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Se declara la nulidad de un contrato de tarjeta de crédito de Wizink al 26,82 % TAE por usurario

Se declara la nulidad de un contrato de tarjeta de crédito de Wizink al 26,82 % TAE por usurario

El Juzgado de Primera Instancia Nº 59 de Madrid declara la nulidad de un contrato de tarjeta de crédito por usura, suscrito por un usuario de Economía Zero con la entidad bancaria Wizink Bank.

El contrato litigioso, pactado entre las partes en el año 2003, contiene un tipo de interés del 24,71 % TAE hasta enero de 2019, cuando pasó a ser del 26,82 %, siendo la media fijada para las operaciones de crédito al consumo en el momento de la suscripción del 7,72 % TAE.

Por lo expuesto, el interés remuneratorio resulta desproporcionado y notablemente superior a las circunstancias del caso, debiendo por ello declararse la nulidad del contrato.

Estimando la demanda, la Juez del caso declara la nulidad «radical, absoluta y originaria» del presente contrato de tarjeta de crédito suscrito por la demandante con la entidad WIZINK BANK S.A. por usura, condenando a la entidad crediticia a la restitución a la actora de las cantidades que excedan del total del capital prestado.

Asimismo, las costas judiciales se imponen expresamente a la entidad financiera.

D. Daniel Navarro Salguero, colaborador de Economía Zero, ha sido el Letrado encargado de la defensa del presente litigio.

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JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 59 DE MADRID

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 548/2019

Materia: Contratos en general

Demandante: D. XXXXXX
PROCURADOR Dña. XXXXXX

Demandado: WIZINK BANK, S.A.
PROCURADOR Dña. XXXXXX

SENTENCIA Nº 266/2019

JUEZ/MAGISTRADO-JUEZ: Dña. XXXXXX
Lugar: Madrid
Fecha: diez de diciembre de dos mil diecinueve

En Madrid, a 10 de diciembre de 2019.

VISTAS y OÍDAS las presentes actuaciones por la Sra. Dña. XXXXXX, Magistrada-Juez de Primera Instancia del Juzgado nº Cincuenta y Nueve de Madrid y su Partido, ha pronunciado EN NOMBRE DE S.M. EL REY la siguiente Sentencia.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El 8 de abril de 2019 se presentó en Decanato por el Procurador Dña. XXXXXX en representación de D. XXXXXX demanda de juicio ordinario en reclamación de cantidad frente a la entidad WIZINK BANK S.A., repartida a este Juzgado, en la que, expuestos los hechos y fundamentos que consideró de aplicación al caso, finalizaba con la súplica dirigida al Juzgado de que, tras los correspondientes trámites legales, se acabare dictando sentencia por la que:

a) Con carácter principal:

– Se declarare la nulidad radical, absoluta y originaria del contrato por tratarse de un contrato usurario, con efectos inherentes a tal declaración, de conformidad con el artículo 1303 del CC;

– Se condenare, en virtud del artículo 1303 del CC y el artículo 3 de la Ley Azcárate, a la entidad WIZINK BANK S.A., a fin de que devolviera a su mandante la cantidad que excediera del total de capital prestado que haya dispuesto, defiriendo para ejecución de sentencia la determinación concreta del capital que se haya de devolver, computando al efecto la totalidad de los pagos efectuados por la parte demandante;

– Todo ello con expresa condena en costas a la demandada.

b) Con carácter subsidiario:

– Se declarare la nulidad radical, absoluta y originaria del contrato por tratarse de un contrato usurario, habida cuenta de la usura en la condición general que establece el interés remuneratorio desde enero de 2008.

– Se condenare, en virtud del artículo 1303 del CC y el artículo 3 de la Ley Azcárate, a la entidad WIZINK BANK S.A., a fin de que devolviera a su mandante la cantidad que excediera del total de capital prestado que haya dispuesto, defiriendo para ejecución de sentencia la determinación concreta del capital que se haya de devolver, computando al efecto la totalidad de los pagos efectuados por la parte demandante desde enero de 2018.

– Todo ello con expresa condena en costas a la demandada.

c) Con carácter subsidiario a las dos anteriores:

– Se declarare la nulidad de la cláusula de intereses moratorios, por falta de información y transparencia; así como demás cláusulas abusivas contenidas en el título, apreciadas de oficio, con los efectos restitutorios que procedan.

– Se condenare, en virtud del artículo 1303 del CC, a la entidad WIZINK BANK S.A., a fin de que reintegre a su representado las cantidades abonadas como intereses, que se determinará en ejecución de sentencia.

