuales, pues aparecen respectivamente definidas como «Impagados» y como «Incumplimiento de obligaciones», en forma diferenciada, y sus términos son perfectamente claros y comprensibles.

Desde esta perspectiva, y teniendo en cuenta que se realizan liquidaciones mensuales de la cuenta de crédito, que los intereses remuneratorios se calculan sobre el saldo pendiente en cada periodo mensual, que el saldo pendiente en cada periodo mensual se integra no solo por la cantidad dispuesta pendiente de amortizar, sino también por los importes impagados, y que la mensualidad convenida era de 60,10 euros, es evidente que el porcentaje del 8 % de dicha mensualidad implica el pago de una indemnización de 4,81 euros; lo que, en definitiva, supone el pago de un tipo de interés moratorio, en el periodo mensual de liquidación, próximo al 96 %.

Ciertamente, para que la suma de 60,10 euros produzca en un periodo de 30 días un rédito de 4,81 euros, ha de aplicarse un tipo de interés próximo al 96,00 % anual:

interés = (Capital × rédito × tiempo) ÷ 36 000
r = (i × 36 000) ÷ (C × t)
r = (4,81 × 36 000) ÷ (60,10 × 30)
r = 173 160 ÷ 1803
r = 96,0399 %

Y lo mismo cabe afirmar, respecto a la indemnización establecida por incumplimiento -8 % del capital pendiente de amortizar- por cuanto para que un capital produzca en un periodo de 30 días un rédito equivalente el 8 % de dicho capital ha de aplicarse, también, un tipo de interés del 96 % anual:

8C ÷ 100= (C × r × t) ÷ (36 000)
36 000 × 8C = 30 × C × r × 100)
r = (36 000 × 8C) ÷ (30 × C × 100)
r = 288 ÷ 3
r = 96,00 %

En función de todo ello, resulta incuestionable el carácter totalmente abusivo de las cláusulas contractuales cuestionadas, pues es indudable que establecen una indemnización desproporcionadamente alta para el consumidor, por el incumplimiento o cumplimiento irregular de la obligación contractualmente asumido por éste, máximo teniendo en cuenta que a aquellas indemnizaciones por mora o por incumplimiento del 8 %, les resulta también de aplicación el interés por mora también pactado.

No debiendo olvidarse, en este punto, que la finalidad de los intereses moratorios es, precisamente, resarcir al acreedor de los daños y perjuicios que le origina el cumplimiento tardío de su obligación por parte del deudor.

Este carácter abusivo determina, en todo caso, por virtud de lo preceptuado por el artículo 83 del mencionado Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LA LEY 11922/2007) y otras leyes complementarias, la nulidad de pleno derecho de dichas cláusulas.

Nulidad que debe determinar, por virtud de lo establecido por el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, y conforme a la doctrina jurisprudencial sentada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea -Sentencia de 30 de mayo de 2013- la total exclusión de su aplicación al consumidor y sin que resulte procedente, en modo alguno, su integración».

Pero además esta huérfana de causa contractual que la justifique; no hay causa justa de obligación ni de atribución patrimonial, porque no obedece a un servicio realmente prestado.

No hay entrega de un efecto mercantil para su descuento que obligue a procurarlo entregar su importe al acreedor, y si ese no fuese el caso, devolver el efecto con la declaración de impago para que no se perjudique.

Hay un recibo de cargo en la cuenta domiciliataria de los demandados en BANKIA, y en este esquema, la devolución del efecto no responde a un servicio de Cofidis, ni está basada en una causa autónoma e independiente: es el acto final consecuencia de una decisión libérrima del deudor, todo lo contraria a derecho que se quiera, pero libérrima.

Por esa razón, la ruptura de la unidad esencial de la gestión para cobrar por la devolución del efecto impagado nos parece inadmisible, máxime cuando penaliza absurdamente al deudor, y como se decía más arriba corremos el riesgo de encubrir intereses moratorios.

Todos los razonamientos de esta sentencia deben ser aplicados al presente procedimiento para denegar la reclamación de gastos de indemnización y comisiones. Debe añadirse, además, que no se ha justificado la realidad de estas cantidades y que no consta la aceptación expresa del demandado.

También debe ser aplicada la doctrina fijada por la Sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas (Secc. 5ª) de 2 de diciembre de 2014, que establece que la parte demandada igualmente se opuso a la liquidación efectuada por COFIDIS respecto de la cláusula octava del contrato de línea de crédito que tacha de abusivos aduciendo que respecto de la cantidad allí establecida en concepto de gastos de 18 euros cada vez que el recibo era devuelto y sin respetar la propia previsión contractual de la Comisión de Devolución.

