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Declarada la nulidad por usura de una tarjeta VISA ORO de Wizink Bank con una TAE del 26,82 %

Declarada la nulidad de un contrato de crédito de Wizink Bank con una TAE del 26,82 % por usura

El Juzgado de Primera Instancia Nº 6 de León condena a anular un contrato de tarjeta de crédito de la entidad Wizink Bank por usurario.

La actora suscribió con la demandada un contrato de tarjeta de crédito el cual conlleva un tipo nominal anual del 22,29 % y una TAE del 24,71 % para compras, y un TIN del 24 % y TAE del 26,82 % para disposiciones en efectivo, interés remuneratorio que resulta notoriamente superior a la TAE del 11,35 % fijada para la fecha del contrato (noviembre de 2008).

Por ello, procede declarar la nulidad del contrato de tarjeta de crédito por su carácter usurario.

La Magistrada del caso estima la demanda formulada por la demandante contra Wizink Bank S.A. y declara la nulidad del contrato de crédito suscrito entre las partes el 3 de noviembre de 2008 por aplica usura.

Asimismo, declara la obligación de la actora únicamente a devolver el crédito efectivamente dispuesto como principal, condenando a la entidad demandada a reintegrar a la actora todas las cantidades cobradas que hayan excedido del capital prestado.

El interés legal desde el cobro, con imposición de las costas, es impuesto a la entidad financiera Wizink Bank.

El caso de autos ha sido llevado a cabo por la letrada colaboradora de Economía Zero, Dª Natalia Rodríguez Picallo.

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LA ILMA SRA. DOÑA XXXXX, MAGISTRADA-JUEZ DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO SEIS DE LEÓN Y SU PARTIDO, el día veintiocho de enero dos mil veinte ha pronunciado

SENTENCIA Nº 12

En el Juicio Ordinario nº 635 de 2019 instado por DOÑA XXXXXX, representada por la procuradora Dª XXXXXX y dirigido por la letrada Dª Natalia Rodríguez Picallo, frente a WIZINK BANK S.A., representado por la procuradora Dª XXXXXX, bajo la dirección letrada de D. XXXXXX.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.Por presentado en este Juzgado escrito de demanda presentado por la procuradora Sra. XXXXXX, que se basa en los Hechos y Fundamentos de Derecho expuestos y suplica al Juzgado que, previos los trámites legales, se dicte sentencia por la que:

1.- Con carácter principal, se declare la nulidad por usura del contrato de tarjeta de crédito “Visa Oro”, con nº XXXXXX (actualmente nº XXXXXX), suscrito por la demandante con CITIBANK ESPAÑA, S.A. (actualmente WIZINK BANK, S.A.), el 3 de noviembre de 2008, condenando a la entidad demandada a restituir a Doña XXXXXX la suma de las cantidades percibidas en la vida del crédito que excedan del capital prestado a la demandante, más los intereses legales devengados de dichas cantidades.

2.- Con carácter subsidiario al punto anterior, se declare:

– La nulidad por abusiva –por no superar ni el control de inclusión ni el de transparencia– de la cláusula de intereses remuneratorios del contrato de tarjeta de crédito “Visa Oro”, con nº XXXXXX (actualmente nº XXXXXX), suscrito por la demandante con CITIBANK ESPAÑA, S.A. (actualmente WIZINK BANK, S.A.), el 3 de noviembre de 2008, y se condene a la entidad demandada a restituirle a Doña XXXXXX la totalidad de los intereses remuneratorios abonados, más los intereses legales devengados de dichas cantidades.

– La nulidad de la cláusula de comisión por reclamación de cuota impagada del contrato de tarjeta de crédito “Visa Oro”, con nº XXXXXX (actualmente nº XXXXXX), suscrito por la demandante con CITIBANK ESPAÑA, S.A. (actualmente WIZINK BANK, S.A.), el 3 de noviembre de 2008, y se condene a la entidad demandada a restituirle a su representada la totalidad de las comisiones cobradas, más los intereses legales devengados de dichas cantidades.

