Sentencia Hoist Finance 16.455 €

El Juzgado de 1ª Instancia nº 6 de Torrent sentencia a Hoist Finance por usura y falta de transparencia le condena a devolver 16.455,57€.

Entre las partes se suscribió un contrato de tarjeta de crédito revolving con fecha 12 de junio de 2006, en el que se estipuló una TAE de 18,9% y unas clausulas abusivas.

El Magistrado estima íntegramente la demanda interpuesta y sentencia a Hoist Finance por usura y falta de transparencia y le condena devolver todo lo pagado por encima del capital inicial prestado.

Todo ello con expresa en costas a la entidad demandada.

El Letrado colaborador de Economía Zero D. Martí Sola Yagüe ha sido el encargado de llevar a cabo la siguiente sentencia a Hoist Finance.

!!!! RECLAMA LA NULIDAD DE TU CONTRATO REVOLVING, SENTENCIA A HOIST FINANCE Y RECUPERA TU DINERO !!!!

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO SEIS DE TORRENT J ORDINARIO 475/20

SENTENCIA N.º 91/2021

En Torrent, a veintiuno de abril de dos mil veintiuno.

Vistos por mí, Dª XXXX, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número seis de los de esta Ciudad y su partido, los autos de JUICIO ORDINARIO seguidos en este Juzgado y registrados bajo el número 475/20 a instancia de Dª XXXX, representada por el Procurador Sr XXXX y defendida por el letrado Sr Sola contra Hoist Finance Spain SL representada por el Procurador Sr XXXX y defendida por el Letrado Sra XXXX y atendiendo a los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la parte actora se interpuso demanda de juicio ordinario, alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimaba de aplicación y terminaba solicitando que se dicte sentencia por la estimando íntegramente la demanda.

Declare la nulidad de las cláusulas relativas a la fijación del interés remuneratorio, al modo de amortización de la deuda y composición de los pagos, y a los costes y precio total del contrato de autos por no superar el doble filtro de transparencia y, declare la nulidad por abusividad de la comisión por impago y gestión de recobros. Subsidiariamente declare la nulidad del contrato por usura.

Condene a la demandada a la restitución de todos los efectos dimanantes de las cláusulas declaradas nulas y de los efectos de las cláusulas y prácticas abusivas declaradas nulas, o en su caso, del contrato declarado nulo, hasta el último pago realizado; más los intereses legales y procesales y el pago de las costas del pleito.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se confirió traslado de la misma a la demandada, en cuyo nombre y representación compareció el Procurador Sr XXXX, presentando escrito de contestación, en el que tras alegar los hechos y fundamentos de derechos, solicitó se dicte sentencia desestimando la pretensión de la actora, con expresa imposición de costas.

TERCERO.- Que fueron convocadas las partes a la audiencia previa para intentar llegar a un acuerdo o transacción que pusiera fin al proceso, y caso contrario examinar las cuestiones procesales que pudieran obstar la prosecución y terminación mediante sentencia.

No llegándose a un acuerdo entre las partes, examinadas las cuestiones planteadas y fijados los hechos controvertidos, se propusieron por las partes los medios de prueba de los que pretendían valerse para sus pretensiones.

Examinadas y admitidas las pertinentes y útiles, se señaló fecha para la celebración del juicio. Habiéndose renunciado a la practica de la testifical que fue interesada, por ambas partes se interesó se concediera a las partes trámite para realizar conclusiones escritas, y que fue acordado. Verificado el trámite de conclusiones por los litigantes, quedaron los autos conclusos para sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Por la parte actora se ejercitan las acciones que son de ver en el suplico de la demanda, alegando su letrado, en esencia, los siguientes hechos.

En fecha 20/06/2006, su mandante se encontraba en un centro comercial cuando un comercial que se encontraba efectuando venta directa a pie de calle abordó a su mandante, la paró y le ofreció la contratación de la tarjeta de crédito de pago aplazado Mbna.

Que daba acceso a una línea de crédito para atender los pagos generales del hogar en cuotas flexibles y con intereses muy bajos, haciendo hincapié en que la financiación estaba preconcebida solo por el mero hecho de solicitarla.

Así pues, la venta se efectuó fuera del establecimiento de la entidad financiera, de forma rápida, de pie, en medio de un centro comercial, sin que mi mandante solicitara el producto sino que la venta se produjo a iniciativa de la entidad.

Para la concesión de la tarjeta, la demandada no tuvo en cuenta la situación concreta de su mandante, ni efectuó el oportuno estudio de riesgos que justificara el tipo de interés aplicado; de modo que no se tuvieron en cuenta las circunstancias económicas concretas de mi mandante ni del uso de la financiación.

Como resultado, su mandante convino un contrato de tarjeta de crédito de pago aplazado y tipo revolvente, que vino utilizando con normalidad. a raíz de la reciente jurisprudencia habida sobre la protección de los consumidores ante condiciones generales de la contratación y, concretamente en estos productos de crédito fácil, su mandante reparó en que sus pagos no repercutían en la deuda como le habían dicho al contratar.

Por ello, en fecha 30/10/2019 envió una reclamación previa al servicio de atención al cliente de Hoist Finance Spain dejando constancia de su disconformidad con el tipo de interés por considerarlo usurario, impugnando costes y cargos repercutidos, y solicitando la documentación acreditativa de la relación contractual.

