Sentencia WiZink 28.937€
Sentencia WiZink 28.937€

El Juzgado de 1ª Instancia nº9 de Palma de Mallorca dicta sentencia contra Wizink, y le condena a por usura a devolver 28.937,32€.

Entre las partes se suscribió un contrato de tarjeta de crédito con fecha 14 de diciembre de 2004, alegando el actor que la contratación fue telefónica y en el curso de la conversación se le aseguró que el interés era bajo, no advirtiendo en un principio que el tipo de interés que figura en el contrato es desproporcionado.

Si bien es calificable como tal, pues se trata de una TAE del 24,71% para compras y del 26,82%  para retiradas de efectivo, lo que triplica la TAE media aplicada a los créditos al consumo.

La Magistrada del caso estima la demanda interpuesta y dicta sentencia contra Wizink declarando la nulidad del contrato objeto del procedimiento por usura, y condenando a la demandada a la restitución de los efectos dimanantes del contrato.

En la siguiente sentencia contra Wizink se imponen las costas del proceso a la entidad demandada.

La Letrada colaboradora de Economía Zero Doña Lourdes Galvé Garrido ha sido la encargada de llevar a cabo el siguiente procedimiento.

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JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 9 PALMA DE MALLORCA

SENTENCIA: 00091/2021

Procedimiento civil nº1220/2019 – Juicio ordinario

SENTENCIA

En Palma, a 10 de mayo de 2021.

Dña. XXXX, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº9 de Palma de Mallorca, ha dictado la siguiente sentencia.

Habiendo visto los autos promovidos por D. XXXX, representado por la Procuradora Dña. XXXX y defendido por la Letrada Dña. Lourdes Galvé Garrido contra Wizink bank S.A., representado por la Procuradora Dña XXXX con la asistencia letrada de D.XXXX, sobre reclamación de cantidad.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Demanda. La parte actora presentó demanda de juicio ordinario arreglada a la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, que fue turnada de reparto a este Juzgado la referida demandada, mediante escrito en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación terminaba suplicando que después de los trámites de ley se dictara sentencia por la que se declarase que el interés remuneratorio acordado en el contrato es nulo por usurario.

Y subsidiariamente, que determinadas condiciones generales no superan el control de transparencia, y se condenara a Wizink a la devolución de la cantidad indebidamente pagada.

SEGUNDO: Contestación. Admitida la demanda, por considerarse este Juzgado competente, se acordó en la misma resolución de admisión la citación de la parte demandada para que la contestase.

Dentro del plazo conferido, la demandada compareció para oponerse a la demanda.

TERCERO: Audiencia Previa. Al acto de la audiencia previa comparecieron las partes, ratificándose en sus respectivas posturas.

Habiéndose impugnado la cuantía, se estimó la cuestión procesal, fijándola como determinada. Con posterioridad se dictó Auto desestimando el recurso de reposición interpuesto por la parte actora y confirmando esta decisión.

Recibido el pleito a prueba, la actora solicitó tener la documental ya aportada por reproducida y testifical, y la demandada, documental por reproducida.

Admitida la prueba, se fijó fecha para juicio, si bien, mediante escrito posterior, la actora renunció a la testifical, por lo que se dio traslado para conclusiones y se declararon los autos vistos para sentencia.

CUARTO: En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales esenciales, salvo el plazo para dictar sentencia, que no se ha podido cumplir por las muchas ocupaciones de este juzgado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se ejercita en el presente procedimiento una acción de reclamación de cantidad fundada en contrato de tarjeta de crédito suscrito entre las partes el 14 de diciembre de 2004, alegando el actor que la contratación fue telefónica y en el curso de la conversación se le aseguró que el interés era bajo, no advirtiendo en un principio que el tipo de interés que figura en el contrato es desproporcionado.

Si bien es calificable como tal, pues se trata de una TAE del 24,71 por 100 para compras y del 26,82 por 100 para retiradas de efectivo, lo que triplica la TAE media aplicada a los créditos al consumo.

Por tanto, el interés es usurario, reclamando la defensa del Sr. XXXX que se recalcule el saldo teniendo en cuenta únicamente el capital dispuesto, sin pago de interés ni gasto alguno, y se le restituya la cantidad que en su caso haya abonado de más.

Subsidiariamente, se solicita que se declare que la cláusula que fija el interés no supera el control de transparencia, por lo que es nula, al igual que la comisión de impagados.

La demandada se opone a la estimación de tales pretensiones alegando en primer lugar que el litigio debe ser suspendido por prejudicialidad civil, pues la Audiencia Provincial de Las Palmas ha planteado antes el TJUE cuestión prejudicial mediante Auto de 14 de septiembre de 2020.

