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Hucha de reclamaciones de EZ

Un juzgado de Madrid anula una tarjeta revolving de Wizink por aplicar un interés usurario del 26,82 % TAE

Un juzgado anula una tarjeta revolving de Wizink por aplicar un interés usurario del 26,82 % TAE

El Juzgado de Primera Instancia Nº 5 de Madrid declara la nulidad del contrato de tarjeta suscrito por un usuario de EZ con la entidad Wizink Bank por aplicar una TAE del 26,82 %. 

En el contrato de autos suscrito entre las partes, se estableció un tipo de interés remuneratorio del 26,82 % TAE, mientra que el interés medio de las operaciones de crédito al consumo, en abril de 2010, era del 9,66 %.

Asimismo, la parte actora no fue informada al realizar el contrato de autos de la existencia de un contrato de seguro y de la prima que por éste debía devengarse, como tampoco consta la contratación del mismo en el contrato litigante, por lo que procede declarar su nulidad.

El Juez del caso, estima la demanda interpuesta contra Wizink Bank S.A. por la que declara la nulidad del contrato de tarjeta suscrito entre las partes, así como la nulidad del seguro asociado a ésta

La parte actora estará obligada a abonar, únicamente, el capital recibido como principal, restando las cantidades abonadas en concepto de intereses, comisiones de reclamación y cuotas de seguro asociados a la tarjeta de crédito desde la fecha de suscripción del contrato hasta la última liquidación.

Asimismo, se condena a la entidad demandada a la retribución a la actora de la cantidad abonada por el mismo que supere el importe del capital prestado, más los intereses legales correspondientes.

Se hace expresa imposición de las costas procesales a la entidad demandada.

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JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 05 DE MADRID

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1292/2019

Materia: Contratos en general

Demandante: D. XXXXXX 
PROCURADOR Dña. XXXXXX

Demandado: WIZINK BANK, S.A.
PROCURADOR Dña. XXXXXX

SENTENCIA Nº 88/2020

En Madrid, a cinco de Junio de dos mil veinte.

La Ilma. Sra. Dña. XXXXXX, MAGISTRADA-JUEZ Titular del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Madrid, habiendo visto los presentes autos número 1292/19, de JUICIO ORDINARIO, seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una, como demandante, D. XXXXXX, representado por la Procuradora de los Tribunales Dña. XXXXXX y dirigido por el Letrado D. XXXXXX, contra WIZINK BANK S.A., representado por la Procuradora de los Tribunales Dña. XXXXXX y dirigido por el Letrado D. XXXXXX, sobre DECLARACIÓN DE NULIDAD DE CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN Y RECLAMACIÓN DE CANTIDAD.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Procurador de los Tribunales de la parte actora se presentó ante este Juzgado Demanda de Juicio Ordinario, alegando los Hechos y Fundamentos de Derecho que constan en el correspondiente escrito, y que aquí se dan por reproducidos, y suplicando se dictara Sentencia por la que se declarase:

A) La nulidad del contrato de tarjeta de crédito, de fecha 14-04-10, que vinculaba a la parte actora y WIZINK BANK S.A., por contener un interés usurario, así la nulidad del contrato de seguro, debiendo condenarse a la demandada a devolver la cantidad pagada por el actor que hubiera excedido del total del capital efectivamente prestado o dispuesto, más los intereses legales correspondientes.

B) Subsidiariamente, se solicitaba se declarase la no incorporación y la nulidad de la cláusula de intereses remuneratorios, la de comisión bancaria de reclamación de cuota impagada y por exceso de límite y la cláusula de vencimiento anticipado, así como de las demás cláusulas abusivas contenidas en el contrato, con los efectos restitutorios que procediera

C) La expresa imposición de las costas procesales a dicha demandada.

SEGUNDO.- Mediante Resolución de fecha 28-11-19 se admitió a trámite la demanda, y se dio traslado a la demandada para su contestación, lo que verificó ésta, convocándose a las partes, a la celebración de la correspondiente audiencia previa para el día 07-05-2020.