En caso de producirse el impago de alguna cuota a su vencimiento, se devengará a favor de COFIDIS una comisión de devolución por impago de 6 euros por cada cuota devuelta de importe inferior o igual a 30 euros, 12 euros por cada cuota devuelta de importe superior a 30 euros e inferior o igual a 70 euros, con un mínimo de 18 euros. Dicha comisión se aplicará sobre un mismo recibo cada vez que, tras su prestación al cobro resulte devuelto por impago un máximo de tres veces, no devengándose a partir de ese momento ninguna comisión más.

Llegado este caso o en el supuesto de que una misma cuota hubiera sido devuelta dos veces consecutivas tras presentarse de nuevo al cobro y asimismo se hubiera devuelto la cuota del mes siguiente, se paraliza la prestación de recibos al cobro.

En un mismo mes no serán presentados al cobro más de dos recibos, salvo acuerdo explícito con el cliente. A los efectos del artículo 317 del Código de Comercio (LA LEY 1/1885), «los intereses de las cuotas no satisfechas se entenderán capitalizados y producirán intereses al mismo tipo que el del crédito.» y que la parte apelada COFIDIS defiende alegando que son intereses de demora aplicados de acuerdo con la legislación vigente.

Obsérvese que los intereses moratorios no se mencionan ni en el escrito de demanda (folios 1 a 6), ni en el contrato suscrito por las partes (folios 20 y 21), ni en la «certificación» que se aportó con él (folios 26 a 28), ni la actora recurrida reclamó el pago de tales intereses, al menos con este nombre.

Como decíamos, en el escrito de oposición al recurso de apelación, admite COFIDIS (folio 220) que se trata de intereses moratorios, pero lo cierto es que en el contrato se encubren bajo la denominación de «Comisión de devolución» a la que se refiere la transcrita cláusula 8ª, o «Incumplimiento de obligaciones» a la que se refiere la cláusula 9ª, cuando dice:

«En caso de incumplimiento por el titular/segundo titular de las obligaciones del presente contrato y, en particular, en caso de datos confidenciales inexactos, uso fraudulento o abusivo de los medios de utilización de la cuenta, sobrepasar el limite de autorización de la cuenta o incumplimiento de las obligaciones dimanantes en este contrato, falta de pago total o parcial de cualquier mensualidad a su vencimiento, COFIDIS podrá bloquear la cuenta de crédito y los medios de utilización de la misma y considerar vencida, en su beneficio, toda la obligación y exigir el reembolso inmediato del capital que quede por amortizar incrementado por los intereses vencidos y no pagados, comisiones y devolución, penalizaciones o indemnización y gastos ocasionados; igualmente podrá exigir un 8 % del capital pendiente de amortización en concepto de indemnización de daños y perjuicios. Los titulares vendrán obligados a restituir a Cofidis todos los documentos y medios de utilización (tarjeta…) que son de su propiedad.»

La sentencia de primera instancia respecto de las susodichas cláusulas octava y novena se limitó a decir que la liquidación presentada obedecía a lo en ellas pactado siendo pues correcta su aplicación y concretamente que la reclamación de 355,46 euros en concepto de gastos por traspaso a contencioso de la operación estaba específicamente prevista en la cláusula novena como la posibilidad de cobrar tales comisiones al establecer que se podrá exigir un 8 % del capital pendiente de amortización en concepto de indemnización de daños y perjuicios.

Desde luego, llámese como se llame, lo que predispuso en esas cláusulas la prestamista son intereses moratorios, pues no otra es la naturaleza y razón de ser de ese interés del 8 % sobre la cuota impagada que, sumado al 20,84 %, cada vez que fuera presentada al cobro, debería abonar la prestataria morosa, agravado con el pacto de anatocismo, más otro 8 % al producirse la reclamación extrajudicial. Por lo tanto, es procedente analizar si corresponde aplicarles la sanción de nulidad.

La sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 14 de marzo de 2013, asunto C-415/11, Leoncio y Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa), dice sobre la cláusula de fijación de los intereses de demora: «74 En segundo lugar, en cuanto a la cláusula relativa a la fijación de los intereses de demora, procede recordar que, a la luz del número 1, letra e), del anexo de la Directiva, en relación con lo dispuesto en los artículos 3, apartado 1, y 4, apartado 1, de la misma, el juez remitente deberá comprobar en particular, como señaló la Abogado General en los puntos 85 a 87 de sus conclusiones, por un lado, las normas nacionales aplicables entre las partes en el supuesto de que no se hubiera estipulado ningún acuerdo en el contrato controvertido o en diferentes contratos de ese tipo celebrados con los consumidores y, por otro lado, el tipo de interés de demora fijado con respecto al tipo de interés legal, con el fin de verificar que es adecuado para garantizar la realización de los objetivos que éste persigue en el Estado miembro de que se trate y que no va más allá de lo necesario para alcanzarlos.»

Por ello, a efectos de fundamentar el criterio sobre el carácter abusivo o no de los intereses resultantes, debemos tener en cuenta el tipo de interés de demora fijado con respecto al tipo de interés legal por el legislador en los últimos tiempos.

Así, el artículo 19.4 de la Ley 7/1995, de 23 de marzo (LA LEY 1239/1995), de Crédito al Consumo, dispuso que «En ningún caso se podrán aplicar a los créditos que se concedan, en forma de descubiertos en cuentas corrientes a los que se refiere este artículo, un tipo de interés que dé lugar a una tasa anual equivalente superior a 2,5 veces el interés legal del dinero»; mientras que el apartado V29 de la Disposición adicional primera de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, introducida por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación (LA LEY 1490/1998), atribuyó expresamente el carácter de cláusula abusiva a la imposición de condiciones de crédito que para los descubiertos en cuenta corriente superen los límites que se contienen en el artículo 19.4 de la Ley 7/1995, de 23 de marzo (LA LEY 1239/1995), de Crédito al Consumo «un tipo de interés que de lugar a una tasa anual equivalente superior a 2,5 veces el interés legal del dinero».

El artículo 20.4 de la vigente Ley 16/2011, de 24 de junio (LA LEY 13381/2011), de contratos de crédito al consumo, recoge literalmente la misma limitación del viejo artículo 19.4.

En el momento de la concertación del préstamo, el 18 de mayo de 2005, el interés legal del dinero, establecido por Ley 61/2003, de 30/12/2003 (LA LEY 2012/2003), era el 3,75 %, y el interés de demora el 4,75 %.

Este Tribunal ha dicho en resolución anterior (Nº 465- 2014, de veintiuno de octubre, Ponente D. XXXXXX que «Generalmente toda cláusula de interés moratorio superior al 20 % bien podría considerarse, sin más, abusiva en cuanto este tipo, el 20 %, es la mayor sanción que impone nuestro ordenamiento jurídico como tipo de interés de demora (v.g., art. 20 LCS).»

Debemos concluir, por tanto, que en el supuesto sometido hoy a nuestra decisión, las cláusulas contractuales que de manera encubierta establecieron el interés de demora en no menos del 28,84 % superan en mucho el interés legal del dinero, y por ello son abusivas y desproporcionadas.

El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LA LEY 11922/2007) y otras leyes complementarias, mantiene el mismo carácter nulo de las cláusulas abusivas al recoger en su artículo 85.6, en relación con el artículo 83 que:

«1. Las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas.

2. La parte del contrato afectada por la nulidad se integrará con arreglo a lo dispuesto por el artículo 1.258 del Código Civil (LA LEY 1/1889) y al principio de buena fe objetiva.»

A estos efectos, el Juez que declare la nulidad de dichas cláusulas integrará el contrato y dispondrá de facultades moderadoras respecto de los derechos y obligaciones de las partes, cuando subsista el contrato, y de las consecuencias de su ineficacia en caso de perjuicio apreciable para el consumidor y usuario. Sólo cuando las cláusulas subsistentes determinen una situación no equitativa en la posición de las partes que no pueda ser subsanada podrá el Juez declarar la ineficacia del contrato».

Sin embargo, esa solución que permitía moderar el tipo de interés moratorio, no puede mantenerse a la vista de la Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 14 de junio de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por la Audiencia Provincial de Barcelona – España) – Banco Español de Crédito, S.A. C/ Joaquín Calderón Camino (Asunto C-618/10), que en cuanto a la moderación judicial de una cláusula abusiva razona, que: «69. … si el juez nacional tuviera la facultad de modificar el contenido de las cláusulas abusivas que figuran en tales contratos, dicha facultad podría poner en peligro la consecución del objetivo a largo plazo previsto en el artículo 7 de la Directiva 93/13 (LA LEY 4573/1993).

