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Twinero condenado a la nulidad por usura de tres contratos de préstamo que mantenía con un usuario de EZ

Twinero condenado a la nulidad por usura de tres contratos de préstamo que mantenía con un usuario de EZ

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de Medio Cudeyo declara la nulidad de tres contratos de préstamo que un usuario de EZ suscribió con la mercantil Twinero, S.L.U. por usurarios.

La Letrada Sra. Rodríguez Picallo ha sido la encargada de la defensa del presente litigio.

La parte actora suscribió tres contratos de préstamo que incluían cláusulas impuestas, de las que la demandante no fue debidamente informada, por lo que procedió con la presentación de una reclamación extrajudicial, la cuál, no fue atendida por la entidad demandada.

Los contratos litigantes fueron pactados entre las partes en el año 2018, siendo el interés remuneratorio establecido del 1.575,00 % TAE, lo que procede la consideración de usurario por ser manifiestamente desproporcionado, sin que la entidad demandada justifique la imposición de un interés tan elevado.

La Magistrada del caso, estimando íntegramente la demanda interpuesta contra Twinero, S.L.U. declara la nulidad de los contratos de préstamo suscritos con la demandante por su carácter usurario.

Por consiguiente, la parte actora únicamente estará obligada a devolver el crédito efectivamente dispuesto, debiendo la entidad prestamista reintegrarle todas aquellas cantidades que hayan excedido del capital prestado, más los intereses legales desde la interposición de la demanda.

Asimismo, las costas del proceso judicial son impuestas expresamente a la parte demandada.

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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 1

Demandante: Dña. XXXXXX
Procurador: Dña. XXXXXX

Demandado: TWINERO, S.L.U.
Procurador: D. XXXXXX

Proc.: PROCEDIMIENTO ORDINARIO
Nº.: 0000403/2019
Materia: Contratos bancarios
Resolución: Sentencia 000070/2020

SENTENCIA Nº 000070/2020

En Medio Cudeyo, a 20 de abril de 2020.

Vistos por Dña. XXXXXX, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Medio Cudeyo, los presentes autos de juicio ordinario, seguidos ante este Juzgado con el número 403/2019, a instancia de Dña. XXXXXX, representada por su Procuradora Dña. XXXXXX y asistida por su Letrado Sra. Rodríguez Picallo, contra la entidad “TWINERO, S.L.U.”, representada por su Procurador Sr. XXXXXX y asistida de Letrado Sra. XXXXXX, sobre ejercicio de acción de nulidad en ámbito contractual.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El 3 de julio de 2019 es presentada ante este Juzgado demanda por la representación procesal de Dña. XXXXXX en la que, con base a los hechos que expone y los fundamentos de derecho que estima de aplicación, se solicita que se dicte sentencia por la que se declare la nulidad de los contratos de préstamo nº XXXXXX, XXXXXX y XXXXXX suscritos entre las partes por su carácter usurario con la condena a la entidad demandada de restituir a la actora las cantidades percibidas que excedan del capital prestado más los intereses legales (y subsidiariamente se declare la nulidad de la cláusula relativa al interés remuneratorio por no superar el control de inclusión ni el de transparencia, y la nulidad de la cláusula relativa al interés de demora con los mismos efectos de devolución de la cantidad cobrada por tales conceptos), y con expresa imposición de las costas procesales.

SEGUNDO.-  Por Decreto de 31 de julio de 2019 es admitida a trámite la demanda y, dado traslado a la parte demandada, es presentada el 30 de septiembre de 2019 contestación ante este Juzgado por la representación   procesal de “Twinero, S.L.U.”.

En su escrito, con base en los hechos que opone y los fundamentos de derecho que estima de aplicación, solicita que se dicte sentencia por la que se desestime íntegramente la demanda, con expresa imposición a la actora de las costas procesales.

TERCERO.- El 10 de marzo de 2020 se celebró audiencia previa con asistencia de ambas partes, ratificándose ambas en sus escritos de demanda y contestación respectivamente, y, no siendo posible ningún acuerdo, previa la resolución de excepción procesal planteada, fue propuesta y admitida exclusivamente prueba documental, por lo que, en atención a lo expresado en el artículo 429.8 LEC, oídas las conclusiones de las partes, se declaró el procedimiento concluso y visto para sentencia.

CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En el presente procedimiento ejercita la parte actora acción instando la declaración de nulidad de los tres contratos de préstamo suscritos entre las partes en las fechas 23 de abril de 2018, 7 de mayo de 2018 y 29 de mayo de 2018 por su carácter usurario con la consecuencia consistente en que la actora únicamente estará obligada a devolver el crédito efectivamente dispuesto, debiendo la demandada reintegrarle todas aquellas cantidades que hayan excedido del capital prestado, más los intereses legales, con expresa imposición de las costas procesales.