TERCERO.- Declarado el estado de alarma fueron suspendidas todas las actividades judiciales programadas, lo que incluía la audiencia previa referida a este procedimiento y, una vez reanudada la actividad, fueron convocadas, nuevamente, las partes para la celebración de la audiencia previa.

CUARTO.- El día 04-06-2020 tuvo lugar la celebración de la audiencia previa, ratificándose los litigantes en sus respectivas pretensiones y proponiendo la prueba de que intentaban valerse, y, una vez admitida, como quiera que fue exclusivamente de carácter documental, quedaron los Autos conclusos para dictar Sentencia.

QUINTO.- En la tramitación de las presentes actuaciones se han observado todas las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En las presentes actuaciones se ejercita por D. XXXXXX una acción tendente a obtener la declaración de nulidad del contrato de tarjeta de crédito Visa Citi, suscrito en fecha 14-04-2010, con la entidad financiera CITIBANK, actualmente, WIZINK BANK S.A., por considerar infringida la Ley de Represión de la Usura y ello por cuanto el interés remuneratorio, escondido en el Anexo del contrato, se estableció en una TAE del 26,82 % siendo, por tanto, muy superior al doble del interés medio de las operaciones de crédito al consumo para la contratación, que, en abril de 2010, estaba fijada en el 9,66 %.

Asimismo, se solicita la nulidad del contrato de seguro asociado al contrato de crédito al estar ambos vinculados entre sí.

La entidad demandada mantiene, por su parte, que el contrato de Autos cumple la normativa de consumo vigente, añadiendo que se facilitó al solicitante de la tarjeta toda la información necesaria y suficiente sobre el coste de la misma y los intereses aplicables, no siendo, por tanto, ninguna cláusula abusiva.

Además, se sostiene que el interés remuneratorio no puede ser calificado de usurario, según el banco, al ser normal en este tipo de créditos, ni tampoco podrá invocarse su falta de transparencia, dada la claridad de su redacción, no siendo de aplicación, por último, la Ley de Represión de la Usura que se invoca de contrario.

SEGUNDO.- Examen de la cláusula de intereses remuneratorio en el contrato objeto del proceso.

El contrato que obliga a las partes se perfeccionó el 14-04-2010 con la denominación Visa Citi y suponía la concesión de un contrato de crédito con la modalidad conocida como revolving mediante una tarjeta de crédito.

Entre las tarjetas de crédito constituye una especie las denominadas «revolving«. Es una línea de crédito permanente que implica que, sobre el capital, se aplica un tipo de interés pactado que generalmente es más elevado que otras modalidades de préstamos.

La amortización no suele fijarse previamente en la mayoría de los casos al ser dependiente del componente variable de la cuota periódica a satisfacer, integrada por el capital pendiente y las disposiciones que se hayan realizado mediante el uso de la tarjeta.

A los contratos de esta naturaleza les resulta aplicable la legislación, cuando la contratación se produzca con consumidores, contenida en la Ley 16/2011, de 24 de junio, de Contratos de Crédito al Consumo, que se aplica a aquellos contratos en que el prestamista concede o se compromete a conceder a un consumidor un crédito bajo la forma de pago aplazado, préstamo, apertura de crédito o cualquier medio equivalente de financiación, sin estar garantizado con hipoteca inmobiliaria.

Pero también, con apoyo en la Directiva 93/13/CEE (LCEur 1993, 1071) del Consejo, de 5 de abril, sobre cláusulas abusivas en los contratos con consumidores, en el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, y en la Ley 7/1998, de 13 de abril, de Condiciones Generales de la Contratación (LCGC).

Sin perjuicio, por tanto, de los controles propios de la reglamentación sobre contratación bajo condiciones generales -control de incorporación y, en su caso, de transparencia- resultan de aplicación a los contratos como el de autos, a su vez, el control propio de las reglas para la represión de la usura previstas en la Ley de 23 de julio de 1908.

El art. 1 de esta Ley, recordemos, indica literalmente que:

«Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales«.

