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Hucha de reclamaciones de EZ

Usuario de EZ anula una tarjeta Aurora Cetelem con una TAE del 21,20 %

Usuario de EZ anula una tarjeta Aurora Cetelem con una TAE del 21,20 %

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 7 de Puerto del Rosario declara nulo el contrato de una tarjeta Aurora Cetelem por aplicar una TAE del 21,20 %, un tipo de interés casi trece puntos por encima de la TAE media de esa época para los préstamos al consumo y cinco veces superior al normal del dinero. Además, condena a la entidad al pago de las costas procesales causadas en el procedimiento.

El propietario de la tarjeta Aurora Cetelem (un usuario de EZ), tras presentar la correspondiente reclamación ante el SAC de la entidad y recibir por parte de ésta respuesta negativa a su solicitud de nulidad del contrato de la tarjeta Aurora Cetelem, fue derivado por EZ a uno de nuestros Despachos de Abogados expertos en la materia. El asunto fue dirigido y presentando ante los Tribunales de Justicia por el Letrado Miguel Ángel Correderas García, el cual es especialista, entre otras materias, en la nulidad de contratos de tarjeta de crédito, préstamos rápidos y líneas de crédito que aplican intereses usurarios.

La parte demandada intentó dejar sin efecto la demanda argumentando la prescripción de la acción ejercida y que el interés aplicado en la tarjeta Aurora Cetelem no era de usura, intentando también acogerse a la doctrina de la buena fe y de los actos propios. Argumentos que ya se encontraban desmontados uno por uno de forma previa en la demanda presentada por el Letrado y que, posteriormente, son tumbados también por parte del Juez a lo largo de la sentencia, dejando claro que sí ha existido usura, que no existe prescripción alguna (la nulidad es radical, absoluta y originaria, que no admite convalidación confirmatoria, porque es fatalmente insubsanable, ni es susceptible de prescripción extintiva) y que, por supuesto, no cabe opción alguna de poder acogerse a la doctrina de la buena fe y de los actos propios.

Las consecuancias de la nulidad del contrato de la tarjeta Aurora Cetelem son que la entidad deberá devolver al demandante todo el dinero pagado de más sobre el capital efectivamente prestado, esto es, todos los intereses, comisiones por impago o servicio de cajero, cuotas anuales y seguros de protección de pagos abonados durante la vida de la tarjeta Aurora Cetelem. Dando como resultado en este caso concreto, que Cetelem haya tenido que devolver al usuario un total de 743,40 €. Por último y no menos relevante, como la entidad fue condenada al pago de las costas procesales, dicha cuantía sirvió como pago de los honorarios del Letrado defensor del usuario, algo que permitió que éste recibiera de forma íntegra todo el dinero recuperado de la tarjeta Aurora Cetelem usuraria.

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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 7

Procedimiento: Procedimiento ordinario
Nº Procedimiento: 0000231/2018
Materia: Sin especificar
Resolución: Sentencia 000047/2019

Demandante: XXXXXX

Abogado: Miguel Ángel Correderas García

Procurador: XXXXXX

Demandado: Banco Celetem S.A.

SENTENCIA

En Puerto del Rosario a 3 de julio de 2019

XXXXXX, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 7 de Puerto del Rosario de Fuerteventura (Las Palmas) y su partido, habiendo visto los presentes autos de J. Ordinario nº 231/18 seguidos en este Juzgado a instancia de D. XXXXXX representado por el Procurador Sr. XXXXXX y asistido por el Letrado Sr. Correderas García, contra la mercantil BANCO CETELEM S.A. representada por la Procuradora Sra. XXXXXX y asistida por el Letrado Sr. XXXXXX, en ejercicio de acción de nulidad contractual, ha pronunciado en nombre de S.M. EL REY, la siguiente sentencia.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por el Procurador don XXXXXX, luego sustituido por el Procurador don XXXXXX en la representación indicada y mediante escrito que correspondió a este juzgado, se presentó el 18 de diciembre de 2018 demanda de juicio ordinario contra CETELEM S.A., en la que, tras establecer los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente, terminó suplicando se dicte sentencia por la que se declare la nulidad del contrato de línea de crédito de fecha 4 de octubre de 2000 por tipo de interés usurario y del contrato de seguro vinculado, en caso de haberse celebrado y se condene a la demandada a abonar al actor la cantidad por éste pagada, por todos los conceptos, que haya excedido del total del capital efectivamente prestado o dispuesto, más intereses legales y costas.

