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Declarado nulo el contrato de una tarjeta Banco Santander y recuperados 2.050,22 € por un usuario de EZ

Declarado nulo el contrato de una tarjeta Banco Santander y recuperados 2.050,22 € por un usuario de EZ

El Juzgado estima la demanda formulada por un usuario de Economía Zero, contra SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A., declarando la nulidad RADICAL, ABSOLUTA Y ORIGINARIA del contrato de financiación/tarjeta Banco Santander, modalidad revolving, suscrito con fecha 3 de marzo de 2014, por tratarse de un contrato USURARIO, condenando a la entidad SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. a que devuelva al demandante la cantidad que exceda del total del capital prestado que haya dispuesto, computando todos los pagos efectuados por la parte demandante, incluidas las cuotas del seguro; condenando a la parte demandada al abono de las costas procesales.

La sentencia en sus fundamentos jurídicos, declara que el tipo medio de interés activo aplicado por las entidades de crédito en marzo de 2014 en Operaciones de crédito al consumo a plazo entre 1 y 5 años, según el Banco de España, ascendía al 10,04 % nominal anual; por lo que una diferencia de esa envergadura entre la TAE fijada en la tarjeta Banco Santander (26,40 %) y el interés medio de los préstamos al consumo en la fecha en que fue concertado, permite considerar el interés estipulado como “notablemente superior al normal del dinero”.

La sentencia considera que el contrato de la tarjeta Banco Santander analizado infringe el art. 1 de la Ley de Represión de la Usura (o Ley Azcárate), por cuanto que la operación de crédito litigiosa debe considerarse usuraria, pues concurren los siguientes requisitos legales mencionados: establece un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado en relación con las circunstancias del caso.

Destaca la sentencia que no habiendo justificado la parte actora la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo, debe declararse el carácter usurario del crédito concedido en la tarjeta Banco Santander al usuario de Economía Zero, conlleva su nulidad, que ha sido calificada por el Tribunal Supremo como “radical, absoluta y originaria, que no admite convalidación confirmatoria, porque es fatalmente insubsanable, ni es susceptible de prescripción extintiva”.

Las consecuencias de dicha nulidad del crédito revolving son las previstas en el art. 3 de la Ley de Represión de la Usura, es decir, el prestatario, SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A., estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida, debiéndose restituir cualquier cantidad adicional abonada en virtud del citado contrato, incluidas las cuotas del seguro.

En el caso juzgado, el contrato de seguro aparece vinculado de forma directa al contrato de crédito al consumo concedido al usuario de Economía Zero y demandante, apareciendo el mismo reflejado en el propio contrato, por lo que no cabe duda alguna la vinculación de ambos contratos, de forma que el seguro es complementario y subsidiario a la financiación principal. Por ello, declarada la nulidad del contrato de financiación de la tarjeta Banco Santander, ésta lleva aparejada igualmente la nulidad del contrato de seguro vinculado y de ahí que no puedan descontarse de lo pagado las cuotas de dicho seguro.

La demanda fue dirigida por el Abogado Daniel Navarro Salguero, colaborador de EZ y especialista en nulidad de contratos de tarjetas revolving y préstamos rápidos que aplican al consumidor intereses desproporcionados. La nulidad del contrato de la tarjeta Banco Santander conlleva la devolución al demandante de todo el dinero abonado durante la vida del producto que exceda del capital efectivamente prestado (intereses, comisiones y seguro de protección de pagos). El usuario consiguió un beneficio económico total de 2.050,22 €, de los cuales 1.642,94 € fueron reintegrados al usuario y el resto (407,28 €) fueron destinados a anular la supuesta deuda que mantenía en la tarjeta Banco Santander.

Ya que en la sentencia la entidad es condenada a asumir el pago de las costas del procedimiento, estas fueron destinadas íntegramente a cubrir los honorarios del Letrado defensor del consumidor, por lo que este no tuvo que abonarle ni un sólo euro, quedando para él todo el beneficio económico.

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JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 4 DE MÓSTOLES

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1120/2018

Materia: Otros asuntos de parte general

Demandante: D. XXXXXXX

PROCURADOR Dña. XXXXXXX

Demandado: SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A.

