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Hucha de reclamaciones de EZ

Un usuario de EZ recupera 10.925,43 € de un crédito “cuenta permanente” de COFIDIS

Un usuario de EZ recupera 10.925,43 € de un crédito “cuenta permanente” de COFIDIS

El crédito “cuenta permanente” de COFIDIS había sido contratado por el usuario en junio de 2008, con un TIN del 20,84 % y una TAE del 22,95 %. Tras la presentación de la correspondiente reclamación extrajudicial ante el SAC de la entidad solicitando la nulidad del contrato del crédito “cuenta permanente” de COFIDIS, se recibió respuesta negativa a dicha reclamación.

De inmediato el asunto fue derivado a uno de nuestros Despachos de Abogados colaboradores expertos en la materia, más concretamente al dirigido por los letrados Rodrigo Pérez del Villar Cuesta y Miguel Ángel Correderas García, los cuales tienen una dilatada experiencia en la nulidad de contratos de créditos, préstamos, líneas de crédito y tarjetas con tipos de interés usurario.

En la sentencia, la Magistrada-Juez basa una buena parte de sus fundamentos en la Sentencia de Pleno del Tribunal Supremo de noviembre de 2015, la cual ha sentado jurisprudencia al respecto de este tipo de contratos usurarios, tan extendidos entre las entidades financieras. En dicha sentencia el TS alude principalmente a la Ley de Represión de la Usura o Ley Ázcarate, que data de 1908 y por suerte en la actualidad mantiene vigentes 2 de sus artículos (el 1º y el 3º), que son los utilizados por los Tribunales de Justicia para establecer si un producto bancario es o no usurario.

En el fallo de la sentencia, además de declararse nulo el contrato del crédito “cuenta permanente” de COFIDIS por aplicar una TAE notablemente superior al interés medio de los préstamos al consumo, también se anula la cláusula del seguro de protección de pagos por no superar la exigencia de legibilidad y porque COFIDIS tampoco demostró que hubiera facilitado al usuario el condicionado de dicho seguro.

Como consecuencia de la nulidad, tanto del contrato del crédito “cuenta permanente” de COFIDIS, como del seguro de protección de pagos, y tras la ejecución de sentencia, en la que se calcularon los intereses que debían añadirse a las cuantías que aparecen en el fallo de la sentencia; el usuario obtuvo un beneficio económico total de 10.925,43 €, percibiendo en metálico por parte de la entidad una cuantía de 5.316,92 € y cancelándose a la par la supuesta deuda que mantenía (5.608,51 €). Y como COFIDIS fue condenada a pagar las costas del procedimiento, dicha cuantía se empleó para el pago de los honorarios de su abogado, no teniendo que abonarle ni un sólo euro y quedándose por lo tanto con todo el dinero recuperado.

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JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 01 DE ALCOBENDAS

NIG: 28.006.00.2-2018/0001015

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 206/2018

Materia: Nulidad

Demandante: D./Dña. XXXXXX

PROCURADOR D./Dña. XXXXXX

Demandado: COFIDIS, S.A.

PROCURADOR D./Dña. XXXXXX

SENTENCIA Nº 133/2019

En Alcobendas a 9 de abril de 2019.

Vistos por mí, Dª. XXXXXX, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Alcobendas los presentes autos de Juicio Ordinario 206/18, seguidos por la Procuradora de los Tribunales Dª. XXXXXX, en nombre y representación de D. XXXXXX, defendido por el Letrado D. XXXXXX; y dirigida contra la entidad COFIDIS, S.A., representada por el Procurador de los Tribunales D. XXXXXX y defendida por el Letrado D. XXXXXX, sobre nulidad de contrato de préstamo, procede dictar la presente resolución en base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por turno de reparto correspondió a este Juzgado el conocimiento de la precedente demanda de Juicio Ordinario presentada en el Juzgado Decano el día 25 de enero de 2018, en la que la parte actora, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando que se dictase sentencia de conformidad con el suplico de su demanda.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda se ordenó emplazar a la demandada para que en el término de veinte días compareciera en los autos y contestara a la demanda, bajo apercibimiento de rebeldía; presentada la contestación en tiempo y forma por diligencia de ordenación de 4 de junio de 2018 se señaló para la celebración de la Audiencia Previa el día 7 de marzo de 2019.

