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Un usuario de EZ consigue la nulidad del contrato de crédito suscrito con TTI FINANCE S.A.R.L. por usura

Un usuario de EZ consigue la nulidad del contrato de crédito suscrito con TTI Finance S.A.R.L. por usura

El Juzgado de Primera Instancia nº 9 de León declara la nulidad del contrato de tarjeta de crédito de TTI Finance S.A.R.L. por usurario.

La entidad demandada pactó dicho contrato con la actora del cuál se extrae que el crédito concedido devengará intereses diariamente a un TAE del 18,9 % para disposiciones de efectivo y a un TAE del 18,9 % para compras, modificándose éste a partir de Julio de 2013 a un TAE del 26,90 %, mientras que los tipos de interés aplicados por las entidades de crédito a las operaciones de crédito al consumo en la fecha de suscripción del contrato (Febrero de 2006), eran del 8,18 %.

Dado a lo anterior, el tipo de interés aplicado ha de considerarse desproporcionado y notablemente superior al normal del dinero.

Por su parte, la entidad financiera no ha justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de tal interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo, por lo que el contrato debe declararse nulo.

El Magistrado del caso, tras estimar la demanda contra la entidad TTI Finance S.A.R.L., declara la nulidad de pleno derecho del contrato de tarjeta de crédito suscrito entre las partes por ser usurario y condena a la entidad demandada al reintegro a la actora de las cantidades cobradas indebidamente, más el interés legal devengado incrementado en dos puntos desde la fecha de esta resolución hasta su completo pago.

Asimismo, hace expresa imposición de las costas a la entidad demandada.

La Letrada colaboradora de Economía Zero, Dña. Azucena Natalia Rodríguez Picallo ha sido la encargada de la defensa del presente juicio.

La presente sentencia fue apelada por TTI FINANCE ante la Audiencia Provincial de León, perdiendo también en Segunda Instancia y condenada al pago de las costas procesales de las dos instancias. Puedes ver la sentencia en este enlace: TTI Finance S.A.R.L. pierde la apelación impuesta contra un usuario de EZ y le devuelve 591,14 €.

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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 9 LEÓN

SENTENCIA: 00047/2019

UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO

ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO: 0000183/2018


Sobre OTRAS MATERIAS:
Procedimiento origen: /

DEMANDANTE D/ña. XXXXXX
Procurador/a Sr/a. XXXXXX
Abogado/a Sr/a. XXXXXX

DEMANDADO/D/ña. TTI FINANCE SARL
Procurador/a Sr/a. XXXXXX
Abogado/a Sr/a. XXXXXX

SENTENCIA Nº 47/19

León a seis de Marzo de 2019.

Vistos por mí, D. XXXXXX, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 9 de León, los presentes autos de juicio ordinario nº 183/18, seguidos a instancia de XXXXXX representado por la Procuradora Sra. XXXXXX y defendido por la Letrado Sra. XXXXXX contra la entidad TTI Finance S.A.R.L. representada por el Procurador Sr. XXXXXX y defendida por el Letrado Sr. XXXXXX, en nombre de S.M. el Rey, se procede al dictado de la presente sentencia.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que por la Procuradora Sra. XXXXXX en nombre y representación de XXXXXX se presentó demanda de juicio ordinario contra la entidad TTI Finance S.A.R.L., en la cual, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó convenientes y de pertinente aplicación, los cuales, damos por reproducidos por economía procesal, sin necesidad de sintetizarlos en el presente antecedente, terminaba suplicando que se dictase sentencia acordando que:

1.- Con carácter principal, se declare la nulidad del contrato de tarjeta de crédito nº XXXXXX suscrito por el actor el día 17 de Febrero de 2006 por usurario, condenando a la entidad demandada a restituir al demandante las cantidades que excedan del capital prestado al mismo en la vida del crédito, más los intereses legales devengados de dicha cantidades.

2.- Con carácter subsidiario al punto anterior, se declare la nulidad del contrato de tarjeta de crédito nº XXXXXX suscrito por el actor el día 17 de Febrero de 2006 por usurario.