En virtud del cual se pone de manifiesto las dudas que tiene el tribunal sobre si la interpretación actual que el Tribunal Supremo ha dado a la Ley de Represión de la Usura es compatible con el derecho comunitario.

En cuanto al fondo del asunto, manifiesta Wizink que cualquier consumidor medio diferencia lo que es una tarjeta de débito de una tarjeta de crédito.

Esta última a su vez, tiene varias modalidades, pues según el interés del cliente, lo pagado con la tarjeta puede ser devuelto a la entidad al mes siguiente -sin financiación- o a plazos, situación esta última que genera intereses.

Pues bien, las tarjetas como la que adquirió el Sr. XXXX son siempre explicadas por el comercial al cliente, ya sea en persona o telefónicamente, y no puede decir que no conocía las condiciones generales porque estas se incorporan en el mismo documento de solicitud, en forma de Reglamento.

En las explicaciones verbales, se les informa del tipo de interés y mensualmente se envía al titular extracto de cargos y pagos, que contiene el tipo de interés aplicado y las comisiones.

En este caso, durante quince años el actor ha estado usando la tarjeta, y ha dispuesto de un total de 59.512,28 euros, pagando 48.163,72 euros, desprendiéndose de los extractos que no contrató forzado por la necesidad ni con desconocimiento de las condiciones de la tarjeta, pues los pagos que se realizan no son en bienes necesarios, sino más bien superfluos.

La estipulación que fija los intereses remuneratorios es transparente, pues se trata de un interés fijo durante toda la vida del contrato, supera el control de incorporación al ser el pacto claro, legible y sencillo, y asimismo debe recordarse que el control material no está pensado para este tipo de cláusulas, y en todo caso se supera, pues su contenido permite que el cliente conozca la carga jurídica y económica del contrato.

Por tanto las cláusulas que determinan el interés y la comisión de impagados son válidas.

Tampoco se puede declarar que el interés es usurario tomando como referencia el interés de los préstamos al consumo, pues se debe partir del interés aplicable a operaciones similares.

SEGUNDO.- Revisadas las actuaciones, en relación con la prueba practicada, he llegado a la convicción de que la demanda debe ser estimada en su petición principal, pues procede declarar el carácter usurario de la cláusula de intereses remuneratorios que estipula una TAE del 24,71 por 100 para compras y del 26,82 por 100 para retirada de efectivo.

Debe analizarse, en primer término, la petición de suspensión por prejudicialidad civil, recordando que el Tribunal Supremo, en Auto de 12 de abril de 2016, estableció que para que una cuestión prejudicial comunitaria pueda dar lugar a la suspensión de un procedimiento deben concurrir los siguientes requisitos.

Que la norma respecto de la que se plantea la cuestión prejudicial sea de aplicación para resolver el pleito en el que se promueve la suspensión 2) Que exista directa vinculación entre las cuestiones jurídicas planteadas y el objeto de la cuestión prejudicial 3) Que existan dudas objetivas sobre la interpretación de la norma 4) Que no haya perjuicio relevante para las partes.

La SAP de Oviedo de 23 de septiembre de 2020 se pronuncia sobre la oportunidad de elevar cuestión prejudicial al TJUE acerca de si es conforme al derecho de la Unión la interpretación actual sobre el carácter usurario de los intereses aplicados a los créditos revolving, razonando.

“En este caso no se dan los presupuestos necesarios para plantear la cuestión con relación a la aplicación de una doctrina jurisprudencial -como la emanada de la Sentencia de 4 de marzo de 2020- que no trata sobre el Derecho de la Unión Europea o su trasposición al Derecho interno, sino exclusivamente sobre una disposición de Derecho nacional (la Ley de Represión de la Usura) que no guarda relación con la normativa de consumo y que es incluso anterior a la existencia misma de la Unión Europea.

Y tampoco resulta necesario su planteamiento sobre la aplicación de los trámites que permitan acomodar las pretensiones de los litigantes a dicha doctrina, modificando los fundamentos de las mismas, cuando ya se ha razonado con anterioridad sobre la improcedencia de tales alteraciones en el objeto del proceso”.

En consecuencia, entiendo que no es preciso suspender este procedimiento mientras se resuelve la cuestión planteada por la Audiencia Provincial de Las Palmas, al versar esta sobre la interpretación de una Ley que es anterior a la existencia misma de la Unión Europea, y no sobre el derecho comunitario.

TERCERO.- En cuanto al carácter usurario de los intereses remuneratorios, la STS de 4 de marzo de 2020, del Pleno establece: “La doctrina jurisprudencial que fijamos en la sentencia del pleno de esta sala 628/2015, de 25 de noviembre, cuya infracción alega la recurrente, puede sintetizarse en los siguientes extremos.