La sentencia de Pleno del TS de 25 de noviembre de 2015 declara el carácter usuario de un crédito «revolving«, concedido a un consumidor, razonando al respecto que:

La flexibilidad de la regulación contenida en la Ley de Represión de la Usura ha permitido que la jurisprudencia haya ido adaptando su aplicación a las diversas circunstancias sociales y económicas.

En el caso objeto del recurso, la citada normativa ha de ser aplicada a una operación crediticia que, por sus características, puede ser encuadrada en el ámbito del crédito al consumo”.

En la propia sentencia de Pleno precitada, ya se argumenta y justifica la procedencia de esta aplicación de la Ley de Usura, a contratos de crédito distintos al tradicional de préstamo y así, se declara en la misma:

«En este marco, la Ley de Represión de la Usura se configura como un límite a la autonomía negocial del art. 1255 del Código Civil aplicable a los préstamos, y, en general, a cualesquiera operación de crédito «sustancialmente equivalente» al préstamo.

Así lo ha declarado esta Sala en anteriores sentencias, como las núm. 406/2012, de 18 de junio, 113/2013, de 22 de febrero y 677/2014, de 2 de diciembre.

Continúa diciendo dicha sentencia, que: “Es evidente que no puede tomarse como referencia, como se dice en el recurso, para considerar lo que sea «el interés normal del dinero», el ofrecido en el mercado para este tipo de productos, es decir, para las tarjetas de crédito de pago aplazado, y ello para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero, sino por razones de transparencia reforzada exigible en contratos celebrados con consumidores con cláusulas generales predispuestas como es el caso, la tasa anual equivalente, (TAE), según establece la citada sentencia de Pleno que dice:

«Dado que conforme al art. 315, párrafo segundo, del Código de Comercio, «se reputará interés toda prestación pactada a favor del acreedor», el porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero no es el nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE), que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados.

Este extremo es imprescindible (aunque no suficiente por sí solo) para que la cláusula que establece el interés remuneratorio pueda ser considerada transparente, pues no solo permite conocer de un modo más claro la carga onerosa que para el prestatario acreditado supone realmente la operación, sino que además permite una comparación fiable con los préstamos ofertados por la competencia.

El interés con el que ha de realizarse la comparación es el «normal del dinero». No se trata, por tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés «normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia» (sentencia núm. 869/2001, de 2 de octubre).

Para establecer lo que se considera «interés normal» puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.»).

En semejante sentido, la SAP Madrid, Civil, sección 20, del 07 de febrero de 2019, señala que “resulta absolutamente indiferente si el cliente conocía las condiciones del contrato y el interés pactado, o si comprendía el funcionamiento del contrato, y lo que decía se evidenciaba por las solicitudes de cambio del límite del crédito y del importe de las cuotas revolving realizadas.

No se cuestiona ni se discute la validez del contrato por error vicio en el consentimiento. También lo es si finalmente la TAE aplicada resultó ser menor. Y es que adujo la demandada que se le aplicó el 26,68 % o el 25,90 %.

En cualquier caso, se trataría de intereses igualmente usurarios. Y desde luego, el hecho de que pudiera conocer todas esas circunstancias, y que procediera al cumplimiento incluso puntual del contrato mediante el abono de los recibos girados, no implicaba su confirmación o sanación.

Como declaró la STS de 14 de julio de 2009, citada por la de 15 de noviembre de 2015, se trata de una nulidad «radical, absoluta y originaria, que no admite convalidación confirmatoria, porque es fatalmente insubsanable, ni es susceptible de prescripción extintiva”.

Asimismo, la reciente SAP Ávila de 04-11-19 dispone: el interés establecido o fijado en el contrato ha de compararse con el «normal del dinero» según establece la ley de usura y recuerda la repetida sentencia de la Sala Primera de lo civil del Tribunal Supremo de veinticinco del mes de noviembre del año 2015, en la que se refiere al concepto de «interés notablemente superior» y, para integrarlo, recurre a dos reglas principales:

1.- Que el porcentaje que ha de tomarse en consideración no es el nominal, sino la tasa anual equivalente (T.A.E.).