3.- Con carácter subsidiario a los puntos anteriores, se declare la nulidad de la cláusula de intereses remuneratorios del contrato, restituyendo al actor la totalidad de los intereses remuneratorios abonados, más los intereses legales devengados de dichas cantidades.

4.- Se condene, en todo caso, a la entidad demandada al pago de las costas procesales.

SEGUNDO.- Que por Decreto de fecha 23 de Marzo de 2018 se admitió a trámite la demanda, dándose traslado de la misma a la demandada emplazándole para que la contestara en el plazo de 20 días si a su derecho convenía.

Que se presentó escrito por el Sr. XXXXXX en nombre y representación de la entidad demandada contestando a la demanda, por lo que por resolución de fecha 19 de Julio de 2018 se tuvo por contestada la demanda por el Procurador precitado en la representación en que actuaba y se señaló la celebración de la audiencia previa para el día 23 de Noviembre de 2018 a las 9,30 horas.

Que, llegado el día y hora señalada, comparecieron por las partes los Letrados y Procuradores que constan a la videograbación efectuada y, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, prosiguió la audiencia previa para sus finalidades, procediendo cada una de las partes a afirmarse y ratificarse en sus escritos rectores y solicitar el recibimiento del pleito a prueba, tras lo cual, la parte actora contestó a la excepción opuesta de contrario defiriéndose su resolución al momento de dictar sentencia y, seguidamente, las partes procedieron a proponer la prueba que tuvieron por conveniente, siendo admitida por S. Sª. la que consta en dicha grabación, señalándose seguidamente, el acto del juicio para el día 25 de Febrero de 2019 a las 12,30 horas.

TERCERO.- Que, llegado dicho día, comparecieron las partes, Procuradores y Letrados que constan a la videograbación efectuada y, abierto el acto, se procedió a la práctica de la prueba previamente admitida con el resultado que obra en autos, tras lo cual, se concedió un turno de conclusiones a las partes y, evacuadas que fueron, quedaron los autos sobre la mesa para dictar sentencia, quedando todo ello grabado en soporte audio-visual.

CUARTO.- Que en la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Que se ejercita por el actor, con carácter principal, acción de declaración de nulidad del contrato de tarjeta de crédito suscrito por el mismo y reseñado al suplico de su escrito rector por ser usurario con reclamación de las cantidades que hubiera abonado y excediera del capital prestado, con carácter subsidiario, sólo la nulidad del contrato precitado por usurario y, con carácter más subsidiario, la nulidad de las cláusula relativa los intereses remuneratorios con devolución de todos los abonados, frente a ello, la demandada opone, en primer lugar, la falta de legitimación pasiva respecto a la acción de restitución porque estaríamos ante una cesión de crédito que no de contrato, en segundo lugar, que no estaríamos ante un contrato usuario y, finalmente, que no es posible efectuar un control de abusividad del interés remuneratorio, sin perjuicio, que pueda efectuarse un control de transparencia, el cual, según su criterio, superaba, por lo que postulaba, en definitiva, la íntegra desestimación de la demanda.

SEGUNDO.- Que la primera petición de la demandante es la declaración de nulidad del contrato por su carácter usurario, a este respecto, citaremos la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarrra, Sección 3, de fecha 20 de Noviembre de 2017 en la que también era parte la entidad que ahora es demandada en el presente procedimiento, la cual, señala:

SEGUNDO: Por el contrario, se va a estimar el motivo en el que el demandado sostiene que es leonino el tipo de interés remuneratorio del 18,9 %, siguiendo el criterio de esta Sección expuesto en la sentencia de 13 de mayo de 2006 (JUR 2016, 249507), que aplicó la doctrina de la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2015 (RJ 2015, 5001), citada en el recurso.