En efecto, la mencionada facultad contribuiría a eliminar el efecto disuasorio que ejerce sobre los profesionales el hecho de que, pura y simplemente, tales cláusulas abusivas no se apliquen frente a los consumidores (véase, en este sentido, el auto Pohotovost’, antes citado, apartado 41 y jurisprudencia citada), en la medida en que los profesionales podrían verse tentados a utilizar cláusulas abusivas al saber que, aun cuando llegara a declararse la nulidad de las mismas, el contrato podría ser integrado por el juez nacional en lo que fuera necesario, garantizando de este modo el interés de dichos profesionales.

70. Por esta razón, aunque se reconociera al juez nacional la facultad de que se trata, ésta no podría por sí misma garantizar al consumidor una protección tan eficaz como la resultante de la no aplicación de las cláusulas abusivas…»

Y concluye declarando que: «El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 (LA LEY 4573/1993) debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro, como el artículo 83 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LA LEY 11922/2007) y otras leyes complementarias, que atribuye al juez nacional, cuando éste declara la nulidad de una cláusula abusiva contenida en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, la facultad de integrar dicho contrato modificando el contenido de la cláusula abusiva».

En consecuencia, debemos declarar la nulidad de la cláusula que fijó el interés de demora en no menos del 28,84 %, y teniéndola por no puesta, y la cantidad objeto de condena queda reducida al principal adeudado de 1.502 euros. A lo anterior hay que añadir que los denominados gastos de traspaso a contencioso por importe de 355,46 euros carecen de justificación contractual pues no se contienen como tales en el clausulado del contrato .

QUINTO.- La reclamación de la suma de 799,68 € no puede ser aceptada. La demandada ha indicado en su contestación que no aceptó en la solicitud el seguro opcional, por lo que entiende que no debe ser abonada la cantidad solicitada.

Se acepta la argumentación de la demandada y la cuantía de 799,68 € en concepto de seguro no debe ser tenida en cuenta en la liquidación a efectos de determinar la cantidad adeudada. En la solicitud de crédito que ha aportado la actora se establece de forma expresa por la Sra. XXXXXX que no contrata el seguro opcional y que renuncia a las ventajas del seguro. La demandada en su oposición al proceso monitorio negó la deuda reclamada por la actora por todos los conceptos.

En el hecho tercero de la demanda de juicio ordinario la actora alega que «juntamente con la firma del contrato la demandada se adhirió al seguro opcional para la cobertura de riesgos». No puede aceptarse esta alegación porque no costa que en el contrato se contratara el seguro, porque expresamente se indica que se renuncia.

En el siguiente párrafo del hecho tercero de la demanda se indica que las primas de seguro se confirman por el contratante en el momento inicial del contrato o, posteriormente, a través de su ofrecimiento por diversas vías como el teléfono.

La entidad demandante en la audiencia previa pretendió la aportación de una grabación telefónica de la contratación del seguro. La demandada se opuso a la aportación y se resolvió que no podía ser admitida la aportación de esta prueba por extemporánea, ya que se había podido aportar con la solicitud de proceso monitorio y, después de la oposición al mismo, con la demanda de juicio ordinario, ya que en la misma se hacía mención a la forma de contratación, máxime si se tiene en cuenta que en la solicitud no se contrataba el seguro.

Debe estarse, por tanto, a lo obrante en el procedimiento y consta expresamente en la solicitud que la demandada no aceptó la contratación del seguro.

SEXTO.- En la liquidación aportada por la actora se establecen unos intereses por la suma de 2.602,61 €. En el  contrato no se detalla el interés remuneratorio de forma concreta, ya que se establece en caracteres diminutos un tipo de interés nominal anual del 10,44 % hasta un 22,12 % en función del importe dispuesto y del plazo de amortización.

Al hacer mención a estos intereses el mismo párrafo se remite a la cláusula número cinco de las condiciones generales en la que se desglosan varios tipos de interés dependiendo del saldo, indicándose que podrá ser revisado conforme a la condición general duodécima. Desde la primera liquidación se ha computado un interés remuneratorio del 1,84 % mensual, que se corresponde con un interés nominal anual del 22,08 %. La demandada se ha opuesto porque entiende que es usurario al vulnerarse la Ley de 23 de julio de 1908.