3.- Se condene, en todo caso, a la demandada al pago de las costas procesales.

SEGUNDO.Admitida a trámite la demanda, se emplazó a la demandada, que compareció y contestó a la demanda.

Convocadas las partes a la audiencia previa, asistieron ambas y mantuvieron sus respectivas posturas y propusieron prueba documental, que les fue admitida y quedaron los autos conclusos para sentencia.

TERCERO.En la tramitación de los presentes autos se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.Se ejercita en el escrito inicial del procedimiento acción de nulidad un contrato de tarjeta de crédito por usurario, pretensión a la que se opone la demandada.

SEGUNDO.Alega la actora que el 03/11/2008 suscribió con Citibank España S.A. un contrato de tarjeta de crédito denominada “Visa Oro” y que el tipo nominal anual es del 22,29 % y la TAE del 24,71 % para compras, y un TIN del 24 % y TAE del 26,82 % para disposiciones en efectivo.

Ha de partirse de una situación de hecho indiscutida y que en todo caso resulta acreditada con la prueba documental obrante en autos, pese a la escasa legibilidad de la misma y es que el día 03/11/2008 la actora concertó el contrato de tarjeta de crédito objeto de la demanda, en que se fijaba para compras TIN del 22,29 % y TAE del 24,71 % y para el pago aplazado TIN del 24 % y TAE del 26,82 %.

Se trata de una operación de crédito en la que la actora es consumidora y a la que es aplicable la Ley de Represión de la Usura, de acuerdo con su artículo 9, que establece que «Lo dispuesto por esta Ley se aplicará a toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualesquiera que sean la forma que revista el contrato y la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido«.

Precisamente la sentencia de Pleno del TS de 25 de noviembre de 2015 declaraba el carácter usuario de un crédito “revolving» concedido al consumidor demandando, razonando al respecto que «la flexibilidad de la regulación contenida en la Ley de Represión de la Usura ha permitido que la jurisprudencia haya ido adaptando su aplicación a las diversas circunstancias sociales y económicas. …En este marco, la Ley de Represión de la Usura se configura como un límite a la autonomía negocial del art. 1255 del Código Civil aplicable a los préstamos, y, en general, a cualesquiera operación de crédito «sustancialmente equivalente» al préstamo.

Para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la ley, esto es, «que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», sin que sea exigible que, acumuladamente, se exija «que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales«.

Siguiendo la argumentación de la sentencia de 6 de marzo de 2019 de la Audiencia Provincial de León, sección 2ª, dictada ocasión de un recurso de apelación interpuesto por WIZINK BANK S.A.:

a partir de la aplicación al contrato litigioso de la Ley de Usura, con el citado alcance interpretativo, los distintos motivos de impugnación que se articulan en el recurso han de ser desestimados pues en ellos se aparta la recurrente de la doctrina que sobre los mismos ha sentado la sentencia de Pleno del TS de 21 de noviembre de 2015, que esta Sala ha de tomar como referencia para su resolución, en cuanto si bien se trata de una sola sentencia, que en cuanto tal no constituye doctrina legal, según reiterada jurisprudencia del TS recogida entre otras en las STS de 29 de noviembre de 2002 y 15 de octubre de 2008, al exigirse para ello la existencia de «… dos sentencias de esta Sala de Casación Civil sobre interpretación y aplicación de la Ley u otras fuentes del derecho, respecto a casos idénticos», ello no obstante se trata de una sentencia dictada con unanimidad por el Pleno de los Magistrados que la integran, y que contiene una clara modificación de la doctrina anterior a la hora de decidir cuál es el término de comparación o de referencia a tomar en consideración para resolver en cada caso, si concurren en el producto de crédito litigioso, los requisitos objetivos del apartado 1º del art. 1 de la Ley de Usura , y concluir su carácter o no usurario”.