2.- Que el interés con el que ha de realizarse la comparación es el «normal del dinero», señalando que, «para establecer lo que se considera «interés normal», puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.)».

En el caso analizado consideramos que un préstamo «revolving» al 26,82 por ciento de T.A.E. se trata de un interés notablemente superior por cuanto excede del doble del interés medio ordinario en las operaciones de crédito al consumo en la época en que se ha concertado (mes de enero del año 2008).

Se exige también que se trate de un interés «manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso«, estableciendo que dicha desproporción se presume concurrente en los préstamos al consumo salvo que la entidad financiera que concede el crédito «revolving» acredite la concurrencia de circunstancias excepcionales (verbigracia, cuando el prestatario va a utilizar el dinero obtenido en el préstamo en una operación especialmente lucrativa pero de alto riesgo, está justificado que quien le financia, al igual que participa del riesgo, participe también de los altos beneficios esperados mediante la fijación de un interés notablemente superior al normal).

En definitiva, las peculiaridades que ofrece este tipo de créditos como el que ahora nos ocupa, no justifican tampoco el establecimiento de un tipo de interés remuneratorio como el aquí aplicado del T.A.E. 26,82 por ciento que no existe duda es anormalmente alto, en cuanto supera el doble del interés medio ordinario en las operaciones de crédito al consumo en la época en que se concertó el contrato, que era del T.A.E. 10,48 por ciento anual.

La existencia de diferentes productos financieros de crédito al consumo y la peculiaridad que respecto de ellos ofrece la línea de crédito que nos ocupa, no puede justificar ni amparar un tipo de interés como el aquí aplicado.

Siendo de aplicación al caso, por tanto, la doctrina de la referida Sentencia del Tribunal Supremo, procede apreciar el carácter usurario del interés remuneratorio establecido en el contrato objeto de este procedimiento, lo que conlleva su nulidad, que, como dice la expresada sentencia, «ha sido calificada por esta sala como «radical, absoluta y originaria, que no admite convalidación confirmatoria, porque es fatalmente insubsanable, ni es susceptible de prescripción extintiva» sentencia número 539/2009, de catorce del mes de julio».

Recientemente, el Tribunal Supremo, en la Sentencia del Pleno de 4 de marzo de 2020, se pronunció sobre el tema del tipo de interés con el que se contrasta el de del contrato concertado siendo su decisión sobre la referencia del «interés normal del dinero» que ha de utilizarse para determinar si el interés de un préstamo o crédito es notoriamente superior al interés normal del dinero, la siguiente:

«1.- Para determinar la referencia que ha de utilizarse como «interés normal del dinero» para realizar la comparación con el interés cuestionado en el litigio y valorar si el mismo es usurario, debe utilizarse el tipo medio de interés, en el momento de celebración del contrato, correspondiente a la categoría a la que corresponda la operación crediticia cuestionada.

Y si existen categorías más específicas dentro de otras más amplias (como sucede actualmente con la de tarjetas de crédito y revolving, dentro de la categoría más amplia de operaciones de crédito al consumo), deberá utilizarse esa categoría más específica, con la que la operación crediticia cuestionada presenta más coincidencias (duración del crédito, importe, finalidad, medios a través de los cuáles el deudor puede disponer del crédito, garantías, facilidad de reclamación en caso de impago, etc.), pues esos rasgos comunes son determinantes del precio del crédito, esto es, de la TAE del interés remuneratorio”.

TERCERO.- Partiendo de las consideraciones que anteceden no cabe duda de que la cláusula de interés remuneratorio recogida en el contrato de Tarjeta de Crédito Visa Citi, debe ser considerada nula, no sólo por no superar el control de transparencia, sino, además, por ser igualmente abusivo el tipo de interés remuneratorio aplicado, pues la TAE se fijó en el 26,82 %, siendo, por tanto, muy superior al doble del interés medio de las operaciones de crédito al consumo para la contratación, que, en abril de 2010, estaba fijada en el 9,66 % por el Banco de España, (documento nº 8 de la Demanda).