Y, subsidiariamente, nulidad de la cláusula de intereses remuneratorios y cláusula penal del 8% por vencimiento anticipado y demás cláusulas abusivas contenidas en el título por falta de incorporación y transparencia y por abusivas, con los efectos restitutorios que procedan, más intereses legales y costas.

Segundo.- Admitida a trámite la demanda, y siguiendo los trámites del juicio ordinario, se acordó emplazar a la parte demandada para que la contestara en el plazo de veinte días.

Por Diligencia de Ordenación de fecha 28 de marzo de 2019 se tuvo por contestada la demanda, convocándose a las partes a la celebración de la Audiencia Previa el día 20 de junio de 2019 en cuya fecha tuvo lugar.

En dicho acto se llevaron a cabo las actuaciones previstas legalmente, no llegándose a un acuerdo entre las partes, examinadas las cuestiones planteadas, fijados los hechos controvertidos, se propusieron por las partes los siguientes medidos de prueba, por la parte actora la documental por reproducida, más documental y testifical y por la demandada la documental por reproducida.

Resuelto el trámite de admisión de prueba en los términos que quedaron registrados, y siendo la única prueba la documental, se dio por concluido el acto de la audiencia previa y quedaron las actuaciones pendientes de dictar sentencia.

Tercero.- En la tramitación de este juicio se han seguido todos los trámites legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Por la parte actora se ejercita acción de nulidad de un contrato de línea de crédito (revolving), por interés remuneratorio usurario y, subsidiariamente, nulidad de condiciones generales de la contratación por abusividad, por falta de incorporación y transparencia.

Alega, en síntesis, que en fecha 4 de octubre de 2000 suscribió con la entidad demandada un contrato de línea de crédito (revolving), para uso personal, en el que se estableció una Tasa Anual Equivalente (TAE) de 21,20 %, cobrando una prima de seguro no contratado, que dicho tipo de interés es usurario al superar la media del TAE en España y, subsidiariamente, lo considera abusivo por falta de transparencia, al resultar ilegible impidiendo al prestatario conocer la carga económica del producto contratado.

Frente a ello, CETELEM, S.A., alega que el TAE se negoció con el actor; que el 8 de abril de 2003 el actor saldó los importes pendientes y finalizó el contrato; que la acción ha caducado; que el interés no es usurario; que no existe abusividad por falta de incorporación ni de transparencia; alega la doctrina de la buena fe y de los actos propios.

Segundo.- Acreditado y/o admitido las partes suscribieron el 4 de octubre de 2000 un contrato de tarjeta de crédito “contrato de tarjeta Aurora”, no discutiéndose la condición de consumidor del actor ni que las cláusulas del contrato constituyan condiciones generales de la contratación, la cuestión controvertida se centra en determinar, en primer lugar, si el interés establecido en el contrato es nulo, por usurario.

Si bien, con carácter previo, se alega la caducidad de la acción bajo la premisa de que el contrato finalizó en el año 2003.

De la documental aportada por la parte actora como doc. nº 2 (extracto de movimientos de la línea de crédito) y doc. nº 3 (información remitida por el Banco sobre el estado de la línea de crédito) se constata que el actor en abril de 2003 saldó el importe adeudado y en la actualidad continúa con la línea de crédito disponible.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que en los casos de nulidad absoluta o radical la acción es imprescriptible (SSTS de 21 de enero de 2003, RJ 563; 24 de abril de 2013, RJ 3692; 19 de noviembre de 2015, RJ 5501; 6 de octubre de 2016, RJ 4756) y la acción de nulidad de contrato de préstamo por usurario es un supuesto de nulidad absoluta, resulta inexistente en derecho y no puede convalidarse con el transcurso del tiempo al ser imprescriptible.

