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Wizink Bank condenada a anular un contrato de tarjeta de crédito usurero con una TAE del 26,82 %

Wizink Bank condenada a anular un contrato de tarjeta de crédito usurero con una TAE del 26,82 %

El Juzgado de Primera Instancia Nº 6 de San Cristóbal de La Laguna declara la nulidad de un contrato de tarjeta de crédito de Wizink Bank por aplicar un interés remuneratorio usurario del 26,82 % TAE.

El Letrado D. Francisco de Borja Virgós Santisteban ha sido el encargado de la defensa del presente litigio.

La parte actora, no fue conocedora de toda la información necesaria sobre el contrato litigante en el momento de la firma de éste puesto que, dada la documentación aportada, las condiciones generales no son legibles ni transparentes, por lo que no pueden tenerse por incorporadas.

Dicha falta de información precontractual es originadora y justificadora de la nulidad declarada del seguro por falta de transparencia, puesto que no supera el control de incorporación.

Asimismo, en el contrato de tarjeta de crédito Citi Classic suscrito en el año 2009 entre las partes, el interés remuneratorio estipulado fue del 26,82 % TAE, siendo el interés medio aplicado a los préstamos al consumo en la fecha del contrato del 9,28 %, por lo que el interés es notablemente superior al normal del dinero.

La entidad demandada no ha acreditado circunstancia alguna que justifique el excesivo interés remuneratorio, por lo que cabe concluir el carácter usurario del mismo.

La Magistrada-Juez, estimando íntegramente la demanda contra la entidad Wizink Bank, S.A., declara la nulidad del contrato de tarjeta de crédito suscrito por la demandante, de fecha 9 de julio de 2009, por existencia de usura en la condición general que establece el interés remuneratorio y condena a la demandada a abonar a la demandante la cantidad que exceda del total del capital que le haya prestado, tomando en cuenta el total de lo ya recibido por todos los conceptos cargados y percibidos al margen de dicho capital y que ya hayan sido abonados por la demandada, más intereses legales.

Se hace expresa imposición de las costas causadas a la parte demandada.

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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 6 DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA

Procedimiento: Procedimiento ordinario
Nº Procedimiento: 0001218/2019
Proc. origen: Procedimiento ordinario
Nº proc. origen: 0003139/2019-00
Materia: Sin especificar
Resolución: Sentencia 000119/2020

Demandante: Dña. XXXXXX
Abogado: D. XXXXXX
Procurador: Dña. XXXXXX

Demandado: Wizink Bank, S.A.
Abogado: D. XXXXXX
Procurador: Dña. XXXXXX

SENTENCIA

En San Cristóbal de La Laguna, a doce de junio de dos mil veinte.

Vistos por mí, Dña. XXXXXX, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia Nº Seis de los de esta ciudad y su partido judicial, los autos de Juicio Ordinario núm. 1.218/2019, seguidos a instancia de Dña. XXXXXX, representada por la Procuradora Dña. XXXXXX y asistida por el Letrado D. Francisco de Borja Virgós Santisteban, contra la entidad WIZINK BANK, S. A., representada por la Procuradora Dña. XXXXXX y asistida por el Letrado D. XXXXXX, que versan sobre nulidad de contrato de préstamo por usurario y subsidiariamente de no incorporación de cláusula incluida en el contrato sobre intereses nominales y TAE, y de nulidad por abusiva de la cláusula de comisión por reclamación de impagados, dicto la presente en base a los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.Por la representación de la parte actora se presentó demanda contra la referida demandada, basada en los hechos y fundamentos de Derecho que estimó pertinentes y consta en las presentes actuaciones, solicitando se dictase sentencia por la que:

1.- Declare que el prestatario tan solo estaba obligado a entregar al prestamista la suma recibida, sin intereses, y condene a la entidad demandada a restituir a la parte actora las cantidades que hubiera recibido en concepto de interés nominal, cantidad que se liquidará en ejecución de sentencia.

A tal cantidad habrán de añadirse los intereses legales devengados desde cada liquidación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.303 CC.