La reclamación previa fue respondida por la entidad en el sentido de no aceptar la solicitud efectuada, pero aportando parte de la documentación requerida.

El presente asunto, se da la circunstancia de que la entidad financiera titular del crédito dimanante de la tarjeta no entregó copia del contrato a su mandante para sí, ni al momento de la contratación, ni con posterioridad.

No fue hasta la reclamación extrajudicial efectuada por mi mandante en octubre de 2019, cuando la entidad remitió la copia que se aporta con esta demanda.

Como consecuencia de lo anterior, durante la relación contractual su mandante no ha tenido conocimiento de las condiciones que le venían siendo aplicadas. Por ello, no tuvo conocimiento que durante unos años, la entidad le había venido cargando una prima de seguro que la sra. XXXX no había contratado.

En cuanto al contrato, la fecha inicial del mismo fue 20/06/2006, el destino del crédito, la adquisición bienes y servicios de consumo; el tipo de contrato, tarjeta de crédito de pago aplazado tipo revolvente y cuota flexible; no requiere de cuenta abierta en la entidad; sobre la Tae del contrato.

El contrato discutido en esta demanda, adolece de múltiples defectos por cuanto la información que contiene obra en una disposición y tamaño que hace ilocalizable e ilegible cláusula económica alguna, pasando absolutamente desapercibida una Tae del 18,9%.

Sostiene la falta de transparencia del mismo, e incide en la información facilitada antes y durante el contrato, e impugna las clausulas que determinan el precio del contrato por no superar el control de incorporación, siendo el objeto de su impugnación.

Todas las clausulas impugnación incluye todas las cláusulas relativas al coste total del crédito en el sentido amplio del artículo 6 de la Ley 16/2011, de 24 de julio de contratos de crédito al consumo referido como en este caso a Condiciones Generales de Contratación.

Es decir, no sólo comprende los intereses remuneratorios sino también las comisiones, primas de seguro, y todos los gastos que deba afrontar el cliente. La demandada no cumplió con las mínimas obligaciones de incorporación siendo estas ilegibles.

Además tampoco superan el control de transparencia, pues nunca se ofrecieron las explicaciones adecuadas que exigen los artículos 10, 11 y 12 de la Ley 16/2011 de Contratos de Créditos al Consumo deberían haber dado respuesta.

A: tipo de contrato, tae aplicable, porcentaje de amortización mensual, amortización mensual máxima y mínima, línea roja de capitalización de intereses, efectos del uso de ampliaciones de capital, efectos del aumento de intereses sobre el capital dispuesto, tiempo de devolución previsible con ese interés y ese límite.

La amalgama de cláusulas en la documentación analizada hacen imposible que un consumidor pueda entender el mecanismo de liquidación de cuotas y la relación entre ese mecanismo y el prescrito por otras cláusulas, sin que ofrezca parámetros suficientes que permitan conocer el coste real, ni la amortización, ni la interrelación que las variables podían tener sobre el precio -cuota, modificación límite, modificación intereses.

Ni sobre el plazo estimable de pago, información esencial a la vista de la naturaleza de del objeto del contrato sin que tampoco se informara que se trataba de una tarjeta revolvente en vez de una tarjeta estándar.

De forma subsidiaria, interesa la abusividad de la comisión de impagados/gestión de recobro, y por ultimo la nulidad por usura por aplicación de la Ley de 23 de julio de 1908, citando la STS 4 de marzo de 2020, por considerar que la Tae aplicada al contrato litigioso es mas del doble al interés normal para este tipo de producto al momento de la contratación.

SEGUNDO.- La parte demandada se opone alegando, en síntesis, los siguientes hechos.

Excepción de falta de legitimación pasiva, toda vez que la demandada ni ha concedido un crédito a la demandada ni ha percibido cantidad alguna por tal concepto, siendo el contrato suscrito con la entidad financiera MBNA, pasando posteriormente a ser la acreedora Evo Finance.

Quien ha cambiado su denominación social, pasando a ser Servicios Prescriptor y Medios de Pagos EFC SA, siendo que posteriormente SPYMP en fecha 20/06/18 cedió a Hoist Finance el crédito objeto de esta litis, adquiriendo por ello, esta ultima el derecho de crédito que arroja el saldo deudor de la tarjeta, y sin subrogarse en la posición de prestamista.

Se trata de una cesión de crédito y no de una cesión de contrato. Alega asimismo la falta de litisconsorcio pasivo necesario, interesando se traiga al proceso a SPYMP, cuestión esta última que fue resuelta en sentido desestimatorio en el acto de la audiencia previa.

En cuanto al tipo de interés de referencia para determinar el carácter usurario del préstamo, es el aplicado ordinariamente en el mercado de las tarjetas de pago aplazado. Con anterioridad al año 2010, como es el caso que nos ocupa, nos encontramos con que el Banco de España no incluía los datos estadísticos de información especifica sobre el crédito concedido a través de tarjetas de crédito, si bien podemos acudir a otras fuentes de información, y en este sentido hace referencia a la publicación llevada a cabo por el Centro de Estudios de Consumo por la que se hace una relación de las distintas TAE aplicadas por las entidades de crédito para los créditos de aplazamiento con tarjeta a fecha de marzo de 2002, de lo que deduce que en la época de la suscripción del contrato de autos, la Tae del 18,90% para compras y disposiciones en efectivo no constituye una diferencia tal por la que proceda ser tachado el crédito de usurario.