El Alto Tribunal en sentencia de 25.11.2015, establece que es una nulidad «radical, absoluta y originaria, que no admite convalidación confirmatoria, porque es fatalmente insubsanable, ni es susceptible de prescripción extintiva».

Tercero.- Pretende la parte actora la nulidad del contrato de tarjeta de crédito suscrito el 4 de octubre de 2000, al considerar que el TAE establecido en el mismo, del 21,20 % resulta usurario.

Sobre el carácter usurario del interés remuneratorio en este tipo de contratos, hay que estar a la Sentencia del Pleno del Tribunal supremo número 628/2015, de 25 de noviembre (Roj: STS 4810/2015 – ECLI:ES:TS:2015:4810), que recoge en su fundamento de derecho tercero lo siguiente:

“TERCERO.- Decisión de la Sala. Carácter usurario del crédito «revolving» concedido al consumidor demandado.

1.- Se plantea en el recurso la cuestión del carácter usurario de un «crédito revolving» concedido por una entidad financiera a un consumidor a un tipo de interés remuneratorio del 24,6 % TAE.

El recurrente invoca como infringido el primer párrafo del art. 1 de la Ley de 23 julio 1908 de Represión de la Usura, que establece: «[s]erá nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales».

Aunque en el caso objeto del recurso no se trataba propiamente de un contrato de préstamo, sino de un crédito del que el consumidor podía disponer mediante llamadas telefónicas, para que se realizaran ingresos en su cuenta bancaria, o mediante el uso de una tarjeta expedida por la entidad financiera, le es de aplicación dicha ley, y en concreto su art. 1, puesto que el art. 9 establece: «[l]o dispuesto por esta Ley se aplicará a toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualesquiera que sean la forma que revista el contrato y la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido».

La flexibilidad de la regulación contenida en la Ley de Represión de la Usura ha permitido que la jurisprudencia haya ido adaptando su aplicación a las diversas circunstancias sociales y económicas. En el caso objeto del recurso, la citada normativa ha de ser aplicada a una operación crediticia que, por sus características, puede ser encuadrada en el ámbito del crédito al consumo.

2.- El art. 315 del Código de Comercio establece el principio de libertad de la tasa de interés, que en el ámbito reglamentario desarrollaron la Orden Ministerial de 17 de enero de 1981, vigente cuando se concertó el contrato entre las partes, y actualmente el art. 4.1 Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.

Mientras que el interés de demora fijado en una cláusula no negociada en un contrato concertado con un consumidor puede ser objeto de control de contenido y ser declarado abusivo si supone una indemnización desproporcionadamente alta al consumidor que no cumpla con sus obligaciones, como declaramos en las sentencias núm. 265/2015, de 22 de abril, y 469/2015, de 8 de septiembre, la normativa sobre cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores no permite el control del carácter «abusivo» del tipo de interés remuneratorio en tanto que la cláusula en que se establece tal interés regula un elemento esencial del contrato, como es el precio del servicio, siempre que cumpla el requisito de transparencia, que es fundamental para asegurar, en primer lugar, que la prestación del consentimiento se ha realizado por el consumidor con pleno conocimiento de la carga onerosa que la concertación de la operación de crédito le supone y, en segundo lugar, que ha podido comparar las distintas ofertas de las entidades de crédito para elegir, entre ellas, la que le resulta más favorable.

En este marco, la Ley de Represión de la Usura se configura como un límite a la autonomía negocial del art. 1255 del Código Civil aplicable a los préstamos, y, en general, a cualesquiera operación de crédito «sustancialmente equivalente» al préstamo. Así lo ha declarado esta Sala en anteriores sentencias, como las núm. 406/2012, de 18 de junio, 113/2013, de 22 de febrero, y 677/2014, de 2 de diciembre.

3.- A partir de los primeros años cuarenta, la jurisprudencia de esta Sala volvió a la línea jurisprudencial inmediatamente posterior a la promulgación de la Ley de Represión de la Usura, en el sentido de no exigir que, para que un préstamo pudiera considerarse usurario, concurrieran todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el art. 1 de la ley.

Por tanto, y en lo que al caso objeto del recurso interesa, para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la ley, esto es, «que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», sin que sea exigible que, acumuladamente, se exija «que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales».

