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Hucha de reclamaciones de EZ

Cofidis condenada a devolver 3.944,68 € a una usuaria de EZ

Cofidis condenada a devolver 3.944,68 € a una usuaria de EZ

Un Juzgado de Primera Instancia de León condena a la nulidad de un contrato de crédito Cofidis por aplicar un tipo de interés remuneratorio usuario (24,51 % TAE), además de condenar a la entidad a asumir el pago de las costas procesales causadas en el procedimiento. 

La usuaria de EZ intentó de forma amistosa (extrajudicial) que la entidad accediese a la nulidad del contrato del crédito Cofidis, para ello se remitió al Servicio de Atención al Cliente de la entidad la correspondiente carta de reclamación, en la que, además de pedir la nulidad del crédito Cofidis por aplicar intereses usurarios, se solicitaba copia del contrato firmado y todos los extractos.

La respuesta que la usuaria recibió de la entidad fue negativa, por lo que seguidamente derivamos el expediente a uno de los Despachos de Abogados especializados que colaboran con EZ, en concreto el dirigido por la Letrada Azucena Natalia Rodríguez Picallo (Picallo Abogados).

La sentencia deja bien claro el carácter usuario del contrato del crédito Cofidis, puesto que la TAE media de los préstamos al consumo en el año en que se concertó el contrato era del 10,66 %, y por lo tanto, la que se aplicó en el crédito Cofidis (24,51 %) supera con creces el doble de dicha TAE, siendo por tanto usuraria.

Tras la Ejecución de Sentencia, en la que se calculó el importe que la demandante había pagado de más sobre el capital que realmente le había sido prestado (más los intereses legales desde la fecha de la interpelación judicial), éste quedó establecido en una cuantía de 3.944,68 €. Y como la entidad fue condenada también a asumir las costas procesales (que se destinaron al pago de los honorarios del Despacho), la cuantía íntegra recuperada fue para la usuaria de EZ.

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Si tienes, o has tenido (la usura no tiene prescripción) una línea de crédito Cofidis, un préstamo o una tarjeta de crédito con Codifis o con cualquier otra entidad financiera (Wizink, Caixabank, Banco Sabadell, Liberbank, etc.), o un préstamo rápido con Creditea, Vivus, Zaplo u otras entidades similares, es más que posible que te hayan aplicado intereses usuarios y puedas recuperar todo el dinero pagado que supere el que realmente te prestaron.

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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 LEÓN

SENTENCIA: 00041/2019

UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO
ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000742 /2018
Procedimiento origen: Sobre OTRAS MATERIAS

DEMANDANTE D/ña. XXXXXX

Procurador/a Sr/a. XXXXXX

Abogado/a Sr/a. AZUCENA NATALIA RODRÍGUEZ PICALLO

DEMANDADO D/ña. COFIDIS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Procurador/a Sr/a. XXXXXX

Abogado/a Sr/a. XXXXXX

SENTENCIA

En León, a veinticinco de abril de dos mil diecinueve.

Magistrada-Juez: XXXXXX, magistrada-juez titular de adscripción territorial con destino en León.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Procuradora de los Tribunales doña XXXXXX presentó en nombre y representación de doña XXXXXX, el 25 de julio de 2018, demanda de juicio ordinario solicitando que se dictase sentencia por la que se declarase la nulidad por usura del contrato de línea de crédito suscrito entre las partes con número XXXXXX (actualmente XXXXXX), el día 07 de julio de 2008, así como el contrato de seguro y se condene a la entidad demandada a restituir a doña XXXXXX la suma de las cantidades percibidas en la vida del crédito que excedan del capital prestado a la demandante, más los intereses legales devengados de dichas cantidades.

Con carácter subsidiario solicitó que se declarase la nulidad por abusiva de la cláusula de intereses remuneratorios del contrato de línea de crédito suscrito entre doña XXXXXX y la entidad demandada y se condene a la entidad demandada a restituir a doña XXXXXX la totalidad de los intereses remuneratorios abonados, más los intereses legales devengados de dichas cantidades y se condene, en todo caso, a la demandada al pago de las costas procesales.

Segundo.- El Procurador de los Tribunales don XXXXXX presentó el día 11 de diciembre de 2018, contestación a la demanda, en nombre de la entidad COFIDIS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA, solicitando que se desestimase la demandada absolviendo a la entidad demandada, con imposición de costas a la parte actora.