En el contrato de tarjeta de crédito suscrito por el actor, con fecha 3 de marzo de 2016, -concertado entre una entidad mercantil y un consumidor-, declarado nulo por la sentencia de instancia, se establece en el anexo de las condiciones económicas, que el crédito concedido devengara un interés anual del 26,70 % TAE inicial para pagos aplazados y disposiciones a crédito”.

Aunque en el caso objeto del recurso no se trata de un contrato de préstamo, sino de una tarjeta de crédito expedida por la entidad financiera, le es de aplicación la Ley de Represión de la Usura y en concreto su art. 1 , puesto que el art. 9 establece: lo dispuesto por esta Ley Legislación citada que se aplica Ley de 23 de julio de 1908 sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios. art. 9 (13/08/1908) se aplicará a toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualesquiera que sean la forma que revista el contrato y la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido”.

“En este sentido, la STS de 25 de noviembre de 2014 , dice:

«La flexibilidad de la regulación contenida en la Ley de Represión de la Usura ha permitido que la jurisprudencia haya ido adaptando su aplicación a las diversas circunstancias sociales y económicas.

En el caso objeto del recurso, la citada normativa ha de ser aplicada a una operación crediticia que, por sus características, puede ser encuadrada en el ámbito del crédito al consumo. Y añade la referida sentencia,

«2.- El art. 315 del Código de Comercio Legislación citada que se aplica Real decreto de 22 de agosto de 1885 por el que se publica el Código de Comercio art. 315 (01/11/1996) establece el principio de libertad de la tasa de interés, que en el ámbito reglamentario desarrollaron la Orden Ministerial de 17 de enero de 1981, vigente cuando se concertó el contrato entre las partes, y actualmente el art. 4.1 Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.

Mientras que el interés de demora fijado en una cláusula no negociada en un contrato concertado con un consumidor puede ser objeto de control de contenido y ser declarado abusivo si supone una indemnización desproporcionadamente alta al consumidor que no cumpla con sus obligaciones, como declaramos en las sentencias núm. 265/2015, de 22 de abril Jurisprudencia citada a favor STS, Sala de lo Civil, Sección: 991ª, 22/04/2015 (rec. 2351/2012) Interés de demora fijado en una cláusula no negociada en un contrato concertado con un consumidor puede ser objeto de control de contenido y ser declarado abusivo si supone una indemnización desproporcionadamente alta al consumidor que no cumpla con sus obligaciones, y 469/2015, de 8 de septiembre Jurisprudencia citada a favor STS, Sala de lo Civil, Sección: 1ª, 08/09/2015 (rec. 1687/2013) Interés de demora fijado en una cláusula no negociada en un contrato concertado con un consumidor puede ser objeto de control de contenido y ser declarado abusivo si supone una indemnización desproporcionadamente alta al consumidor que no cumpla con sus obligaciones, la normativa sobre cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores no permite el control del carácter «abusivo» del tipo de interés remuneratorio en tanto que la cláusula en que se establece tal interés regula un elemento esencial del contrato, como es el precio del servicio, siempre que cumpla el requisito de transparencia, que es fundamental para asegurar, en primer lugar, que la prestación del consentimiento se ha realizado por el consumidor con pleno conocimiento de la carga onerosa que la concertación de la operación de crédito le supone y, en segundo lugar, que ha podido comparar las distintas ofertas de las entidades de crédito para elegir, entre ellas, la que le resulta más favorable.

En este marco, la Ley de Represión de la Usura se configura como un límite a la autonomía negocial del art. 1255 del Código Civil Legislación citada que se aplica Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil art. 1255 (16/08/1889) aplicable a los préstamos, y, en general, a cualesquiera operación de crédito «sustancialmente equivalente» al préstamo.