– Todo ello con expresa condena en costas a la demandada.

d) Con carácter subsidiario a las tres anteriores,

– Se declarare la nulidad de la cláusula de comisión por reclamación de cuota impagada, recogida en las condiciones actuales del contrato (documento nº 7), por abusiva; así como demás cláusulas abusivas contenidas en el título, apreciadas de oficio.

– Todo ello con expresa condena en costas a la demandada.

SEGUNDO.- El Decreto de fecha 12 de julio de 2019 admitió a trámite la demanda disponiendo su tramitación por los trámites del juicio ordinario, y, en su consecuencia, acordó dar traslado a la parte demandada, haciéndole entrega de copia de la demanda y documentos acompañados, emplazándola para que dentro de un término de veinte días contestara la demanda, lo que llevó a cabo bajo la representación del Procurador Dña. XXXXXX mediante en el que vino a contestar la demanda, oponiéndose a la misma en base a los hechos y fundamentos que consideró de aplicación, finalizando con la súplica dirigida al Juzgado de que tras la sustanciación del litigio por los cauces oportunos, dictare sentencia por la que desestimare íntegramente la demanda y se condenare a la actora al pago de las costas de este procedimiento.

TERCERO.- La diligencia de 12 de septiembre de 2019, teniendo por contestada en tiempo y forma la demanda, dispuso convocar a las partes para la celebración de audiencia previa, que tuvo lugar en esta misma fecha en la Sala de Vistas de este Juzgado en presencia de las representaciones y defensas de ambas partes, y manifestándose que el litigio subsistía entre ellas y no existía disposición de alcanzar un acuerdo, cada una de ellas se ratificó en sus respectivos escritos y pedimentos realizando las consideraciones que consideraron de interés sobre los documentos y dictámenes aportados por la parte contraria y, habiéndose interesado por ambas el recibimiento del pleito a prueba, el mismo fue acordado, siendo admitida la que se consideró pertinente y útil y, consistiendo solo en documental, dando por reproducidos los aportados con demanda y contestación, se declararon sin más trámite las actuaciones vistas para sentencia, habiendo quedado documentado el acto en soporte apto para la reproducción de sonido e imagen.

CUARTO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las formalidades legales pertinentes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se ejercita por D. XXXXXX en el presente procedimiento acción de nulidad de contrato de tarjeta suscrito en el año 2003 con la entidad CITIBANK ESPAÑA S.A., luego absorbida por BANCO POPULAR-E, posteriormente denominado WIZINK BANK S.A., alegándose por la parte actora que el contrato fue ofrecido por un comercial que la visitó en su domicilio, ofreciéndole la contratación de una tarjeta de crédito para sobrellevar más fácilmente los gastos del hogar, comentándole las grandes ventajas derivadas de la contratación, dado que tendría un crédito con intereses muy bajos, y además podría pagar en cómodos plazos a su elección, firmando el demandante, sin negociación alguna, el contrato, cuyas condiciones le eran ilegibles y aparecían en el reverso del contrato, utilizando la tarjeta en diversas ocasiones sin advertir ni el tipo de interés desproporcionado si el mecanismo de capitalización de intereses de la tarjeta, todo ello enmascarado en la falta absoluta de información, solicitando una copia del contrato, que no le fue remitida, conociendo las condiciones del contrato desde diciembre de 2007, cuando el actor recibió los recibos generados, siendo en aquel momento la TAE aplicada del 24,71 %, pasando en enero de 2009 a ser modificada unilateralmente para elevarse al 26,82 %, que se mantuvo hasta el final del contrato.

Considera el demandante que el interés aplicado es usurario y subsidiariamente, interesa la nulidad de la cláusula de interés remuneratorio por ser abusiva, y de la que establece una comisión por reclamación de 35 euros por cuota impagada.

A la anterior demanda, se ha opuesto la entidad demandada que, aceptando la realidad del contrato y aclarando que tras 18 años de uso de la tarjeta la demandante ha dispuesto de un total de 30.797,14 euros, ha abonado la cantidad de 31.367,03 euros y todavía debe 13.254,13 euros, alega que, tras recibir explicaciones verbales de un comercial, fue la actora quien solicitó la tarjeta, firmando la correspondiente solicitud tras la lectura del formulario de contratación en cuyo reverso está el reglamento de la tarjeta con las condiciones del contrato, que aceptó con su firma, eligiendo la forma de pago optando por el aplazado y recibiendo, tras la aprobación del crédito por la entidad, la tarjeta, que fue activada por la cliente a quien se remitieron extractos mensuales.

Considera que todas las cláusulas del contrato superan el doble control de inclusión y transparencia, habiendo tenido acceso la cliente a las condiciones aplicables antes de firmar la solicitud y pudiendo acceder a ellas posteriormente en cualquier momento.