Cuando en las sentencias núm. 406/2012, de 18 de junio, y 677/2014 de 2 de diciembre, exponíamos los criterios de «unidad» y «sistematización» que debían informar la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, nos referíamos a que la ineficacia a que daba lugar el carácter usurario del préstamo tenía el mismo alcance y naturaleza en cualquiera de los supuestos en que el préstamo puede ser calificado de usurario, que se proyecta unitariamente sobre la validez misma del contrato celebrado.

Pero no se retornaba a una jurisprudencia dejada atrás hace más de setenta años, que exigía, para que el préstamo pudiera ser considerado usurario, la concurrencia de todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el párrafo primero del art. 1 de la Ley.

4.- El recurrente considera que el crédito «revolving» que le fue concedido por Banco Sygma entra dentro de la previsión del primer inciso del art. 1 de la Ley de Represión de la Usura en cuanto que establece un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado en relación con las circunstancias del caso.

La Sala considera que la sentencia recurrida infringe el art. 1 de la Ley de Represión de la Usura por cuanto que la operación de crédito litigiosa debe considerarse usuraria, pues concurren los dos requisitos legales mencionados.

El interés remuneratorio estipulado fue del 24,6% TAE. Dado que conforme al art. 315, párrafo segundo, del Código de Comercio, «se reputará interés toda prestación pactada a favor del acreedor», el porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero no es el nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE), que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados.

Este extremo es imprescindible (aunque no suficiente por sí solo) para que la cláusula que establece el interés remuneratorio pueda ser considerada transparente, pues no solo permite conocer de un modo más claro la carga onerosa que para el prestatario o acreditado supone realmente la operación, sino que además permite una comparación fiable con los préstamos ofertados por la competencia.

El interés con el que ha de realizarse la comparación es el «normal del dinero». No se trata, por tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés «normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia» (sentencia núm. 869/2001, de 2 de octubre).

Para establecer lo que se considera «interés normal» puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.).

Esa obligación informativa de las entidades tiene su origen en el artículo 5.1 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (BCE), que recoge la obligación de este último, asistido por los bancos centrales nacionales, de recopilar la información estadística necesaria través de los agentes económicos.

Para ello, el BCE adoptó el Reglamento (CE) nº 63/2002, de 20 de diciembre de 2001, sobre estadísticas de los tipos de interés que las instituciones financieras monetarias aplican a los depósitos y a los préstamos frente a los hogares y a las sociedades no financieras; y a partir de ahí, el Banco de España, a través de su Circular 4/2002, de 25 de junio, dio el obligado cumplimiento al contenido del Reglamento, con objeto de poder obtener de las entidades de crédito la información solicitada.

En el supuesto objeto del recurso, la sentencia recurrida fijó como hecho acreditado que el interés del 24,6% TAE apenas superaba el doble del interés medio ordinario en las operaciones de crédito al consumo de la época en que se concertó el contrato, lo que, considera, no puede tacharse de excesivo.

La cuestión no es tanto si es o no excesivo, como si es «notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», y esta Sala considera que una diferencia de esa envergadura entre el TAE fijado en la operación y el interés medio de los préstamos al consumo en la fecha en que fue concertado permite considerar el interés estipulado como «notablemente superior al normal del dinero».

5.- Para que el préstamo pueda ser considerado usurario es necesario que, además de ser notablemente superior al normal del dinero, el interés estipulado sea «manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso».

En principio, dado que la normalidad no precisa de especial prueba mientras que es la excepcionalidad la que necesita ser alegada y probada, en el supuesto enjuiciado no concurren otras circunstancias que las relativas al carácter de crédito al consumo de la operación cuestionada.

La entidad financiera que concedió el crédito «revolving» no ha justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo.

Generalmente, las circunstancias excepcionales que pueden justificar un tipo de interés anormalmente alto están relacionadas con el riesgo de la operación. Cuando el prestatario va a utilizar el dinero obtenido en el préstamo en una operación especialmente lucrativa pero de alto riesgo, está justificado que quien le financia, al igual que participa del riesgo, participe también de los altos beneficios esperados mediante la fijación de un interés notablemente superior al normal.

