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HOIST FINANCE SPAIN condenada a anular el contrato de una tarjeta de WIZINK por usuraria

HOIST FINANCE SPAIN condenada a anular el contrato de una tarjeta de WIZINK por usuraria

Un Juzgado de Primera Instancia de Fuengirola condena a Hoist Finance a anular una tarjeta de crédito con una TAE del 26,82 %, anteriormente la propietaria de la tarjeta era Wizink Bank.

La sentencia considera aplicable la Ley de Represión de la Usura, la cual dispone que será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso.

Y dado que la TAE publicada por el Banco de España para los préstamos al consumo en la fecha de contratación de la tarjeta de crédito era del 9,54 %, y la aplicada por Wizink fue del 26,82 %, lo que es un incremento de más de dos veces y media, y por lo tanto no cabe duda de que se trata de un interés notablemente superior.

Por lo tanto, el fallo condena a Hoist Finance a devolver a la demandante todo el dinero que ha pagado durante la vida de la tarjeta de crédito que exceda del que realmente le ha sido prestado, es decir, que recuperará todos los intereses y comisiones pagados desde la contratación. Hoist Finance es también condenada al pago de las costas procesales.

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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 DE FUENGIROLA

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 764/2018.

Negociado: 4

De: D/ña: XXXXXX

Procurador/a Sr/a: XXXXXX

Letrado/a Sr/a.

Contra D/ña: HOIST FINANCE SPAIN, S.L.

Procurador/a Sr/a: XXXXXX

Letrado/a Sr/a: XXXXXX

SENTENCIA núm. 47/19

En Fuengirola, Málaga, a 4 de marzo de 2019

D.ª XXXXXX, Magistrada del Juzgado de Primera Instancia número cinco de Fuengirola, habiendo visto y examinado los autos de Juicio Ordinario seguidos ante este Juzgado con el número 764/18 sobre NULIDAD CONTRACTUAL, en el que es parte demandante: Dª XXXXXX, representada por la Procuradora Dª XXXXXX y asistida por el Letrado D. XXXXXX; y parte demandada: HOIST FINANCE SPAIN S.L. representada por la Procuradora Dª XXXXXX en sustitución de Dª XXXXXX y asistid por la Letrada Dª XXXXXX en sustitución de Dª XXXXXX dicta la presente de la que son:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por turno de reparto corresponde conocer a este Juzgado demandada de juicio ordinario presentada por Dª XXXXXX frente a HOIST FINANCE SPAIN S.L. en la que tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que considera de aplicación termina suplicando el dictado de una sentencia estimatoria de sus pretensiones.

SEGUNDO.- Mediante Decreto se admite a trámite la demanda presentada y se acuerda dar traslado de la misma y de los documentos que la acompañan a la parte demandada para que conteste en el plazo de 20 días hábiles computados desde el siguiente al emplazamiento.

TERCERO.- La demandada presenta en forma y plazo escrito de contestación en el que solicita se desestime la demanda.

CUARTO.- Celebrada la Audiencia Previa en la que las partes propusieron como prueba la documental por aportada y, una vez cumplimentado el oficio dirigido a Banco de España, se declaran los autos conclusos para dictado de Sentencia, previa presentación por las partes de escrito de conclusiones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En el presente procedimiento se ejercita por la parte actora, Dª XXXXXX, una acción dirigida frente a la entidad demandada, Hoist Finance Spain S.L., como sucesora de la entidad Wizink Bank S.A., a la obtención de una sentencia por la que, con carácter principal, se declare la nulidad del contrato de tarjeta de crédito de fecha 20 de abril e 2007 inicialmente suscrito con CITIBANK ESPAÑA S.A. (entidad absorbida por Banco Popular-E, con denominación actual WIZINK BANK S.A.), por usurario y, CONDENE a la demandada al os efectos jurídicos correspondientes de tal declaración de nulidad; y, con carácter subsidiario, se DECLARE la NULIDAD de la cláusula de intereses remuneratorios, por falta de incorporación y transparencia; así como demás cláusulas abusivas contenidas en el título, apreciadas de oficio; con los efectos restitutorios que procedan, entre otros motivos, por imposibilidad biológica de leer el clausulado del documento contractual, sin que el condicionado conste firmado pro la demandante.

Todo ello, con intereses legales y costas procesales.

En la demanda se hace constar, como del estudio de los recibos, se desprende de una tasa anual equivalente que aparece en el documento del 26,82 % y, del reglamento de la tarjeta (condicionado general) que le fue remitido una vez dirige reclamación a la entidad, resulta que el coste del crédito que está pagando es del 27,24 %.

