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Anulado por usura el contrato de una tarjeta Ikea que aplicaba intereses del 25,29 %

Anulado por usura el contrato de una tarjeta Ikea que aplicaba intereses del 25,29 %

El Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Santiago de Compostela estima por completo la demanda interpuesta por una clienta de Caixabank Consumer Finance E.F.C. S.A. contra su entidad. La demandante reclamaba la nulidad por usura del contrato que regía las condiciones de una tarjeta Ikea. Y así fue.

El juez, tras estudiar el caso, determinó que dicho contrato de la tarjeta Ikea era usurario, ya que aplicaba unos intereses del 25,29 % TAE. Tanto la jurisprudencia marcada por el Tribunal Supremo como por las Audiencias Provinciales fijan el interés normal de los préstamos al consumo en el 10 % TAE. Además, el Tribunal también tuvo en cuenta que el tipo de interés medio para los préstamos de consumo durante la vigencia del contrato era del 8,51 % TAE.

Fue esta desproporcionalidad entre los intereses que venían siendo cobrados en el mercado y los cobrados en el contrato de la ya citada tarjeta Ikea los que llevaron al Juez a declarar la nulidad del mismo. Conforme a la sentencia y de acuerdo al Artículo 3 de la Ley de Represión de la Usura, declarada la nulidad de un contrato, el prestatario estará tan solo obligado a entregar la suma efectivamente recibida.

La demanda de la usuaria fue dirigida por la Letrada Natalia Rodríguez Picallo, colaboradora desde hace años de Economía Zero, y especialista en la nulidad de contratos de tarjetas y préstamos rápidos que aplican tipos de interés usurarios.

La entidad Caixabank Consumer Finance E.F.C. S.A. fue condenada a, una vez calculados los importes y si así estos lo requieren, restituir a la demandante las cantidades efectivamente abonadas por esta en concepto de restitución del capital, pago de intereses, comisiones o cualquier otro concepto derivado del contrato.

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JDO. PRIMERA INSTANCIA Nº 1 SANTIAGO DE COMPOSTELA

SENTENCIA: 00120/2018

ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000214 /2018

Sobre RESTO. ACCIO. INDV. CONDIC. GNRLS. CONTRATACIÓN

DEMANDANTE D/ña. XXXXXX

Abogado/a Sr/a. AZUCENA NATALIA RODRIGUEZ PICALLO

DEMANDADO D/ña. CAIXABANK CONSUMER FINANCE EFC SA

Abogado/a Sr/a. XXXXXX

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO UNO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

JUICIO ORDINARIO 214/2018

SENTENCIA Nº 120/2018

Magistrado-Juez: D. XXXXXX

Demandante: D. XXXXXX

Procurador: Sra. XXXXXX

Abogado: Sra. Rodríguez Picallo

Demandada: CAIXABANK CONSUMER FINANCE EFC SA

Procurador: Sra. XXXXXX

Abogado: Sra. XXXXXX

Juicio Ordinario 214/2018 sobre ley de represión de la usura. En Santiago de Compostela, a 26 de noviembre de 2018.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Sra. XXXXXX en representación de D. XXXXXX, presentó demanda, que por turno correspondió a este Juzgado, el día 21/3/2018, en la que tras aducir los hechos y fundamentos de derecho pertinentes terminaba solicitando se dicte sentencia por la que:

1.- Con carácter principal, se declare la nulidad del contrato por usura de la tarjeta “IKEA” suscrito por Don XXXXXX, con nº XXXXXXX el 19 de Marzo de 2016.

2.- Con carácter subsidiario al punto anterior, se declare la nulidad por abusiva –por no superar ni el control de inclusión ni el de transparenciade la cláusula de intereses remuneratorios del contrato, condenando a la entidad demandada a restituirle a Don XXXXXX la totalidad de los intereses remuneratorios abonados, más los intereses legales devengados de dichas cantidades, pagando las cuotas pactadas que resten, sin aplicación de interés alguno.

3.- Se condene a la demandada al pago de las costas procesales.

