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Un usuario de EZ anula el contrato de una tarjeta de crédito AURORA usurario que mantenía con Cetelem

Un usuario de EZ anula un contrato de tarjeta de crédito usurario que mantenía con Cetelem

El Juzgado de Primera Instancia Nº 3 de Oviedo condenada a la entidad Cetelem a la nulidad del contrato de tarjeta de crédito pactado con un usuario de EZ por usurario.

En el presente litigio, las partes pactaron un contrato de tarjeta de crédito con un tipo de interés del 18,72 % TAE, que luego se elevó hasta el 21,99 % TAE, siendo el interés legal en el año de la firma del contrato (2004) del 3,75 % y el interés medio de los préstamos al consumo del 8,08 %.

Ante lo expuesto, cabe afirmar que el interés incorporado al contrato es notablemente superior al normal del dinero y desproporcionado con las circunstancias del caso, por tanto, usurario.

Asimismo, en el contrato del presente litigio, la entidad bancaria impuso un documento tipo a la actora que, además, incluía cláusulas escritas con texto ilegible. Igualmente, no hay prueba de que el ejemplar del contrato que se acompaña a la demanda haya sido entregado a la actora.

Por todo lo anterior, el interés retributivo analizado es nulo por usurario, con la consiguiente nulidad de pleno derecho de todo el contrato, incluido el seguro.

El Juez del caso, estimando íntegramente la demanda, declara la nulidad del contrato de crédito y la nulidad del contrato de seguro suscrito entre las partes, y condena a la entidad financiera Cetelem, S.A.U. a la retribución a la actora de todas las cantidades que haya pagado por cualquier concepto durante la vida del contrato, que hayan excedido del capital prestado, más los intereses legales devengados.

Las costas del proceso judicial son impuestas a la demandada.

La Letrada colaboradora de Economía Zero, Dña. Azucena Natalia Rodríguez Picallo, ha sido la encargada de llevar a juicio el presente litigio.

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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 OVIEDO

SENTENCIA: 00050/2020

ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000653 /2019

Procedimiento origen: /

Sobre RESTO.ACCIO.INDV.CONDIC.GNRLS.CONTRATACION

DEMANDANTE: D/ña. XXXXX
Procurador/a Sr/a. XXXXX
Abogado/a Sr/a. AZUCENA NATALIA RODRIGUEZ PICALLO

DEMANDADO D/ña. BANCO CETELEM S.A.U.
Procurador/a Sr/a. XXXXXX
Abogado/a Sr/a. XXXXXX

SENTENCIA

Se dicta en nombre de S.M. El Rey.

En la ciudad de Oviedo (Asturias), a veinte de Febrero del año dos mil veinte.

El Ilmo. Sr. D. XXXXXX, Magistrado-Juez titular del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de esta capital y su partido judicial, ha visto los presentes autos de juicio ordinario núm. 653/19, sobre nulidad contractual, seguidos a instancia de Dña. XXXXXX, representada por la procuradora Sra. XXXXXX y dirigida por la letrada Sra. XXXXXX, que intervino en sustitución de su compañera Sra. XXXXXX, contra “BANCO CETELEM, S.A.U.”, compañía representada por la oficial habilitada Sra. XXXXXX, que intervino en sustitución del procurador Sr. XXXXXX, y defendida por el abogado Sr. XXXXXX, que intervino en sustitución de su compañero Sr. XXXXXX.

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.La procuradora Sra. XXXXXXX, actuando en la indicada representación, presentó demanda, en reclamación de la nulidad de un contrato de tarjeta, contra la sociedad que figura en el encabezamiento, con base en los hechos y fundamentos jurídicos que estimó de aplicación al caso, para terminar suplicando sentencia en la que se declare la nulidad del contrato de tarjeta, incluido su seguro, por usura, con condena a restituir lo pagado y que exceda del capital prestado, con sus intereses; subsidiariamente, se pide la nulidad del interés remuneratorio por no superar el control de transparencia e incorporación, con condena a restituir lo pagado con sus intereses; más subsidiariamente, se pide la nulidad de la comisión por reclamación de saldo deudor y la pena por mora con condena a devolver lo cobrado por estos conceptos con sus intereses; todo ello con imposición de costas.