Subsidiariamente, para el caso de que no se estimase la nulidad del contrato por el carácter usurario del mismo, interesa la declaración de nulidad de la cláusula que establece el interés remuneratorio y el interés moratorio por no superar el control de inclusión ni el de transparencia de la normativa aplicable de protección de consumidores y usuarios, con devolución de todas las cantidades cobradas en su aplicación, con expresa imposición de costas a la demandada en todo caso.

Se alega que Dña. XXXXXX se obligó en el pago de los préstamos concertados con la entidad, constituyéndose como unos contratos de adhesión por los cuales asumía el pago de unos intereses notablemente desproporcionados impuestos por la entidad en provecho de su inexperiencia como consumidora.

Además, sin ser debidamente informada se incluían cláusulas de asunción de costes y gastos del préstamo en claro perjuicio del consumidor, por todo lo cual procedió a la reclamación extrajudicial en fecha 10 de enero de 2019 que no fue atendida por la entidad.

Por su parte la demandada se opone, en cuanto al fondo del asunto y previo el planteamiento de cuestión procesal ya resuelta, desde la consideración de que la actora fue debidamente informada y conocedora de las condiciones de unos préstamos que tienen la naturaleza de “microcrédito”, siendo plenamente consciente del funcionamiento de los mismos tanto en relación con la documentación remitida previamente a la aceptación como en cuanto a la posibilidad de conocimiento del pago total de los costes del préstamo a través de la propia web de la entidad.

Por todo lo cual, interesa un pronunciamiento íntegramente desestimatorio de las pretensiones de la demanda, con expresa imposición de las costas procesales.

SEGUNDO.- El artículo 1.089 del Código Civil incluye a los contratos entre las fuentes de las obligaciones, desarrollándose legalmente en los artículos 1254 y siguientes del mismo cuerpo legal.

La validez de un contrato se funda en la concurrencia de los requisitos previstos en el artículo 1.261 CC: consentimiento (manifestado por el concurso de la oferta y aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato, entre personas con capacidad para prestarlo y siempre que no concurran vicios de error, violencia, intimidación o dolo en su prestación, tal y como se desarrolla en los artículos 1262 a 1270 del CC); objeto posible, cierto y determinado (artículos 1271 a 1273 del CC); y causa existente, lícita y verdadera (artículos 1274 a 1277 del CC).

Con carácter general no se establece un requisito formal para su eficacia, salvo en supuestos en que expresamente se determine y con los efectos previstos en los artículos 1278 a 1280 CC.

El ordenamiento jurídico también prevé las diferentes vías de ineficacia de estos contratos que, una vez se constituyen, tienen fuerza de ley entre las partes (artículo 1.091 CC).

Tales vías pueden originarse por inexistencia o nulidad plena (en aquellos casos en los que no se constituye por faltar uno de los elementos esenciales con arreglo al artículo 1261 CC, o resulta contrario a la Ley o al orden público), por nulidad relativa o anulabilidad (que depende de la voluntad de las partes y se reserva para aquellos supuestos en que en la formación del consentimiento de los otorgantes ha concurrido cualquiera de los vicios de la voluntad, estableciéndose unos plazos y condiciones de ejercicio de la correspondiente acción en los artículos 1300 a 1314 CC), o finalmente por voluntad de las partes contratantes (ya sea por rescisión o por resolución, en atención a los motivos o circunstancias que determinen esa voluntad de extinción de la relación constituida).

En concreto, el contrato de préstamo se define en el artículo 1.740 del Código Civil como aquél en el que:

una de las partes entrega a la otra, o alguna cosa no fungible para que use de ella por cierto tiempo y se la devuelva, en cuyo caso se llama comodato, o dinero u otra cosa fungible, con condición de devolver otro tanto de la misma especie y calidad, en cuyo caso conserva simplemente el nombre de préstamo. El comodato es esencialmente gratuito. El simple préstamo puede ser gratuito o con pacto de pagar interés”, desarrollándose la regulación de esta segunda figura en los artículos 1.753 y siguientes del Código Civil.

Dicho lo anterior que se constituye como normativa general, el ordenamiento jurídico ha dado respuesta concreta y específica en cuanto a aquellas relaciones contractuales basadas en la existencia de contrato tipo o de adhesión, que introducen el concepto de “condiciones generales de la contratación” y en las que una de las partes se incluye en el concepto de “consumidor”, dentro de la tendencia generalizada en el marco del Derecho europeo y comunitario.

Así, dicha regulación tiene su acogida actualmente en el Texto refundido  aprobado por RD. Legislativo 1/2007, de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (LGDCC), que establece en su artículo 3 el concepto de consumidor y usuario al prever que:

A efectos de esta norma y sin perjuicio de lo dispuesto expresamente en sus libros tercero y cuarto, son consumidores o usuarios las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión.