Segundo. Admitida la demanda se emplazó a la parte demanda. En representación de ella compareció la procuradora Sra. XXXXXX, quien presentó escrito de contestación a la demanda en el que tras aducir los hechos y fundamentos de derecho pertinentes terminaba solicitando que se dictara sentencia por la que se desestimara la demanda, con imposición a la actora de las costas causadas.

Tercero. Celebrada la audiencia previa se intentó conciliación sin éxito. No se impugnó la autenticidad de ninguno de los documentos aportados, fijándose los hechos admitidos y controvertidos. En el mismo acto se propuso prueba y se resolvió sobre su admisión. Siendo toda la prueba admitida la documental obrante en autos, formularon las partes sus conclusiones y quedaron las actuaciones vistas para sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El demandante, D. XXXXXX, ejercita principalmente una acción de nulidad por usurario, subsidiariamente de nulidad del pacto de interés remuneratorio por infracción de los requisitos de válida incorporación y transparencia, en relación con el contrato suscrito con la demandada el 19/3/2016, de tarjeta de crédito IKEA.

Alega que el tipo de interés remuneratorio se estableció en una TAE del 25,29 %, considerando que el tipo de interés medio de créditos al consumo en España era por aquél entonces del 8,51 %.

Por otro lado, alega que el tipo de interés remuneratorio se encuentra incorporado al contrato de forma poco transparente, pues la condición general 5ª distingue varios tipos sin especificarlos:

Cláusula 5ª: “El saldo deudor del Crédito devengará intereses a favor de Caixabank Consumer Finance, al tipo de interés nominal anual que se indica en las Condiciones Particulares, a excepción de los importes correspondientes a disposiciones que obedezcan a una operación con modalidad de pago Fraccionado o Especial, en cuyo caso el tipo de interés nominal anual aplicable será aquel acordado para la Disposición Fraccionada o Especial de que se trate”.

Por estos motivos, interesa la nulidad por usuario del contrato de préstamo; subsidiariamente la nulidad del pacto de interés remuneratorio, con las consecuencias de restitución del capital sin intereses. La entidad demandada, CAIXABANK CONSUMER FINANCE EFC SA, se opone a la demanda con base en las siguientes alegaciones: Alega que no existe falta de transparencia, distinguiéndose claramente el tipo de interés aplicado para la compra de productos en IKEA del tipo de interés para el uso de la tarjeta fuera de dicho establecimiento comercial.

El tipo de intereses remuneratorio pactado no excede del habitual para este tipo de contratos con entidades financieras de crédito, que no es inferior al 20,68 %, en 2016 20,84 %, según boletín estadístico del Banco de España del año 2017. En la Circular 5/2012 del Banco de España, para tarjetas de crédito de hasta 4.000 euros cuya contratación no esté vinculada a la adquisición de bienes de consumo, se alude a tipos del 19 % al 38 % en diversas entidades.

El actor utiliza unas tablas no aplicables, dado que no son los mismos los intereses aplicados por entidades financieras de crédito a los aplicados por préstamos o créditos de entidades bancarias, que obtienen beneficio también por la comercialización de otros productos vinculados. Apela asimismo a la teoría de los actos propios, en cuanto que el actor utilizó durante meses la tarjeta, incluso durante el plazo para contestar a la demanda.

Segundo. El art. 1 de la Ley de Represión de la Usura establece: Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquel leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales”.

La sanción de nulidad del préstamo usuario supone un límite a la libertad de contratación del art. 1.255 del Código Civil y a su manifestación de la libertad para la fijación del precio del contrato de préstamo regulada en el art. 315 del Código de Comercio. La jurisprudencia ha venido considerando que la valoración de un préstamo usurario ha de realizarse en relación con el interés normal de mercado para el tipo de contrato de que se trate, valorando el contrato en su conjunto y las circunstancias en que se suscribió, sin que las causas contempladas en el art. 1 de la Ley de Represión de la Usura deban interpretarse como un catálogo de requisitos subjetivos y objetivos cuya concurrencia simultánea sea presupuesto de su aplicación.