Admitida a trámite la demanda, con los documentos acompañados, y una vez hecho el emplazamiento, la entidad demandada se personó en tiempo y forma, oponiéndose a las pretensiones ejercitadas en su contra e interesando la desestimación de la demanda con imposición de costas a la parte contraria.

Convocada la preceptiva audiencia previa, en ella, tras otros actos procesales, fue recibido el pleito a prueba, proponiéndose la que las litigantes consideraron conveniente, y admitiéndose la estimada pertinente y útil, que consistió únicamente en documentos, con el resultado que los autos acusan, por lo que el juicio fue declarado directamente concluso para sentencia, sin necesidad de una nueva vista, encontrándonos en el trance procesal de dictar resolución.

En la tramitación de este litigio se han observado todas las prescripciones legales, excepto el plazo para dictar sentencia, que se ha tenido que sobrepasar ligeramente debido a la acumulación de asuntos para resolver.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.Según la versión de los hechos ofrecida en la demanda, el día 15.03.04 Dña. XXXXXX concertó con “Banco Cetelem” un contrato de tarjeta, sin suministro de información adecuada, en el que se incluyó un seguro y un interés del 18,72 % TAE, que luego se elevó hasta 21,82 % TAE, estando el clausulado redactado con letra pequeña en exceso e incluyendo fórmulas matemáticas complejas, y habiéndose abonado el saldo pendiente en fecha 13.11.12.

Ahora la Sra. XXXXXX solicita que el contrato, con su seguro, se declare nulo, por usura, y que se le devuelva todo lo pagado y que exceda del capital prestado; subsidiariamente, pide que se declare nulo el interés remuneratorio, y, más subsidiariamente, interesa que se declare la nulidad de la comisión por reclamación de saldo deudor y de la pena por mora.

Estas pretensiones tienen acomodo legal en lo regulado en los Arts. 1303 CC, 1, pfo. 1º, inciso 1º, 3, y 9 de la Ley de Represión de la Usura de 23 de Julio de 1908, Ley 7/98 y 4.2 de la Directiva 13/93/CEE, y en el Art. 10 de la Ley 26/84 y la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 12 de Diciembre de 1989, vigentes en el momento del otorgamiento.

SEGUNDO.– El “contrato de tarjeta de crédito Aurora” de fecha 15.3.04, es, por esencia, un contrato oneroso.

Está formalizado en un formulario impreso por la entidad financiera, y destinado a la contratación seriada, en el que la interesada no tiene la más mínima posibilidad de alterar su contenido.

La tarjeta se empleó para satisfacer necesidades personales o “domésticas”, por así decirlo, de la titular, por lo que doña XXXXXX merece la calificación legal de “consumidora.

El texto del contrato contiene una TAE (coste real o efectivo) del 18,72 %, estando prevista la posibilidad de aumento a voluntad de la entidad financiera en la cláusula particular nº 9 del condicionado, lo que no se destaca de una manera especial o diferente, en comparación con otras menciones, pese a la importancia de esta cláusula, y sólo es detectable mediante el uso de una lupa, pues el pequeño tamaño de la letra hace que el texto sea ilegible.

Esto significa que, si se quiere la tarjeta para disponer del crédito, no se puede evitar pasar por este elevado interés efectivo e incrementable a voluntad del Banco en los términos establecidos en la mencionada estipulación.

De hecho, observamos en los extractos que el interés se incrementó hasta el 21,99 % TAE (cfr. doc. 4 acompañado a la demanda).

Obsérvese que no hay prueba de que las estipulaciones hayan sido explicadas a la Sra. XXXXXX y que tampoco hay prueba de que el ejemplar del contrato que se acompaña a la demanda haya sido entregado antes de la firma para su estudio con algún tiempo prudencial.