Sobre el control de transparencia, alega que la demandada es un mera cesionaria en la relación jurídica sin que nada haya tenido que ver en su redacción.

Asimismo que la celebración del contrato supera el control de incorporación y transparencia, estando ante exposiciones sencillas y comprensibles, y considera por ultimo la validez de las comisiones por reclamación de cuota impagada, interesando por todo lo expuesto, la desestimación de la demanda.

TERCERO.- Se alega en primer lugar por la demandada, la falta de legitimación pasiva, por ser la misma la cesionaria del crédito, estando ante una cesión de crédito y no un contrato de cesión, al haber sido cedido el crédito objeto de litis.

Mas la misma decaer, haciendo propios los argumentos que a continuación se exponen: SAP de Barcelona Sec17 de 1 de febrero de 2021, en la que se indica.

“Como se indicaba en la sentencia de esta Sala de 17-1-2018: » Es constante la jurisprudencia por la que se considera que la aportación del documento notarial es suficiente para acreditar la cesión de créditos, a los efectos de cumplir con el requisito de prueba suficiente y fehaciente sobre la cesión de derechos.

Sin duda, como se deja sentado por la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de julio de 2004, » la cesión de créditos supone la sustitución de un acreedor por otro, con respecto al mismo crédito, lo que implica, al amparo del artículo 1112 del Código civil, el cambio del sujeto activo o acreedor, desapareciendo el primitivo, el cual queda como un tercero en la obligación y entra el nuevo en la relación jurídica.

Se configura la misma como un negocio jurídico bilateral, cuyos sujetos son el antiguo acreedor cedente y el nuevo cesionario siendo necesario el consentimiento de ambos, pero no del deudor -cedido- al cual debe notificársele la cesión ( artículo 1527 del Código civil)como requisito de eficacia para obligarle con el nuevo acreedor, el cesionario».

Es constante criterio jurisprudencial ( STS 29-11-2017, y muchas otras) que la transmisión en bloque y la sustitución en la posición contractual que la cedente ostentaba frente a cada uno de sus clientes del negocio bancario, justifica que estos pudieran ejercitar contra cesionaria las acciones de nulidad contractual.

Respecto de los contratos celebrados en este caso por CITIBANK con su clientela antes de la transmisión del negocio bancario, sin perjuicio de las acciones que la cesionaria pueda ejercitar contra la cedente para quedar indemne frente a esas reclamaciones, conforme a lo previsto en el contrato celebrado entre ambas entidades.

En este caso, como indica la resolución recurrida, ha quedado acreditado que este concreto crédito fue objeto de las sucesivas cesiones, por lo que la actora principal tiene legitimación activa.

Y también por lo indicado tiene legitimación pasiva respecto a la demanda reconvencional ( en la que se alegaba la existencia de clausulas abusivas)”

De igual modo, la SAP de Almería Secc 1 de 26 de mayo de 2020 dispone al respecto “ (….)a la entidad ahora demandada y cesionaria del crédito.

En concreto se decía en carta del 1-12-2017: Le informamos que Hoist Finance Spain, S.L, sociedad de nacionalidad española, con domicilio en Avenida de Bruselas 5, 2S108, Alcobendas (Madrid) y provista de C.I.F. B-87547659, en lo sucesivo, «Hoist», ha adquirido los derechos de crédito derivados del contrato anteriormente mencionado del que Ud. es titular.

Y que hasta la fecha mantenía con Wizink Bank, S.A, en adelante «Wizink». Por lo tanto, Hoist ha adquirido la condición de legítimo titular del crédito que la citada entidad tiene frente a Ud. y, en consecuencia, le comunicamos que deberá abonar el saldo pendiente a Hoist y no a Wizink. A la vista del anterior documento es evidente que se ha producido una cesión del derecho de crédito de la citada entidad a la hoy demandada.

Que por tal motivo tendrá que soportar que se le reclame por los intereses cobrados de naturaleza usuraria, sin perjuicio de que no se dedique al negocio bancario y sea un mero fondo de cobro de deudas, puesto que al adquirir el crédito lo hace con todos los derechos y obligaciones derivados del mismo.

Como señala la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 2.002, la cesión de crédito supone un cambio de acreedor quedando el nuevo con el mismo derecho que el anterior, permaneciendo incólume la relación obligatoria, como han destacado las sentencias de 15-11-1990 y 22-2.

Además no es necesaria notificarla al deudor para que produzca efectos salvo para obligarle con el nuevo acreedor y cesionario e impedir que pueda aquel liberarse mediante el simple pago al acreedor, como autoriza el art. 1527 del C. Civil.

Por consiguiente la demandada tiene legitimación en virtud de dicha cesión de crédito para ser demandada, sin perjuicio de que no se dedique al negocio bancario, habiendo recibido el crédito con las obligaciones derivadas del mismo y consecuencia de su titularidad, como son la posible nulidad por las condiciones usurarias de sus intereses percibidos en su momento.

De los que el cesionario ha de responder como adquirente de todo el crédito puesto que se subroga en todos los derechos y obligaciones del cedente, por lo que es algo ajeno a la parte demandante quien recibió en su día esos intereses usurarios.