En cuanto a los intereses remuneratorios, como elemento esencial del contrato considera que no están sujetos a control de abusividad y que las condiciones cobradas por el banco son válidas y eficaces, actuando la demandante en contra de sus propios actos tratando de negar todo efecto jurídico a su conducta durante 14 años.

Por lo demás, alega que el interés normal del dinero para las tarjetas de pago aplazado no es el medio de los préstamos personales al consumo, dado que pertenecen a mercados de referencia diferentes, situándose las tasas de pérdidas de las tarjetas de crédito con pago aplazado por encima del doble de las de los préstamos al consumo en los últimos años, teniendo también riesgo de liquidez al no contar con un calendario de amortizaciones con cuotas regladas y un riesgo operacional derivado de posibles pérdidas económicas por fallos en los sistemas de gestión y control de estos productos, reconocimiento las autoridades de competencia y el regulador la existencia de un mercado de referencia diferente, siendo notorio que habitualmente se aplica a las tarjetas de crédito un interés mensual de entre el 1 y el 2 por ciento.

Por ello considera que el interés remuneratorio de las tarjetas WIZINK no es notablemente superior al normal del dinero en el mercado español de tarjetas de crédito.

SEGUNDO.- Las tarjetas denominadas “revolving” pueden ser entendidas como una modalidad de contrato de crédito, que se instrumenta a través de ellas, y cuya finalidad es la de realizar pagos para poder aplazar las compras que se realicen.

Las entidades concedentes ponen a disposición de los consumidores estas tarjetas con un límite de crédito establecido, que es del que se puede disponer.

Este va disminuyendo a medida que se va realizando cualquier cargo o compra y se repone a través de los pagos de los recibos periódicos y, a medida que se salda la deuda, el dinero vuelve a estar disponible para que el titular de la tarjeta pueda hacer uso de él.

Es el consumidor quien decide la modalidad de pago total o aplazado. Si se opta por el plago aplazado, habrá que abonar intereses que suelen ser bastante altos.

Con relación a las cláusulas de intereses remuneratorios, dado que se considera que dichos intereses forman parte del precio, se ha estimado que no pueden declararse abusivas, debiendo limitarse el examen judicial al control de transparencia.

El TJUE ya tuvo ocasión de pronunciarse sobre el alcance de la regla de transparencia en la sentencia de 10 de mayo de 2001.

Como señala el Abogado General D. XXXXXX en sus conclusiones, mediante la transparencia en la redacción de las cláusulas se persigue que el predisponente ofrezca al consumidor “las informaciones necesarias para decidir con pleno conocimiento de causa.

La transparencia en la redacción de las cláusulas cumple, por lo tanto, un cometido de información precontractual porque en un contexto en el que ha desaparecido la negociación, la plasmación documental de las cláusulas se convierte, junto con la publicidad, en la principal fuente de información sobre el contenido del contrato de la que dispone el consumidor.

Conforme a este cometido, la regla de transparencia en la redacción de las cláusulas no puede limitarse a una exigencia formal del cumplimiento de las condiciones de cognoscibilidad de las cláusulas predispuestas, pues para que el cliente tenga la posibilidad de elegir la opción del mercado que más le convenga, no basta con que se le aporte la posibilidad de conocer el contenido contractual, sino que es preciso que tenga una información precontractual especialmente clara y destacada sobre determinados aspectos del contrato sobre los que funda su decisión de contratar, especialmente el precio y la prestación, de tal manera que los mismos le resulten conocidos y puedan ser valorados antes de la celebración del contrato.

La inobservancia de esta obligación de transparencia conectada a la información precontractual sobre los aspectos del contrato determinantes en la decisión de contratar, puede tener repercusiones en el plano del equilibrio de los derechos y obligaciones de las partes.

La falta de transparencia de las cláusulas que incidan en la determinación de las prestaciones principales del contrato puede ser causa de un desequilibrio sustancial en perjuicio del consumidor consistente en la alteración de la onerosidad del contrato y en la consiguiente privación de la posibilidad de elegir conscientemente de entre las diferentes ofertas del mercado la que mejor se adecua a sus preferencias.

Por otro lado debe de tenerse en cuenta que si bien es cierto que las cláusulas de intereses son, en principio acuerdos válidos en virtud del principio de libertad de pacto contenido en el art. 1255 CC y de las normas que disciplinan los contratos de financiación (v. gr., los arts. 1740 y ss., del CC sobre el contrato de préstamo y los arts. 311 y ss., del Cco).

No obstante, esa libertad de estipulación de las cláusulas de intereses no es absoluta, como señala el propio precepto, en el sentido de que se encuentra limitada por la Ley, la moral y el orden público.