Anteriormente se ha indicado que el crédito concedido por COFIDIS a la demandada es denominado comercialmente como «Crédito Revolving», que se caracteriza por la posibilidad de solicitar sucesivas disposiciones a través de canales diversos (teléfono, fax, Internet…), así como ampliaciones del importe de crédito inicial. El Tribunal Supremo en Sentencia de 25 de noviembre de 2015 establece lo siguiente en sus fundamentos de derecho tercero y cuarto:

TERCERO.- Decisión de la Sala. Carácter usurario del crédito» revolving» concedido al consumidor demandado.

1.- Se plantea en el recurso la cuestión del carácter usurario de un «crédito revolving» concedido por una entidad financiera a un consumidor a un tipo de interés remuneratorio del 24,6 % TAE.

El recurrente invoca como infringido el primer párrafo del art. 1 de la Ley de 23 julio 1908 de Represión de la Usura, que establece: «será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales».

Aunque en el caso objeto del recurso no se trataba propiamente de un contrato de préstamo, sino de un crédito del que el consumidor podía disponer mediante llamadas telefónicas, para que se realizaran ingresos en su cuenta bancaria, o mediante el uso de una tarjeta expedida por la entidad financiera, le es de aplicación dicha ley, y en concreto su art. 1, puesto que el art. 9 establece: «lo dispuesto por esta Ley se aplicará a toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualesquiera que sean la forma que revista el contrato y la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido».

La flexibilidad de la regulación contenida en la Ley de Represión de la Usura (LA LEY 3/1908) ha permitido que la jurisprudencia haya ido adaptando su aplicación a las diversas circunstancias sociales y económicas. En el caso objeto del recurso, la citada normativa ha de ser aplicada a una operación crediticia que, por sus características, puede ser encuadrada en el ámbito del crédito al consumo.

2.- El art. 315 del Código de Comercio (LA LEY 1/1885)establece el principio de libertad de la tasa de interés, que en el ámbito reglamentario desarrollaron la Orden Ministerial de 17 de enero de 1981, vigente cuando se concertó el contrato entre las partes, y actualmente el art. 4.1 Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre (LA LEY 20192/2011), de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.

Mientras que el interés de demora fijado en una cláusula no negociada en un contrato concertado con un consumidor puede ser objeto de control de contenido y ser declarado abusivo si supone una indemnización desproporcionadamente alta al consumidor que no cumpla con sus obligaciones, como declaramos en las sentencias núm. 265/2015, de 22 de abril, y 469/2015, de 8 de septiembre, la normativa sobre cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores no permite el control del carácter «abusivo» del tipo de interés remuneratorio en tanto que la cláusula en que se establece tal interés regula un elemento esencial del contrato, como es el precio del servicio, siempre que cumpla el requisito de transparencia, que es fundamental para asegurar, en primer lugar, que la prestación del consentimiento se ha realizado por el consumidor con pleno conocimiento de la carga onerosa que la concertación de la operación de crédito le supone y, en segundo lugar, que ha podido comparar las distintas ofertas de las entidades de crédito para elegir, entre ellas, la que le resulta más favorable.

En este marco, la Ley de Represión de la Usura (La Ley 3/1908) se configura como un límite a la autonomía negocial del art. 1255 del Código Civil (La Ley 1/1889) aplicable a los préstamos, y, en general, a cualesquiera operación de crédito «sustancialmente equivalente» al préstamo. Así lo ha declarado esta Sala en anteriores sentencias, como las núm. 406/2012, de 18 de junio, 113/2013, de 22 de febrero, y 677/2014, de 2 de diciembre.

3.- A partir de los primeros años cuarenta, la jurisprudencia de esta Sala volvió a la línea jurisprudencial inmediatamente posterior a la promulgación de la Ley de Represión de la Usura (LA LEY 3/1908), en el sentido de no exigir que, para que un préstamo pudiera considerarse usurario, concurrieran todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el art. 1 de la ley.

Por tanto, y en lo que al caso objeto del recurso interesa, para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la ley, esto es, «que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», sin que sea exigible que, acumuladamente, se exija «que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales».

Cuando en las sentencias núm. 406/2012, de 18 de junio , y 677/2014 de 2 de diciembre , exponíamos los criterios de «unidad» y «sistematización» que debían informar la aplicación de la Ley de Represión de la Usura (LA LEY 3/1908), nos referíamos a que la ineficacia a que daba lugar el carácter usurario del préstamo tenía el mismo alcance y naturaleza en cualquiera de los supuestos en que el préstamo puede ser calificado de usurario, que se proyecta unitariamente sobre la validez misma del contrato celebrado.