De igual modo es ajeno a las partes el hecho de que el demandado no se dedique al negocio bancario porque a estos efectos es bastante con ser titular de crédito e intentar cobrarlo, o al menos no reconocer el abuso de esos intereses a pesar de la comunicaciones que ha recibido, abocando a este litigio.

En igual sentido la SAP de Madrid Secc 12 de 5 de diciembre de 2019.

“En orden a la falta de legitimación pasiva que se esgrime por Hoist Finance Spain, S.L., invocando que la apelada suscribió el contrato de tarjeta con Citibank España, que cedió un conjunto de derechos y obligaciones a Banco Popular E.

Que pasó a denominarse Wizink Bank, que, el 6/6/17, vendió a Hoist una cartera de créditos entre los que se encontraba el adeudado por la actora, incidiendo en que a la misma no se le cedió el contrato sino únicamente un crédito, no habiéndose subrogado la ahora apelante en la posición de prestamista.

Siguiendo el criterio mayoritariamente seguido en esta Audiencia en sentencias como las dictadas por la secc. 9 en fecha 18/7/19, secc. 10 en fecha 21/9/18, el motivo debe de ser rechazado, ante la falta de aportación de elemento probatorio alguno referido a dicha cesión de «crédito» como a los términos obligacionales en los que se produjo la misma, cuestión no solo incumbencia de quien invoca tal cesión de crédito sino también de fácil acreditación probatoria para dicha parte.

Siendo relevante que el doc. nº XXXX 8 de la demanda, hace referencia a un contrato de compraventa en el que no solo se hace cesión de crédito, sino transmisión de los mismos sin exclusión de ninguna responsabilidad por parte de HOIST derivada de tal adquisición.

De cualquier forma, planteada la cuestión en otros procedimientos, la misma ha sido desestimada tal y como consta en S AP de Asturias de 26 de abril de 2019, en la que asumiendo que existió una cesión de crédito, no de contrato, se razona.

» La cesión de créditos, ha sido definida por la doctrina, como el medio para hacerlos circular, sustituyendo al sujeto en el lado activo de la relación obligatoria, que permanece inalterada en el aspecto pasivo y vinculando a los elementos personales originarios.

En los ordenamientos actuales es admitida sin discrepancia la patrimonialidad del crédito y como tal apto para ser objeto de tráfico jurídico. La cesión de créditos es, atendiendo al Diccionario del Español Jurídico, la «transmisión de crédito de una persona a otra, aunque manteniéndose sin variación el contenido de la obligación».

Es, por lo tanto, la transmisión de un derecho de crédito, que es consecuencia de un negocio jurídico precedente, el cual puede ser: la compraventa, la permuta, los actos de libertad típicos (legado o donación), créditos con finalidad solutoria.

La cesión del crédito la contempla el Código civil dentro del contrato de compraventa, artículos 1526 y siguientes aunque ciertamente no es una verdadera venta sino la cesión que puede tener como causa la venta u otro negocio jurídico (así, sentencias de 26 de septiembre de 2002 y 18 de julio de 2005 ) cuyo deudor no ha de consentir el negocio de cesión para que pueda llevarse a cabo ( sentencia de 1 de octubre de 2001).

Su concepto es la sustitución de con el mismo derecho del anterior y quedando el antiguo ajeno a la relación crediticia ( sentencias citadas de 26 de septiembre de 2002 y 18 de julio de 2005 ) .

Es importante, pues, destacar que en la cesión de crédito, el cedente queda fuera de la relación jurídica obligacional; su derecho de crédito ha pasado al cesionario.

Por ello, aquél nada puede reclamar, ya que ningún derecho tiene, por haberlo cedido» ( STS 1ª 25/01/2008 ). La STS, de 18/07/2005 estipula que la «sustitución de la persona del acreedor por otra respecto al mismo crédito, es admitida, con carácter general, por el Art. 1112 Código Civil y está regulada, con carácter particular, en los Art.1526, Código Civil y siguientes del mismo cuerpo legal, como negocio jurídico, sea o no contrato de compraventa, y supone un cambio de acreedor quedando el nuevo con el mismo derecho que el anterior, permaneciendo incólume la relación obligatoria».

En los presentes autos consta y así está acreditado la Sra. suscribió el contrato con la entidad Citibank España SA.El contenido del contrato de cesión es la transmisión del derecho de crédito a un nuevo acreedor que pasa a ocupar en la obligación el lugar del primitivo, permaneciendo esencialmente inalterada la situación obligacional.

En consecuencia, se ha subrogado en la posición del primitivo acreedor y en su misma situación obligacional que no implica extinción sino su traspaso y, en cuanto al contrato de tarjeta suscrito tanto desde su lado activo como desde el pasivo».

Consideraciones que esta Sala hace suyas, desestimando el motivo del recurso referido a la falta de legitimación pasiva de Hoist.”

Y tales argumentaciones son extrapolables al caso examinado. Según resulta de la documental aportada, el contrato objeto de litis fue inicialmente suscrito con la entidad MBNA, pasando posteriormente a ser la acreedora del crédito Evo Finance, quien pasó luego a denominarse Servicios Prescriptor y Medios de Pagos EFC SA.