En definitiva, como expresara la ya centenaria sentencia del Tribunal Supremo de 19 de febrero de 1912, a la que se refiere la SAP Barcelona de 17-01-18, la usura concurre «cuando haya una evidente y sensible falta de equivalencia entre el interés que percibe el prestamista y el riesgo que corre su capital» (en esa misma línea se inscribe la STS de 22 de febrero de 2013), y, en el presente caso, nada sugiere que el riesgo de insolvencia de la cliente exigiera un interés remuneratorio a favor del concedente del crédito incorporado a la tarjeta del tenor del establecido.

Las anteriores circunstancias son plenamente aplicables al supuesto enjuiciado donde el tipo de interés pactado resulta ser superior al normal del dinero y al interés medio TAE según las tablas del Banco de España en la fecha en que se suscribió el contrato, (abril de 2010) y, siendo dicho dato objetivo, la práctica de cualquier prueba pericial resulta ser innecesaria.

Como apunta la SAP de Cantabria de 17-12-19, “La aplicación de tipo tan alto, y la diferencia que conlleva respecto a la media de los contratos de crédito al consumo, debe justificarse por la concurrencia en el caso particular de circunstancias especiales y no por el mero hecho estadístico de que todas las entidades mantengan unos tipos que superan con gran amplitud el estándar habitual en la financiación de actos de consumo”.

Ha de tenerse en cuenta que no concurren otras circunstancias que las relativas al carácter de crédito al consumo de la operación cuestionada, pues no se aprecia ninguna otra que pueda calificarse de excepcional ni que la entidad demandada asumiera un alto riesgo con la operación, ya que no se ha practicado prueba que evidencie tal circunstancia.

En consecuencia, ha de aplicarse el art. 1 de la Ley de Represión de la Usura, dado que no se ha demostrado concurra ninguna circunstancia, jurídicamente atendible, que justifique un interés tan notablemente elevado.

No se trata, como recuerda la SAP Madrid de 14-10-19, de comparar el interés fijado en el contrato con el de otras Entidades para operaciones similares, sino con los habituales en operaciones de crédito al consumo.

Es evidente que el crédito resultante de las compras realizadas con una tarjeta de crédito con pago aplazado es un préstamo al consumo concedido en condiciones de normalidad precisamente por tratarse de un negocio habitual.

Es más, para el cliente que opera con la tarjeta no resulta fácil conocer cuál es el coste económico real, y menos cuando se modifica durante la vida del negocio, pues no se refleja en los datos particulares del contrato, sino en un condicionado general de engorrosa y difícil lectura predispuesto para las diferentes modalidades de contratación ofrecidos al cliente.

No consta, pues, que el interés, ni la facultad de aumentarlo unilateralmente, se impusiera para cubrir un mayor riesgo de impago por las particulares condiciones del cliente, ni por otra circunstancia que objetivamente justificase que, para ese tipo de crédito al consumo, la acreedora impusiera un interés remuneratorio tan por encima del normal.

Como establece la sentencia 628/2015, de 25 de noviembre de la AP Asturias, a la que se remite la Sentencia de 24-04-2020 de esa Audiencia, no puede justificarse la fijación de un interés notablemente superior al normal del dinero por el riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, pues la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico.

Por tanto, la justificación de esa importante diferencia entre el tipo medio aplicado a las tarjetas de crédito y revolving no puede fundarse en esta circunstancia.

Han de tomarse además en consideración las circunstancias concurrentes en este tipo de operaciones de crédito, como son el público al que suelen ir destinadas, particulares que no pueden acceder a otros créditos menos gravosos, y las propias peculiaridades del crédito revolving, en que el límite del crédito se va recomponiendo constantemente, los intereses y comisiones devengados se capitalizan para devengar el interés remuneratorio y las cuantías de las cuotas no suelen ser muy elevadas, en comparación con la deuda pendiente, pero alargan muy considerablemente el tiempo durante el que el prestatario sigue pagando las cuotas, hasta el punto de que puede convertirle en un deudor «cautivo».