Se convocó a las partes el 07 de febrero de 2019 a la audiencia previa al juicio en la que no hubo acuerdo. Las partes se ratificaron ambas en sus escritos quedando fijados los hechos controvertidos. Las partes propusieron como prueba la documental y siendo una cuestión jurídica quedaron los autos vistos para dictar sentencia.

Tercero.- Se han observado todas las prescripciones legales a excepción del plazo para dictar sentencia, debido a la acumulación de asuntos pendientes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Pretensiones de las partes.

Solicita la parte demandante la nulidad del contrato de tarjeta de crédito suscrito entre las partes el 07 de julio de 2008, bajo la modalidad “revolving”, en su condición de consumidora y ajeno a la contratación financiera por su carácter usurario, con la anudada consecuencia legal de que la parte actora sólo estaría obligada a devolver el crédito efectivamente dispuesto, debiendo la parte demandada reintegrarle todos aquellas cantidades que hayan excedido del capital prestado, solicitando también la nulidad del contrato de seguro, subsidiariamente y para el caso de que no se entienda usurario el contrato de línea de crédito suscrito entre las partes, se solicitó que se declarase la nulidad de la cláusula relativa al interés remuneratorio por abusiva debiendo la demandada proceder a la devolución de todas las cantidades cobradas en su aplicación, con el interés legal desde que tuvo lugar cada cobro, con expresa imposición de las costas a la parte demandada en todos los supuestos.

En fecha 14 de noviembre de 2017 se remitió a la demandada reclamación extrajudicial en la que se solicitaba la nulidad del contrato, el 09 de enero de 2018 COFIDIS entrega a la parte actora la documentación solicitada pero no accede a la nulidad del contrato ni a la devolución de lo pagado.

Por su parte la demandada solicita la desestimación de la demanda por considerar la bondad del contrato suscrito no procediendo la nulidad solicitada.

Considera que la única finalidad de la demanda es deshacerse del contrato suscrito, a pesar de tratarse de un contrato válidamente suscrito, con total libertad por la parte actora, considerando la parte demandada que no es aplicable la ley de represión de la usura, por cuanto afecta a una parte esencial del contrato que es el precio, dado que esta sanción únicamente está prevista para aquellas operaciones de créditos que supongan un abuso inmoral, especialmente grave y reprochable o que exploten una determinada situación subjetiva de la contratación y en el caso concreto considera la parte que no concurren estas circunstancias.

Además, en cuanto a la abusividad de la cláusula de intereses remuneratorios y la usura del citado contrato por esta razón considera que con dicho porcentaje 24,51 % (TAE) no se puede hablar de interés notablemente superior al normal del dinero según los valores que recoge el Banco de España desde 2010 (no han bajado los tipos de interés en este tipo de créditos del 19,23 por ciento).

Además, señala la parte demandada que el contrato cumple con las formalidades legales vigentes al momento de su contratación, esto es, julio de 2008.

Segundo.- Se trata de una operación de crédito en el que no se discute que la actora ostenta la condición de consumidora y a la que le es aplicable la Ley 23 de julio de 1908 sobre la nulidad de los contratos de préstamos usurarios, de acuerdo con su artículo 9 que establece que «Lo dispuesto por esta Ley se aplicará a toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualquiera que sea la forma que revista el contrato y la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido».

En este sentido la sentencia de Pleno del TS de 25 de noviembre de 2015, declara el carácter usuario de un crédito «revolving», concedido a consumidor demandado, razonando al respecto que «La flexibilidad de la regulación contenida en la Ley de Represión de la Usura ha permitido que la jurisprudencia haya ido adaptando su aplicación a las diversas circunstancias sociales y económicas. En el caso objeto del recurso, la citada normativa, ha de ser aplicada a una operación crediticia que, por sus características, puede ser encuadrada en el ámbito del crédito al consumo«.

Es más, en la propia sentencia, se argumenta y justifica la procedencia de esta aplicación de la Ley de Usura, a contratos de crédito distintos al tradicional de préstamo y así, se declara en la misma: «En este marco, la Ley de Represión de la Usura se configura como un límite a la autonomía negocial del art. 1255 del Código Civil aplicable a los préstamos, y, en general, a cualquiera operación de crédito «sustancialmente equivalente» al préstamo. Así lo ha declarado esta Sala en anteriores sentencias, como las núm. 406/2012, de 18 de junio, 113 /2013, de 22 de febrero y 677/2014, de 2 de diciembre.