En virtud de escritura de 20 de junio de 2018 otorgada ante el Notario de Madrid D XXXX con n.º XXXX de protocolo se firmó la correspondiente cesión de créditos por la que Evo Finance cedió y trasmitió a Hoist Finance los créditos cuya relación completa y detallada que contiene 1 CD- Rom de datos, que se encuentra depositados en su Notaría en virtud de acta n.º XXXX de orden de protocolo y entre los cuales se encuentra el crédito objeto de litis ( documento tres de la demanda en relación con el documento dos de la contestación).

No se trata por tanto de la cesión de un solo crédito sino de una cesión de una «cartera de créditos» ( y así expresamente se recoge en la respuesta de Hoist a la reclamación extrajudicial efectuada – documento tres de la demanda-) o en bloque, transmisión que se efectuó sin exclusión de ninguna responsabilidad por parte de Hoist derivada de tal adquisición.

La cedente queda fuera de la relación jurídica obligacional y su derecho de crédito ha pasado a la cesionaria Hoist, pasando a ocupar ésta en la obligación, el lugar del primitivo, permaneciendo esencialmente inalterada la situación obligacional. En consecuencia, se ha subrogado en la posición del primitivo acreedor y en su misma situación obligacional que significa su traspaso y, en cuanto al contrato de tarjeta suscrito tanto desde su lado activo como desde el pasivo.

De forma que la sustitución en la posición contractual que la cedente ostentaba frente a cada uno de sus clientes, justifica que estos puedan ejercitar contra la cesionaria las acciones de nulidad contractual, respecto de los contratos celebrados en este caso por MBNA, y sin perjuicio de las acciones que la cesionaria pueda ejercitar contra la cedente para quedar indemne frente a esas reclamaciones, conforme a lo previsto en el contrato celebrado entre ambas entidades.

Además consta en autos que medió reclamación previa contra la cesionaria Hoist, y que fue respondida por dicha entidad en el sentido de no aceptar la solicitud efectuada, pero si aportando parte de la documentación requerida.

CUARTO.- Por la parte actora se ejercita, en primer lugar, la acción de nulidad del contrato por no superar el doble filtro de transparencia las clausulas que regulan el precio del contrato.

Estamos ante un contrato suscrito con consumidor, de modo que las condiciones generales existentes en el mismo deben superar no solo el control de incorporación, sino también el control de transparencia.

Tratándose de contratación con consumidores, no es suficiente el llamado control formal de incorporación, sino que es necesario que la condición general supere el control de transparencia, de modo que el consumidor sea capaz de comprender el contenido económico, la transcendencia, de la condición suscrita.

Se alega por la actora que no se cumple ninguno de estos dos controles.

Señala en este sentido la SAP Baleares, secc 3º, de 28 de octubre de 2019.

“A la hora de analizar la cuestión planteada debemos tener en cuenta que el interés remuneratorio es un elemento esencial de contrato, y sobre el tema del control de abusividad de los intereses ordinarios o remuneratorios, hemos de realizar unas consideraciones de carácter general.

El punto de partida es el art. 4.2 de la Directiva 93/13/CEE, del Consejo, de 5 de abril 1993, del que se ha deducido, pese a que no ha sido incorporado a nuestra legislación, que no es posible realizar un control de contenido, o adecuación entre precio y contraprestación, de los intereses ordinarios, en el ámbito de las condiciones generales y las cláusulas predispuestas, al ser objeto principal del contrato.

No obstante, el mismo art. 4.2 de la Directiva, permite que las condiciones generales o cláusulas predispuestas que afecten a los elementos esenciales del contrato, puedan estar sometidas a un control de inclusión y de transparencia que implica que su redacción ha de ser clara y comprensible.

Este es el sentido de los arts. 5.5 y 7 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación y 80.1 del Texto refundido de la Ley General para la defensa de Consumidores y Usuarios.

La transparencia, en relación con el objeto principal del contrato, garantiza que el consumidor conozca o pueda conocer la carga económica que el contrato supone para él y la prestación que va a recibir de la otra parte.

La STS 9 Mayo 2013, sobre cláusulas suelo, aplica el denominado control de transparencia y acaba anulando las cláusulas suelo sobre las que versaba el pleito.

Por lo que ahora interesa, en la referida sentencia se señala que las cláusulas suelo forman parte inescindible del precio que debe pagar el prestatario, este es, definen el objeto principal del contrato, por lo que están exentas del control de contenido que puede llevarse a cabo con el fin de determinar el posible carácter abusivo de la cláusula, es decir, no se extiende al equilibrio de las contraprestaciones, de tal forma que no cabe un control sobre el precio.

Ahora bien, sí pueden ser sometidas al control de transparencia o, en términos de la resolución, a un doble control de transparencia, superando así el inicial control de inclusión al contrato del art. 7 LCGC.

Ese segundo control se aplicaría cuando las cláusulas están incorporadas a contratos con consumidores y en la medida que se proyecta sobre los elementos esenciales del contrato, supone que el adherente conozca o pueda conocer, con sencillez, tanto la carga económica que supone para él el contrato celebrado, como la carga jurídica, y al tratarse de un parámetro abstracto se situaría fuera del ámbito de interpretación general del Código Civil del denominado «error vicio».

