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Wizink condenada a anular un contrato de tarjeta de crédito Visa Classic de un usuario de EZ

Wizink condenada a anular un contrato de tarjeta de crédito Visa Classic de un usuario de EZ

La entidad Wizink Bank es condenada por el Juzgado de Primera Instancia nº 11 de Zaragoza a anular un contrato de tarjeta de crédito Visa Classic suscrito con un usuario de EZ por usura.

En el presente caso, las partes pactaron un contrato de tarjeta de crédito en el año 2014 con un TAE inicial del 22,42 %, el cuál fue incrementado hasta el 26,82 %, siendo el interés medio aplicado a las operaciones de crédito mediante tarjeta de crédito y revolving para ese año del 20 %.

Ante lo expuesto, cabe apreciar el contrato litigioso como «notablemente superior al normal del dinero» y “manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», por lo que procede su nulidad por usura.

La Magistrada-Juez, estimando la demanda contra Wizink Bank, S.A., declara la nulidad del contrato de tarjeta de crédito suscrito entre las partes por usura, condenando a la demandada a la restitución a la actora de todas la cantidades percibidas que excedan del capital prestado, más los intereses correspondientes.

Las costas del proceso judicial son impuestas a la entidad demandada.

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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 11 DE ZARAGOZA

Proc.: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

Nº: 0001252/2019

Resolución: Sentencia 000067/2020

Demandante: D. XXXXXX
Procurador: Dña. XXXXXX
Abogado: Dña. MARÍA LOURDES GALVÉ GARRIDO

Demandado: WIZINK BANK S.A.
Procurador: Dña. XXXXXX
Abogado: D. XXXXXX

SENTENCIA Nº 000067/2020

En Zaragoza, a 16 de Marzo de 2020.

VISTOS por mí, Dña. XXXXXX, Magistrada-Juez, del Juzgado de Primera Instancia nº 11 de Zaragoza, los presentes Autos de Juicio Ordinario nº 1252/B-2019, seguidos entre:

DEMANDANTE: D. XXXXXX, representado por la Procuradora de los Tribunales, Sra. XXXXXX y defendido por la Letrado Sra. Galvé i Garrido.

DEMANDADA: WIZINK BANK, S.A., representada por la Procuradora de los Tribunales, Sra. XXXXXX y defendida por el Letrado Sr. XXXXXX.

MATERIA: NULIDAD DE CONTRATO, POR USURA y SUBSIDIARIAMENTE FALTA DE TRANSPARENCIA, Y RECLAMACIÓN DE CANTIDAD.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: En fecha, 13 de Noviembre de 2019, se turnó a este Juzgado, demanda de Juicio Ordinario, por la cual la parte actora, y derivado de un contrato de crédito al consumo, suscrito entre el actor y la cedente de la demandada -Banco Popular-E-, interesa se declare la nulidad del mismo, por ser un contrato usurario, y subsidiariamente, se interesa se declare la nulidad por abusividad, por falta de transparencia y/o abusividad de la cláusula de interés remuneratorio y de la cláusula de comisión por impagos, interesando la condena a la demandada a restituir los efectos del contrato declarado nulo , más los intereses legales y procesales, y condena al pago de las costas.

SEGUNDO: En fecha 22 de Noviembre de 2019, se dictó Decreto de admisión a trámite de la demanda y se acordó emplazar a la parte demandada para que en el plazo de veinte días contestara a la demanda.

La parte demandada contestó a la demanda en fecha 8 de Enero de 2020, dentro del plazo para ello, oponiéndose a la demanda, por las causas y razones contenidas en dicha contestación que se dan por reproducidas.

TERCERO: Por Decreto de fecha 13 de Enero de 2020, se acordó señalamiento de Audiencia Previa para el día 12 de Marzo de 2020.

Llegada la fecha, se celebró dicho acto procesal, compareciendo ambas partes y luego de ratificarse en la demanda y contestación a la demanda, ambas partes, solicitaron, como única prueba, la Documental, de conformidad a lo establecido en el artículo 429, 8ª de la L.E.C., teniendo por reproducidos los Documentos aportados con la demanda, sin necesidad de celebración de juicio, se acordó quedasen los autos vistos para Sentencia.

CUARTO: En la tramitación de las presentes actuaciones se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Que, el demandante interpone la presente demanda con la finalidad principal de que se declare la nulidad debido a su carácter usurario o, por su carácter abusivo, del tipo de interés pactado del 22,42 %, TAE al 26,82 %, actual en el contrato de tarjeta de crédito, tarjeta Visa Classic Halcón Viajes, emitida por Banco Popular-E, concertado en fecha 29 de Diciembre de 2014.