TERCERO.- El día señalado tuvo lugar la Audiencia previa a la que comparecieron los Letrados y Procuradores de las partes. Tras ratificarse en sus respectivos escritos de demanda y contestación, impugnar documentos y fijar los hechos controvertidos, se acordó el recibimiento del pleito a prueba.

Las partes propusieron únicamente prueba documental consistente en la obrante en autos y la aportada en el acto, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 429.8 de la LEC 1/2000 de 7 de Enero se declararon los autos conclusos para sentencia.

CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado todas las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La parte actora promueve el presente procedimiento con el fin de que se declare la nulidad del contrato de crédito “cuenta permanente” suscrito por las partes, así como la nulidad del contrato de seguro en el caso de haberse celebrado, y se condene a la entidad crediticia demandada a devolver al actor lo que, tomando en cuenta el total pagado por ése, exceda del capital prestado más los intereses legales; ampliando posteriormente la demanda e interesando de forma subsidiaria la nulidad de la cláusula de intereses remuneratorios por falta de incorporación y transparencia, así como las demás cláusulas abusivas contenida en el título apreciadas de oficio, con los efectos restitutorios que proceda.

Expone el demandante que en junio de 2008 contrató con la entidad demandada un préstamo por importe de 505,74 € que fue saldado en enero de 2010, y al que venía unido una línea de crédito revolving, llamada “cuenta permanente”, que comenzó a utilizar en junio de 2009, con un tipo de interés nominal anual TIN del 20,84 % y una tasa anual equivalente TAE del 22,95 %, tipo de interés y contrato que se considera usurario puesto que la TAE aplicada excedida del doble de la TAE recogida por el Banco de España para esa fecha que era del 10,75 %.

La entidad demandada reconoce la suscripción por el actor en junio de 2008 de un contrato de compraventa, préstamo mercantil y cuenta permanente, para la adquisición de productos comercializados por la sociedad XXXXXXX, S.L., activando en el mes de junio de 2009 el contrato de cuenta permanente con un importe inicial de 3.000 €, adhiriéndose al seguro opcional de pagos, y solicitando nuevos importes en fechas posteriores, siendo el actor plenamente consciente de las condiciones aplicables a la línea de crédito según figuran en el contrato suscrito por ambas partes.

Y se opone a la declaración de nulidad del contrato y al carácter usurario del interés remuneratorio por cuanto el TS, en su Sentencia de 25 de noviembre de 2015 no entró a valorar si las estadísticas publicadas por el Banco de España y tomadas como referencia para calificar como usurario un crédito “revolving” con un TAE del 24,6%, eran o no idóneas para el producto financiero concreto ante el que se encontraba, al no distinguir entre los precios del crédito “revolving” y asociado a tarjetas, y el resto de las operaciones de préstamos al consumo.

Igualmente se opone a la declaración de nulidad del contrato de seguro opcional, habiendo manifestado su voluntad de adhesión al mismo de forma expresa suscribiendo el correspondiente cupón. Por todo ello interesa la desestimación de la demanda.

SEGUNDO.- Con carácter previo debe examinarse la solicitud de suspensión por prejudicialidad civil formulada por la demandada en el acto de la audiencia previa, en base a la admisión por el Tribunal Supremo del recurso de casación interpuesto para unificación de doctrina respecto del concepto de interés remuneratorio y la Ley de Usura, en los contratos de tarjeta de crédito modalidad revolving.

La parte actora se opone alegando que el caso que pende ante al Tribunal Supremo y el que es objeto de autos no son los mismos toda vez que el primero se refiere a las tarjetas de crédito mientras que en el caso de autos se trata de una línea de crédito sin tarjeta.

El artículo 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en su primer párrafo regula la prejudicialidad civil y dispone que “Cuando para resolver sobre el objeto del litigio sea necesario decidir acerca de alguna cuestión que, a su vez, constituya el objeto principal de otro proceso pendiente ante el mismo o distinto tribunal civil, si no fuere posible la acumulación de autos, el tribunal, a petición de ambas partes o de una de ellas, oída la contraria, podrá mediante auto decretar la suspensión del curso de las actuaciones, en el estado en que se hallen, hasta que finalice el proceso que tenga por objeto la cuestión prejudicial”.

Según ha señalado el Tribunal Supremo en la sentencia de 13 de octubre de 2010, la prejudicialidad civil se produce “cuando hay conexión entre el objeto de los dos procesos, de modo que lo que en uno de ellos se decida resulte antecedente lógico de la decisión de otro”.