Que cuando la demandante contrató con la entidad financiera carecía de ingresos propios, pues era ama de casa, declarando exclusivamente los de su cónyuge; emitiéndose la tarjeta sin ningún tipo de estudio de insolvencia.

Según Tabla de movimiento (actualizada a fecha diciembre de 2015), que adjunta como DOCUMENTO Nº 5:

– Ha dispuesto de 13.452,44 €.

– Lleva pagado, mediante los recibos, 14.680,81 €.

– Sólo en intereses lleva abonados 9.588,55 €.

– Le siguen reclamando 8.578,93 €.

La demandante cuenta con la condición de consumidora y la de empresario la parte demandada, conforme lo dispuesto en los artículos 3 y 4 LGDCU. Y, fundamenta su pretensión en lo dispuesto en la Ley de 23 de julio de 1908 de la Usura; y, en la no superación del doble control de información y transparencia.

SEGUNDO.- La demandada, Hoist Finance Spain S.L., alega FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA por cuanto que la actora subscribió el contrato con la entidad CITIBANK S.A., sin que la demandada haya recibido cantidad alguna ni por la Sra. XXXXXX ni de Wizink (que se subrogó en la posición de CITIBANK), ni de ningún otro. Por este motivo, no existe cantidad alguna que haya de ser restituida por parte de HOIST.

En cuanto al fondo del asunto, la demandada manifiesta que el interés que debe tenerse en cuenta es el aplicado a las tarjetas revolving, que es el tipo de contrato que ahora nos ocupa, en la fecha de formalización del contrato, y no el interés que se aplica a otros tipos de crédito que nada tiene que ver con el que es objeto de este procedimiento.

La entidad demandada manifiesta la superación del control de transparencia y de la plena prestación del consentimiento por la parte actora.

TERCERO.- En el acto de la Audiencia Previa al Juicio se acordó como prueba dirigir oficio al Banco de España a fin de que comunicase cuales han sido los tipos medios de interés de las operaciones de tarjeta de crédito desde el año 2007 al 2010, debiendo referirse exclusivamente a los créditos concedidos a través de tarjetas pago aplazado o revolving y no a otras operaciones de financiación.

Analizadas las actuaciones, por conformidad entre las partes y de la prueba documental aportada, se considera probada la realidad del contrato de tarjeta de crédito de fecha 20 de abril de 2007 inicialmente suscrito por la demandante, Dª XXXXXX, con CITIBANK ESPAÑA S.A. (entidad absorbida por Banco Popular-E, con denominación actual WIZINK BANK S.A.) de quien la entidad actora HOIST FINANCE SPAIN S.L., adquiere su derecho.

La TAE aplicada al contrato es de 26,82 % (documento nº 2 de la demanda)

En el reglamento de tarjeta (condicionado general) que fue remitido a la demandante tras reclamación presentada, aparece un coste del crédito de un 27,24 % (doc. 4 de la demanda).

Se considera probada la condición de consumidora de la parte actora (art. 3 y 4 LGDCU) que no ha sido cuestionada por la demandada; y también, la condición de ama de casa de la demandante en el momento de la firma del contrato (doc. 2 de la demanda).

CUARTO.- El análisis de la acción ejercitada con carácter principal pasa por las siguientes consideraciones:

La excepción de falta de legitimación pasiva alegada por la parte demandada, con fundamento en su condición de cesionaria, debe ser desestimada pues el Tribunal Supremo ya establece, en su sentencia de 3 de octubre de 2016, que el “consumidor podrá utilizar contra el cesionario todas las herramienta de defensa que tuviera frente al cedente”. Doctrina confirmada por la SSTS de 29 de noviembre de 2017 (Pleno) y 23 de noviembre de 2018.

En cuanto al fondo del asunto, el Tribunal Supremo, en su sentencia de fecha 25 de noviembre de 2015, declaró usurario un contrato de tarjeta de crédito revolving con una TAE de 24,60 % inferior a la de autos.

En los términos que establece la parte actora en escrito de conclusiones, el Tribunal Supremo establece que el tipo de interés con el que se tiene que comparar la TAE contractual es con el interés medio de las operaciones de crédito al consumo, pues una tarjeta revolving no es más que un crédito al consumo.

Este es el criterio establecido por el Tribunal Supremo, en Pleno, desde el año 2015 y, el seguido por la mayoría de los juzgados y tribunales de España (Asturias, en su sentencia de 26 de enero de 201, AP de Madrid, en su sentencia de 6 de marzo de 2018, AP de Vizcaya, en su sentencia de 21 de septiembre de 2017, entre otras).

La Ilma AP de Málaga, en auto de fecha 19 de diciembre de 2016 establece “Se alegó así la infracción del primer párrafo del art. 1 de la Ley de 23 julio 1908 de Represión de la Usura, que establece:

<<será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales.>>.