Son también consumidores a efectos de esta norma las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial”.

Asimismo, se establecen un conjunto de requisitos formales de protección al consumidor o usuario en aquellos contratos en los que intervengan condiciones generales al expresar que:

1. En los contratos con consumidores y usuarios que utilicen cláusulas no negociadas individualmente, incluidos los que promuevan las Administraciones públicas y las entidades y empresas de ellas dependientes, aquéllas deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Concreción, claridad y sencillez en la redacción, con posibilidad de comprensión directa, sin reenvíos a textos o documentos que no se faciliten previa o simultáneamente a la conclusión del contrato, y a los que, en todo caso, deberá hacerse referencia expresa en el documento contractual.

b) Accesibilidad y legibilidad, de forma que permita al consumidor y usuario el conocimiento previo a la celebración del contrato sobre su existencia y contenido. En ningún caso se entenderá cumplido este requisito si el tamaño de la letra del contrato fuese inferior al milímetro y medio o el insuficiente contraste con el fondo hiciese dificultosa la lectura.

c) Buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, lo que en todo caso excluye la utilización de cláusulas abusivas.

2. Cuando se ejerciten acciones individuales, en caso de duda sobre el sentido de una cláusula prevalecerá la interpretación más favorable al consumidor”.

TERCERO.- Expresado lo anterior, y valorando el fondo del asunto en atención a las reglas de la carga probatoria del artículo 217 LEC, procede un pronunciamiento estimatorio de la pretensión de la actora en cuanto a la nulidad de los tres contratos de préstamo celebrados entre las partes en las fechas 23 de abril de 2018, 7 de mayo de 2018 y 29 de mayo de 2018, respectivamente.

Así, el objeto de la controversia, tal y como es puesto de manifiesto por las partes en sus escritos y se fija en el acto de la Audiencia Previa, se centra con carácter principal en la pretensión de declaración de la nulidad plena de los contratos suscritos entre las partes y que se constituye como la relación jurídico-material subyacente por el carácter usurario de dichos préstamos.

En este punto, ha de partirse de lo que se considera como usurario a los efectos legales y como tal aparece definido en el artículo 1 de la Ley de Represión de la Usura de 23 de julio de 1908 (conocida como Ley Azcárate), que resulta de aplicación a toda operación equivalente a un préstamo de dinero, cualquiera que sea su forma y garantía de cumplimiento (artículo 9 de dicho texto legal).

Así el artículo 1 expresa que una operación crediticia tendrá el carácter de usuraria cuando “se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales”, siendo suficiente que concurra uno solo de los requisitos previstos para su consideración como tal y la consecuencia de su declaración como nulo, según la más reciente jurisprudencia (así, SSTS de 18 de junio de 2012, 2 de diciembre de 2014 ó 25 de noviembre de 2015).

Pues bien, en este punto la controversia entre las partes gira en atención a si el interés fijado en el contrato (que tal y como resulta de la documental aportada y no es objeto de discusión se establece en un TAE de 1.575,00 %) cumple alguno de los requisitos que determinaría el carácter usurario de la operación crediticia y, en consecuencia, su nulidad.

En esta materia, ya ampliamente resuelta por los Tribunales como es puesto de manifiesto por ambas partes, resulta esencial en primer lugar determinar cuál debe ser el precio o interés normal del dinero a tomar por referencia, lo que el Tribunal Supremo en su Sentencia de 25 de noviembre de 2015 fija considerando el publicado en las estadísticas del Banco de España en aplicación del Reglamento que adoptó el BCE (CE) nº 63/2002 y que era en tal momento el 24,6 % TAE.

Pese a las afirmaciones de la demandada en su escrito de contestación que remiten a la amplia jurisprudencia derivada de los criterios a adoptar desde la Circular del Banco de España 1/2010, que determinan la conveniencia de considerar la media resultante por los tipos de interés aplicados en cada sector concreto del mercado crediticio, considerando los términos imperativos de la norma legal superior con el contenido literal ya expuesto y que debe ser interpretado por los Tribunales en atención a las circunstancias del tiempo en que ha de ser aplicado, dejar tal cuestión a la valoración efectuada con fines estadísticos por el Banco de España sería tanto como admitir que el criterio a adoptar puede ser determinado por las entidades de crédito para cada producto que ofrezcan en el mercado según su conveniencia, simplemente llegando al acuerdo del porcentaje a aplicar.