La Sentencia de Pleno del TS, de 25 de noviembre de 2015, precisamente en un supuesto de crédito revolving, resume la doctrina aplicable en materia de préstamos usurarios de la siguiente forma:

1.“Aunque en el caso objeto del recurso no se trataba propiamente de un contrato de préstamo, sino de un crédito del que el consumidor podía disponer mediante llamadas telefónicas, para que se realizaran ingresos en su cuenta bancaria, o mediante el uso de una tarjeta expedida por la entidad financiera, le es de aplicación dicha ley, y en concreto su art. 1, puesto que el art. 9 establece:

«Lo dispuesto por esta Ley se aplicará a toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualesquiera que sean la forma que revista el contrato y la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido».

La flexibilidad de la regulación contenida en la Ley de Represión de la Usura ha permitido que la jurisprudencia haya ido adaptando su aplicación a las diversas circunstancias sociales y económicas.

En el caso objeto del recurso, la citada normativa ha de ser aplicada a una operación crediticia que, por sus características, puede ser encuadrada en el ámbito del crédito al consumo.

La Ley de Represión de la Usura se configura como un límite a la autonomía negocial del art. 1255 del Código Civil aplicable a los préstamos, y, en general, a cualesquiera operación de crédito «sustancialmente equivalente» al préstamo”.

2. El art. 315 del Código de Comercio establece el principio de libertad de la tasa de interés, que en el ámbito reglamentario desarrollaron la Orden Ministerial de 17 de enero de 1981, vigente cuando se concertó el contrato entre las partes, y actualmente el art. 4.1 Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.

Mientras que el interés de demora fijado en una cláusula no negociada en un contrato concertado con un consumidor puede ser objeto de control de contenido y ser declarado abusivo si supone una indemnización desproporcionadamente alta al consumidor que no cumpla con sus obligaciones, como declaramos en las sentencias núm. 265/2015, de 22 de abril, y 469/2015, de 8 de septiembre, la normativa sobre cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores no permite el control del carácter «abusivo» del tipo de interés remuneratorio en tanto que la cláusula en que se establece tal interés regula un elemento esencial del contrato, como es el precio del servicio, siempre que cumpla el requisito de transparencia, que es fundamental para asegurar, en primer lugar, que la prestación del consentimiento se ha realizado por el consumidor con pleno conocimiento de la carga onerosa que la concertación de la operación de crédito le supone y, en segundo lugar, que ha podido comparar las distintas ofertas de las entidades de crédito para elegir, entre ellas, la que le resulta más favorable.

En este marco, la Ley de Represión de la Usura se configura como un límite a la autonomía negocial del art. 1255 del Código Civil aplicable a los préstamos, y, en general, a cualesquiera operación de crédito «sustancialmente equivalente» al préstamo.

Así lo ha declarado esta Sala en anteriores sentencias, como las núm. 406/2012, de 18 de junio, 113/2013, de 22 de febrero, y 677/2014, de 2 de diciembre.

3. A partir de los primeros años cuarenta, la jurisprudencia de esta Sala volvió a la línea jurisprudencial inmediatamente posterior a la promulgación de la Ley de Represión de la Usura, en el sentido de no exigir que, para que un préstamo pudiera considerarse usurario, concurrieran todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el art. 1 de la ley.

Por tanto, y en lo que al caso objeto del recurso interesa, para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la ley, esto es, «que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», sin que sea exigible que, acumuladamente, se exija «que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales».

Cuando en las sentencias núm. 406/2012, de 18 de junio, y 677/2014 de 2 de diciembre, exponíamos los criterios de «unidad» y «sistematización» que debían informar la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, nos referíamos a que la ineficacia a que daba lugar el carácter usurario del préstamo tenía el mismo alcance y naturaleza en cualquiera de los supuestos en que el préstamo puede ser calificado de usurario, que se proyecta unitariamente sobre la validez misma del contrato celebrado.

Pero no se retornaba a una jurisprudencia dejada atrás hace más de setenta años, que exigía, para que el préstamo pudiera ser considerado usurario, la concurrencia de todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el párrafo primero del art. 1 de la Ley.

4. El recurrente considera que el crédito «revolving» que le fue concedido por Banco Sygma entra dentro de la previsión del primer inciso del art. 1 de la Ley de Represión de la Usura en cuanto que establece un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado en relación con las circunstancias del caso.