Aunque en el caso objeto del recurso no se trataba propiamente de un contrato de préstamo, la sentencia de Pleno de Nuestro Tribunal Supremo de 25 de noviembre ha señalado que la citada normativa ha de ser aplicada a una operación que, por sus características, puede ser encuadrada en el ámbito del crédito al consumo, puesto que el art. 9 de dicho texto legal establece:

<<lo dispuesto por esta Ley se aplicará a toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualesquiera que sean la forma que revista el contrato y la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido>>.

En este marco, la Ley de Represión de la Usura se configura como un límite tanto a lo dispuesto en el art. 315 del Código de Comercio que establece el principio de libertad de la tasa de interés, como a la autonomía negocial del art. 1255 del Código Civil aplicable a los préstamos y, en general, a cualesquiera operación de crédito <<sustancialmente equivalente>> al préstamo.

Así lo ha declarado nuestro Tribunal Supremo en sentencias, como las número 406/2012, de 18 de junio; 113/2013, de 22 de febrero, y 677/2014, de 2 de diciembre.

Como señala la citada sentencia de Pleno de Nuestro Tribunal Supremo de 225 de noviembre de 2015 para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la ley, esto es, <<que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso>>, sin que sea exigible que, acumuladamente, se exija <<que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales>>.

Continua señalando dicha sentencia que el porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero que es el nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE) y el interés con el que ha de realizarse la comparación es el “norma del dinero”.

No se trata, por tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés <<normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia>>.

Para establecer lo que se considera «interés normal» puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tiene que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.).

Esa obligación informativa de las entidades tiene su origen en el artículo 5.1 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (BCE), que recoge la obligación de este último, asistido por los bancos centrales nacionales, de recopilar la información estadística necesaria través de los agentes económicos.

Para ello, el BCE adoptó el Reglamento (CE) nº 63/2002, de 20 de diciembre de 2001, sobre estadísticas de los tipos de interés que las instituciones financieras monetarias aplican a los depósitos y a los préstamos frente a los hogares y a las sociedades no financieras; y a partir de ahí, el Banco de España, a través de su Circular 4/2002, de 25 de junio, dio el obligado cumplimiento al contenido del Reglamento, con objeto de poder obtener de las entidades de crédito la información solicitada.

En el presente caso, según el Boletín estadístico del Banco de España el tipo de interés activo medio ordinario aplicado por las entidades de crédito en el mes de abril de 2013, cuando se subscribió el contrato que nos ocupa, ascendía al 9,59 %, por lo que la diferencia entre la TAE fijada en la operación (19,56 %) y el interés medio de los préstamos al consumo en la fecha en que fue concertado (9,59 %) permite considerar el interés estipulado como <<notablemente superior al normal del dinero>>.

Para que la operación pueda ser considerada usuraria es necesario que, además de ser notablemente superior al normal del dinero, el interés estipulado sea <<manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso>>.

En principio, dado que la normalidad no precisa de especial prueba mientras que es la excepcionalidad la que necesita ser alegada y probada, en el supuesto enjuiciado no concurren otras circunstancias que las relativas a la operación cuestionada.

La entidad financiera no ha justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en este tipo de operaciones de consumo.

Aunque las circunstancias concretas de una determinada operación, entre las que se encuentran el mayor riesgo para la financiera que pueda derivarse de ser menores las garantías concertadas, pueden justificar, desde el punto de vista de la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, un interés superior al que puede considerarse normal o medio en el mercado, como puede suceder en operaciones como la que nos ocupa, no puede justificarse una elevación del tipo de interés tan desproporcionado como la que ha tenido lugar en el caso objeto del recurso, sobre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos.

Lo expuesto determina que se haya producido una infracción del art. 1 de la Ley de Represión de la Usura, al estipularse un interés notablemente superior al normal del dinero en la fecha en que fue concertado el contrato, sin que concurra ninguna circunstancias jurídicamente atendible que justifique un interés tan notablemente elevado.

El carácter usurario de la operación conlleva su nulidad y las consecuencias de dicha nulidad son las previstas en el art. 3 de la Ley de Represión de la Usura, esto es, la demandante estará obligada a entregar tan sólo la suma recibida y no procederá el devengo de intereses, lo que excusa de entrar a resolver el segundo motivo del recurso respecto a los intereses moratorios.

Como consecuencia de lo anterior, procede requerir a la actora para que en el término de 15 días presente una nueva liquidación por el resto de la cantidad adeudada, tomando en cuenta el total de lo percibido tanto en concepto de principal como de intereses ordinarios que deberán ser imputadas al pago del principal. Razones que llevan a la estimación del recurso entablado y a la revocación de la resolución dictada en la instancia”.