Por su parte, el auto de fecha de 23 de diciembre de 2011 de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección Decimotercera) recoge los requisitos que deben concurrir para poder suspender el proceso por prejudicialidad civil, que son los siguientes:

a) que se siga un proceso previo a aquel en que se suscita la prejudicialidad civil;

b) que entre ambos procesos exista conexidad o interdependencia, que no reside en la absoluta identidad del objeto, sino en el hecho de que para resolver sobre el objeto del segundo proceso resulta necesario decidir acerca de alguna cuestión que, a su vez, constituye el objeto principal del otro proceso pendiente;

c) que de seguirse separadamente se dé la posibilidad de que se produzcan fallos o decisiones contradictorias;

d) que no sea posible la acumulación de autos;

e) que lo pida una de las partes y se dé audiencia a la contraria”.

La prejudicialidad civil atiende al fenómeno de la conexión de procesos, cuando la decisión de uno es base lógico-jurídica necesaria para la resolución del otro, así como a la seguridad jurídica, impidiendo resoluciones contradictorias, y en caso de prejudicialidad homogénea, se impone el efecto positivo de la cosa juzgada de la sentencia prejudicial, ya que de ella debe partirse para construir el fallo, lo que exige la suspensión del proceso, siempre y cuando no fuere posible la acumulación, uno de cuyos supuestos es precisamente, que la sentencia que haya de recaer en uno de los procesos pueda producir efectos prejudiciales en el otro (artículo 76.1° de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

En el presente caso no puede acordarse la suspensión interesada por cuanto de la documentación aportada no se desprende que se trate del mismo supuesto fáctico puesto que se trata de una línea de crédito permanente sin tarjeta, para favorecer el consumo, habiéndose pronunciado ya el TS al respecto en la Sentencia de 25 de noviembre de 2015 sobre los requisitos necesarios para considerar usurario un préstamo.

TERCERO.- Para examinar la procedencia de la declaración de nulidad interesada es preciso estudiar la concurrencia de los presupuestos necesarios para verificar dicha declaración, especialmente con fundamento en la STS (Pleno de la Sala Primera) de 25 de noviembre de 2015 y las que en ella se citan, de la que destacan los siguientes aspectos:

1- Para que un préstamo pueda considerarse usurario no es necesario que concurran todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el art. 1 de la Ley de Represión de la Usura de 1908. Esto es, para que la operación crediticia pueda ser considerada como usuraria basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la ley: «que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso» – (presupuesto objetivo), sin que sea exigible que, acumuladamente, se exija «que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales» (presupuesto subjetivo).

2- El porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero no es el nominal (TIN), sino la tasa anual equivalente (TAE).

3- El interés con el que ha de realizarse la comparación es el «normal del dinero». No se trata, por tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés «normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia», para cuya determinación debe acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas.

4- Ha de ser la entidad financiera que concede el crédito la que justifique «la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo», puesto que «la normalidad no precisa de especial prueba».

5- Una diferencia del doble entre el TAE fijado en la operación y el interés medio de los préstamos al consumo en la fecha en que fue concertado el contrato permite considerar el interés estipulado como «notablemente superior al normal del dinero».

6- No puede justificarse una elevación del tipo de interés tan desproporcionada en operaciones de financiación al consumo sobre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico.

CUARTO.- Aplicando la anterior doctrina jurisprudencial al presente supuesto, de la prueba documental aportada se desprende que el tipo de interés remuneratorio pactado fue del 22’95% TAE.

Es cierto que este elemento no es suficiente en sí mismo, pues no debe tenerse en consideración sólo el valor absoluto del tanto por ciento del interés pactado, sino que ha de atenderse a las circunstancias en que se desenvuelve el mercado monetario en la fecha del contrato, siendo el término de comparación el tipo medio al que se estaba prestando el dinero por entidades bancarias en situaciones de riesgo crediticio similares, obteniendo este dato de las estadísticas publicadas por el Banco de España en base a la información recibida de las propias entidades financieras.

Esto es, no debe acudirse a parámetros de comparación tales como el interés legal del dinero, que aprueba anualmente la Ley de Presupuestos Generales del Estado, o el precio oficial del dinero que pueda marcar el Banco Central Europeo.