Más subsidiariamente, se declare que la cláusula por la que se impone un tipo de interés nominal del 24 % y 26,82 % TAE en el contrato de tarjeta de crédito “Wizink” suscrito entre la demandante y la entidad demandada, no se debe entender incorporada al contrato en virtud de los artículos 5 y 7 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, y en consecuencia, conforme al artículo 9 de la misma Ley, se condene a la entidad demandada a restituir las cantidades indebidamente pagadas en concepto de interés nominal, y que se determinarán en ejecución de sentencia.

A tal cantidad habrán de añadirse los intereses legales devengados desde cada liquidación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.303 CC.

2.- De acuerdo con los artículos 85 y 86 TRLGDCU, se declare que la cláusula del referido contrato de tarjeta de crédito por la que se impone una comisión por reclamación de cuota impagadas de 35 es nula por abusiva, por imponer una indemnización desproporcionadamente alta o, alternativamente, que la misma condición general se entienda no incorporada al contrato, conforme a los artículos 5 y 7 de la LCGC, y en consecuencia, condene a la entidad demandada a restituir a la parte actora las cantidades abonadas en concepto de comisiones por reclamación de posiciones deudoras, que se determinarán en ejecución de sentencia.

A tal cantidad habrán de añadirse los intereses legales devengados desde cada liquidación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.303 CC. Todo ello con expresa imposición de costas a la parte

SEGUNDO.Admitida a trámite la demanda, se emplazó a la parte demandada a fin que contestara la misma en tiempo y forma, presentando escrito de contestación a la demanda en el que se oponía a la misma, interesando su desestimación.

TERCERO.Ante la declaración del estado de alarma por RD 463/2020, de 14 de marzo, y sus sucesivas prórrogas, así como la situación sanitaria generada por el COVID-19, se puso de manifiesto a las partes la posibilidad de la NO celebración del acto de audiencia previa en caso de que no hubiera posibilidad de alcanzar un acuerdo y que la proposición de prueba que fueran a interesar sea únicamente la reproducción de la documentación incorporada con sus escritos de alegaciones.

Ambas partes presentaron escrito mostrando conformidad con la NO celebración del acto de audiencia previa, pasando las actuaciones para dictar sentencia.

CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales vigentes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.– Se basa la reclamación de la parte actora en el contrato suscrito en 2009, de tarjeta de crédito Citi Classic, con una disposición inicial de 309 euros, y distintas disposiciones posteriores de crédito por diferentes importes, con la aplicación de un TAE del 26,82 %; asimismo, se le vino aplicando una comisión por reclamación de impagados de 35 euros, encubriendo una penalización por demora.

Por la parte demandada se muestra oposición a la demanda manifestando que el contrato que vincula a las partes no es nulo de pleno derecho, habiendo sido prestado plenamente el consentimiento por la parte actora. Niega que los intereses remuneratorios pactados incumplan el control de transparencia y que sean usurarios.

SEGUNDO.Debemos tener en cuenta que el contrato objeto de autos se trata de un contrato de tarjeta de crédito, en concreto, contrato de tarjeta Citibank, que permite al consumidor obtener dinero en efectivo o el pago de bienes o servicios, mediante la concesión de crédito con un tope máximo de disposición, en este caso no consta, a la par que establece una forma de pago aplazado con una cuota porcentual del mismo según en las condiciones particulares pactadas.

En este caso, se aportó por la actora (y la demandada) el contrato de tarjeta celebrado el día 9 de julio de 2009, así como la parte demandada presenta un cuadro unilateral de saldo, los extractos de movimientos de la tarjeta, y dos informes periciales, aunque éstos últimos no elaborados expresamente para este procedimiento, en los que se realizan unas estimaciones de los tipos de interés.