PROCURADOR D. XXXXXXX

SENTENCIA Nº 34/2019

MAGISTRADO- JUEZ: D. XXXXXXX

Lugar: Móstoles

Fecha: catorce de febrero de dos mil diecinueve

SENTENCIA

En Móstoles a catorce de febrero de dos mil diecinueve.

Vistos por DON XXXXXXX, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número cuatro de los de Móstoles y su Partido, los presentes Autos de JUICIO ORDINARIO 1120/2018, instados por D. XXXXXXX, representado por la procuradora SRA. XXXXXXX y asistida por el letrado SR. Navarro Salguero, contra SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A., representada por el procurador SR. XXXXXXX y asistida por el letrado SR. XXXXXXX.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la representación de D. XXXXXXX se formula por medio de escrito presentado con fecha 3 de octubre de 2018 demanda de juicio ordinario contra SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A., en base a los hechos que expone en su escrito rector, solicitando que se dicte sentencia de conformidad con el suplico de la misma.

SEGUNDO.- Mediante decreto de fecha 26 de noviembre de 2018 se admite a trámite la demanda y se acuerda emplazar por plazo de veinte días a SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A., con traslado de las copias de la demanda y documentos acompañados, verificando la contestación a la demanda la representación de SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. con fecha 16 de enero de 2019.

TERCERO.- Mediante diligencia de ordenación dictada con fecha 23 de enero de 2019 se acuerda convocar a las partes al acto de la audiencia previa al juicio, la cual se celebró con fecha 12 de febrero de 2019, con el resultado que obra en autos.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Por la representación de D. XXXXXXX se formula demanda de juicio ordinario contra SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A., solicitando:

I. CON CARÁCTER PRINCIPAL:

a) Que se declare la nulidad RADICAL, ABSOLUTA Y ORIGINARIA del contrato por tratarse de un contrato USURARIO con los efectos inherentes a tal declaración, de conformidad con el art. 1.303 del Código Civil;

b) Que se CONDENE, en virtud del art. 1.303 del CC y el art. 3 de la Ley Azcárate, a la entidad SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A., a fin de que devuelva a la actora la cantidad que exceda del total del capital prestado que haya dispuesto, defiriendo para ejecución de sentencia la determinación concreta del capital que se haya de devolver, computando al efecto la totalidad de los pagos efectuados por la parte demandante;

II. CON CARÁCTER SUBSIDIARIO

a) Que se declare la nulidad de la cláusula de intereses remuneratorios y de la cláusula de comisión de devolución por reclamación de cada cuota o plazo impagado, recogido en el contrato, por falta de información y transparencia; así como demás cláusulas abusivas contenidas en el título, apreciadas de oficio; con los efectos restitutorios que procedan.

b) Que se CONDENE en virtud del artículo 1.303 del Código Civil a la entidad SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A., a fin de que reintegre a mi representado las cantidades abonadas como intereses, que se determinará en ejecución de Sentencia.

III. CON CARÁCTER SUBSIDIARIO A LAS DOS ANTERIORES

a) Que se declare la nulidad de la cláusula de comisión de devolución por reclamación de cada cuota o plazo impagado, recogida en el contrato, por abusiva; así como demás cláusulas abusivas contenidas en el título, apreciadas de oficio;

Por la representación de SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. se formula oposición a la demanda.

SEGUNDO.- DE LOS INTERESES USURARIOS.-

En el caso de autos nos encontramos, no ante un contrato de préstamo propiamente dicho, sino ante un crédito del que el consumidor podía disponer mediante llamadas telefónicas, para que se realizaran ingresos en su cuenta bancaria, o mediante el uso de una tarjeta expedida por la entidad financiera.

Efectivamente se trataría de un crédito denominado comercialmente como «Crédito Revolving«, que se caracterizan por la posibilidad de solicitar sucesivas disposiciones que se piden a través de canales diversos (teléfono, fax, Internet etc.), así como ampliaciones del importe de crédito inicial.