En consecuencia, y por aplicación de la doctrina establecida en la anterior sentencia, seguida en SSTS de 8 de septiembre de 2014, 24 de marzo de 2015, 25 de marzo de 2015 y 29 de abril de 2015, si bien los intereses remuneratorios están al margen de un control de contenido, sí que están sometidos, cuando, como en el caso de que nos ocupa.

Están ínsitos en un contrato celebrado con consumidores, al doble control de transparencia, que va más allá del control de inclusión a que se refiere el art. 7 LCGC, y que suponen que el adherente conozca o pueda conocer la carga económica y jurídica que derive para él del contrato en cuestión.

La sentencia del Tribunal Supremo de 9 de marzo de 2017, de Pleno (ES:TS:2017:788 sobre el control de transparencia), que sintetiza en qué consiste el control de transparencia en los siguientes términos.

«El control de transparencia como parámetro abstracto de validez de la cláusula predispuesta, esto es, fuera del ámbito de interpretación general del Código Civil del ‘error propio’ o ‘error vicio’, cuando se proyecta sobre los elementos esenciales del contrato tiene por objeto que el adherente conozca o pueda conocer con sencillez tanto la ‘carga económica’ que realmente supone para él el contrato celebrado.

Esto es, la onerosidad o sacrificio patrimonial realizada a cambio de la prestación económica que se quiere obtener, como la ‘carga jurídica’ del mismo, es decir, la definición clara de su posición jurídica tanto en los presupuestos o elementos típicos que configuran el contrato celebrado, como en la asignación o distribución de los riesgos de la ejecución o desarrollo del mismo».

El Alto Tribunal ha marcado una clara divisoria entre control de incorporación y control de transparencia, enfatizando que este segundo no atiende a la mera transparencia documental o gramatical definidora del primero, sino que representa un plus.

Que las cláusulas de los contratos concertados con consumidores definidoras de los elementos esenciales del contrato resulten transparentes no implica solamente que deba posibilitarse el conocimiento de su contenido mediante la utilización de caracteres tipográficos legibles y una redacción comprensible, lo que constituye el objeto del control de inclusión o de incorporación.

El control de transparencia supone, además y específicamente, como señala la referida sentencia del Tribunal Supremo de 9 de marzo de 2017 «la valoración de cómo una cláusula contractual ha podido afectar al precio y a su relación con la contraprestación de una manera que pase inadvertida al consumidor en el momento de prestar su conocimiento , alterando de este modo el acuerdo económico que creía haber alcanzado con el empresario, a partir de la información que aquel le proporcionó».

La cuestión es si se ha superado el control de transparencia. Y la respuesta debe ser negativa. No es controvertido la condición de consumidor de la actora, ni la firma de la misma en la “solicitud de tarjeta”. Ahora bien, ello no implica su validez. La propia modalidad empleada para la suscripción del contrato hace prácticamente imposible que puede entenderse superado el control de transparencia.

En el presente caso, el único soporte contractual es la solicitud de tarjeta aportada.

En el mismo, en el anverso, se indican los datos personales y profesionales del solicitante, datos de domiciliación bancaria, y en el apartado relativo a puente cash, se indica varias opciones, no constando marcada ninguna casilla.

No se contiene en el anverso ninguna referencia sobre la obligación esencial que corresponde al titular de la tarjeta de crédito como es el tipo de interés a aplicar.

Es en el reverso, donde se contienen las condiciones generales con un tamaño de letra mucho mas pequeño que en el anverso que dificulta en gran medida su lectura y comprensión, y entre ellas, en su punto segundo, las condiciones económicas, que no se destacan respecto del resto de las condiciones generales.

El tipo de letra utilizado en las condiciones generales resulta prácticamente ilegible. No se indica que se trata de una tarjeta de crédito de pago aplazado tipo revolvente y respecto a la Tae del contrato fijada en el 18,9%, aparece recogida en el reverso dentro de la cláusula económica segunda, de extensa redacción, pasando desapercibida y sin destacar.

Del conjunto consistente en la redacción, tamaño de letra y disposición de las condiciones generales del crédito revolving no se puede sostener que superen el control de transparencia.

No queda probado, correspondiendo la carga de la prueba a la demandada, que el consumidor conociera el tipo de contrato que suscribía, concretamente la modalidad de crédito suscrita y el tipo de interés que iba a abonar. La forma de operar un crédito revolving no es tan sencilla como alega la demandada.

Tal y como resulta de la propia lectura del anverso del contrato la solicitud fue rellenada por el vendedor, lo que viene a poner de relieve la afirmación contenida en la demanda, de que la contratación se efectuó en un centro comercial cuando un comercial, (vendedor) ofreció a la actora la contratación de esta tarjeta de crédito de pago aplazado MBNA.

Sin que hay podido practicarse la testifical del empleado que comercializó el crédito litigioso, al no haberse aportado por la demandada, en los términos en que fue requerido, sus datos identificativos por desconocerse.

Así pues las condiciones del crédito vienen establecidas en el reverso del contrato, en letra minúscula y no se destaca en el contrato el tipo de interés pactado. Los únicos datos legibles de forma sencilla y destacados son los datos personales y profesionales del consumidor.

Un dato tan esencial como el tipo de intereses aplicado aparece en la maraña de condiciones particulares, en el reverso del contrato, en concreto en su condición segunda, sin destacar y en letra minúscula.