La Sala considera que la sentencia recurrida infringe el art. 1 de la Ley de Represión de la Usura por cuanto que la operación de crédito litigiosa debe considerarse usuraria, pues concurren los dos requisitos legales mencionados.

El interés remuneratorio estipulado fue del 24,6 % TAE. Dado que conforme al art. 315, párrafo segundo, del Código de Comercio, «se reputará interés toda prestación pactada a favor del acreedor», el porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero no es el nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE), que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados.

Este extremo es imprescindible (aunque no suficiente por sí solo) para que la cláusula que establece el interés remuneratorio pueda ser considerada transparente, pues no solo permite conocer de un modo más claro la carga onerosa que para el prestatario o acreditado supone realmente la operación, sino que además permite una comparación fiable con los préstamos ofertados por la competencia.

El interés con el que ha de realizarse la comparación es el «normal del dinero«. No se trata, por tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés «normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia» (sentencia núm. 869/2001, de 2 de octubre).

Para establecer lo que se considera «interés normal» puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.).

Esa obligación informativa de las entidades tiene su origen en el artículo 5.1 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (BCE), que recoge la obligación de este último, asistido por los bancos centrales nacionales, de recopilar la información estadística necesaria través de los agentes económicos.

Para ello, el BCE adoptó el Reglamento (CE) nº 63/2002, de 20 de diciembre de 2001, sobre estadísticas de los tipos de interés que las instituciones financieras monetarias aplican a los depósitos y a los préstamos frente a los hogares y a las sociedades no financieras; y a partir de ahí, el Banco de España, a través de su Circular 4/2002, de 25 de junio, dio el obligado cumplimiento al contenido del Reglamento, con objeto de poder obtener de las entidades de crédito la información solicitada.

En el supuesto objeto del recurso, la sentencia recurrida fijó como hecho acreditado que el interés del 24,6 % TAE apenas superaba el doble del interés medio ordinario en las operaciones de crédito al consumo de la época en que se concertó el contrato, lo que, considera, no puede tacharse de excesivo.

La cuestión no es tanto si es o no excesivo, como si es «notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», y esta Sala considera que una diferencia de esa envergadura entre el TAE fijado en la operación y el interés medio de los préstamos al consumo en la fecha en que fue concertado permite considerar el interés estipulado como «notablemente superior al normal del dinero».

5. Para que el préstamo pueda ser considerado usurario es necesario que, además de ser notablemente superior al normal del dinero, el interés estipulado sea manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso.

En principio, dado que la normalidad no precisa de especial prueba mientras que es la excepcionalidad la que necesita ser alegada y probada, en el supuesto enjuiciado no concurren otras circunstancias que las relativas al carácter de crédito al consumo de la operación cuestionada.

La entidad financiera que concedió el crédito «revolving» no ha justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo.

Generalmente, las circunstancias excepcionales que pueden justificar un tipo de interés anormalmente alto están relacionadas con el riesgo de la operación.

Cuando el prestatario va a utilizar el dinero obtenido en el préstamo en una operación especialmente lucrativa pero de alto riesgo, está justificado que quien le financia, al igual que participa del riesgo, participe también de los altos beneficios esperados mediante la fijación de un interés notablemente superior al normal.

Aunque las circunstancias concretas de un determinado préstamo, entre las que se encuentran el mayor riesgo para el prestamista que pueda derivarse de ser menores las garantías concertadas, puede justificar, desde el punto de vista de la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, un interés superior al que puede considerarse normal o medio en el mercado, como puede suceder en operaciones de crédito al consumo, no puede justificarse una elevación del tipo de interés tan desproporcionado en operaciones de financiación al consumo como la que ha tenido lugar en el caso objeto del recurso, sobre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico”.

Este es el criterio seguido por la Jurisprudencia hasta el momento actual en el cual la Sentencia nº 149 de 4 de Marzo de 2020, ha fijado la doctrina jurisprudencial para este tipo de productos bancarios.

SEGUNDO.- Que, la citada Sentencia del Pleno del Tribunal Supremo siendo ponente, igual que en la anterior mencionada, Excmo. Sr. D. XXXXXX, a los fines de los hechos discutidos en el presente procedimiento y aplicables al mismo por tratar de un asunto muy similar, establece los siguientes criterios:

1º.- Para determinar la referencia que ha de utilizarse como “interés normal del dinero”, en comparación con el cuestionado en el litigio, y así valorar si es o no usurario, debe utilizarse el tipo medio de interés, en el momento de la celebración del contrato y teniendo en cuenta el que le corresponda según la categoría de la operación crediticia cuestionada.

