Sentencia Wizink 11.158€

El Juzgado de 1ª instancia e instrucción nº3 de Valdemoro sentencia a Wizink por usura y le condena a devolver 11.158,89€ a un usuario de Economía Zero.

Entre las partes se suscribió un contrato de tarjeta de crédito en el que se aplicaron unos intereses desproporcionados y abusivos.

La actora presentó un requerimiento judicial solicitando la nulidad del contrato por abusiva y por no superar el control de inclusión ni el de transparencia, por lo que procede la siguiente sentencia a Wizink Bank.

Por lo anteriormente expuesto, el cliente de Economía Zero se vio obligado a presentar una demanda judicial contra Wizink Bank, allanándose la entidad a todas las pretensiones del usuario de Economía Zero.

El magistrado del caso estima íntegramente la demanda interpuesta por el usuario de Economía Zero y sentencia Wizink Bank a la nulidad del contrato y la devolución de los intereses pagados de más suma que asciende a 8.514,62€.

El magistrado sentencia a Wizink al pago de las costas procesales.

El Letrado Sr. Daniel González ha sido el encargado de llevar a cabo la siguiente sentencia a Wizink Bank.

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JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 03 DE VALDEMORO

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 210/2021

Materia: Contratos bancarios

Demandante: D./Dña. XXXX

PROCURADOR D./Dña. XXXX

Demandado: WIZINK BANK, S.A.

PROCURADOR D./Dña. XXXX

SENTENCIA Nº136/2021

JUEZ/MAGISTRADO- JUEZ: D./Dña. XXXX

Lugar: Valdemoro

Fecha: trece de octubre de dos mil veintiuno

Vistos por mí, D. XXXX, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº3 de Valdemoro y su partido, los presentes autos de Juicio Ordinario nº210/2021, seguidos a instancias de la Procuradora de los Tribunales Sra. XXXX, en nombre y representación de D. XXXX, asistido por el Letrado Sr. Daniel González, frente a la mercantil “WIZINK BANK, S.A”, representada por la Procuradora Sra. XXXX, y asistida por el Letrado Sr. XXXX, autos que versan sobre nulidad por usura de contrato de tarjeta de crédito sin garantía inmobiliaria, y nulidad por abusividad contractual, procede dictar la presente resolución en base a los siguientes.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por turno de reparto correspondió a este Juzgado el conocimiento de la precedente demanda de Juicio Ordinario, presentada en el Juzgado Decano el día 22 de marzo de 2021, en la que la parte actora, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando que se dictase sentencia de conformidad con el suplico de su demanda.

Segundo.- Admitida a trámite la demanda mediante Decreto de fecha 28 de junio de 2021, la defensa de la mercantil demandada presentó con fecha 10 de septiembre de 2021 allanándose totalmente a las pretensiones de la demanda, solicitando no obstante que se le restituya la cantidad de 411,08 euros, así como interesando expresamente la no imposición de costas, por las razones expuestas en su escrito.

Tercero.- La representación del actor presentó escrito con fecha 13 de septiembre de 2021 oponiéndose a las pretensiones de adverso y solicitando se dicte sentencia condenatoria para la demandada, sin necesidad de celebración de vista, interesando expresamente la imposición de costas por los motivos expuestos en su escrito, y quedaron los autos únicamente pendientes de resolver lo procedente respecto a la solicitud de allanamiento de la parte demandada, con o sin costas procesales.

Cuarto.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales vigentes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El allanamiento es un acto procesal del demandado por el que manifiesta su voluntad de no oponerse a la pretensión del actor o de abandonar la oposición ya interpuesta, conformándose con la misma, provocando la terminación del proceso con sentencia de fondo no contradictoria en la que se le condenará.

En el caso de autos se cumplen todos los requisitos exigidos por su régimen jurídico: subjetivos, pues el demandado tiene capacidad procesal y de postulación; objetivos, pues tiene plena disponibilidad del derecho; y de actividad, puesto que el allanamiento tiene que ser expreso y puede manifestarse en cualquier momento de la primera instancia o de los recursos o de la ejecución de la sentencia (art. 19.3 LEC).

Además, cuando el allanamiento es total determina el contenido de la resolución que pone fin al proceso: sentencia condenatoria de acuerdo con lo solicitado por el demandante (art. 21.1 de la LEC 1/2000 de 7 de enero). La sentencia que se dicta en caso de allanamiento supone entrar en el fondo, con sentencia no contradictoria, produciendo los efectos normales de cosa juzgada.

SEGUNDO.- En materia de costas la LEC establece en su artículo 395 que “si el demandado se allanare a la demanda antes de contestarla, no procederá la imposición de costas salvo que el Tribunal razonándolo debidamente, aprecie mala fe en el demandado.

Se entenderá que, en todo caso, existe mala fe, si antes de presentar la demanda se hubiese formulado al demandado requerimiento fehaciente y justificado de pago, o si se hubiera dirigido contra él demanda de conciliación”.

El allanamiento no presupone necesariamente mala fe sino que ésta debe resultar de otros comportamientos del demandado distintos e independientes del simple acto de allanarse a la demanda. La regla general es la presunción de buena fe mientras que la mala fe constituye el supuesto de excepción que el Juez debe razonar debidamente.