La jurisprudencia es categórica al precisar que el presupuesto objetivo necesario para la aplicación de la Ley es el del interés notablemente superior al normal del dinero y desproporcionado con las circunstancias del caso, sin que sea exigible que acumulativamente se pruebe que el préstamo se suscribió por situación angustiosa, inexperiencia o por limitación de facultades mentales.

La STS 677/2014 de 2 de diciembre, pon. Sr. XXXXXX, sistematiza en los siguientes términos los criterios de interpretación de la norma: “A) En primer lugar, debe tenerse en cuenta que la Ley de Usura no puede dar lugar a su aplicación diferenciada o subdividida respecto de distintos «tipos» de usura, ya sea distinguiendo en lo que tradicionalmente se ha referenciado como contratos usurarios, leoninos o falsificados; por razón de su interés elevado, de la situación angustiosa del deudor, o de la cantidad realmente entregada, o bien, con base a cualquier otra suerte de clasificación al respecto.

Por el contrario, debe resaltarse que el control que se establece se proyecta unitariamente sobre la validez misma del contrato celebrado, sin que pueda diferenciarse la extensión o alcance de la ineficacia derivada. De ahí, entre otros extremos, que su régimen de aplicación, esto es, la nulidad del contrato de préstamo, o negocio asimilado, alcance o comunique sus efectos tanto a las garantías accesorias, como a los negocios que traigan causa del mismo.

  1. B) La unidad de su régimen de aplicación determina que la interpretación y alcance del préstamo usurario se realice de un modo sistemático teniendo en cuenta la relación negocial en su conjunto, esto es, valorando en su totalidad las circunstancias y condiciones que determinan la celebración del contrato, y no una determinada circunstancia o condición, considerada autónomamente.
  2. C) En la línea de lo expuesto, la noción de usura, estrictamente vinculada etimológicamente al ámbito de los intereses, se proyecta sobre la lesión patrimonial infligida, esto es, sobre los intereses remuneratorios y de demora; STS de 7 de mayo de 2012. De forma que el control establecido debe interpretarse de un modo objetivable a través de las notas del «interés notablemente superior al normal del dinero» (ya respecto al interés remuneratorio, o al de demora y, en su caso, al nivel de los dos) y de su carácter de «manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», para extenderse a continuación, al plano valorativo de la situación o relación negocial llevada a cabo en donde, también de un modo objetivable, se analizan las circunstancias previstas por la norma: situación angustiosa del prestatario, inexperiencia del mismo y limitación de sus facultades mentales”.

Ahora bien, como arriba se explica esto no significa que la aplicación de la Ley de Represión de la Usura exija la acreditación de la concurrencia acumulativa de tales planos de valoración, sino que esta debe ser conjunta para las circunstancias del caso.

En términos de la STS 628/2015 de 25 de noviembre, pon. Sr. XXXXXX: “A partir de los primeros años cuarenta, la jurisprudencia de esta Sala volvió a la línea jurisprudencial inmediatamente posterior a la promulgación de la Ley de Represión de la Usura, en el sentido de no exigir que, para que un préstamo pudiera considerarse usurario, concurrieran todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el art. 1 de la ley.

Por tanto, y en lo que al caso objeto del recurso interesa, para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la ley, esto es, «que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», sin que sea exigible que, acumuladamente, se exija «que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales».

Cuando en las sentencias núm. 406/2012, de 18 de junio , y 677/2014 de 2 de diciembre , exponíamos los criterios de «unidad» y «sistematización» que debían informar la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, nos referíamos a que la ineficacia a que daba lugar el carácter usurario del préstamo tenía el mismo alcance y naturaleza en cualquiera de los supuestos en que el préstamo puede ser calificado de usurario, que se proyecta unitariamente sobre la validez misma del contrato celebrado.

Pero no se retornaba a una jurisprudencia dejada atrás hace más de setenta años, que exigía, para que el préstamo pudiera ser considerado usurario, la concurrencia de todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el párrafo primero del art. 1 de la Ley”.