Aunque las circunstancias concretas de un determinado préstamo, entre las que se encuentran el mayor riesgo para el prestamista que pueda derivarse de ser menores las garantías concertadas, puede justificar, desde el punto de vista de la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, un interés superior al que puede considerarse normal o medio en el mercado, como puede suceder en operaciones de crédito al consumo, no puede justificarse una elevación del tipo de interés tan desproporcionado en operaciones de financiación al consumo como la que ha tenido lugar en el caso objeto del recurso, sobre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico.

6.- Lo expuesto determina que se haya producido una infracción del art. 1 de la Ley de Represión de la Usura, al no haber considerado usurario el crédito «revolving» en el que se estipuló un interés notablemente superior al normal del dinero en la fecha en que fue concertado el contrato, sin que concurra ninguna circunstancia jurídicamente atendible que justifique un interés tan notablemente elevado.”.

Proyectada la anterior doctrina al supuesto ahora examinado resulta que en el contrato aportado como doc. nº 1 de la demanda se indica un importe de línea de crédito de 100.000 ptas; importe mensualidad: 5.000 ptas (5 % de la línea de crédito) y un TAE: 21,2 %.

Pues bien, según la tabla de tipos de interés aplicados por las entidades de crédito (publicada por el Banco de España desde el año 2003), los intereses de préstamos al consumo han oscilado a lo largo del 2003 entre un TAE 8,91 % el primer mes y un 8,62 el último mes, y en al año 2000, fecha de suscripción de la línea de crédito, el interés legal era de un 4,25 % y el de demora del 6,375 %; en el mes de abril de 2003, cuando se estableció el saldo deudor, el TAE era de 8,58 % (doc. nº 4 de la demanda).

De éste modo comparando el tipo medio de los intereses en operaciones de consumo, en el año 2003 cuando se estableció el saldo deudor, ha de concluirse que el TAE fijado en el 21,20 % era notablemente superior al mismo (casi trece puntos por encima y superior en 5 veces el normal del dinero), y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso, toda vez que la entidad demandada no ha acreditado la existencia de circunstancias excepcionales que justificasen el establecimiento de un interés tan alto.

En consecuencia, ha de concluirse que el interés remuneratorio establecido en el contrato de tarjeta de crédito de 4 de octubre de 2000 es usurario.

Como razona la Sentencia de la AP de Oviedo de 25 de enero de 2016:
“No puede olvidarse que por un lado el pequeño importe implica una limitación del riesgo a cargo del financiador, pues con cada cliente asume un pequeño riesgo de impago en relación a la cantidad dispuesta por el mismo, de forma que por las propias condiciones pactadas se asegura la recuperación del capital entregado y una alta rentabilidad.

Por otro lado, tampoco puede no tomarse en consideración el hecho de que es la propia entidad de crédito la que decide, en aras al desarrollo de su negocio con la mayor extensión posible, limitar las garantías que exige al consumidor que brillan por su ausencia.

Es por tanto un riesgo que asume libremente la financiera, y que incluso crea ella misma como consecuencia del tipo de publicidad y ofertas que realiza y por su decisión de no exigir garantía alguna a los consumidores destinatarios de tal oferta, por lo que carece de sentido que esta situación en la que participa directamente la financiera apelante le beneficie a la hora de la comparación de los intereses para su aplicación como usurarios.».

Y como dice la SAP Madrid (Secc. 20ª) de 30-12-2016 el riesgo que comportan operaciones como las que se derivan de la utilización de tarjetas de crédito no puede, por sí solo, justificar el establecimiento de un elevado tipo de interés.

En cuanto al parámetro de comparación a efectos de valorar el carácter usurario o no del interés remuneratorio pactado, entiende la parte demandada que no son los préstamos al consumo, sino el interés medio aplicado en el mercado de las tarjetas de crédito y éste argumento debe rechazarse por cuanto la citada sentencia de Pleno del TS sienta como doctrina a este respecto que esa comparación ha de realizarse con el interés medio de los préstamos al consumo, razonando al respecto que «La cuestión no es tanto si es o no excesivo, como si es «notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso«.