Lo cierto es que nada se destaca en el contrato, ni la modalidad de pago, ni el límite de crédito, ni el tipo de interés pactado. Los únicos datos legibles de forma sencilla y destacados son los datos personales y profesionales del consumidor.

Entiende esta juzgadora que un dato tan esencial como el TAE no puede relegarse al reverso del contrato, con una letra mínima y sin destacarse. Lo mismo cabe decir de los límites de crédito o de la forma de pago e imputación.

Respecto al modo en el que debe figurar el TAE cabe citar la SAP Girona, sección 2 del 28 de marzo de 2019.

“Pero además, en un contrato de crédito al consumo, también es preciso analizar el control de transparencia, conforme a la doctrina jurisprudencial fijada por el TS y el TJUE, sin perjuicio de la aplicación de la Ley de Represión de la Usura.

Y siguiendo la Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el análisis del control de transparencia, SSTS de 8 de septiembre de 2014 , 24 y 25 de marzo de 2015 , 23 de diciembre de 2015 , 3 de junio de 2016 , 14 de julio de 2016.

Entre otras que siguen la doctrina del TJUE mantenida en Sentencias de 21 de marzo de 2013 (Asunto 92/11 ), 30 de abril de 2014 (Asunto C-26/13 ), 26 de febrero de 2015 (Asunto 143/13), 23 de abril de 2015 (Asunto C-96/14 ) y 9 de julio de 2015 (Asunto C- 348/14 ) y 21 de abril de 2016 (Asunto C-377/14 ), los intereses remuneratorios que constituyen un elemento esencial del contrato.

No pueden ser sometidos al control de abusividad, excepto cuando la cláusula no sea clara y comprensible, conforme a lo dispuesto en el art 4.2 de la Directiva 93/13/ CEE .

Y respecto a la necesidad de facilitar el TAE al prestatario, en un contrato del crédito al consumo, el propio TJUE en Auto de 16 de noviembre de 2010 (asunto C 76/10 ), se pronuncia en el sentido siguiente.

«El hecho de que no se indique la TAE en un contrato de crédito al consumo, dato que reviste una importancia esencial en el contexto de la Directiva 87/102/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de crédito al consumo, en su versión modificada por la Directiva 98/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de febrero de 1998.

Puede ser un elemento decisivo cuando un juez nacional trate de determinar si una cláusula de un contrato de préstamo relativa al coste de este en la que no consta dicha indicación está redactada de manera clara y comprensible en el sentido del artículo 4 de la Directiva 93/13 .

Si no es así, este órgano jurisdiccional tiene la facultad de apreciar, incluso de oficio, si, habida cuenta de todas las circunstancias que concurrieron en la celebración de dicho contrato, el hecho de que no conste la indicación de la TAE en la cláusula de este relativa al coste de ese crédito puede conferir a la citada cláusula carácter abusivo en el sentido de los artículos 3 y 4 de la Directiva 93/13 .

No obstante, a pesar de que sea posible examinar el citado contrato a la luz de la Directiva 93/13, la mencionada Directiva 87/102 debe interpretarse en el sentido de que permite al juez nacional aplicar de oficio las disposiciones que adaptan su Derecho interno al artículo 4 de esta última Directiva y establecen que en caso de que no se indique la TAE en un contrato de crédito al consumo se considerará que el crédito concedido está exento de intereses y gastos».

Y en la sentencia de 21 de abril de 2016 el TJUE (asunto C-377/14 ), incide en la obligación que se impone al órgano jurisdiccional nacional que conoce de un litigio relativo derechos de crédito, de examinar de oficio la obligación de información, conforme a la Directiva 2008/48/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, y deducir las consecuencias previstas en el Derecho nacional caso de su incumplimiento.

Aplicando la anterior doctrina al caso que nos ocupa, que es merecedor de similar tratamiento, resulta que en este supuesto no se omite el TAE, sino que, el TAE relacionado en el contrato de crédito al consumo, además de recogerse en una letra ínfima, de difícil lectura en el reverso del contrato, es de dificultosa comprensión respecto del interés contratado.

Pues se indica de una manera fragmentaria, dispersa y en definitiva equívoca, que no permite conocer de un modo claro la carga onerosa que para el contratante supuso la operación, no superando el control de transparencia, de modo que no ha quedado acreditado que el consumidor tuviera pleno conocimiento de la carga económica que suponía este producto.

A tenor de lo dispuesto en el art. 83 TRLCU, las condiciones incorporadas de modo no transparente en los contratos en perjuicio de los consumidores serán nulas de pleno derecho.

En cuanto a sus efectos, conforme dispone la SAP Cantabria, Secc 2 de 21 de diciembre de 2020.

«Es necesario declarar la nulidad del contrato de crédito pactado, en tanto que ( i ) ni es posible la sustitución de las condiciones no transparentes y nulas por una disposición supletoria de derecho nacional como método para lograr la permanencia de su vigencia y validez.

( ii ) ni el contrato puede subsistir sin dichas cláusulas al tratarse de condiciones de carácter estructural que pretenden determinar la particular naturaleza -la modalidad revolvente- y características concretas del negocio -pago de una cuota fija de escaso importe para amortizar un crédito que se restituye y que inevitablemente se va alargando, con mínima amortización del capital.