Para valorar el interés normal del mercado resulta relevante la comparación con los tipos manejados en el mismo. Pero no es el único criterio valorativo, pues una práctica bancaria de intereses objetivamente muy elevados generador de perjuicios anormales para deudas de largo plazo no puede por sí normalizar un resultado leonino.

En términos de la STS 422/2002 de 7 de mayo, pon. Sr. XXXXXX: «Cierto es que la calificación de los intereses a efectos de la usura en sentido legal no puede hacerse por el tanto por ciento de devengo sobre el principal, sino que depende de las circunstancias en que se desenvuelva el mercado monetario. De ahí que un tipo de interés que en una época es muy alto, en otra se entienda que es normal.

Pero la sentencia recurrida ha prestado atención a ello; no sólo ha tenido presente el tipo acordado, sino el básico del Banco de España y el de obtención de créditos en el mercado hipotecario (folio 228). Siendo éstos del 10 % y entre el 14 y 16 % anual, respectivamente, es de una claridad meridiana que el interés pactado en un préstamo con garantía hipotecaria del 29 % anual excede con mucho de cualquier límite razonable. El criterio de interés normal del dinero lo marca el mercado, en una situación de libertad en su estipulación.

La sentencia recurrida también destaca que en el préstamo litigioso se pactó un interés de demora del 30% sobre el principal e intereses, y además una cláusula de penalización del 10% sobre el importe adeudado. Aunque parezca inverosímil, en el motivo en examen se defiende la legalidad y licitud de tales estipulaciones, toda vez que la práctica bancaria aplica intereses de demora muy altos, y que los arts. 1.108 , 1.109 y 1.152 Cód. Civ. permiten los pactos en cuestión.»

Tercero. En el presente caso partiendo de las características del contrato, una tarjeta de crédito con referencia a un establecimiento comercial, suscrito en el propio establecimiento con un particular, en el que constan cargos de pequeñas cantidades (la más elevada del extracto aportado doc. 3 de la contestación es de 300 euros) y con límite de crédito autorizado de 600 euros, se concluye inequívocamente que la tarjeta estaba dirigida a financiar operaciones de consumo ordinarias.

Siendo así, tratándose de un contrato configurado para la financiación de operaciones de consumo, la valoración debe realizarse en ese ámbito del tráfico jurídico, tomando como referencia, también y sobre todo, los tipos habituales para tales operaciones.

Por estos motivos, las comparativas de tipos aportadas por la parte demandada, unas sobre operaciones bancarias generales, otras sobre tarjetas de crédito, pero sin aportar los tipos aplicables a contratos de préstamo al consumo, no representan una información completa sobre el estado de los tipos en el mercado, a fin de tomar una referencia adecuada para el presente caso.

Al respecto, STS 628/2015 de 25 de noviembre, declaraba: “Aunque en el caso objeto del recurso no se trataba propiamente de un contrato de préstamo, sino de un crédito del que el consumidor podía disponer mediante llamadas telefónicas, para que se realizaran ingresos en su cuenta bancaria, mediante el uso de una tarjeta expedida por la entidad financiera, le es de aplicación dicha ley, y en concreto su art. 1, puesto que el art. 9 establece: «Lo dispuesto por esta Ley se aplicará a toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualesquiera que sean la forma que revista el contrato y la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido».

La flexibilidad de la regulación contenida en la Ley de Represión de la Usura ha permitido que la jurisprudencia haya ido adaptando su aplicación a las diversas circunstancias sociales y económicas. En el caso objeto del recurso, la citada normativa ha de ser aplicada a una operación crediticia que, por sus características, puede ser encuadrada en el ámbito del crédito al consumo”. Y para dicho ámbito negocial, el de créditos al consumo, la referida sentencia consideró usuario un 24,6 % TAE, para un contrato suscrito en el 2001, por estimarse que doblaba el tipo de interés normal en dicha fecha.

