Emilio Botín, su hermano Jaime y todos sus hijos se han salvado de la cárcel y de unas fuertes sanciones gracias a la benevolencia de la Agencia Tributaria, que en junio de 2010 les concedió un tiempo precioso para regularizar su situación -con el pago de 200 millones de euros- sin ser sancionados, en vez de mandarles a la inspección.
Cuando la Agencia Tributaria tuvo conocimiento del listado de defraudadores españoles con cuentas ocultas en el HSBC suizo a través de la Hacienda francesa, tomó la polémica decisión de enviarles un requerimiento en el que les invitaba a regularizar «voluntariamente».
¿La regularización evita el delito fiscal?
Ahora bien, no está nada claro que esta regularización voluntaria sea merecedora de la mencionada «excusa absolutoria». De hecho, la argumentación del juez resulta confusa y hasta contradictoria en este punto.
En el ‘caso Botín’, parece evidente que no hubo espontaneidad, sino que la regularización se produjo a resultas del requerimiento de la Agencia Tributaria. Es más, reconoce que «las actuaciones de la Administración Tributaria han de estar encaminadas a la comprobación precisamente de las deudas de cuya regularización se trata».
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