Por tanto, en el caso que nos ocupa y siguiendo el criterio legal, en apreciación del momento de celebración de las operaciones de crédito en cuestión (año 2018), a la vista del tipo de interés fijado por el Banco de España en tal momento, procede la consideración de su condición usuraria conforme al precepto legal de imperativa aplicación, y en consecuencia, la declaración de dichos contratos como nulos de pleno derecho.

Máxime cuando la entidad demandada, pese a las alegaciones efectuadas en su contestación a la demanda que razonan el alto porcentaje de interés impuesto al consumidor, no acredita en modo alguno que en el caso concreto Dña. XXXXXX ofreciese a la entidad prestamista un alto riesgo o la imposibilidad de acudir a cualquier otro tipo de garantía en el cumplimiento de su prestación.

Por tanto, y en atención a lo expuesto, procede estimar la pretensión principal de la demanda sin que resulte preciso entrar a valorar el resto de cuestiones objeto de controversia.

CUARTO.- En relación con los efectos de dicha declaración de nulidad, procede el deber de restitución de las cantidades percibidas de más, siendo esta una consecuencia legal prevista en el Art 1.303 del Código civil y concretamente matizada en el artículo 3 de la Ley de Represión de la Usura de 1908 cuando prevé que:

Declarada con arreglo a esta ley la nulidad de un contrato, el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida; y si hubiera satisfecho parte de aquélla y los intereses vencidos, el prestamista devolverá al prestatario lo que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del capital prestado”.

En el mismo sentido se pronuncia la Jurisprudencia:

El art. 1303 CC establece que declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses; siendo doctrina jurisprudencial reiterada (STS 23 de noviembre de 2011, 15 de noviembre de 2011, 12 de noviembre de 2010 y 22 de mayo de 2006) que la obligación de restitución de objeto y precio nace de la Ley, y no del contrato que se declara nulo.

Hasta el punto de que no es preciso que las partes hayan solicitado expresamente tal devolución, bastando con que se solicite la nulidad para que surja la consecuencia legalmente establecido”.

Y el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su Sentencia de 14 de junio de 2012 ya dejaba claro que la declaración de nulidad determina la eliminación de la cláusula del contrato sin que pueda ser modificada ni integrada por el juzgador, tal y como se desprende del artículo 6.1 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo de fecha 5 de abril de 1993, que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico y debe primar dentro del sistema de fuentes establecido en los términos previstos en el artículo 1.7 CC, en concordancia con el artículo 1.1 del mismo cuerpo legal.

Doctrina ésta última que se mantiene en la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016.

Por ello, como consecuencia legal de la declaración de nulidad plena procede declarar que la demandante únicamente estará obligada a devolver el crédito efectivamente dispuesto, debiendo la demandada reintegrarle todas aquellas cantidades que hayan excedido del capital prestado, incluyendo intereses, primas de seguro y cualesquiera comisiones, más los intereses legales desde la fecha de la presentación de la demanda, todo ello a determinar en ejecución de sentencia.

QUINTO.- En materia de costas, dada la estimación íntegra de las pretensiones del actor, resulta de aplicación lo establecido en el artículo 394.1 LEC y, en consecuencia, procede su imposición a la demandada.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que debo ESTIMAR ÍNTEGRAMENTE la demanda interpuesta por la representación procesal de Dña. XXXXXX contra la demandada expresada en el encabezamiento de la presente resolución, y en consecuencia, procede declarar la NULIDAD PLENA de los contratos de préstamo suscritos entre la actora y la entidad “TWINERO, S.L.U.” de fechas 23 de abril de 2018, 7 de mayo de 2018 y 29 de mayo de 2018 (nº XXXXXX, XXXXXX y XXXXXX, respectivamente) por el carácter usurario de los mismos, así como declarar que la demandante únicamente estará obligada a devolver el crédito efectivamente dispuesto, debiendo la demandada reintegrarle todas aquellas cantidades que hayan excedido del capital prestado, incluyendo intereses, primas de seguro y cualesquiera comisiones, más los intereses legales desde la interposición de la demanda, cantidades a determinar en ejecución de sentencia, con expresa imposición de costas a la parte demandada.

Notifíquese esta resolución a las partes personadas, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer RECURSO DE APELACIÓN, ante este Tribunal, por escrito y dentro del plazo de VEINTE DÍAS contados desde el siguiente a su notificación.

La admisión de dicho recurso precisará que, al interponerse el mismo, se haya consignado como depósito 50 euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en el BANCO DE SANTANDER nº XXXXXX con indicación de “recurso de apelación”, mediante imposición individualizada, y que deberá ser acreditado a la preparación del recurso, de acuerdo a la D. A. decimoquinta de la LOPJ. No se admitirá a trámite ningún recurso cuyo depósito no esté constituido.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

El/La Magistrado-Juez

PUBLICACIÓN.– Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo./a Sr/a. Magistrado-Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha. Doy fe.

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