TERCERO.– El Tribunal Supremo (vid. SS de 18.6.12, 2.12.14 y 25.11.15) viene interpretando el Art. 1 de la Ley de Usura en el sentido de que basta que el interés incorporado al contrato sea notablemente superior al normal del dinero y desproporcionado con las circunstancias del caso, sin necesidad de que, además, concurran las demás circunstancias que menciona el precepto, para que el contrato pueda calificarse como “usurario.

Aquí estamos hablando de un interés real inicial situado en 18,72 %, y luego elevado hasta el 21,99 %, tipos que superan de forma exagerada tanto los que se aplican en la actualidad como los se aplicaban en 2004, fecha del otorgamiento.

En esta última fecha, por ejemplo, el interés legal era del 3,75 %, las aseguradoras abonaban en los dos primeros años de retraso en el pago al perjudicado un interés moratorio de 5,62 %, el interés moratorio a efectos tributarios era del 4,75 % y el interés medio de los préstamos al consumo, en el mes de otorgamiento de nuestro contrato, era del 8,08 %.

Hoy el interés legal es del 3 %, el interés de la mora procesal es un 5 %, el interés moratorio en el ámbito tributario es del 3,75 %, el interés medio de créditos al consumo concedidos por Bancos a particulares es del 7,91 % y el interés moratorio en operaciones comerciales entre empresas (Ley 3/04) es del 8 %.

Todo ello de conformidad con la normativa que regula cada uno de estos tipos y la información que figura en la página web oficial del Banco de España (www.bde.es), que es de público acceso y, en parte, está en autos.

Los ejemplos enumerados llevan a la conclusión evidente de que los tipos –incrementables- del 18,72 % (TAE) y del 21,99 % (TAE) son absolutamente desproporcionados en comparación con lo que puede estimarse un interés “normal.

Por otra parte, el Banco no ha probado que en nuestro caso concurra alguna circunstancia excepcional de riesgo que pueda justificar unos tipos tan desorbitados.

Debe puntualizarse que la comparación para medir si estamos ante un interés “normal” no puede hacerse con el tipo que aplican otras entidades financieras que manejan, para el crédito al consumo a particulares, tarjetas como la de autos, porque esas otras entidades han de merecer idéntico reproche que el que merece la compañía demandada.

Es obvio que la transgresión generalizada de la norma por los Bancos que comercializan tarjetas, utilizando intereses remuneratorios manifiestamente excesivos, no puede convertir el contrato que aquí se enjuicia en lícito, ecuánime y legal, y por más que el Banco de España tolere tan perniciosas prácticas.

Ha de añadirse que nuestra Audiencia Provincial toma como referencia para la comparación, no los tipos medios en tarjetas de crédito, sino los tipos medios en créditos al consumo en general (vid. sentencias de 7.10.16 –Sec. 5ª-, 23.5.17 –Sec. 5ª-, 21.7.17 –Sec. 7ª-, 6.10.17 –Sec. 6ª-, 26.1.18 –Sec. 6ª-, 28.2.18 –Sec. 4ª-, 12.3.18 –Sec. 1ª, 16.5.18 –Sec. 4ª-, 17.5.18 –Sec. 7ª-, 6.7.18 –Sec. 5ª-,10.7.18 –Sec. 4ª-, 28.9.18 –Sec. 4ª-, 25.1.19 –Sec. 6ª-, 4.4.19 –Sec. 4ª-, 2.10.19 –Sec. 4ª-, 16.10.19 –Sec. 4ª-, 5.11.19 –Sec. 6ª-, 6.11.19 –Sec. 5ª- y 26.12.19 –Sec. 4ª-).

Ello es lógico porque un préstamo al consumo a un particular es idéntico, en cuanto a sus riesgos, se articule por medio de una tarjeta de crédito o por medio de una póliza de crédito personal, sin fianza ni hipoteca.

El hecho de que el dinero se obtenga usando una tarjeta de crédito no permite justificar que el interés se duplique ampliamente en comparación a si el dinero es entregado directamente al cliente por el Banco, prescindiendo de dicho medio de pago.