En el presente caso, se trata de un contrato suscrito el 19 de marzo de 2016, con una TAE del 25,59 %. Además, los pactos de comisión y capitalización determinan un coste añadido progresivo. Y como se ha expuesto, se trata de una tarjeta de crédito, pero contratada con una particular, su destino a financiar actos de consumo es un hecho relevante del contexto de la operación.

La prueba relativa al tipo de interés para préstamos al consumo en 2016 cifra la TAE media en España en el 8,51 %. En el ámbito de la jurisprudencia menor, valorando como la citada Sentencia del Tribunal Supremo tipos para préstamos o créditos al consumo, la SAP La Rioja 105/2017 de 20 de junio considera usurario un tipo del 29,09 % TAE (para un contrato con efectos en 2014), la SAP Asturias 79/2017 de 27 de febrero considera usuario un tipo del 20,28 % (para un contrato de 2012), la SAP Pontevedra 553/2016 de 27 de octubre considera usuario un tipo del 23,14 % TAE (para un contrato de 2009).

En el ámbito de nuestra Audiencia Provincial, la SAP A Coruña S.4ª 64/2017, de 24 de febrero, pon. Sr. XXXXXX, en su supuesto similar al presente referido a un contrato de tarjeta UNIÓN FENOSA MASTER CARD, suscrito por una entidad financiera de crédito en 2002, considera usurario un tipo TAE 20,98 %. La SAP A Coruña S.6ª 129/2016, de 31 de marzo, pon. Sr. XXXXXX, en un supuesto de crédito revolving, considera usurario un tipo TAE del 21,61 %, aunque incidiendo asimismo en particulares circunstancias personales del prestatario afectado por una esquizofrenia paranoide crónica.

En definitiva, conforme a las resoluciones citadas y otras, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de Audiencias viene considerando interés remuneratorio normal para préstamos al consumo alrededor de un 10 % TAE, según las estadísticas del Banco de España, considerándose usurarios tipos pactados de más del 20 % en las circunstancias ordinarias de un contrato de adhesión con particulares destinado a consumo.

En relación con la valoración de las circunstancias de la contratación, la citada STS 628/2015, de 25 de noviembre declaraba: «Para que el préstamo pueda ser considerado usurario es necesario que, además de ser notablemente superior al normal del dinero, el interés estipulado sea «manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso».

En principio, dado que la normalidad no precisa de especial prueba mientras que es la excepcionalidad la que necesita ser alegada y probada, en el supuesto enjuiciado no concurren otras circunstancias que las relativas al carácter de crédito al consumo de la operación cuestionada. La entidad financiera que concedió el crédito «revolving» no ha justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo.

Generalmente, las circunstancias excepcionales que pueden justificar un tipo de interés anormalmente alto están relacionadas con el riesgo de la operación. Cuando el prestatario va a utilizar el dinero obtenido en el préstamo en una operación especialmente lucrativa pero de alto riesgo, está justificado que quien le financia, al igual que participa del riesgo, participe también de los altos beneficios esperados mediante la fijación de un interés notablemente superior al normal.

Aunque las circunstancias concretas de un determinado préstamo, entre las que se encuentran el mayor riesgo para el prestamista que pueda derivarse de ser menores las garantías concertadas, puede justificar, desde el punto de vista de la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, un interés superior al que puede considerarse normal o medio en el mercado, como puede suceder en operaciones de crédito al consumo, no puede justificarse una elevación del tipo de interés tan desproporcionado en operaciones de financiación al consumo como la que ha tenido lugar en el caso objeto del recurso, sobre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico«.

Por lo tanto, en el ámbito de préstamos o créditos de consumo, la jurisprudencia no exige como presupuesto para la aplicación de la Ley de Represión de la Usura una prueba a mayores, a cargo del consumidor, sobre las circunstancias del préstamo ni sobre sus circunstancias personales a fin de acreditar directamente de una situación de prevalimiento de la entidad, más allá de la implícita derivada de la contratación en masa mediante contratos de adhesión. En tal consideración subyace la idea de que la contratación de una tarjeta con nombre de establecimiento comercial es propia de consumidores sin particular experiencia financiera.