En particular, señala el fundamento de derecho tercero de la citada sentencia dictada en Pleno por el Alto Tribunal: «En el supuesto objeto del recurso, la sentencia recurrida fijó como hecho acreditado que el interés del 24,6% TAE apenas superaba el doble del interés medio ordinario en las operaciones de crédito al consumo de la época en que se concertó el contrato, lo que, considera, no puede tacharse de excesivo.

La cuestión no es tanto si es o no excesivo, como si es «notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», y esta Sala considera que una diferencia de esa envergadura entre el TAE fijado en la operación y el interés medio de los préstamos al consumo en la fecha en que fue concertado permite considerar el interés estipulado como «notablemente superior al normal del dinero».

Por tanto, para dilucidar si el tipo de interés pactado en el contrato analizado ha de calificarse como usurario, con las consecuencias jurídicas pertinentes, debe tomarse en consideración el interés medio ordinario en las operaciones de crédito al consumo de la época en que se concertó el contrato, obteniendo este dato de las estadísticas publicadas por el Banco de España en base a la información recibida de las propias entidades financieras.

En este caso, el contrato se suscribió en junio de 2008, si bien la línea de crédito permanente empezó a utilizarse en junio de 2009 con un TAE pactado, del 22’95%.

A su vez, el tipo de interés medio publicado en el portal del Banco de España extraído de los datos suministrados mensualmente por las entidades de crédito sobre los tipos aplicados en sus operaciones activas y pasivas, en operaciones de préstamos y crédito al consumo, era, en junio de 2009, del 10,15%.

No procede aplicar en este supuesto el tipo de interés medio aplicado a las operaciones con tarjetas de crédito, pues el negocio jurídico suscrito entre las partes es una línea de crédito (crédito ‘revolving’), en la que Cofidis transfiere a la cuenta designada por el actor determinada cantidad de dinero, en este caso 3.000 € inicialmente (extracto de cuenta acompañado con el documento nº 1 de la petición inicial de juicio monitorio), solicitando posteriormente nuevas cantidades.

En consecuencia, el doble de este tipo medio sería del 20,30%, por lo que el TAE pactado en el contrato (22’95 %) debe considerarse, conforme a la doctrina jurisprudencial expresada, «notablemente superior al normal del dinero» y, por ello, usurario, con vulneración del art. 1 de la Ley de Represión de la Usura, sin que se haya acreditado la concurrencia de alguna circunstancia jurídicamente atendible que justifique un interés tan notablemente elevado, pues «la normalidad no precisa de especial prueba mientras que es la excepcionalidad la que necesita ser alegada y probada».

Dicha declaración determina la nulidad del crédito, que el Tribunal Supremo califica como «radical, absoluta y originaria, que no admite convalidación confirmatoria, porque es fatalmente insubsanable, ni es susceptible de prescripción extintiva» (sentencia núm. 539/2009, de 14 de julio), con las consecuencias previstas en el art. 3 de la misma Ley, de modo que el prestatario está obligado a devolver tan sólo la suma recibida.

Según el extracto remitido por la propia entidad, el actor ha dispuesto de 8.827,97 €, ha devuelto 11.486,60 €; ha abonado 6.068,45 € de intereses y 2.189,78 € de seguro, y le reclaman 5.599,60 €.

Solo los importes reclamados en concepto de intereses y seguro, declarados nulos, que ascienden a 8.258,23 €, cubrirían ya el principal financiado, por lo que ninguna suma le resta por pagar en concepto de principal e intereses remuneratorios.

Acreditado que el demandante ha abonado a la demandada una cantidad superior a la que recibió, es la demandada la obligada a devolver el exceso con sus intereses, exceso que s.e.u.o., asciende a 2.658,63 € (11.486,60 € – 8.827,97 €).

QUINTO.- No consta en el contrato de préstamo mercantil con cuenta permanente una casilla específica sobre el contrato de seguro, si bien el mismo fue concertado posteriormente y ratificado con su firma por el actor, tal y como acredita el cupón que se acompaña como documento nº 2.

Sin embargo, el texto consignado junto a la casilla marcada no supera la exigencia de legibilidad del art. 80.1 b) de la L.G.D.C.U, lo que sería bastante para declarar la cláusula abusiva.

A lo anterior ha de añadirse que su contenido no sería en absoluto transparente, pues en el mismo se dice que se proporcionan las condiciones del seguro que se dicen facilitadas pero no existe prueba de que así fuera, es más, ni siquiera se han aportado a los autos.