Pero no se retornaba a una jurisprudencia dejada atrás hace más de setenta años, que exigía, para que el préstamo pudiera ser considerado usurario, la concurrencia de todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el párrafo primero del art. 1 de la Ley.

4.- El recurrente considera que el crédito «revolving» que le fue concedido por Banco Sygma entra dentro de la previsión del primer inciso delart. 1 de la Ley de Represión de la Usura (LA LEY 3/1908) en cuanto que establece un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado en relación con las circunstancias del caso.

La Sala considera que la sentencia recurrida infringe el art. 1 de la Ley de Represión de la Usura (LA LEY 3/1908) por cuanto que la operación de crédito litigiosa debe considerarse usuraria, pues concurren los dos requisitos legales mencionados. El interés remuneratorio estipulado fue del 24,6 % TAE.

Dado que conforme al art. 315, párrafo segundo, del Código de Comercio, «se reputará interés toda prestación pactada a favor del acreedor», el porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero no es el nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE), que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados.

Este extremo es imprescindible (aunque no suficiente por sí solo) para que la cláusula que establece el interés remuneratorio pueda ser considerada transparente, pues no solo permite conocer de un modo más claro la carga onerosa que para el prestatario o acreditado supone realmente la operación, sino que además permite una comparación fiable con los préstamos ofertados por la competencia.

El interés con el que ha de realizarse la comparación es el «normal del dinero». No se trata, por tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés «normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia» (sentencia núm. 869/2001, de 2 de octubre).

Para establecer lo que se considera «interés normal» puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.).

Esa obligación informativa de las entidades tiene su origen en el artículo 5.1 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (BCE), que recoge la obligación de este último, asistido por los bancos centrales nacionales, de recopilar la información estadística necesaria través de los agentes económicos.

Para ello, el BCE adoptó el Reglamento (CE) nº 63/2002, de 20 de diciembre de 2001 (LA LEY 14620/2001), sobre estadísticas de los tipos de interés que las instituciones financieras monetarias aplican a los depósitos y a los préstamos frente a los hogares y a las sociedades no financieras y a partir de ahí, el Banco de España, a través de su Circular 4/2002, de 25 de junio (LA LEY 1062/2002), dio el obligado cumplimiento al contenido del Reglamento, con objeto de poder obtener de las entidades de crédito la información solicitada.

En el supuesto objeto del recurso, la sentencia recurrida fijó como hecho acreditado que el interés del 24,6 % TAE apenas superaba el doble del interés medio ordinario en las operaciones de crédito al consumo de la época en que se concertó el contrato, lo que, considera, no puede tacharse de excesivo.

La cuestión no es tanto si es o no excesivo, como si es «notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», y esta Sala considera que una diferencia de esa envergadura entre el TAE fijado en la operación y el interés medio de los préstamos al consumo en la fecha en que fue concertado permite considerar el interés estipulado como «notablemente superior al normal del dinero» .

5.- Para que el préstamo pueda ser considerado usurario es necesario que, además de ser notablemente superior al normal del dinero, el interés estipulado sea «manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso». En principio, dado que la normalidad no precisa de especial prueba mientras que es la excepcionalidad la que necesita ser alegada y probada, en el supuesto enjuiciado no concurren otras circunstancias que las relativas al carácter de crédito al consumo de la operación cuestionada.

La entidad financiera que concedió el crédito «revolving» no ha justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo.

Generalmente, las circunstancias excepcionales que pueden justificar un tipo de interés anormalmente alto están relacionadas con el riesgo de la operación. Cuando el prestatario va a utilizar el dinero obtenido en el préstamo en una operación especialmente lucrativa pero de alto riesgo, está justificado que quien le financia, al igual que participa del riesgo, participe también de los altos beneficios esperados mediante la fijación de un interés notablemente superior al normal.

Aunque las circunstancias concretas de un determinado préstamo, entre las que se encuentran el mayor riesgo para el prestamista que pueda derivarse de ser menores las garantías concertadas, puede justificar, desde el punto de vista de la aplicación de la Ley de Represión de la Usura (LA LEY 3/1908), un interés superior al que puede considerarse normal o medio en el mercado, como puede suceder en operaciones de crédito al consumo, no puede justificarse una elevación del tipo de interés tan desproporcionado en operaciones de financiación al consumo como la que ha tenido lugar en el caso objeto del recurso, sobre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico.