La parte demandada apela a la doctrina de los actos propios y al principio de prohibición de todo abuso de derecho, alegando que constan disposiciones de la tarjeta posteriores a la demanda. No obstante, examinado el doc. 3 de la contestación, extracto de la cuenta asociada a la tarjeta, no resulta probada tal alegación. En la columna de la izquierda del extracto se hace constar unas fechas, la última efectivamente de 20/3/2018, posterior a la demanda.

Pero el documento no indica que la utilización de la tarjeta se produzca en las fechas de la columna de la izquierda. Porque en la siguiente columna, relativa a conceptos, se indica en la mayoría de los casos otras fechas, la última de 6/6/2017, que en el contexto del documento parecen corresponderse con actos de disposición de crédito. En definitiva, no está probado que la fecha de la columna de la izquierda indique la fecha de utilización de la tarjeta ni, por tanto, su utilización en los albores o con posterioridad a la presentación de la demanda.

Por los motivos expuestos, procede estimar la demanda, declarando la nulidad del contrato por usurario, con las consecuencias legales.

Cuarto. El art. 3 de la Ley de represión de la usura dispone: “Declarada con arreglo a esta ley la nulidad de un contrato, el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida; y si hubiera satisfecho parte de aquélla y los intereses vencidos, el prestamista devolverá al prestatario lo que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del capital prestado”.

En el presente caso con el planteamiento de la demanda y la contestación no se ha desarrollado el debate a los efectos de determinar con precisión el importe que resulta de la operación. Por otro lado, con los extractos incorporados a autos, no se aporta documentación que precise de forma clara y desglosada los importes a comparar: de un lado las cantidades recibidas por el prestatario y de otro las cantidades devueltas.

En todo caso, la jurisprudencia ha venido interpretando de forma flexible y amplia las exigencias de los arts. 209.4º y 219 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a fin de permitir la cuantificación de cantidades conforme a las bases de la sentencia. En términos de la STS, Sala 1ª, 11 de junio de 2015, “es preciso buscar fórmulas que, respetando las garantías constitucionales fundamentales -contradicción, defensa de todos los implicados, bilateralidad de la tutela judicial-, permitan dar satisfacción al legítimo interés de las partes”. Por lo tanto, procederá realizar el cálculo mediante el oportuno incidente –a salvo conformidad de las partes-, sin que pueda determinarse ahora el saldo resultante favorable bien a la actora bien a la demandada.

Quinto. Pese a la estimación de la demanda, se tiene en cuenta la existencia de jurisprudencia menor contradictoria en la materia, vinculada a la casuística de las reclamaciones. Por estos motivos no se imponen las costas procesales a una u otra parte, debiendo cada una soportar las generadas a su instancia y las comunes por mitad –es el criterio aplicado por la precitada SAP A Coruña S.6ª 129/2016, de 31 de marzo- (art. 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

FALLO

ESTIMAR TOTALMENTE la demanda interpuesta por D. XXXXXX, representado por la Sra. XXXXXX, contra CAIXABANK CONSUMER FINANCE EFC SA, representada por la Sra. XXXXXX, con los siguientes pronunciamientos:

DECLARO la nulidad por usuario del contrato de tarjeta de crédito del que trae causa el presente proceso, con la consecuente obligación de D. XXXXXX de restituir a CAIXABANK CONSUMER FINANCE EFC SA la cantidad de capital recibida por razón del contrato y la obligación de CAIXABANK CONSUMER FINANCE EFC SA de restituir a D. XXXXXX las cantidades abonadas por ésta en concepto de restitución de capital, pago de intereses, comisiones o cualquier otro concepto derivado del contrato, ello en los importes que resulten y realizando la oportuna compensación, en su caso mediante incidente para ejecución de sentencia. Ello sin imposición de las costas procesales a una u otra parte.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación que, en su caso, deberá interponerse ante este mismo Juzgado dentro de los veinte días siguientes al en que se notifique esta resolución.

Por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para incorporarlo a las actuaciones, lo pronuncio, mando y firmo. XXXXXX, Magistrado-Juez de este Juzgado.

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