Dado que, además, no se ha demostrado que el contratante tuviera oportunidad real de conocer la carga económica de las condiciones del contrato, habida cuenta de la ilegibilidad del condicionado y de la falta de prueba de información previa, debe concluirse la nulidad de las condiciones que en el mismo se incorporan, pues se estipularon en clara contravención de los requisitos del art. 5.5 y 7 b) de la Ley 7/98, sobre condiciones generales de la contratación, bastando una mera inspección del mismo, ante un texto en letra mínima, y borrosa que lo hace inaccesible en su comprensión, para obtener tal conclusión, lo que no hace sino incidir en la apreciación de el prestatario sólo estará obligado a entregar la suma recibida.

Es por todo ello que la Demanda debe ser estimada, declarando la nulidad, por usurario, del contrato de tarjeta VISA CITIBANK que vinculaba a las partes, debiendo limitarse la obligación de la demandante a abonar, únicamente, el capital recibido y debiendo computarse como pagos al capital las cantidades abonadas en concepto de intereses, comisiones de reclamación y cuotas de seguros asociados a la tarjeta de crédito desde la fecha de suscripción del contrato hasta la última liquidación practicada que se encuentre pendiente de amortizar.

Asimismo, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Represión de la Usura, se condena a la demandada a entregar a la actora la cantidad abonada por la misma que supere el importe del capital prestado, más los intereses legales correspondientes desde la interposición de la demanda y hasta la fecha de la presente sentencia y, desde ésta y hasta el completo pago, los establecidos en el artículo 576 de la LEC, cantidad que se determinará en fase de ejecución de Sentencia.

CUARTO.- Se solicita, asimismo, por la parte actora, se declare la nulidad del seguro asociado a la tarjeta.

A este respecto debe tenerse en cuenta lo señalado por nuestros Tribunales, pudiendo ser citada la SAP Baleares de 25-02-2020 que señala:

“Finalmente, la parte actora denunciaba, como cláusula abusiva, la siguiente: «6.3.- Seguro de protección de pagos. A mi mandante mensualmente se le cobra un seguro de protección de pagos sin que el mismo haya sido solicitado, y por tanto de acuerdo con la jurisprudencia y la normativa aplicable, no corresponde su cobro por no corresponder a un servicio solicitado.

En efecto, la norma tercera 3 de la Circular 8/1990, de 7 de septiembre (RCL 1990, 1944) del Banco de España sostiene que:

«las comisiones y gastos repercutidos deben responder a servicios efectivamente prestados o gastos habidos. En ningún caso podrán cargarse comisiones o gastos por servicios no aceptados o solicitados en firme por el cliente«. En consecuencia, han de devolverse las cantidades abonadas en concepto de seguro de protección de pagos«.

Al respecto, la parte demandada exponía que, mal puede oponerse la adversa a tales pagos cuando ha disfrutado ya de la cobertura durante años, gracias al Seguro de Pagos Protegidos de la tarjeta de crédito contratado.

No obstante, y pese a tal alegación, en la consideración de la Sala no deja de ser cierto que, como denuncia la parte actora, no se le informó al contratar de la existencia de un contrato de seguro y de la prima que, por el mismo, debía devengarse.

De hecho, la lectura del Reglamento de la Tarjeta de Crédito Citi Visa/MasterCard suscrito por el actor, sitúa en el punto «1«, como » Valor de este Reglamento«, el hecho de contener «…las condiciones que van a regir el contrato de Tarjeta de Crédito Citi Visa/MasterCard», en calidad de oferta vinculante de Citibank España, S.A., sin que, sin embargo, en dicha oferta vinculante se disponga la obligación del cliente de contratar un seguro o de adherirse a él, y menos aún se establecen las condiciones de adhesión y las consecuencias derivables, en su caso, de la producción del evento objeto de cobertura.