6.- Lo expuesto determina que se haya producido una infracción delart. 1 de la Ley de Represión de la Usura (LA LEY 3/1908), al no haber considerado usurario el crédito «revolving» en el que se estipuló un interés notablemente superior al normal del dinero en la fecha en que fue concertado el contrato, sin que concurra ninguna circunstancia jurídicamente atendible que justifique un interés tan notablemente elevado.

CUARTO.- Consecuencias del carácter usurario del crédito.

1.- El carácter usurario del crédito «revolving» concedido por Banco Sygma al demandado conlleva su nulidad, que ha sido calificada por esta Sala como «radical, absoluta y originaria, que no admite convalidación confirmatoria, porque es fatalmente insubsanable, ni es susceptible de prescripción extintiva» sentencia núm. 539/2009, de 14 de julio.

2.- Las consecuencias de dicha nulidad son las previstas en el art. 3 de la Ley de Represión de la Usura (LA LEY 3/1908), esto es, el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida. La doctrina contenida en esta sentencia ha sido asumida en varias resoluciones dictadas por las Audiencias Provinciales.

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Secc. 21) de 15 de diciembre de 2015 establece que el tribunal lo primero que ha de comprobar es si el interés es notablemente superior, no al interés legal, sino al normal del dinero, y a continuación si la entidad financiera ha probado, cuando es desproporcionado, la causa de esto último.

En este caso el interés TAE pactado fue de 22,42 % que se considera desproporcionado teniendo en cuenta no el interés legal, inferior, sino el normal que estaba según lo publicado por el Banco de España alrededor del 8 % y 9 %, y la apelada no ha acreditado o justificado la razón de esa desproporción, y es por ello que procede declarar que el interés remuneratorio era usurario, y por tanto el contrato.

Lo que ha de resolverse a continuación es cuál es la consecuencia del anterior pronunciamiento. La prestataria demandada está obligada,artículo 3 de la Ley de Represión de la Usura (LA LEY 3/1908) a pagar el capital del que dispuso que no fue dos mil euros como quedó probado -no fue tampoco impugnado porque no lo es remitirse al contrato escrito cuando cabía ampliarlo telefónicamente lo que no se negó siendo carga de quien es demandado, artículo 405 LEC-.

Importe que habrá de determinarse en fase de ejecución y si hubiera abonado ya los ocho mil euros nada más tendrá que abonar, y si aun faltara pagar parte del crédito solo ese importe será el que deberá ser abonado.

Si bien el artículo 3 de la Ley de 23 de julio de 1908 después de disponer que el prestatario está obligado a entregar lo recibido, añade «y si hubiera satisfecho parte de aquélla y los intereses vencidos, el prestamista devolverá al prestatario lo que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del capital prestado», esta petición no procede ni siquiera en ejecución porque para que pudiera accederse a dicha petición, formulada por la apelante, debería haber formulado reconvención, artículo 438 LEC, pero la recurrente ni accionó por este cauce ni ha acreditado siquiera como ya se ha indicado cuál es el total que ha pagado, no constituyendo prueba sus alegaciones, en consecuencia no procede dicha pretensión.

SÉPTIMO.- En consecuencia procede estimar en parte el recurso de apelación declarando nulo el contrato por ser los intereses remuneratorios y en consecuencia también los moratorios usurarios, debiendo en ejecución de sentencia concretarse cuál es el importe pagado por la demandada en concepto de principal.

Y solo si hubiera pendiente una cantidad estará obligada a abonar esa cantidad y los intereses legales desde la relación incrementados en dos puntos desde esta sentencia.

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Ciudad Real de 20 de enero de 2016 en una reclamación efectuada por COFIDIS y similar a la del presente procedimiento aplica los mismos argumentos establecidos por el Tribunal Supremo y confirma la declaración de usurario del crédito en relación a los intereses remuneratorios indicando que en cuanto a los efectos de la nulidad decretada, que la recurrente entiende que no pueden ser los de la sentencia pues ello supondría la concesión de un préstamo sin remuneración, también se resuelve en la sentencia del Tribunal Supremo, que como no podía ser de otra forma, por venir establecido legalmente, viene a señalar que la única cantidad a devolver por el prestatario es la recibida, y así señala:

1.- El carácter usurario del crédito «revolving» concedido por Banco Sygma al demandado conlleva su nulidad, que ha sido calificada por esta Sala como «radical, absoluta y originaria, que no admite convalidación confirmatoria, porque es fatalmente insubsanable, ni es susceptible de prescripción extintiva» sentencia núm. 539/2009, de 14 de julio.