Este requisito debe ser interpretado cuidadosamente para no provocar en el actor, asistido plenamente de razón, una disminución económica de su pretensión al tener que abonar parte de las costas de un litigio que se vio obligado a poner en marcha ante la conducta reticente del demandado.

La mala fe supone la contumacia injustificada de no cumplir en quien, a pesar de conocer de modo pleno su deber jurídico o el derecho indiscutido de la contraparte, deja de hacerlo o prefiere ignorarlo voluntariamente hasta el extremo de obligar al titular del derecho a tener que recabar el auxilio de los Tribunales cono única vía de lograr su satisfacción.

Habiéndose conceptuado también como la voluntad clara de incumplimiento de sus deberes jurídicos por parte del demandado, quien compele al actor a iniciar un proceso para lograr la efectividad de sus derechos subjetivos. Por ello la concurrencia de mala fe debe dilucidarse en cada caso concreto.

Como señala la sentencia del Tribunal Constitucional 84/1991, de 22 de abril: «el criterio objetivo del vencimiento tiene por objeto prevenir los resultados distorsionadores del entero sistema judicial que se derivarían de una excesiva litigiosidad y a restituir a la parte contraria los gastos que le ocasione la defensa de sus derechos e intereses legítimos por lo que cuando se establece una excepción a dicha imposición.

La existencia del allanamiento antes de la contestación ya parte el legislador del hecho de que ha habido un pleito innecesario y da por descontado que el demandante ha tenido unos gastos, los de interposición de la demanda, que no habría precisado hacer en caso de haber cumplido en su momento el demandado su obligación o reconocido la pretensión del actor, esto es, resulta razonable que quien obliga a otro a interponer una demanda corra con los gastos que ello conlleva.”

En el presente caso, con carácter previo debe indicarse que de la lectura de la contestación a la demanda se infiere que la mercantil demandada se allana a la pretensión principal e inicial del demandante, esto es, a la declaración de la nulidad del suscrito entre ambas partes por considerar que el interés remuneratorio pactado es usuario.

Tal y como indica la parte actora en su escrito, el allanamiento total efectuado por la demandada resulta procesalmente incompatible con la petición de condena de 411,08 euros frente al actor, toda vez que dicha pretensión debe articularse mediante reconvención, al amparo del art. 406 LEC

No siendo jurídicamente admisible una reconvención implícita o tácita, tal y como indica, entre otras, la SAP de Madrid (Sección 25ª) nº246/2020, de 22 de junio, sin perjuicio de que la mercantil demandada pueda reclamar dicha cantidad a través de otro proceso declarativo si a su derecho conviene.

En cuanto a las costas del procedimiento, conforme con la doctrina jurisprudencial anteriormente expuesta, procede la expresa imposición de costas a la mercantil demandada, toda vez que como indica la parte actora en su escrito, con fecha 6 de octubre de 2020 realizó reclamación extrajudicial fehaciente a la demandada –doc. nº2 de la demanda- con la misma pretensión a la que hoy ésta se allana, que no fue atendida, contestando la demandada con una respuesta estereotipada con fecha 9 de noviembre de 2020 doc. nº3 de la demanda.

No habiendo acreditado la mercantil demandada conforme a los artículos 217.3 en relación al art. 395 LEC la existencia de ningún acuerdo u oferta previa a la interposición de la demanda, circunstancia que obligó al actor a acudir a la vía judicial incurriendo en los correspondientes gastos, apreciándose una evidente mala fe en la conducta de la demandada, extremos que deben conducir a la expresa imposición de costas en este caso.

Vistos los artículos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación.

FALLO

Que ESTIMANDO ÍNTEGRAMENTE la demanda promovida a instancias de la Procuradora de los Tribunales Sra. XXXX, en nombre y representación de D. XXXX, frente a la mercantil “WIZINK BANK, S.A”, representada por la Procuradora Sra. XXXX, debo.

Declarar y DECLARO la NULIDAD por usuario del contrato de Tarjeta de Crédito de fecha 14 de diciembre de 2015 existente entre ambas partes, y en su virtud, se CONDENA a la demandada a la devolución al actor de la cantidad abonada por este por todos los conceptos que haya excedido del total del capital efectivamente prestado o dispuesto, cantidad que devengará los intereses legales correspondientes desde la presentación de la demanda y hasta su completo pago, todo ello con expresa imposición a la parte demandada de las costas del procedimiento.

Notifíquese la presente resolución a ambas partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer Recurso de Apelación ante este Juzgado en el plazo de veinte días a partir del siguiente al de su notificación, para su posterior decisión por la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid.

Se apercibe a las partes que es requisito imprescindible para la interposición del recurso de apelación la consignación como depósito de la cantidad de 50 euros en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado, salvo que tengan reconocido el beneficio de justicia gratuita.

Así por esta mi Sentencia, de la que se llevará certificación a los autos de que dimana, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia en el día de su fecha por el Sr. Magistrado que la suscribe, estando celebrando Audiencia Pública; doy fe.

Por luis

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