1. La normativa sobre cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores no permite el control del carácter «abusivo» del tipo de interés remuneratorio en tanto que la cláusula en que se establece tal interés regula un elemento esencial del contrato, como es el precio del servicio, «siempre que cumpla el requisito de transparencia, que es fundamental para asegurar, en primer lugar, que la prestación del consentimiento se ha realizado por el consumidor con pleno conocimiento de la carga onerosa que la concertación de la operación de crédito le supone y, en segundo lugar, que ha podido comparar las distintas ofertas de las entidades de crédito para elegir, entre ellas, la que le resulta más favorable «configurándose la Ley de Represión de la Usura» como un límite a la autonomía negocial del art. 1255 del Código Civil «.

2. Una operación crediticia puede ser considerada usuraria si se dan los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la citada ley, esto es, que «se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso«.

El «porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero no es el nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE), que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados».

El interés con el que ha de realizarse la comparación es el «normal del dinero» y no el interés legal del dinero.

Para establecer lo que se considera «interés normal» puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España.

La cuestión no es tanto si es o no excesivo, como si es «notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso».

3. En el caso enjuiciado la diferencia existente entre el TAE pactado (18,9 %), y el interés medio de los préstamos al consumo en la fecha en que fue concertado (año 2006), por debajo del 10 %, conforme se desprende de los datos publicados por el Banco de España

circunstancias del caso», al no haber justificado la entidad financiera que concedió el crédito la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo.

Debe tenerse en cuenta a este respecto, que las circunstancias excepcionales que pueden justificar un tipo de interés anormalmente alto generalmente están relacionadas con el riesgo de la operación, de manera que «cuando el prestatario va a utilizar el dinero obtenido en el préstamo en una operación especialmente lucrativa pero de alto riesgo, está justificado que quien le financia, al igual que participa del riesgo, participe también de los altos beneficios esperados mediante la fijación de un interés notablemente superior al normal». 

Pero tratándose de operaciones de financiación al consumo, «aunque las circunstancias concretas de un riesgo para el prestamista que pueda derivarse de ser menores las garantías concertadas, puede justificar, desde el punto de vista de la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, undeterminado préstamo, entre las que se encuentran el mayor interés superior al que puede considerarse normal o medio en el mercado», no puede justificarse «una elevación del tipo de interés tan desproporcionado» sobre la «base del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico».

4. La parte actora, ahora apelada, se remite al Capítulo 19.4 del Boletín Estadístico del Banco de España 2012 hasta la fecha actual se ha movido ese tipo de interés del 20,68 % TAE (año 2013) hasta el 21,17 % TAE (2014), por lo que «parece razonable considerar que en años anteriores el tipo aplicado por entidades financieras no habría variado de manera drástica», pero aparte de que no puede tenerse por acreditado y sobre dicha parte recaía la carga de la prueba, ex art. 217 LEciv, debe tenerse en cuenta la fecha en que fue concertado el contrato (2006).

5. Al estimarse el motivo procede condenar al demandado a pagar sólo el principal reclamado, lo que hace innecesario examinar el resto de las alegaciones que se realizan en el recurso”.

TERCERO.- Que atendiendo a la sentencia precitada y, en especial, a la sentencia de nuestro Tribunal Supremo de fecha 25 de Noviembre de 2015, en relación a la sentencia de nuestra Audiencia Provincial de León, Sección Segunda, de fecha 1 de Marzo de 2018, aunque el presente supuesto no es un contrato de préstamo sino de tarjeta de crédito le es aplicable la Ley de Represión de la Usura cuando concurran los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la ley, es decir, que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso, pues el artículo 9 establece que lo dispuesto por esta Ley se aplicará a toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualesquiera que sean la forma que revista el contrato y la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido.