CUARTO.– En conclusión, el interés retributivo -y modificable- analizado es nulo por usurario, con la consiguiente nulidad de pleno derecho de todo el contrato, incluido el seguro en él integrado.

Por último, debe resaltarse que la STS de 25.11.15, ya citada, juzgó nulo por usurario un interés retributivo superior al 20 % TAE utilizando argumentos como los que quedan expuestos.

El efecto de la nulidad es que la deudora sólo está obligada a restituir el capital del que hubiese dispuesto, debiendo aplicarse todos los pagos hechos en todos estos años, por cualquier concepto –intereses de todo tipo, comisiones, gastos, primas de seguro, etc.-, al abono del principal, siendo la diferencia el saldo que ha de operar a favor de la reclamante y que ha de restituir la entidad demandada.

Por otra parte, que la accionante haya cumplido el contrato sin protesta a lo largo del tiempo, haciendo disposiciones y pagos, son hechos que no pueden tomarse como actos propios que militen en su contra, porque ello no evidencia voluntad de aceptar un clausulado gravemente lesivo.

Pudo actuarse por la ignorancia sobre los propios derechos y por la falta de información sobre lo convenido, máxime cuando los extractos mensuales remitidos no incorporan ningún clausulado y, en su momento, no se entregó documentación informativa con antelación al otorgamiento.

Hay que tener en cuenta que el contrato que es nulo de pleno derecho no puede ser susceptible de confirmación expresa ni tácita, y el Tribunal Supremo tiene declarado que no hay confirmación tácita si se cumple el contrato (véase sentencia –nº 105- de 17 de Febrero de 2017).

En definitiva, procede la estimación plena de la pretensión principal, lo que exime de entrar en el análisis de las pretensiones accesorias.

Por último, diremos que la línea jurisprudencial del Tribunal Supremo es muy clara y que las diferentes Secciones de nuestra Audiencia Provincial, como se ha visto, de modo reiterado, constante y uniforme, mantienen una postura unánime en la materia que nos ocupa, por lo que no se pueden alegar dudas jurídicas al respecto.

El hecho de que otras Audiencias Provinciales mantengan posiciones distintas resulta completamente irrelevante a estos efectos (vid. en este sentido SSAP de Oviedo de 2.10.19 –Sec. 4ª, nº 334- y 17.12.19 –Sec. 5ª, nº 454-).

En consideración a lo anterior, no hay motivos para separarse de la regla general del vencimiento objetivo y resulta obligado imponer las costas a la parte demandada (cfr. Art. 394.1 LEC).

Vistos los artículos citados, y los demás preceptos de pertinente y general aplicación,

FALLO

Que debo estimar y estimo, en su integridad, la demanda interpuesta por Dña. XXXXXX contra “BANCO CETELEM, S.A.U.”, y, en su virtud:

1) Declaro la nulidad, por usura, del “contrato de tarjeta de crédito Aurora”, suscrito por ambas partes el día 15 de Marzo de 2004, incluido su contrato de seguro, en caso de haberse celebrado.

2) Declaro, en consecuencia, que la demandante únicamente tiene obligación de restituir a la entidad demandada el capital efectivamente dispuesto y condeno al Banco a devolver a la actora todas las cantidades que haya pagado por cualquier concepto, durante la vida del contrato, y que hayan excedido del capital prestado, más los intereses legales devengados por dichas sumas, a determinar todo ello en ejecución de sentencia.

3) Impongo a la entidad interpelada todas las costas de este juicio.

Llévese el original al protocolo de sentencias dejando testimonio bastante en las actuaciones.

Notifíquese la presente resolución judicial a las litigantes haciéndoles saber que no es firme y que contra ella pueden formular, en el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente al de su notificación, recurso de apelación, a interponer en este juzgado y a resolver por la Audiencia Provincial, con la advertencia expresa de que, al presentar el escrito del recurso, deberá acompañarse el justificante de haber constituido el depósito dinerario lealmente establecido.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

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