La Sentencia del pleno del Tribunal Supremo de fecha 25 de noviembre de 2015, fijó doctrina jurisprudencial que se resume en los siguientes extremos:

«i) La normativa sobre cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores no permite el control del carácter «abusivo» del tipo de interés remuneratorio en tanto que la cláusula en que se establece tal interés regula un elemento esencial del contrato, como es el precio del servicio, siempre que cumpla el requisito de la expresión de la TAE es requisito imprescindible, aunque no suficiente por sí solo, para que la cláusula que establece el interés remuneratorio pueda ser considerada transparente.

ii) Para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del 1 de la Ley de Represión de la Usura, esto es, «que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», sin que sea exigible que, acumuladamente, se exija «que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales».

iii) Dado que conforme al art. 315, párrafo segundo, del Código de Comercio, «se reputará interés toda prestación pactada a favor del acreedor», el porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero no es el nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE), que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados.

iv) Para determinar si el préstamo, crédito u operación similar es usurario, el interés con el que ha de realizarse la comparación es el «normal del dinero». Para establecer lo que se considera «interés normal» puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas. No es correcto utilizar como término de comparación el interés legal del dinero.

v) La decisión de la Audiencia Provincial de considerar como «no excesivo» un interés que superaba ampliamente el índice fijado en la instancia como significativo del «interés normal del dinero» (el tipo medio de los créditos al consumo) no fue correcta, puesto que la cuestión no era tanto si ese interés es o no excesivo, como si es «notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», y una diferencia tan importante respecto del tipo medio tomado como referencia permite considerar el interés estipulado como «notablemente superior al normal del dinero».

vi) Corresponde al prestamista la carga de probar la concurrencia de circunstancias excepcionales que justifiquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo.

vii) No pueden considerarse como circunstancias excepcionales que justifiquen un interés notablemente superior al normal del dinero el riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico«.

En la reciente Sentencia del Pleno del Tribunal Supremo número 149/2020, de 4 de marzo de 2020, se evidencia que no fue objeto del recurso resuelto en aquélla sentencia de 2015, determinar si, en el caso de las tarjetas revolving, el término comparativo que ha de utilizarse como indicativo del «interés normal del dinero» es el interés medio correspondiente a una categoría determinada, de entre las que son publicadas en las estadísticas oficiales del Banco de España.

Pues bien, en ésta última sentencia de 4 de marzo de 2020 resuelve el Alto Tribunal que para determinar la referencia que ha de utilizarse como «interés normal del dinero» para realizar la comparación con el interés cuestionado en el litigio y valorar si el mismo es usurario, debe utilizarse «el tipo medio de interés, en el momento de celebración del contrato, correspondiente a la categoría a la que corresponda la operación crediticia cuestionada.

Y si existen categorías más específicas dentro de otras más amplias (como sucede actualmente con la de tarjetas de crédito y revolving, dentro de la categoría más amplia de operaciones de crédito al consumo), deberá utilizarse esa categoría más específica, con la que la operación crediticia cuestionada presenta más coincidencias (duración del crédito, importe, finalidad, medios a través de los cuáles el deudor puede disponer del crédito, garantías, facilidad de reclamación en caso de impago, etc.), pues esos rasgos comunes son determinantes del precio del crédito, esto es, de la TAE del interés remuneratorio».

A estos efectos, es significativo que actualmente el Banco de España, para calcular el tipo medio ponderado de las operaciones de crédito al consumo, no tenga en cuenta el de las tarjetas de crédito y revolving, que se encuentra en un apartado específico.

En el caso resuelto, el índice que debió ser tomado como referencia era el tipo medio aplicado a las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito y revolving publicado en las estadísticas oficiales del Banco de España, con las que más específicamente comparte características la operación de crédito objeto de la demanda.

En consecuencia, la TAE del 26,82% del crédito revolving, que en el momento de interposición de la demanda se había incrementado hasta el 27,24%, ha de compararse con el tipo medio de interés de las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito y revolving de las estadísticas del Banco de España, que, según se fijó en la instancia, era algo superior al 20%, por ser el tipo medio de las operaciones con las que más específicamente comparte características la operación de crédito objeto de la demanda.

No se ha alegado ni justificado que cuando se concertó el contrato el tipo de interés medio de esas operaciones fuera superior al tomado en cuenta en la instancia.

Al tratarse de un dato recogido en las estadísticas oficiales del Banco de España elaboradas con base en los datos que le son suministrados por las entidades sometidas a su supervisión, se evita que ese «interés normal del dinero» resulte fijado por la actuación de operadores fuera del control del supervisor que apliquen unos intereses claramente desorbitados.