Que de las condiciones del contrato de tarjeta de crédito suscrito en fecha 17 de Febrero de 2006 se puede observar a su clausulado, sumamente minúsculo y apiñado, que el crédito concedido devengará intereses diariamente a un TAE del 18,9 %, en el caso de transferencias de saldo, disposiciones de efectivo (incluido sustitutivos en efectivo) en oficinas, cajeros y otros lugares (“Transacciones en efectivo”), y a un TAE del 18,9 % en el caso de pago de compras o la utilización de servicios en establecimientos adheridos al sistema (“Transacciones Generales”), modificándose, cuando menos, a partir de Julio de 2013, dicho T.A.E. al 26,90 % conforme a los extractos aportados, siendo los tipos de interés activos aplicados por las entidades de crédito a las operaciones de crédito al consumo (TAE en España) según las estadísticas que publica el Banco de España para Febrero de 2006, fecha de suscripción del contrato, del 8,18 %, a la fecha de la primera disposición, Diciembre de 2017, del 10,07 % y, a Julio de 2013, del 9,82 %, con lo cual, fácil es de ver, que los intereses aplicados para cada uno de los períodos reseñados, sobre las cantidades dispuestas, es notablemente superior al normal del dinero, debiendo tenerse en cuenta, obviamente, la fecha en que fue concertado el contrato, no obstante, ya consideremos la fecha de contratación o de la primera disposición, tenemos que el interés aplicado excede de la TAE conforme a las estadísticas expuestas anteriormente del Banco de España en más del doble a la fecha de la contratación y casi el doble a la fecha de la primera disposición y, desde luego, si nos vamos a la modificación de intereses con la aplicación de intereses TAE del 26,9 %, fácil es colegir, el carácter totalmente desproporcionado con las estadísticas antedichas, sin que la entidad demandada haya justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de tal interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo para este supuesto concreto, máxime, cuando los ingresos brutos anuales del actor que se hicieron constar a la solicitud de tarjeta eran de 18.000€ y, al margen que esto no sea correcto, como lo afirmó el demandante, al deponer, que no ha cobrado 18.000€ en la vida, lo cierto es, que dada dicha cuantía que se hizo constar como ingresos implicaba que él mismo tenía una capacidad económica suficiente en orden a la devolución de las cantidades dispuestas y, por consiguiente, se considera que la operación sometida a enjuiciamiento debe considerarse usuraria, pues concurren los dos requisitos legales mencionados a tenor de la jurisprudencia ya reseñada, por lo que el préstamo es nulo, siendo tal nulidad, en palabras de la sentencia precitada del T.S. de 25 de Noviembre de 2015, radical, absoluta y originaria, que no admite convalidación confirmatoria, porque es fatalmente insubsanable, ni es susceptible de prescripción extintiva”.

CUARTO.Que, por lo tanto, dada la nulidad que se declara del contrato se extiende a todas las cláusulas del mismo, siendo, las consecuencias de tal nulidad, las establecidas al artículo 3 de la Ley de 23 de julio de 1908, de la Usura, es decir, que el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida y si hubiera satisfecho parte de aquélla y los intereses vencidos, el prestamista devolverá al prestatario lo que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del capital prestado, a este respecto, la parte demandada opone su falta de legitimación pasiva para responder de la acción de restitución sobre la base que sólo se le había transmitido el derecho de crédito quedando en manos de MBNA la titularidad del contrato de tarjeta.

Que, obviamente, corresponde a la parte demandada la acreditación de tal hecho impeditivo que alega y, a este respecto, del iter que relaciona a su hecho primero, ya podemos ver, que la propia demandada señala que el negocio de la sucursal española de MBNA EUROPE BANK LIMITED fue adquirido por AVANT TARJETA EFC, S.A. y, si se adquiere el negocio, lo será en su totalidad, dígase, con todos los derechos y obligaciones, asimismo, al testimonio de relación aportado al punto tercero y cuarto se dice:

3.- Que según consta, por manifestación de las partes, en el expositivo II de la escritura objeto de testimonio, LAS ROZAS FUNDING HOLDIN, S.A.R.L. comunicó a MBNA EUROPE BANK LIMITED la cesión de todos los derechos y obligaciones bajo el contrato de cesión de Activos a AVANT TARJETA ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL (excepción hecha del derecho a los importes resultantes de lo establecido en la Cláusula 6.10 del contrato de cesión de activos, que habías sido cedidos previamente a Las Rozas Property, S.L.).