2º.- El Banco de España para calcular el tipo medio ponderado de las operaciones de crédito al consumo, no tienen en cuenta las tarjetas de crédito y revolving, que sí están en un apartado específico.

3º.- El interés de referencia que debe tomarse como interés normal del dinero, debe ser el tipo medio aplicado a las operaciones de crédito mediante tarjeta de crédito y revolving publicado en las estadísticas oficiales del Banco de España, al compartir características similares.

4º.- Consecuencia de lo anterior, la TAE -tasa anual equivalente-, del 26,82 % del crédito revolving, debe compararse al tipo medio de interés de las operaciones de crédito mediante tarjeta de crédito y revolving que fija el Banco de España en el 20 %.

Las consecuencias jurídicas aplicables al caso que nos ocupa, de acuerdo con los principios anteriormente mencionados, serán, según establece la Sentencia de constante referencia que, de conformidad a lo establecido en el artículo 1 de la Ley de 23 de Julio de 1908 de Represión de la Usura, que dice:

«Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso..”, es preciso que los Juzgados y Tribunales, ante esta indeterminación -notablemente superior, manifiestamente desproporcionado-, deban llevar a cabo una labor de ponderación en la cual fijado ab initio, el índice de referencia, se establezca la comparación con el cual ha de hacerse.

En el caso que nos ocupa, en un contrato de 2014, con un TAE inicial del 22,42 %, pero a fecha de hoy del 26,82 %, el interés de las tarjetas de crédito era el 20 %, por lo tanto debe ser calificado como “notablemente superior al normal del dinero» y, además, “manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso» y por ello, usurario.

Argumenta la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de Marzo de 2020, que el tipo medio que sirve de comparación, al 20 %, ya debe ser calificado de muy elevado y que, además, no puede alegarse para justificar tan alto porcentaje, el riesgo derivado del alto nivel de impagos anudados a operaciones de crédito al consumo que se concede, como es el caso, de manera tan ágil, pues es responsabilidad de la comercializadora crediticia, comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, dado que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superior al norma, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores, no puede ser objeto de protección pro el ordenamiento jurídico.

En consecuencia, procede declarar la nulidad del contrato objeto de referencia por ser el interés calificable como usurario, y por ello estimar la petición inicial formulada en el suplico de la demanda, sin necesidad de entrar a valorar la posible nulidad del contrato por otras de las causas legadas, pues, en definitiva y como establece la Sentencia reiteradamente mencionada, “la elevación porcentual respecto del tipo de interés medio tomado como interés normal del dinero siendo de las proporciones concurrentes en este supuesto, siendo ya tan elevado el tipo medio de las operaciones de crédito de la misma naturaleza, determinan el carácter usurario de la operación de crédito«.

CUARTO.- Que, en materia de costas, la estimación de la demanda comporta su imposición a la parte demandada (art. 394 LEC).

VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLO

Que, estimando la demanda derivada del JUICIO ORDINARIO Nº 1252/B-2019, instada por la Procuradora Sra. XXXXXX, en nombre y representación de D. XXXXXX, contra WIZINK BANK, S.A., representada por la Procuradora Sra. XXXXXX, DEBO DECLARAR Y DECLARO la nulidad del contrato a que se refiere al demanda, por usura.

Asimismo, DEBO CONDENAR Y CONDENO a dicha demandada a que restituya a la parte actora de los efectos dimanantes del contrato declarado nulo, con devolución recíproca de los efectos, más los intereses correspondientes.

Todo ello, con condena en costas a la parte demandada.

Así, por esta mi sentencia, de la que se unirá testimonio a los autos de su origen, lo pronuncio, mando y firmo en lugar y fecha «ut supra».

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación que, conforme a lo previsto en los artículos 458 y ss de la LEC, habrá de interponerse ante este Juzgado, previo depósito de 50 €, dentro del plazo de los veinte días siguientes al de su notificación.

Se suspende la efectividad de esta resolución hasta tanto sea dejado sin efecto el estado de alarma declarado en virtud de D.A. 2 del R.D 463/2020, si bien una vez sea dejado sin efecto el estado de alarma acordado computarán los plazos de forma automática sin resolución expresa de este órgano judicial.

EL/LA MAGISTRADO-JUEZ

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