Dispone la Ley 23 de julio de 1908 en su art. 1º que: «será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquel leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales».

En cuanto a la interpretación que haya de darse a dicho precepto, en la precitada Sentencia del Pleno del Tribunal Supremo se razona que: «A partir de los primeros años cuarenta, la jurisprudencia de esta Sala volvió a la línea jurisprudencial inmediatamente posterior a la promulgación de la Ley de Represión de la Usura, en el sentido de no exigir que, para que un préstamo pudiera considerarse usurario, concurrieran todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el art. 1 de la ley.

Por tanto, y en lo que al caso objeto del recurso interesa, para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la ley, esto es, «que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», sin que sea exigible que, acumuladamente, se exija «que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales».

“Cuando en las sentencias núm. 406/2012, de 18 de junio, y 677/2014 de 2 de diciembre, exponíamos los criterios de «unidad» y «sistematización» que debían informar la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, nos referíamos a que la ineficacia a que daba lugar el carácter usurario del préstamo tenía el mismo alcance y naturaleza en cualquiera de los supuestos en que el préstamo puede ser calificado de usurario, que se proyecta unitariamente sobre la validez misma del contrato celebrado.

Pero no se retornaba a una jurisprudencia dejada atrás hace más de setenta años, que exigía, para que el préstamo pudiera ser considerado usurario, la concurrencia de todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el párrafo primero del art. 1 de la Ley».

Dicho lo anterior la misma Sentencia, dictada en relación a un crédito «revolving» como el que nos ocupa, se refiere al concepto de «interés notablemente superior» y para integrarlo recurre a dos reglas principales:

1) que el porcentaje que ha de tomarse en consideración no es el nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE); y

2) que el interés con el que ha de realizarse la comparación es el «normal del dinero», señalando que «para establecer lo que se considera «interés normal» puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.)».

En el caso analizado consideró que un préstamo «revolving» al 24,51 % T.A.E., se trataba de un interés notablemente superior por cuanto excedía del doble del interés medio ordinario en las operaciones de crédito al consumo en la época en que se había concertado.

Se exige también que se trate de un interés «manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso» , estableciendo que dicha desproporción se presume concurrente en los préstamos al consumo salvo que la entidad financiera que concede el crédito «revolving» acredite la concurrencia de circunstancias excepcionales (v.gr. cuando el prestatario va a utilizar el dinero obtenido en el préstamo en una operación especialmente lucrativa pero de alto riesgo, está justificado que quien le financia, al igual que participa del riesgo, participe también de los altos beneficios esperados mediante la fijación de un interés notablemente superior al normal). En primer lugar, hay que destacar que el “interés normal del dinero” al que se refiere el art.1 LRU es el interés ofrecido el mercado para ese tipo de producto de financiación. Como apunta JIMÉNEZ MUÑOZ “[L]o que pretende la Ley es reprimir los contratos en que se estipule un interés notablemente superior al precio normal de mercado (…) ya que «la normalidad de los intereses es el precio normal del mercado”. Esto no es en absoluto novedoso, el propio Azcárate sostenía “la normalidad de los intereses es el precio normal del mercado. ¿Cómo se sabe eso? Como lo saben todos los que se ocupan en estos asuntos. En las Bolsas y en los Centros mercantiles se conoce eso perfectamente y se sabe la diferencia entre un préstamo a la gruesa y un préstamo ordinario, y entre un préstamo con garantía hipotecaria y otro sin garantía”.

En definitiva, las peculiaridades que ofrece este tipo de créditos «revolving», las que señala la entidad demandada, no justifican tampoco el establecimiento de un tipo de interés remuneratorio como el aquí aplicado que no existe duda de que es anormalmente alto, en cuanto supera el doble del interés medio ordinario en las operaciones de crédito al consumo en la época en que se concertó el contrato, que era del 10,66 % (fundamento cuarto de la demanda página web Banco de España doc. 08 aportado con la demanda).

La existencia de diferentes productos financieros de crédito al consumo y la peculiaridad que respecto de ellos ofrece la línea de crédito «revolving», no puede justificar ni amparar un tipo de interés como el aquí aplicado.

En todo caso, como también señala el Tribunal Supremo, el que de ello pudiera resultar un interés superior al que puede considerarse normal o medio en el mercado, no puede justificar una elevación del tipo de interés tan desproporcionado en operaciones de financiación al consumo como la que existía en el supuesto que contemplaba el Tribunal Supremo.