Según reiterada jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo (entre otras, SSTS de 24 de marzo de 1942, 17 de diciembre de 1945, 13 de diciembre de 1958, 11 de febrero de 1989) y de algunas Audiencias Provinciales (sentencias de la Audiencia Provincial de Asturias, sección 6ª, de 22 de marzo de 2000 y de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 17ª, de 1 de abril de 2000), citadas todas ellas en la SAP de Salamanca, Sección 1ª, de 30 de Julio de 2001 (ROJ: SAP SA 586/2001), el artículo 1 de la Ley de Represión de la Usura de 1908 estaría contemplando tres tipos o clases de préstamos usuarios al intercalar la conjunción «o» entre los elementos objetivos y subjetivos predispuestos por la norma, bastando la concurrencia de cualquiera de ellos para poder calificar el préstamo como usurario:

a) Aquellos en los que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso;

b) Aquellos otros en los que el préstamo se concierta en condiciones tales que resulte leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de una situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales;

c) Aquellos otros en que se suponga recibida mayor cantidad que la verdaderamente entregada, cualesquiera sean su entidad y circunstancias.

Y como dijimos en la SAP de Madrid, Sección 21ª, de 15 de diciembre de 2015 (ROJ: SAP M 17561/2015-ECLI:ES:APM:2015:17561), el Tribunal Supremo en SSTS de 2 de diciembre de 2014 y núm. 628/2015 de 25 noviembre (RJ 2015\5001), razona que la Ley de Usura es un límite a la autonomía de voluntad de las partes, artículo 1.255 del CC, pero además la primera dice refiriéndose a esa limitación que lo es «especialmente respecto de la consideración de inmoralidad de los préstamos usurarios o leoninos, presupone una lesión grave de los intereses objeto de protección que, a diferencia de la tutela dispensada por la normativa de consumo y condiciones generales se proyecta tanto sobre el plano del contenido patrimonial del contrato de préstamo sobre la base de la noción de lesión o perjuicio económico injustificado, como en el plano causal de la validez estructural del contrato celebrado.

Por contra, el control de contenido, como proyección de la aplicación de la cláusula abusiva, se cierne  exclusivamente sobre el ámbito objetivo del desequilibrio resultante para el consumidor adherente en sus derechos y obligaciones; sin requerir para ello ninguna otra valoración causal acerca de la ilicitud o inmoralidad de la reglamentación predispuesta»; siendo la sanción que dispone la Ley de Usura, única, la nulidad del contrato con la obligación o deber de restituir, artículos 1 y 3; y por el contrario el control de abusividad no se extiende a la eficacia y validez misma de contrato, no determina su nulidad sino la ineficacia de la cláusula abusiva (STJUE de 14 de junio de 2012)… aunque la Ley de Usura afecte al ámbito de protección de los terceros y al interés público, no obstante, su sanción queda concretada o particularizada en la reprobación de determinadas situaciones subjetivas de la contratación, sin más finalidad de abstracción o generalidad, propiamente dicha.

En cambio, la normativa de consumo y la de contratación bajo condiciones generales, tienen una marcada función de configurar un importante sector del tráfico patrimonial destinado a la contratación seriada; de suerte que doctrinalmente dicho fenómeno en la actualidad se califique como un «auténtico modo de contratar», diferenciable del contrato por negociación, con un régimen y presupuesto causal también propio y específico –STS de 8 de septiembre de 2014, núm. 464/2014-.

Señala el artículo 319.3 LEC 2000 (que sustituye al art. 2 de la Ley de Usura, derogado por la disposición derogatoria, punto 2, n° 4 de la misma LEC) que en materia de usura, los tribunales resolverán en cada caso formando libremente su convicción sin vinculación a la fuerza probatoria de los documentos públicos, lo cual ha sido interpretado por nuestro Tribunal Supremo (si bien refiriéndose al derogado art. 2 de la Ley Azcárate) como «un juicio de valor que versa sobre un presupuesto fáctico» (STS de 30 de diciembre de 1987 y 17 de diciembre de 1990), lo que implica la facultad de apreciar libremente tanto las alegaciones de las partes como la prueba practicada (STS de 27 de diciembre de 1989), concediéndose así a los tribunales una gran libertad de criterio que sólo puede combatirse proyectando la atención sobre el hecho objeto de la calificación jurídica (STS de 7 de noviembre de 1990).