Así lo ha declarado esta Sala en anteriores sentencias, como las núm. 406/2012, de 18 de junio Jurisprudencia citada a favor STS, Sala de lo Civil, Sección: 1ª, 18/06/2012 (rec. 46/2010) Ley de Represión de la Usura se configura como un límite a la autonomía negocial, 113/2013, de 22 de febrero Jurisprudencia citada a favor STS, Sala de lo Civil, Sección: 1ª, 22/02/2013 (rec. 1759/2010) Ley de Represión de la Usura se configura como un límite a la autonomía negocial, y 677/2014, de 2 de diciembre Jurisprudencia citada a favor STS, Sala de lo Civil, Sección: 1ª, 02/12/2014 (rec. 389/2012) Ley de Represión de la Usura se configura como un límite a la autonomía negocial”.

Y sigue diciendo, 3.- A partir de los primeros años cuarenta, la jurisprudencia de esta Sala volvió a la línea jurisprudencial inmediatamente posterior a la promulgación de la Ley de Represión de la Usura, en el sentido de no exigir que, para que un préstamo pudiera considerarse usurario, concurrieran todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el art. 1 de la ley.

Por tanto, y en lo que al caso objeto del recurso interesa, para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la ley, esto es, «que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso«, sin que sea exigible que, acumuladamente, se exija «que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales«.

«Dado que conforme al art. 315, párrafo segundo, del Código de Comercio Legislación citada CCo art. 315.2, «se reputará interés toda prestación pactada a favor del acreedor», el porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero no es el nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE), que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados.

Este extremo es imprescindible (aunque no suficiente por sí solo) para que la cláusula que establece el interés remuneratorio pueda ser considerada transparente, pues no solo permite conocer de un modo más claro la carga onerosa que para el prestatario o acreditado supone realmente la operación, sino que además permite una comparación fiable con los préstamos ofertados por la competencia”.

El interés con el que ha de realizarse la comparación es el «normal del dinero». No se trata, por tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés «normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia» (sentencia núm. 869/2001, de 2 de octubre).

Para establecer lo que se considera «interés normal» puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.).

Esa obligación informativa de las entidades tiene su origen en el artículo 5.1 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (BCE), que recoge la obligación de este último, asistido por los bancos centrales nacionales, de recopilar la información estadística necesaria través de los agentes económicos.

Para ello, el BCE adoptó el Reglamento (CE) nº 63/2002, de 20 de diciembre de 2001, sobre estadísticas de los tipos de interés que las instituciones financieras monetarias aplican a los depósitos y a los préstamos frente a los hogares y a las sociedades no financieras; y a partir de ahí, el Banco de España, a través de su Circular 4/2002, de 25 de junio, dio el obligado cumplimiento al contenido del Reglamento, con objeto de poder obtener de las entidades de crédito la información solicitada”.

Señala además la STS a la que venimos haciendo referencia de 25 de noviembre de 2015, que, «Para que el préstamo pueda ser considerado usurario es necesario que, además de ser notablemente superior al normal del dinero, el interés estipulado sea «manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso«.

“En atención a la anterior doctrina resulta inviable apartarse del criterio que utiliza el TS cuando se refiere al interés nominal del dinero, es decir el normal o habitual del dinero, ni de los boletines estadísticos del Banco de España, apreciando tras el examen de los mismos, que el interés aplicado por la entidad demandada, sobre las cantidades dispuestas, es notablemente superior al normal del dinero, pues en la fecha en la que fue concertado el contrato, el interés aplicado por la entidad demandada TAE 26,70 %, es notablemente superior, al que sería de aplicación conforme a dichas estadísticas del Banco de España, en las que se fija el TAE en el 8,51 % para marzo de 2016, o en el 8,74 % para enero de 2018, y aunque como se señala en el recurso, en el oficio remitido por el Banco de España se hace constar, que los tipos de interés (TAE) medios correspondientes a tarjetas de crédito de pago aplazado, clasificadas en hogares e instituciones sin fines lucrativos al servicio de los hogares (ISFLSH) y sociedades no financieras, conllevan unos tipo de interés más altos, 21,02 % para el 2016, y 20,74 % para enero-junio 2018, si nos ceñimos a los tipos de interés que corresponde aplicar, al crédito concedido a través de la tarjeta de crédito contratada por el actor, conforme a los boletines estadísticos citados, no puede por menor de mantenerse que resultan superiores al interés normal del dinero y desproporcionados, siendo incluso superiores en cinco puntos si nos atenemos a los específicos para las tarjetas de crédito, por lo que ha de compartirse la calificación de usuario del interés fijado en el contrato que se hace en la sentencia de instancia”.