Además, la entidad crediticia no tenía ninguna razón que justificase la imposición exigida al actor respecto del elevado tipo de interés, más allá de asegurarse el cobro de unas cantidades de forma indefinida en el tiempo, ya que en el presente caso nada sugería un posible riesgo de insolvencia del cliente tan acusado como para motivar un interés remuneratorio a favor del concedente del crédito que duplicara el interés de mercado en las financiaciones a particulares.

Siendo de aplicación al caso, la doctrina de la referida sentencia del Tribunal Supremo, procede apreciar el carácter usurario del interés remuneratorio establecido en el contrato objeto de este procedimiento, lo que conlleva su nulidad, que, como dice la expresada STS de 25 de noviembre de 2015, «ha sido calificada por esta Sala como «radical, absoluta y originaria, que no admite convalidación confirmatoria, porque es fatalmente insubsanable, ni es susceptible de prescripción extintiva» sentencia núm. 539/2009, de 14 de julio».

La parte demandada interpreta la sentencia de 25 de noviembre de 2015 del TS en el sentido de que debe tenerse en cuenta el TAE en las líneas de crédito revolving que oscilaba entre el 17, 64 % y el 21,42 % y ello en consonancia con la circular 5/2012 del Banco de España que fija los tipos medios de las tarjetas de crédito en el 22,21 por ciento TAE y por ello concluye que no encaja en el artículo 1 de la ley de represión de la usura (docs. 03 a 09 aportados con la contestación a la demanda).

Pues bien, tal y como señala la Audiencia Provincial de León en la reciente sentencia de 06 de marzo de 2019: “resulta inviable apartarse del criterio que utiliza el TS cuando se refiere al interés nominal del dinero, es decir el normal o habitual del dinero, ni de los boletines estadísticos del Banco de España, apreciando tras el examen de los mismos, que el interés aplicado por la entidad demandada, sobre las cantidades dispuestas, es notablemente superior al normal del dinero, (…) y aunque como se señala en el recurso, en el oficio remitido por el Banco de España se hace constar, que los tipos de interés (TAE) medios correspondientes a tarjetas de crédito de pago aplazado, conllevan unos tipo de interés más altos, si nos ceñimos a los tipos de interés que corresponde aplicar, al crédito concedido a través de la tarjeta de crédito contratada por el actor, conforme a los boletines estadísticos citados, no puede por menor de mantenerse que resultan superiores al interés normal del dinero y desproporcionados, siendo incluso superiores en cinco puntos si nos atenemos a los específicos para las tarjetas de crédito, por lo que ha de compartirse la calificación de usuario del interés fijado en el contrato que se hace en la sentencia de instancia.

La STS de 25 de noviembre de 2015, así mismo añade, «En principio, dado que la normalidad no precisa de especial prueba mientras que es la excepcionalidad la que necesita ser alegada y probada…. La entidad financiera que concedió el crédito » revolving» no ha justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo.

Generalmente, las circunstancias excepcionales que pueden justificar un tipo de interés anormalmente alto están relacionadas con el riesgo de la operación. Cuando el prestatario va a utilizar el dinero obtenido en el préstamo en una operación especialmente lucrativa pero de alto riesgo, está justificado que quien le financia, al igual que participa del riesgo, participe también de los altos beneficios esperados mediante la fijación de un interés notablemente superior al normal.

Aunque las circunstancias concretas de un determinado préstamo, entre las que se encuentran el mayor riesgo para el prestamista que pueda derivarse de ser menores las garantías concertadas, puede justificar, desde el punto de vista de la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, un interés superior al que puede considerarse normal o medio en el mercado, como puede suceder en operaciones de crédito al consumo, no puede justificarse
una elevación del tipo de interés tan desproporcionado en operaciones de financiación al consumo como la que ha tenido lugar en el caso objeto del recurso, sobre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico».

Pues bien, en el supuesto enjuiciado, ha de tenerse en cuenta que no concurren otras circunstancias que las relativas al carácter de crédito al consumo de la operación cuestionada, pues no se aprecia que concurra ninguna que pueda calificarse de excepcional ni que la entidad demandada asumiera un alto riesgo con la operación, ya que no se ha practicado ninguna prueba en este sentido que evidencie tal circunstancia.”