TERCERO.- De esta forma, lo que debe comprobar este tribunal es si el interés remuneratorio pactado en el contrato de financiación/tarjeta de crédito, modalidad revolving, suscrito con fecha 3 de marzo de 2014 –“TIPO DEUDOR FIJO 20,5003 %, T.A.E. 26,4015 %”- (documento nº 1 acompañado al escrito de demanda), es notablemente superior, no al interés legal, sino al normal del dinero. Es decir, la cuestión no es tanto si es o no excesivo, como si es “notablemente superior al normal del dinero”.

En este sentido, siguiendo la citada STS núm. 628/2015 de 25 noviembre (RJ2015\5001), dado que conforme al art. 315, párrafo segundo, del Código de Comercio “se reputará interés toda prestación pactada a favor del acreedor”, el porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero no es el nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE), que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados.

Este extremo es imprescindible (aunque no suficiente por sí solo) para que la cláusula que establece el interés remuneratorio pueda ser considerada transparente, pues no solo permite conocer de un modo más claro la carga onerosa que para el prestatario o acreditado supone realmente la operación, sino que además permite una comparación fiable con los préstamos ofertados por la competencia.

El interés con el que ha de realizarse la comparación es el «normal del dinero». No se trata, por tanto de compararlo con el “interés legal del dinero”, sino con el interés “normal o habitual en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia” STS núm. 869/2001, de 2 de octubre-.

Para establecer lo que se considera «interés normal» puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.).

Esa obligación informativa de las entidades tiene su origen en el artículo 5.1 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (BCE), que recoge la obligación de este último, asistido por los bancos centrales nacionales, de recopilar la información estadística necesaria través de los agentes económicos.

Para ello, el BCE adoptó el Reglamento (CE) nº 63/2002, de 20 de diciembre de 2001, sobre estadísticas de los tipos de interés que las instituciones financieras monetarias aplican a los depósitos y a los préstamos frente a los hogares y a las sociedades no financieras; y a partir de ahí, el Banco de España, a través de su Circular 4/2002, de 25 de junio, dio el obligado cumplimiento al contenido del Reglamento, con objeto de poder obtener de las entidades de crédito la información solicitada.

Y en el supuesto de autos, el tipo medio de interés activo aplicado por las entidades de crédito en marzo de 2014 en Operaciones de crédito al consumo a plazo entre 1 y 5 años según el Banco de España ascendía al 10,04 % nominal anual; por lo que a la vista de una diferencia de esa envergadura entre el TAE fijado en la operación y el interés medio de los préstamos al consumo en la fecha en que fue concertado, permite considerar el interés estipulado como “notablemente superior al normal del dinero”.

Efectivamente, este Juzgador considera que el contrato analizado infringe el art. 1 de la Ley de Represión de la Usura, por cuanto que la operación de crédito litigiosa debe considerarse usuraria, pues concurren los siguientes requisitos legales mencionados: establece un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado en relación con las circunstancias del caso.

Por otro lado, y siguiendo igualmente la citada STS núm. 628/2015 de 25 noviembre (RJ 2015\5001), en principio, dado que la normalidad no precisa de especial prueba mientras que es la excepcionalidad la que necesita ser alegada y probada, en el supuesto enjuiciado no concurren otras circunstancias que las relativas al carácter de crédito al consumo de la operación cuestionada; no habiendo justificado la parte actora la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo. Generalmente, las circunstancias excepcionales que pueden justificar un tipo de interés anormalmente alto están relacionadas con el riesgo de la operación.

Cuando el prestatario va a utilizar el dinero obtenido en el préstamo en una operación especialmente lucrativa pero de alto riesgo, está justificado que quien le financia, al igual que participa del riesgo, participe también de los altos beneficios esperados mediante la fijación de un interés notablemente superior al normal.