“La STS de 25 de noviembre de 2015 asimismo añade, «En principio, dado que la normalidad no precisa de especial prueba mientras que es la excepcionalidad la que necesita ser alegada y probada….La entidad financiera que concedió el crédito «revolving» no ha justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo”.

“Generalmente, las circunstancias excepcionales que pueden justificar un tipo de interés anormalmente alto están relacionadas con el riesgo de la operación.

Cuando el prestatario va a utilizar el dinero obtenido en el préstamo en una operación especialmente lucrativa pero de alto riesgo, está justificado que quien le financia, al igual que participa del riesgo, participe también de los altos beneficios esperados mediante la fijación de un interés notablemente superior al normal”.

“Aunque las circunstancias concretas de un determinado préstamo, entre las que se encuentran el mayor riesgo para el prestamista que pueda derivarse de ser menores las garantías concertadas, puede justificar, desde el punto de vista de la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, un interés superior al que puede considerarse normal o medio en el mercado, como puede suceder en operaciones de crédito al consumo, no puede justificarse una elevación del tipo de interés tan desproporcionado en operaciones de financiación al consumo como la que ha tenido lugar en el caso objeto del recurso, sobre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico«.

En idéntico sentido, las sentencias de 20/12/2018, 30/07/2018, 30/07/2019 y 07/10/2019 de la Audiencia Provincial de León dictadas en procedimientos en los que ha sido parte WIZINK S.A.

En la reciente sentencia de 26 de julio de 2019 dice que “siguiendo la doctrina establecida por el Tribunal Supremo en sentencia de 25 de noviembre de 2015, y conforme viene declarando esta misma Audiencia Provincial, en supuestos similares (Sentencias, sección 1 de 4 de abril, 10 de mayo y 18 de julio de 2019, y sección 2, de 1 de marzo y 30 de julio de 2018, y 22 de febrero, 6 de marzo y 14 de junio de 2019) los intereses remuneratorios (TAE) de 26,82 %, deben ser calificados de usurarios, al tratarse de un interés que excede del doble del tipo utilizado en operaciones de crédito al consumo”.

El interés remuneratorio del contrato en el caso de autos (TAE del 24 % y 26,82 %) resulta notoriamente superior a la TAE del 11,35 % fijada para noviembre de 2008, incluso a los tipos medios de interés anuales (TEDR) de préstamos y créditos correspondientes a tarjeta de crédito de pago aplazado aplicados desde 2010 (los supera en al menos 5 puntos).

En consecuencia, procede declarar la nulidad del contrato de tarjeta de crédito por su carácter usurario.

CUARTO.– Las costas se imponen a la demandada, de conformidad con lo establecido en el art. 394.1 LEC.

VISTOS los artículos citados y demás de general y concordante aplicación, pronuncio el siguiente

FALLO

Estimo la demanda formulada por la procuradora Sra. XXXXXX, en nombre y representación de DOÑA XXXXXX frente a WIZINK BANK S.A., y en su virtud, declaro la nulidad del contrato de crédito suscrito entre las partes el 3 de noviembre de 2008 por su carácter usurario y declaro que la actora únicamente está obligada a devolver el crédito efectivamente dispuesto, por lo que condeno a la entidad demandada a reintegrar a la demandante todas aquellas cantidades cobradas que hayan excedido del capital prestado, que se habrán de calcular en ejecución de sentencia, más el interés legal desde el cobro, con imposición de las costas a la parte demandada.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de León, que habrá de presentarse ante este Juzgado dentro de los veinte días siguientes a su notificación previa constitución de un depósito de 50 €.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Magistrada-Juez que la dictó estando celebrando audiencia pública el día de su fecha, doy fe.

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