En relación a la determinación de cuándo el interés de un crédito revolving es usurario por ser «notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», considera la STS que aunque al tener la demandante la condición de consumidora, el control de la estipulación que fija el interés remuneratorio puede realizarse también mediante los controles de incorporación y transparencia, propios del control de las condiciones generales en contratos celebrados con consumidores, ejercitada una acción de nulidad de la operación de crédito mediante tarjeta revolving por su carácter usurario, es de tener en cuenta que el extremo del art. 1 de la Ley de 23 julio 1908, de Represión de la Usura, que resulta relevante para la cuestión objeto de este recurso establece: «Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso […]».

A diferencia de otros países de nuestro entorno, donde el legislador ha intervenido fijando porcentajes o parámetros concretos para determinar a partir de qué tipo de interés debe considerarse que una operación de crédito tiene carácter usurario, en España la regulación de la usura se contiene en una ley que ha superado un siglo de vigencia y que utiliza conceptos claramente indeterminados como son los de interés «notablemente superior al normal del dinero» y «manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso».

Esta indeterminación obliga a los tribunales a realizar una labor de ponderación en la que, una vez fijado el índice de referencia con el que ha de realizarse la comparación, han de tomarse en consideración diversos elementos.

El tipo medio del que, en calidad de «interés normal del dinero», se parte para realizar la comparación (en el supuesto que se resuelve), algo superior al 20 % anual, es ya muy elevado.

Cuanto más elevado sea el índice a tomar como referencia en calidad de «interés normal del dinero», menos margen hay para incrementar el precio de la operación de crédito sin incurrir en usura.

De no seguirse este criterio, se daría el absurdo de que para que una operación de crédito revolving pudiera ser considerada usuraria, por ser el interés notablemente superior al normal del dinero y desproporcionado con las circunstancias del caso, el interés tendría que acercarse al 50 %.

Por tal razón, una diferencia tan apreciable como la que concurre en este caso entre el índice tomado como referencia en calidad de «interés normal del dinero» y el tipo de interés fijado en el contrato, ha de considerarse como «notablemente superior» a ese tipo utilizado como índice de referencia, a los efectos que aquí son relevantes.

Han de tomarse además en consideración otras circunstancias concurrentes en este tipo de operaciones de crédito, como son el público al que suelen ir destinadas, personas que por sus condiciones de solvencia y garantías disponibles no pueden acceder a otros créditos menos gravosos, y las propias peculiaridades del crédito revolving, en que el límite del crédito se va recomponiendo constantemente, las cuantías de las cuotas no suelen ser muy elevadas en comparación con la deuda pendiente y alargan muy considerablemente el tiempo durante el que el prestatario sigue pagando las cuotas con una elevada proporción correspondiente a intereses y poca amortización del capital, hasta el punto de que puede convertir al prestatario en un deudor «cautivo», y los intereses y comisiones devengados se capitalizan para devengar el interés remuneratorio.

«No puede justificarse la fijación de un interés notablemente superior al normal del dinero por el riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil (en ocasiones, añadimos ahora, mediante técnicas de comercialización agresivas) y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, pues la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico».

Por tanto, la justificación de esa importante diferencia entre el tipo medio aplicado a las tarjetas de crédito y revolving no puede fundarse en esta circunstancia.

TERCERO.- Tras la entrada en vigor de la Circular del Banco de España 1/2010, de 27 de enero, que modificó la Circular 4/2002, relativa a los tipos de interés aplicados por las entidades de crédito a los depósitos y a los créditos concedidos a hogares y sociedades no financieras, para adaptarla a las modificaciones que ha introducido el Reglamento (CE) 290/2009 del Banco Central Europeo, de 31 de marzo, el Banco de España diferencia entre los tipos de interés de las operaciones de créditos al consumo de las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito, y efectivamente, como señala en el capítulo 19 de su Boletín Estadístico de julio-agosto de 2010, los cambios de la nueva Circular afectan significativamente a los datos de «Crédito al consumo hasta un año«, que, a partir de los datos de junio de 2010, deja de incluir las operaciones de crédito mediante tarjeta de crédito.