Por lo que, como indica la actora, el Seguro de protección de pagos, cobrado mensualmente, no fue contratado en el documento de adhesión a la tarjeta, por lo que se trata de un concepto no susceptible de reclamación al cliente”.

En idéntico sentido, la SAP Pontevedra de 07-10-19 dispone: “Respecto al recurso interpuesto por la parte demandada, relativo a la reclamación por gastos de seguro, (prima de pagos protegidos), hay que indicar que en el contrato de 30 de agosto de 2007 no consta la contratación de seguro alguno.

La parte demandada manifiesta que el demandante se adhirió posteriormente a la Póliza Colectiva de Seguro de Pagos Protegidos suscrita entre ALICO y Citibank, pero tal extremo no ha sido probado.

En el contrato de 30 de agosto de 2007 se encuentra sin firmar el apartado correspondiente a la solicitud de adhesión al Seguro de Pagos Protegidos y tampoco se ha marcado la casilla que expresa «Sí deseo acogerme al Seguro de Pagos Protegidos», por lo que, al formalizar dicho documento, no contrató el seguro y la parte demandada, a la que incumbe con base en el artículo 217 LEC, no ha acreditado que se haya concertado el seguro posteriormente, ni en qué fecha.

El hecho de que durante años le hayan estado haciendo cargos por dicho concepto no implica una aceptación tácita de los mismos, ni constituyen actos propios. …Además, no resulta posible para el cliente poder valorar cuál es el coste real de la prima de seguro que debe abonar mensualmente”.

En el actual supuesto concurren todas las circunstancias tomadas en consideración por las Resoluciones citadas a efectos de declarar la nulidad del seguro de pagos protegidos de la tarjeta de crédito y ello por cuanto no consta que el mismo fuera suscrito de manera voluntaria y consciente por el demandante, por lo que procede declarar su nulidad.

No resulta de aplicación la doctrina de los propios actos que se invoca por el Banco, pues basta recordar que nos encontramos ante un supuesto de nulidad radical y absoluta, por lo que la misma carece de eficacia jurídica tal como ya ha venido señalando nuestros Tribunales de forma constante, (así, SAP Asturias de 11-11-19, entre otras).

QUINTO.- Estimada la Demanda presentada, procede condenar a la demandada al pago de las costas causadas conforme al criterio objetivo del vencimiento, (art. 394.1 LEC).

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación al caso,

FALLO

Que ESTIMANDO la Demanda formulada por D. XXXXXX, representado por la Procuradora de los Tribunales Dña. XXXXXX y dirigido por el Letrado D. XXXXXX, contra WIZINK BANK S.A., representado por la Procuradora de los Tribunales Dña. XXXXXX y dirigido por el Letrado D. XXXXXX, debo DECLARAR la nulidad del contrato de tarjeta, de fecha 14-04-10, que vinculaba a las partes, declarando, asimismo, la nulidad del seguro asociado a ésta, estando limitada la obligación del demandante a abonar, únicamente, el capital recibido y debiendo computarse como pagos al capital las cantidades abonadas en concepto de intereses, comisiones de reclamación y cuotas de seguro asociados a la tarjeta de crédito desde la fecha de suscripción del contrato hasta la última liquidación practicada que se encuentre pendiente de amortizar.

Asimismo, se CONDENA a la demandada a entregar al actor la cantidad abonada por el mismo que supere el importe del capital prestado, más los intereses legales correspondientes, cantidad que se determinará en fase de ejecución de Sentencia, todo ello con expresa imposición de las costas procesales causadas a la entidad demandada.

Así por esta mi Sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos originales, la pronuncio, mando y firmo.

Contra esta Sentencia cabe interponer recurso de apelación ante este Juzgado y para ante la Ilma Audiencia Provincial de Madrid, conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el plazo de veinte días.

PUBLICACIÓN.– La anterior Sentencia ha sido leída y publicada por la misma Magistrada-Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia que la dictó, estando celebrando Audiencia Pública en el mismo día. Doy fe.

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