En virtud de lo expuesto, siendo el tipo de interés a comparar el indicado por la parte actora, y, resultado que para abril del 2007, fecha de contratación, la TAE aplicada al contrato (26,82 %) era mayor al doble que la TAE publicada por el Banco de España para los préstamos al consumo de esa fecha que era de 9,54 %, sin que la entidad financiera haya justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en este tipo de operaciones de consumo, procede el dictado de Sentencia por el que se estime la demanda declarando el carácter de la operación y, por lo tanto, su nulidad siendo las consecuencias de dicha nulidad las previstas en el art. 3 de la Ley de Represión de la Usura, esto es, la obligación de la demandante de devolver tan sólo la suma recibida sin devengo de intereses.

Según la referida STS (Pleno) de 25 de noviembre de 2015:

“Aunque las circunstancias concretas de un determinado préstamo, entre las que se encuentran el mayor riesgo para el prestamista que pueda derivarse de ser menores las garantías concertadas, puede justificar, desde el punto de vista de la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, un interés superior al que puede considerarse normal o medio en el mercado, como puede suceder en operaciones de crédito al consumo, no puede justificarse una elevación del tipo de interés tan desproporcionado en operaciones de financiación al consumo como la que ha tenido lugar en el caso objeto del recurso, sobre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto que la concesión irresponsable de préstamo al consumo a tipos de interés muy superior a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y tare como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico”.

La estimación íntegra de la acción ejercitada con carácter principal por la parte actora, hace innecesario analizar la ejercitada con carácter subsidiario.

QUINTO.- La estimación íntegra de la demanda comporta la imposición de costas procesales a la parte demandada (art. 394 LEC).

FALLO

ESTIMANDO ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA PRESENTADA POR Dª XXXXXX frente a HOIST FINANCE SPAIN SL DEBO DECLARAR Y DECLARO la nulidad del contrato de la tarjeta de crédito de fecha 20 de abril de 2007, por usurario, con la obligación para la parte actora de entregar tan sólo la suma recibida sin devengo de intereses; debiendo la demandada restituir el exceso, para el caso que lo hubiera, con intereses. Procede imponer costas procesales a la parte demandada.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación ante la ILma. Audiencia Provincial de Málaga, que deberá interponerse antes este Juzgado dentro del plazo de veinte días contados desde el día siguiente a su notificación (artículo 458 LEC) previa constitución de depósito necesario de 50 euros para poder recurrid.

Líbrese y únase certificación de esta sentencia a las actuaciones, con inclusión de la original en el libro de Sentencias.

Así por esta mi Sentencia, juzgando definitivamente en primera instancias, lo pronuncio, mando y firmo.


2 comentarios para HOIST FINANCE SPAIN condenada a anular el contrato de una tarjeta de WIZINK por usuraria

  • Manuel

    Buenos días.

    Os adjunto por wetransfer los documentos escarbados que me enviaron de Hoist.

    Si tenéis problemas para descargarlos avisadme.

    Un saludo

    • Economía Zero

      Hola Manuel

      En primer lugar, comentarte que hemos recibido correctamente y perfectamente escaneada la respuesta que has obtenido de Hoist al respecto de tu reclamación sobre la tarjeta de crédito.

      Después de estudiar la contestación de Hoist, decirte que se trata de una contestación habitual de todas las entidades financieras, en la que dicen que todo está correcto, que no procede la nulidad del préstamo porque son muy transparentes y otra serie de explicaciones sin fundamento ninguno, por lo que no debes preocuparte por lo que digan en ella.

      Sin embargo, es una respuesta muy beneficiosa para nuestros intereses ya que, además de contener un pronunciamiento de la entidad sobre la nulidad del contrato, nos hacen entrega del contrato, donde podemos comprobar que el tipo de interés que tiene esa tarjeta es de usura (superior al 26 % TAE) y, en consecuencia, lo suficientemente alto como para que un Juez declare la nulidad del contrato y condene a la entidad a devolverte todo el dinero que has pagado en concepto de intereses y comisiones.

      También nos informan de que la tarjeta les sigue perteneciendo a ellos (no la han vendido a otra entidad) y además te hacen entrega de varios extractos de la tarjeta donde podemos comprobar su TAE usuraria del 26,82 %.

      Una vez que recibimos respuesta de la entidad, lo que tenemos que hacer ahora es presentar la correspondiente demanda en el Juzgado, por lo que, si quieres, podemos derivarte a uno de nuestros abogados expertos en productos revolving. Antes de ello, te agradeceríamos que nos enviases la segunda carta que enviaste, firmada por ti.

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      Un saludo.

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