Estas operaciones se proporcionarán próximamente por separado, una vez que se disponga de series representativas «….el que utiliza las mentadas resoluciones del Tribunal Supremo como índice para determinar el precio normal del dinero… es el interés medio ordinario en las operaciones de crédito al consumo.

En la práctica bancaria existe una tendencia a contratar a unos tipos remuneratorios notoriamente superiores a los que pueden considerarse como normales en operaciones de crédito al consumo, debiendo acreditarse la concurrencia de una especial circunstancia que los justifique.

El Tribunal Supremo expresamente ha señalado que ello puede venir justificado «con las circunstancias del caso», pero, tal como señaló el Alto Tribunal, estas circunstancias deben ser acreditadas por la entidad crediticia, y si bien tales circunstancias, implicar la concesión de crédito con un mayor riesgo para el prestamista al ser menores las garantías concertadas, aun cuando ello «puede justificar, desde el punto de vista de la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, un interés superior al que puede considerarse normal o medio en el mercado, como puede suceder en operaciones de crédito al consumo, no puede justificarse una elevación del tipo de interés tan desproporcionado en operaciones de financiación al consumo como la que ha tenido lugar en el caso objeto de este procedimiento, sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico«.

A partir de tales postulados, en el caso de autos no cuestionándose, que los intereses remuneratorios tienen un TAE del 26,82 %, siendo el interés medio aplicado a los préstamos al consumo a la fecha de celebración del contrato en cuestión del 9,28 %, no cabe duda que exceden notoriamente de los tipos medios de préstamos al consumo, sin que la entidad demandada haya acreditado circunstancia alguna justificativa del exceso, de modo que conforme a la mentada doctrina, no cabe otra cosa que concluir su carácter usurario, con la consiguiente estimación del punto primero del suplico de la demanda y con los efectos previstos en el art. 3 de la Ley de Represión de la Usura, sin que a tales efectos tenga incidencia alguna el que la demandada pudiera renunciar (aunque no lo hace en su contestación a la demanda) a la reclamación de comisiones de todo tipo aplicadas al contrato y gastos de seguro, que, en cualquier caso debe considerarse que tienen carácter abusivo.

Del examen de la documentación aportada a autos resulta que las condiciones generales no son legibles ni transparentes, por lo que no pueden tenerse por incorporadas las que perjudican al consumidor, que además varias de ellas son nulas por abusivas, como son, como se ha dicho, las relativas a comisiones y el seguro, máxime en este caso que no consta suscrito por la parte demandante y/o no consta que la cliente consumidora tuviera noticia acabada y segura del contenido de las cláusulas que iban a conformar los productos contratados; por tanto, las condiciones esenciales del mismo, y nada de eso prueba el Banco demandado, pese a sus alegaciones, no aportando documento alguno ex ante o simultáneo a la contratación, ni probanza testifical alguna, demostrativos de que el consumidor tuvo oportunidad real de conocer, de antemano, el contenido de dichas cláusulas, declaradas nulas por no superar tales controles de incorporación y transparencia.

Dicha falta de información precontractual es originadora y justificadora de la nulidad declarada del seguro de Pagos protegidos por falta de transparencia.

En consecuencia dado que el contratante no tuvo oportunidad real de conocer la carga económica de las condiciones declaradas nulas, dada la ilegibilidad del condicionado y de la falta de prueba de información previa, la nulidad se deriva de la no superación del control de incorporación, pues el clausulado del contrato, por lo dicho, resulta ilegible en base a los mencionados artículos 5 y 7 de la Ley 7/1998, sobre Condiciones Generales de la Contratación.

Y tampoco en la contratación del seguro de Pagos protegidos, dada la relevancia que cobra la manera en que se produjo la contratación: rellenando unos datos y marcando una casilla, y sin que se demuestre la prestación de una verdadera información precontractual que le permitiera a la consumidora demandante tomar una decisión fundada y sosegada sobre el mismo.