4.- Que en virtud del mencionado contrato de cesión de activos, la cesión de posición contractual, a que se refiere el apartado anterior y de la escritura de elevación a público, objeto de testimonio, MBNA EUROPE BANK LIMITED transmitió a AVANT TARJETA ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL, los Activos que se mencionan en el antes citado Contrato de Cesión de Activos, entre los que figura una cartera de créditos”, sin que de ello, podamos extraer, que sólo adquirió la posición activa de lo que le fue transmitido, cuyos términos exactos desconocemos por no haber sido acreditado y, no todas las obligaciones que de ello se derivara y, en todo caso, no parece que MBNA siguiera conservando la titularidad del contrato de tarjeta de crédito como se puede observar al propio documento número dos aportado al escrito rector y en el que Avant Card comunica la compra del negocio de la sucursal en España de MBNA Europe Bank Limited y que el contrato de tarjeta de crédito del demandante, concedida por MBNA, había sido transferida a la entidad Avant Tarjeta E.F.C. S.A., es decir, con todos los derechos y obligaciones, sin que razón ni acreditación alguna se nos haya aportado que las sucesivas transmisiones efectuadas, cuyos términos, condiciones y pactos entre las entidades que intervienen en las mismas desconocemos al no haber sido aportadas, no conllevara la transmisión total del contrato del actor, de ahí, que se considera que la demandada tiene legitimación para soportar la acción restitutoria ejercitada contra la misma que no es sino consecuencia de la nulidad declarada del contrato de tarjeta de crédito por usurario.

Que, por lo tanto, habiendo dispuesto el actor con la tarjeta de la cantidad de 1.700 €, mientras que ha realizado pagos por importe de 2.291,74 €, según consta al desglose aportado por la entidad demandada, el cual, no ha sido controvertido por la contraparte, dará lugar a que deba la demandada devolver al actor la cantidad de 591,14 €.

QUINTO.- Que al suplico del escrito rector se reclaman los intereses legales devengados de dichas cantidades, sin especificar que interés concreto se reclama ni desde que fecha, carga que incumbe al actor, conforme a los principios dispositivo y de aportación de parte, de ahí, que los intereses que se devengarán de la cantidad a que es condenada la demandada serán los del artículo 576 de la L.E.C., es decir, el interés legal incrementado en dos puntos desde la fecha de esta resolución hasta su completo pago.

SEXTO.- Que siendo estimada la demanda, conforme al artículo 394.1 de la L.E.C. y el principio del vencimiento objetivo, las costas deberán ser impuestas a la entidad demandada.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por la Procuradora Sra. XXXXXX en nombre y representación de XXXXXX contra la entidad TTI Finance S.A.R.L. y, en su consecuencia, debo declarar y declaro la nulidad de pleno derecho del contrato de tarjeta de crédito nº XXXXXX de fecha 17 de Febrero de 2006 suscrito por el demandante por ser usurario, debiendo condenar y condeno a la demandada a reintegrar al actor la cantidad de 591,14 €, devengándose de tal cuantía, a favor de éste y con cargo a aquella, el interés legal incrementado en dos puntos desde la fecha de esta resolución hasta su completo pago y, todo ello, con expresa imposición de costas a la entidad demandada.

Notifíquese la presente resolución a las partes, cuyo original se llevará al libro de resoluciones definitivas, dejando testimonio en los autos, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación ante este Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial de León dentro de los 20 días siguientes a su notificación, conforme a los artículos 455.1 y 458.1 de la L.E. Civil.

Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J., para la admisión del recurso se deberá acreditar haber constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano, un depósito de 50 euros, salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente.

El depósito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad en el SANTANDER en la cuenta de este expediente XXXXXX indicando, en el campo «concepto» la indicación «Recurso» seguida del código «02 Civil-Apelación».

Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir, tras la cuenta referida, separados por un espacio la indicación «recurso» seguida del código «02 Civil-Apelación».

En el caso de que deba realizar otros pagos en la misma cuenta, deberá verificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando, en este caso, en el campo observaciones la fecha de la resolución recurrida con el formato DD/MM/AAAA.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncia, manda y firma, D. XXXXXX, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 9 de León y su Partido Judicial.

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