Aunque las circunstancias concretas de un determinado préstamo, entre las que se encuentran el mayor riesgo para el prestamista que pueda derivarse de ser menores las garantías concertadas, puede justificar, desde el punto de vista de la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, un interés superior al que puede considerarse normal o medio en el mercado, como puede suceder en operaciones de crédito al consumo, no puede justificarse una elevación del tipo de interés tan desproporcionado en operaciones de financiación al consumo como la que ha tenido lugar en el caso de autos, sobre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos  de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico.

Y el carácter usurario del crédito concedido por la actora al demandado conlleva su nulidad, que ha sido calificada por el Tribunal Supremo como “radical, absoluta y originaria, que no admite convalidación confirmatoria, porque es fatalmente insubsanable, ni es susceptible de prescripción extintiva” –STS núm. 539/2009, de 14 de julio (RJ 2009, 4467)-.

Las consecuencias de dicha nulidad son las previstas en el art. 3 de la Ley de Represión de la Usura, esto es, el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida -el demandado recibió una cantidad de 2.196,93 euros-, debiéndose restituir cualquier cantidad adicional abonada en virtud del citado contrato, incluidas las cuotas del seguro.

Así, el contrato de seguro aparece vinculado de forma directa al contrato de crédito al consumo concedido al demandante, apareciendo el mismo reflejado en el propio contrato, por lo que no cabe duda alguna la estricta vinculación de ambos contratos, de forma que el seguro es complementario y subsidiario a la financiación principal.

Por ello, declarada la nulidad del contrato de financiación, ésta lleva aparejada igualmente la nulidad del contrato de seguro vinculado y de ahí que no puedan descontarse de lo pagado las cuotas de dicho seguro -en este sentido, SAP de Murcia, Sección 5ª, núm. 125/2014 de 17 junio (AC 2014\2092)-.

CUARTO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 394 LEC, procede imponer a la parte demandada el abono de las costas procesales.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLO

Que estimando la demanda formulada por la representación de D. XXXXXXX, contra SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A., debo declarar y declaro la nulidad RADICAL, ABSOLUTA Y ORIGINARIA del contrato de financiación/tarjeta de crédito, modalidad revolving, suscrito con fecha 3 de marzo de 2014, por tratarse de un contrato USURARIO con los efectos inherentes a tal declaración, condenando a la entidad SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. a que devuelva a la actora la cantidad que exceda del total del capital prestado que haya dispuesto, defiriendo para ejecución de sentencia la determinación concreta del capital que se haya de devolver, computando al efecto la totalidad de los pagos efectuados por la parte demandante, incluidas las cuotas del seguro; condenando a la parte demandada al abono de las costas procesales.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer Recurso de Apelación para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid.

El recurso de apelación se interpondrá ante el tribunal que haya dictado la resolución que se impugne dentro del plazo de veinte días contados desde el día siguiente a la notificación de aquélla.

En la interposición del recurso el apelante deberá exponer las alegaciones en que se base la impugnación, además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna.

Conforme a lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, introducida por la Ley Orgánica 1/2009 de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, la interposición de recursos ordinarios y extraordinarios, la revisión y la rescisión de sentencia firme a instancia del rebelde, en los órdenes jurisdiccionales civil, social y contencioso-administrativo, precisarán de la constitución de un depósito a tal efecto.

Todo el que pretenda interponer recurso contra sentencias o autos que pongan fin al proceso o impidan su continuación, consignará como depósito… b) 50 euros, si se trata de recurso de apelación. La admisión del recurso precisará que, al prepararse el mismo se haya consignado en la oportuna entidad de crédito y en la «Cuenta de Depósitos y Consignaciones» abierta a nombre del Juzgado, la cantidad objeto de depósito, lo que deberá ser acreditado.

El Secretario verificará la constitución del depósito y dejará constancia de ello en los autos. No se admitirá a trámite ningún recurso cuyo depósito no esté constituido.

Así por esta mi sentencia, juzgando en primera Instancia lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN: Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su notificación, dándose publicidad en legal forma, y se expide certificación literal de la misma para su unión a autos. Doy fe.

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