2.- Las consecuencias de dicha nulidad son las previstas en el art. 3 de la Ley de Represión de la Usura (LA LEY 3/1908), esto es, el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida.

La actora en este procedimiento ha computado en la liquidación la suma de 2.602,61 € de intereses remuneratorios en la que se ha aplicado un interés remuneratorio del 1,84 % mensual, que se corresponde con un interés nominal anual del 22,08 %. Deben ser aplicados los razonamientos de las anteriores sentencias para aceptar la pretensión de la demandada de que se ha vulnerado la Ley 23 de julio de 1908 de la usura.

El artículo 1 de esta ley establece que será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquel leonino.

El artículo 3 dispone que declarada con arreglo a esta ley la nulidad de un contrato, el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida, y si hubiera satisfecho parte de aquélla y los intereses vencidos, el prestamista devolverá al prestatario lo que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del capital prestado.

Atendiendo a la doctrina del Tribunal Supremo para establecer lo que debe considerarse como un interés normal puede acudirse a las estadísticas del Banco de España que toman como base la información mensual que facilitan las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales).

Si se acude a estas estadísticas se observa que en abril de 2010, fecha en la que se suscribió el contrato de crédito, el tipo de interés para el crédito al consumo y otros fines hasta un año era del 6,73 % anual y de un año hasta cinco años era del 6,79 % anual. Por otra parte, el interés legal del año 2010 era del 4 %.

Puede concluirse que la aplicación de un interés nominal anual del 22,08 % al crédito es notablemente superior al normal del dinero y desproporcionado con las circunstancias del caso. La actora no ha justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo.

Se concluye que se ha producido una infracción del artículo 1 de la Ley 23 de julio de 1908 por lo que se considera que el crédito suscrito era usurario al haberse estipulado un interés notablemente superior al normal del dinero en la fecha en la que fue concertado sin que concurra ninguna circunstancia que justifique un interés tan elevado.

El carácter usurario del crédito concedido por COFIDIS conlleva su nulidad y las consecuencias son las previstas en el artículo 3 de la Ley 23 de julio de 1908 , por lo que la demandada estará obligada a entregar la suma recibida.

Se ha indicado anteriormente que el importe prestado a la demandada ascendió a 7.072 €. La demandada afirma que ha abonado la suma de 7.221,50 €, pero no ha probado esta afirmación y hace coincidir esta cantidad con los recibos emitidos, pero no quiere decir que se hayan abonado, porque la actora afirma que de estos recibos se han impagado la suma de 2.494 €.

Por tanto, la demandada ha abonado la suma de 4.727,50 €, lo que ha reconocido expresamente en conclusiones la actora. Si se resta la suma de 4.727,50 € al capital prestado de 7.072 € se obtiene la cifra de 2.344,50 €. Deben tenerse en cuenta que no se pueden reclamar ninguna cantidad por intereses, seguro, gastos de indemnización y las comisiones, según se ha indicado con anterioridad.

Por tanto, todas las sumas abonadas por la demandada se restan del capital prestado, por lo que adeuda la cifra de 2.344,50 €, que debe abonar a la actora, más los intereses legales desde la fecha de interposición del proceso monitorio al haber sido solicitados expresamente y al haber indicado la actora que era aplicable el artículo 1108 CC (LA LEY 1/1889).

SÉPTIMO.- Al haberse estimado parcialmente la demanda no se hace expresa imposición de las costas procesales a ninguno de los litigantes, según lo que establece el artículo 394 LEC (LA LEY 58/2000).

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Se estima parcialmente la demanda interpuesta por COFIDIS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA, representada por la Procuradora Dña. XXXXXX, contra DÑA. XXXXXX , representada por la Procuradora Dña. XXXXXX, y se condena a la demandada a abonar a la actora la suma de dos mil trescientos cuarenta y cuatro euros con cincuenta céntimos (2.344,50 €), más los intereses legales desde la fecha de interposición del proceso monitorio.

No se hace expresa imposición de las costas procesales.

Notifíquese esta Sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la presente puede interponerse recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, en este mismo Juzgado, en un plazo de veinte días a contar desde la notificación de la misma, advirtiéndoles de la necesidad de constitución de depósito en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones del Juzgado, en los términos indicados en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LA LEY 1694/1985).

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

La anterior sentencia ha sido publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez que la suscribe en el día de su fecha, de lo que doy fe.

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