Al capitalizarse los intereses y las comisiones- en un sector de la contratación crediticia en el que el cobro de un interés -en el caso, particularmente alto- junto con unas comisiones es la causa evidente del contrato para el acreedor.

En consecuencia, el contrato no puede subsistir sin tales cláusulas porque su supresión provocaría como consecuencia la modificación de la naturaleza del objeto principal del contrato ( STJUE de 3 de junio de 2019 ).

La cuestión, por tanto, se traslada, a otra consideración: si el efecto de hacer inmediatamente exigible el pago del importe del crédito pendiente de devolución puede suponer al consumidor una penalización desproporcionada.

Nos recuerda la jurisprudencia del TJUE que si el juez nacional no pudiera sustituir una cláusula abusiva por una disposición supletoria de Derecho nacional y se viera obligado a anular el contrato en su totalidad, el consumidor podría quedar expuesto a consecuencias especialmente perjudiciales, de modo que el carácter disuasorio derivado de la anulación del contrato podría frustrarse.

En el caso de un contrato de préstamo, tal anulación tendría en principio el efecto de hacer inmediatamente exigible el pago del importe del préstamo pendiente de devolución, en una cuantía que puede exceder de la capacidad económica del consumidor, y, por esa razón, penalizaría a este más que al prestamista.

A quien, como consecuencia, no se disuadiría de insertar cláusulas de ese tipo en los contratos que ofrezca (sentencias de 30 de abril de 2014, Kásler y Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, apartados 83 y 84; y de 3 de marzo de 2020, ,C-125/18,EU:C:2020:138, apartado 63).

Sin embargo, no entendemos tampoco que tales consecuencias puedan aquí predicarse, pues además de que los efectos de la nulidad no va a ser esencialmente distintos a los que provoca la declaración de usura -que, cuando de consumidores se trata, nunca ha sido cuestionada como perjudicial.

La consecuencia de hacer únicamente exigible el capital del que realmente se ha dispuesto sin aplicación de interés ordinario o de comisiones de clase alguna no permite considerar que le pudiera suponer una penalización excesiva, so pena, en otro caso, de no disuadir al predisponente de incorporar esta clase de cláusulas sin sujetarlas a las exigencias de inclusión y transparencia adecuadas.

El fallo de la sentencia de primera instancia, en cuanto que declara la nulidad del contrato y extrae sus consecuencias en coincidencia con los efectos de la declaración del carácter abusivo de las condiciones señaladas, debe mantenerse aun retirando la mención a que la causa de la nulidad declarada es la usura.

Los efectos van a coincidir aun por otros fundamentos”.

Aplicando la doctrina expuesta al supuesto enjuiciado y declarada la falta de transparencia del contrato objeto de litis, en lo relativo a las clausulas que componen el precio del contrato y coste total del crédito, la consecuencia de dicha falta de transparencia, que afecta al modo de operar el crédito, conlleva la nulidad del contrato y los efectos de la nulidad.

Como hemos visto en la sentencia citada, la restitución de prestaciones, y que implica para la demandada, la condena a la devolución de todo lo pagado en cualquier concepto (intereses, comisiones, gastos, primas de seguro) que exceda del capital realmente dispuesto por la actora, mas el interés legal desde la fecha de interposición de la demanda, incrementado en dos puntos desde la fecha de la presente resolución.

La estimación de esta acción, comporta la in necesariedad de entrar a conocer de las demás acciones articuladas de forma subsidiaria.

QUINTO.- En cuanto a las costas, de conformidad con el principio del vencimiento, procede condenar en costas a la parte demandada.

Vistos los artículos citados, concordantes y los demás de general aplicación.

FALLO

Que ESTIMANDO la demanda formulada por Dª XXXX, representada por el Procurador Sr XXXX y defendida por el letrado Sr Sola contra Hoist Finance Spain SL representada por el Procurador Sr XXXX y defendida por el Letrado Sra. XXXX debo.

Declarar la nulidad del contrato de tarjeta de crédito Mbna suscrito el 12 de junio de 2006 por falta de transparencia y condenar a la demandada a la devolución de todo lo pagado en cualquier concepto (intereses, comisiones, gastos, primas de seguro) que exceda del capital realmente dispuesto por la actora, mas el interés legal desde la fecha de interposición de la demanda, incrementado en dos puntos desde la fecha de la presente resolución.

Todo ello, con expresa en costas a la demandada.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de APELACIÓN ante la Audiencia Provincial de Valencia (artículo 455 LECn).

El recurso se interpondrá ante el tribunal que haya dictado la resolución que se impugne dentro del plazo de veinte días contados desde el día siguiente a la notificación de aquella (articulo 458 LECn).

En aplicación de la Disposición adicional decimoquinta, introducida por la LOPJ, en la redacción dada a la misma por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la Legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, se indica a la parte de la necesidad de la constitución de un depósito de 50 euros para recurrir la resolución bajo apercibimiento de inadmisión.

Expídase testimonio de esta resolución que quedará unido a los autos, incorporándose el original al correspondiente Libro de Sentencias Civiles.

Así por esta mi Sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACION.- La anterior Sentencia ha sido dictada y publicada por la Magistrado-Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha. Doy fe.

Por luis

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