Y éste es el criterio de la Audiencia Provincial de Las Palmas (entre otras, Sentencia de fecha 30-11-18) al entender que el interés medio de los créditos al consumo es el que sirve como referencia porque así lo ha señalado el Tribunal Supremo en sentencia de 25 de noviembre de 2015, y es el seguido por otras muchas Audiencias, con cita Sentencia de 21 de diciembre de 2017 de la Audiencia Provincial de Asturias cuando razona: “Ahora bien, no es este el tipo comparativo, el que las entidades financieras aplican a las operaciones crediticias mediante tarjetas de crédito, el que utiliza la mentada resolución del Tribunal Supremo como índice para determinar el precio normal del dinero, sino que parte del interés medio ordinario en las operaciones de crédito al consumo.

Este es el criterio que ha venido siguiendo esta Audiencia Provincial ante tales alegaciones (así sentencias de la Sección 4ª de 29 de septiembre de 2017, de la 5ª del 16 de octubre de 2017 o de la 6ª del 06 de octubre de 2017, o esta misma Sala en sus sentencias de 30 de marzo y 8 de junio de 2017, y es que una cosa es el interés normal del dinero, del que debe partirse para realizar la comparación, y otra distinta es que diversas circunstancias puedan justificar que se supere ese interés normal.

Es cierto que estadísticamente dichos índices a los que alude la apelada ponen de manifiesto que en la práctica bancaria existe una tendencia a contratar a unos tipos remuneratorios notoriamente superiores a los que pueden considerarse como normales en operaciones de crédito al consumo, más como señala la citada sentencia de la Sección 5ª «la práctica habitual disponiendo un interés remuneratorio muy superior a otros medios de financiación no puede servir de sustento y justificación bastante, sino que, a partir de la constatación de que ese interés es notablemente superior al normal en la financiación del consumo, para soslayar la reprobación de aquella Norma y sus efectos debería acreditarse la concurrencia de una especial circunstancia que los justifique».

El propio Tribunal Supremo expresamente ha señalado que ello puede venir justificado «con las circunstancias del caso», pero, tal como señaló el Alto Tribunal, estas circunstancias deben ser acreditadas por la demandada, y si bien tales circunstancias, implica la concesión de crédito con un mayor riesgo para el prestamista al ser menores las garantías concertadas, aún cuando ello «puede justificar, desde el punto de vista de la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, un interés superior al que puede considerarse normal o medio en el mercado, como puede suceder en operaciones de crédito al consumo, no puede justificarse una elevación del tipo de interés tan desproporcionado en operaciones de financiación al consumo como la que ha tenido lugar en el caso objeto del recurso, sobre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico».

Cuarto.- Consecuencias del carácter usurario del crédito

En cuanto a las consecuencias derivadas de tal declaración, hay que estar nuevamente a la sentencia del Pleno del Tribunal supremo número 628/2015, de 25 de noviembre, cuyo fundamento de derecho cuarto recoge:

“CUARTO.- Consecuencias del carácter usurario del crédito.

1.- El carácter usurario del crédito «revolving» concedido por Banco Sygma al demandado conlleva su nulidad, que ha sido calificada por esta Sala como « radical, absoluta y originaria, que no admite convalidación confirmatoria, porque es fatalmente insubsanable, ni es susceptible de prescripción extintiva» sentencia núm. 539/2009, de 14 de julio.

2.- Las consecuencias de dicha nulidad son las previstas en el art. 3 de la Ley de Represión de la Usura, esto es, el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida.

En el caso objeto del recurso, el demandado ha abonado a la demandante una cantidad superior a la que recibió, por lo que la demanda ha de ser completamente desestimada.

La falta de formulación de reconvención impide aplicar la previsión de la segunda parte del precepto, según el cual, si el prestatario hubiera satisfecho parte de la suma percibida como principal y los intereses vencidos, el prestamista devolverá al prestatario lo que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del capital prestado.

3.- Al haber abonado el demandado una cantidad superior a la recibida de la demandante, no procede el devengo de intereses de demora, lo que excusa de entrar a resolver el segundo motivo del recurso, que plantea una cuestión que ya ha sido resuelta por la jurisprudencia de esta Sala (sentencias núm. 265/2015, de 22 de abril , y 469/2015, de 8 de septiembre).”.