Por todo ello la parte demandante no tendría otra obligación que devolver el capital o, en el mejor de los casos, el capital con los intereses remuneratorios reclamados, pero siendo éstos considerados usurarios, y resultar estimada la demanda, Dña. XXXXXX solo vendría obligada a abonar a la entidad demandada la suma dispuesta en concepto de capital, debiendo reintegrarle ésta a aquélla todas las cantidades que haya percibido por todos los conceptos que excedan de la cifra del capital dispuesto por todos los conceptos.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que partiendo del total de lo ya recibido por todos los conceptos cargados y percibidos al margen del capital por la demandada, y que ya hayan sido abonados por la parte demandante, con ocasión del citado contrato, especialmente las cantidades cobradas por los conceptos de comisión por disposición de efectivo, intereses, comisión por reclamación de cuota impagada, y cuotas de seguros asociados a la tarjeta de crédito, y aunque no se concrete la cantidad líquida que se reclama, la misma se puede calcular con una simple operación aritmética, pues, con la consiguiente obligación del demandante de devolver únicamente el capital dispuesto, debe la demandada reintegrarle, en su caso, todas aquellas cantidades que hayan excedido del capital prestado, bastando pues, como se ha indicado, de una simple operación aritmética para fijar el capital dispuesto que es el que ha de devolver la actora, así como el resto de cantidades que ha abonado la demandante, que será el que debe reintegrar la demandada, lo que se llevará a efecto en ejecución de sentencia, al quedar claramente fijadas las bases para calcular su importe conforme a lo dispuesto en el artículo 219 de la LE Civil.

Dicho precepto permite fijar el importe de la condena en función del establecimiento de unas bases claras y precisas que consistan en una simple operación aritmética, que es precisamente lo que ocurre en este caso.

Por otro lado, el establecimiento de bases de liquidación en lugar de la fijación del importe exacto de la condena resulta justificado además en el caso, teniendo en cuenta que el contrato de crédito ha continuado produciendo sus efectos y lo continuará haciendo hasta que el pronunciamiento anulatorio alcance firmeza.

Por tanto, estimada la demanda, debe declararse la nulidad del contrato de tarjeta de crédito suscrito por la parte actora con la demandada objeto de los presentes autos, con la consiguiente obligación de la parte demandante de abonar únicamente el capital dispuesto, debiendo la demandada reintegrarle, en su caso, todas aquellas cantidades que hayan excedido del capital prestado y que se calcularán en ejecución de sentencia.

CUARTO.- Según el artículo 394 de la LEC, al resultar estimada íntegramente la demanda procede imponer la totalidad de las costas causadas en el presente procedimiento a la parte demandada.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación al caso

FALLO

Que estimando íntegramente la demanda promovida por Dña. XXXXXX, representada por la Procuradora Dña. XXXXXX, contra la entidad WIZINK BANK, S.A., representada por la Procuradora Dña. XXXXXX:

1.- Declaro la nulidad del contrato de tarjeta de crédito suscrito por la demandante, de fecha 9 de julio de 2009, por existencia de usura en la condición general que establece el interés remuneratorio.

2.- Como consecuencia de lo anterior, condeno a la demandada a abonar a la demandante la cantidad que exceda del total del capital que le haya prestado, tomando en cuenta el total de lo ya recibido por todos los conceptos cargados y percibidos al margen de dicho capital y que ya hayan sido abonados por la demandada, con ocasión del citado contrato o documento, especialmente las cantidades cobradas por los conceptos de comisión por disposición de efectivo, intereses, comisión por reclamación de cuota impagada y cuotas de seguros asociados a la línea de crédito, según se determine en ejecución de sentencia, más intereses legales.

3.- Todo ello con expresa imposición de las costas causadas a la parte demandada.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella cabe preparar, ante este Juzgado y para ante la Audiencia Provincial, recurso de apelación en el plazo de veinte días desde la notificación de esta resolución, previa constitución de depósito, de conformidad con la Disposición Adicional Décimoquinta, de la LOPJ, conforme redacción de la LO 1/2009, de 3 de Noviembre.

Así, por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos, la pronuncio, mando y firmo.

LA MAGISTRADA-JUEZ

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