En el caso que nos ocupa ocurre lo mismo, como ya se adelantó, la entidad no justifica que asumiera un alto riesgo en la operación ni se ha practicado prueba en tal sentido. Y como ocurre en el caso mencionado, también el interés es en más de tres puntos superior al justificado por la entidad demandad para las líneas de crédito revolving que oscilaba entre el
17,64 y el 21,42 por ciento (doc. 09 aportado con la contestación a la demanda) y en este caso el TAE era incluso superior 24,51 por ciento.

En cuanto a las consecuencias de dicha nulidad, el carácter usurario del crédito «revolving» concedido por COFIDIS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, al demandado conlleva su nulidad radical, absoluta y originaria, que no admite convalidación confirmatoria, porque es insubsanable y no es susceptible de prescripción extintiva. Las consecuencias de dicha nulidad son las previstas en el art. 3 de la Ley de Represión de la Usura, esto es, el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida.

En el caso, conforme el documento número 1 presentado con la demanda y el documento 1 presentado en el acto del juicio por la parte demandada se puede constatar que la información sobre el tipo de interés aplicable y las consecuencias económicas de utilizar el pago aplazado sólo fueron dadas conforme a la información que se puede extraer del contrato sin que conste que la parte demandante recibiera ninguna información adicional más, estableciendo una información distorsionada respecto de la cuota a pagar que fue marcada por la parte demandante en 30 euros al mes, siendo complicado determinar en las condiciones generales del contrato de la tarjeta cual es la TAE aplicada a causa de la ambigüedad en la que se encuentra redactada la cláusula (cláusula 5 del contrato) lo que hace difícil entender para un consumidor desconocedor del mundo financiero, como es el caso, el tipo de interés acordado y las cantidades a pagar.

Consta también la reclamación de la demandante solicitando la nulidad del contrato y respuesta ofrecida por la demandada (doc. 02 a 04 aportados con la demanda).

Se establece en el documento 6 aportado con la demanda y en el doc. 02 aportado con la contestación a la demanda la liquidación detallada de la línea de crédito, en la que se desglosan las cantidades abonadas desde el inicio de la relación contractual hasta el 13 de octubre de 2018 (doc. 02 aportado con la contestación a la demanda).

Así debe tomarse en cuenta el total de lo ya recibido por todos los conceptos cargados y percibidos al margen de dicho capital y que ya hayan sido abonados por la demandante, con ocasión del citado documento o contrato, especialmente las cantidades cobradas por los conceptos de comisión por disposición de efectivo, intereses, comisión por reclamación de cuota impagada, y cuotas de Seguros asociados a la tarjeta de crédito, debiendo la demandada reintegrarle, en su caso, «todas aquellas cantidades que hayan excedido del capital prestado«, bastando pues, como se ha indicado, de una simple operación aritmética, para fijar el capital dispuesto que es el que ha de devolver la actora, así como el resto de cantidades que ha abonado la actora, que será el que debe reintegrar la demandada, lo que se llevará a efecto en ejecución de sentencia, al quedar claramente fijadas las bases para calcular su importe conforme a lo dispuesto en el art. 219 de la LE Civil.

Tercero.- Estimada íntegramente la demanda, según el art. 394 LEC, procede imponer las costas a la parte demandada.

FALLO

QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO ÍNTEGRAMENTE la demanda interpuesta por la representación procesal de Dª. XXXXXXX contra la mercantil COFIDIS, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA, y, en consecuencia debo declarar y declaro la nulidad del contrato de línea de crédito pactado por las partes con el número XXXXXXX (actualmente XXXXXXX), y condeno a la mercantil COFIDIS, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA a devolver a la actora la cantidad que exceda del total del capital que le haya prestado, tomando en cuenta el total de lo percibido por todos los conceptos cargados y percibidos al margen de dicho capital y que ya hayan sido abonados por la demandante, con ocasión del citado documento o contrato, según se determine en ejecución de sentencia, teniendo en cuenta las liquidaciones y extractos mensuales de la tarjeta de crédito remitidos al cliente desde la fecha de suscripción del contrato hasta última liquidación practicada, más los intereses legales desde la fecha de la interpelación judicial.

Se imponen las costas causadas en el presente procedimiento a la mercantil COFIDIS, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA.

Esta resolución no es firme, contra la misma cabe interponer recurso de apelación ante este Tribunal en el plazo de veinte días, debiendo exponer el apelante las alegaciones en que se base la impugnación, citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna (artículo 458 LEC), y debiendo constituir, en su caso, depósito en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en los términos de la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Así por esta sentencia que pronuncio, mando y firmo

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