La normativa sobre cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores no permite el control del carácter «abusivo» del tipo de interés remuneratorio en tanto que la cláusula en que se establece tal interés regula un elemento esencial del contrato, como es el precio del servicio, siempre que cumpla el requisito de transparencia. La expresión de la TAE es requisito imprescindible, aunque no suficiente por sí solo, para que la cláusula que establece el interés remuneratorio pueda ser considerada transparente.

Para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la Ley de Represión de la Usura, esto es, «que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», sin que sea exigible que, acumuladamente, se exija «que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales».

Dado que conforme al art. 315, párrafo segundo, del Código de Comercio, «se reputará interés toda prestación pactada a favor del acreedor», el porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero no es el nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE).

Que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados. 

Para determinar si el préstamo, crédito u operación similar es usurario, el interés con el que ha de realizarse la comparación es el «normal del dinero».

Para establecer lo que se considera «interés normal» puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas. No es correcto utilizar como término de comparación el interés legal del dinero”.

Prosigue la citada resolución indicando que no fue objeto del recurso resuelto en aquella sentencia determinar si, en el caso de las tarjetas revolving, el término comparativo que ha de utilizarse como indicativo del “interés normal del dinero” es el interés medio correspondiente a una categoría determinada, de entre las que son publicadas en las estadísticas oficiales del Banco de España.

Dado que en el supuesto enjuiciado en 2020 dicho interés de referencia sí era discutido, el Tribunal Supremo resuelve.

“Para determinar la referencia que ha de utilizarse como «interés normal del dinero» para realizar la comparación con el interés cuestionado en el litigio y valorar si el mismo es usurario, debe utilizarse el tipo medio de interés, en el momento de celebración del contrato, correspondiente a la categoría a la que corresponda la operación crediticia cuestionada.

Y si existen categorías más específicas dentro de otras más amplias (como sucede actualmente con la de tarjetas de crédito y revolving, dentro de la categoría más amplia de operaciones de crédito al consumo), deberá utilizarse esa categoría más específica.

Con la que la operación crediticia cuestionada presenta más coincidencias (duración del crédito, importe, finalidad, medios a través de los cuáles el deudor puede disponer del crédito, garantías, facilidad de reclamación en caso de impago, etc.), pues esos rasgos comunes son determinantes del precio del crédito, esto es, de la TAE del interés remuneratorio”.

Concluye el Tribunal Supremo que la TAE al 26´82 por 100, en comparación con el tipo medio de interés de las operaciones realizadas mediante tarjetas de crédito y revolving de las estadísticas del Banco de España, que se fijó en la instancia en algo más del 20 por 100, es notablemente superior al normal del dinero, pues ya un tipo que excede el 20 por 100 anual es muy elevado.

Aplicando la anterior doctrina al supuesto enjuiciado, concluyo que el interés remuneratorio pactado en el contrato, TAE del 24,71 por 100 para compras y 26,82 por 100 para retiradas de efectivo, que consta en los extractos dirigidos al cliente, es usurario por ser notablemente superior al normal del dinero en la fecha de la contratación.

Esta es la lógica conclusión que se alcanza después de comparar dicha tasa con el tipo de interés medio que las tablas del boletín estadístico del Banco de España fijaban en diciembre de 2004 para los créditos al consumo de los hogares, que era del 8,42 por 100, ya que en aquel momento no se publicaba un índice específico para el mercado de tarjetas de crédito con pago aplazado.

De lo anterior resulta que debe condenarse a la demandada al pago de la diferencia entre la cantidad cobrada y la que resulte procedente con deducción de los intereses remuneratorios y comisiones de impagados, todo ello referido a la fecha de la sentencia. Sobre la suma que se obtenga se deben los intereses por mora de los artículos 1.100 y 1.108 del Código Civil.

CUARTO.- Conforme al artículo 394 de la Ley de

Enjuiciamiento Civil, las costas se imponen a la demandada.

VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLO

ESTIMAR la demanda formulada por D. XXXX contra WIZINK BANK S.A., declarando la nulidad del contrato objeto del procedimiento por usura, y condenando a la demandada a la restitución de los efectos dimanantes del contrato, con devolución recíproca de tales efectos incluyendo los devengados hasta la resolución definitiva del procedimiento, más los intereses legales procedentes.

Con imposición de costas al condenado.

Notifíquese a las partes esta sentencia, contra la que podrán interponer RECURSO DE APELACION en ambos efectos dentro de los VEINTE DIAS siguientes a su notificación con arreglo a lo prevenido en el artº458 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de Enero y su Disposición Transitoria Segunda.

Este recurso no se admitirá si no se acredita una consignación de 50 euros en la Cuenta de Depósitos de este Juzgado.

Llévese testimonio de la presente a los autos de su razón con archivo de la original en el Libro de Sentencias.

Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Por luis

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