De este modo, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Represión de la Usura, declarado el carácter usurario del crédito, la consecuencia de ello es la nulidad del contrato, nulidad que tiene carácter de radical, absoluta y originaria.

Como consecuencia de dicha declaración de nulidad, el demandado únicamente estaría obligado a devolver el capital prestado, de modo que la demandada prestamista deberá devolver al actor prestatario la suma que exceda del capital o principal dispuesto, debiendo realizarse nueva liquidación de la deuda que excluyalos intereses remuneratorios y comisiones ya abonadas por el prestatario.

Se incluye en tal devolución la cantidad correspondiente a la prima por el seguro contratado por el actor, ligado tal seguro como accesorio anexo al contrato de préstamo declarado nulo y afecto también por la declaración de nulidad.

La exacta determinación de la cantidad a devolver se hará, en su caso, en ejecución de sentencia; dicha cantidad se incrementará con los intereses legales ex art. 1108 CC y 576 LEC.

Quinto.- Por último, no resulta aplicable al presente caso la doctrina de los actos propios y la del retraso desleal, ya que si bien se plantea la reclamación 18 años después de comenzar su vigencia, debe reproducirse lo que la Audiencia Provincial de Asturias, ha dicho para este tipo de supuestos, por ejemplo en Sentencia núm. 372/2017 de 6 de noviembre: “En cuanto a la aplicación de la doctrina de los actos propios o retraso desleal, hay que decir que si bien es verdad que el contrato data de unos diez años, no es menos evidente que las cuestiones atinentes al derecho de consumo han ido tomando cuerpo en la doctrina y jurisprudencia con carácter más o menos reciente.

Esta sola circunstancia implicaría el rechazo de tales alegaciones, como igualmente tampoco se puede hablar de confirmación negocial, ya que la misma es predicable de los negocios anulables (art. 1.310 del CC (LEG 1889, 27)), mas no de los radicalmente nulos, como es el caso”; “no debiendo olvidar que reclamaciones como la de autos han surgido a raíz de la S. del TS de 9-5-2013 (RJ 2013, 3088), lo que apunta la STS de 23-12-2015(RJ 2015, 5714).». En el presente caso ha sido determinante la sentencia de 25 de noviembre de 2.015 del Tribunal Supremo.

Sexto.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil procede imponer a la parte demandada el pago de las costas procesales causadas.

En su virtud, vistos los preceptos legales citados y demás de aplicación,

FALLO

ESTIMO la demanda interpuesta por D. XXXXXX por medio de su procurador Sr. Coito Fontsere, contra la entidad mercantil BANCO CETELEM S.A., y, en consecuencia:

1.- DECLARO la nulidad radical del contrato de tarjeta de crédito -línea de crédito- suscrito entre las partes el 4 de octubre de 2000 y del contrato de seguro vinculado a dicho contrato.

2.- CONDENO a BANCO CETELEM, S.A. a reintegrar al actor la cantidad por éste pagada, por todos los conceptos, que haya excedido del capital efectivamente prestado o dispuesto, a determinar en ejecución de sentencia; la cantidad objeto de condena devengará los intereses legales correspondientes.

Todo ello, con imposición de las costas procesales causadas a la parte demandada.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que no es firme y que contra la misma cabe RECURSO DE APELACIÓN ante la Audiencia Provincial de Las Palmas (artículo 455 LEC).

El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado en este Juzgado
en el plazo de 20 días, expresando las alegaciones en que se fundamente la impugnación, además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna (artículo 458 LEC).

De conformidad con la Disposición Adicional decimoquinta de la LOPJ introducida por LO 1/2009, de 3 de noviembre, para la interposición del referido recurso de apelación será necesaria la previa constitución de un depósito de CINCUENTA EUROS (50 euros) que deberá ser consignado en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este órgano judicial, aportando constancia documental del mismo. No se admitirá a trámite el recurso si no se ha constituido el referido depósito.

Llévese el original al libro de sentencias.

Así lo acuerda, manda y firma, XXXXXX, juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 7 de Puerto del Rosario de Fuerteventura (Las Palmas).

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