Conforme a lo expuesto en la Sentencia de 5 de mayo de 2014 de la Sección 14ª de la Audiencia Provincial de Madrid la abusividad de la cláusula de seguro de estos contratos se basa en que «toda la información procurada al consumidor sobre las condiciones del seguro consiste en una somera mención a la cobertura ofertada, pero sin alusión alguna al resto de las características del seguro, ni tan siquiera al importe de la prima contratada.

Se alude a haberse facilitado información al consumidor sobre las condiciones del seguro, pero no consta la entrega, ni la aceptación, de ningún documento adicional»; y se invocan los razonamientos de la Directiva 93/13/CEE, de la Sentencia del Pleno del Tribunal Supremo de 23 de mayo de 2013, el artículo 80.1 TRLCU y el artículo 5.5 L.C.G.C. sobre la absoluta falta de información proporcionada al cliente sobre las condiciones del seguro contratado.

En este caso la referida cláusula de seguro ha de ser considerada abusiva conforme a los artículos 60.1, 80.1 y 82.1 del Texto Refundido de la Ley de consumidores y usuarios (aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre), por cuanto no se sabe qué clase de seguro se pacta, ni cuál es su regulación, no se facilita al consumidor ningún documento que regule la cobertura, exclusiones y coste del seguro; y las líneas de texto que figuran en la solicitud de crédito debajo de la casilla marcada de haber contratado el seguro son absolutamente ilegibles e incumplen los requisitos del artículo 80.1 citado.

En esas circunstancias, se desconoce por completo el contenido del seguro, incluidos los parámetros en los que se debía fijar la prima, y los desconocía el actor cuando suscribió el contrato, de modo que la cláusula de seguro es abusiva por falta de transferencia, y, en consecuencia, nula.

SEXTO.- De conformidad con el art. 394 de la LEC 1/2000 de 7 de enero “En los procesos declarativos las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el Tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.

Si fuere parcial la estimación o desestimación de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, a no ser que hubiere méritos para imponerlas a una de ellas por haber litigado con temeridad.”

La existencia de dudas de hecho o de derecho, puede apreciarse con carácter excepcional y, por ello, ha de ser objeto de interpretación estricta y restringida, el propio art. 394.1 contempla la posibilidad de que, en aquellos supuestos en que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presente serias dudas de hecho o de derecho», no se impongan las costas al litigante vencido, no basta ni es suficiente para impedir la condena en costas que se invoque la mera existencia de dudas, sino que estas han de ser «serias», objetivas y suponer un plus de incertidumbre al que normalmente se suscita en toda contienda judicial.

Las invocados han de ser por ello fundadas, razonables y basadas en una gran dificultad para determinar, bien la realidad de los hechos o circunstancias que fundamentan la pretensión, bien los efectos jurídicos de los invocados por ser las normas aplicables a los mismos susceptibles de varias interpretaciones o porque sobre ellos exista doctrina jurisprudencial contradictoria.

La existencia de dudas de derecho dada las distintas interpretaciones que sobre esta cuestión vienen realizando algunos tribunales.

Vistos los artículos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación

FALLO

ESTIMANDO la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales Dª. XXXXXX, en nombre y representación de D. XXXXXX, defendido por el Letrado D. XXXXXX; y dirigida contra la entidad COFIDIS, S.A., representada por el Procurador de los Tribunales D. XXXXXX y defendida por el Letrado D. XXXXXX, debo:

.- Declarar la nulidad del contrato de crédito “cuenta permanente” así como el contrato de seguro vinculado al mismo, suscritos por las partes.

.- Condenar a la entidad demandada a devolver al actor la cantidad que, tomando en cuenta el total pagado por éste por todos los conceptos, excede del capital prestado por aquella, más los intereses legales.

.- Condenar a la demandada al pago de las costas causadas en el presente procedimiento.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer Recurso de Apelación ante este Juzgado en el plazo de veinte días a partir del siguiente al de su notificación, para su posterior decisión por la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid.

Se apercibe a las partes que es requisito imprescindible para la interposición del recurso de apelación la consignación como depósito de la cantidad de 50 euros en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado, salvo que tengan reconocido el beneficio de justicia gratuita.

Para efectuarlo deben indicar en el campo concepto del resguardo de ingreso que se trata de un “recurso”, seguido del “Código 02 Civil- Apelación.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará certificación a los autos de que dimana, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia en el día de su fecha por la Sra. Magistrada que la suscribe, estando celebrando Audiencia Pública; doy fe.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.

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