TERCERO.- Comenzando de lo que constituye la pretensión principal contenida en la demanda, para determinar la legalidad y validez de los intereses convenidos que, según reconocen las partes, son del 24,71 % TAE hasta enero de 2019, cuando pasó a ser del 26,82 %, resulta de aplicación la Ley de 23 de julio de 1908, de Represión de Usura.

El TS en su conocida St 628/2015, de 25 de noviembre del Pleno, analizó un contrato de crédito al consumo, de los denominados en el mercado como “revolving”, formalizado en el año 2001, en el que se fijaba un interés remuneratorio de un 24,6 % y un interés de demora de un 29,1 %, fijando unos criterios claros y nítidos en la interpretación que debe seguirse para aplicar a un contrato de crédito o préstamo la Ley de 23 de julio de 1908 sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios.

Ha de partirse al respecto de que, según ha considerado el TS, la Ley de Represión de la Usura se configura como un límite a la autonomía negocial del art. 1255 del Código Civil aplicable a los préstamos, y, en general, a cualesquiera operación de crédito «sustancialmente equivalente» al préstamo.

Así lo ha declarado el TS en SS, como las núm. 406/2012, de 18 de junio, 113/2013, de 22 de febrero, y 677/2014, de 2 de diciembre.

Es de recordar, por otro lado, que a partir de los primeros años cuarenta, la jurisprudencia volvió a la línea jurisprudencial inmediatamente posterior a la promulgación de la Ley de Represión de la Usura, en el sentido de no exigir que, para que un préstamo pudiera considerarse usurario, concurrieran todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el art. 1 de la ley: para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la ley, esto es, «que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», sin que sea exigible que, acumuladamente, se exija «que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales».

Por otro lado, el porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero no es el nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE), que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados.

Este extremo es imprescindible (aunque no suficiente por sí solo) para que la cláusula que establece el interés remuneratorio pueda ser considerada transparente, pues no solo permite conocer de un modo más claro la carga onerosa que para el prestatario o acreditado supone realmente la operación, sino que además permite una comparación fiable con los préstamos ofertados por la competencia.

El interés con el que ha de realizarse la comparación es el «normal del dinero«. No se trata, por tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés «normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia» (sentencia núm. 869/2001, de 2 de octubre).

Para establecer lo que se considera «interés normal» puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.).

CUARTO.- La cuestión, pues, no es tanto si el interés aplicado del 26,82 % es o no excesivo, como si es «notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso» al resultar de aplicación las disposiciones contenidas en la Ley de Represión de la usura al encontrarnos ante operaciones crediticias.

Como la demandada ha reconocido en su contestación, estamos ante un contrato de crédito revolvente que se caracterizaba por facilitarle al cliente una línea de crédito que le permite disponer de fondos hasta un determinado límite, devengando intereses obviamente las disposiciones de crédito realizadas.

Como siguió aclarando, no toda disposición implicaba devengo de intereses, dependiendo de la modalidad de pago elegida:

a) la modalidad de «pago a fin de mes» suponía que las disposiciones realizadas con la tarjeta se cargaban íntegramente a fin de mes en la cuenta del acreditado, no devengando por ello interés alguno;

b) la modalidad de «pago revolving«, que era la más típica, implicaba el pago de cuotas mensuales de importe fijo, que comprendían el pago de los intereses devengados durante esa mensualidad, por la disposición del crédito realizada, destinándose el importe restante -obviamente de haberlo-, a amortizar el principal dispuesto; y

c) «otras condiciones de pago«, que podían devengar intereses o no en función de lo pactado.

La doctrina contenida en la STS de 15 de noviembre de 2015, es plenamente aplicable al supuesto de autos; determinándose en la misma que:

«Aunque en el caso objeto del recurso no se trataba propiamente de un contrato de préstamo, sino de un crédito del que el consumidor podía disponer mediante llamadas telefónicas, para que se realizaran ingresos en su cuenta bancaria, o mediante el uso de una tarjeta expedida por la entidad financiera, le es de aplicación dicha ley, y en concreto su art. 1, puesto que el art. 9 establece: «Lo dispuesto por esta Ley se aplicará a toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualesquiera que sean la forma que revista el contrato y la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido«.

Tampoco existe discusión sobre cuál debe ser el interés de referencia a la hora de hacer la comparativa. Por un lado, es evidente que no se trata del interés nominal del dinero pagado, sino la TAE o Tasa Anual de Equivalencia; por otro, no es el legal, sino el habitual o normal del dinero en el momento de la suscripción del contrato.

El problema radica en que el actor tomó como referencia la TAE media de los créditos al consumo, que en la fecha del contrato (2003) estaba situada en el 7,72 % (Documento nº 8 de la demanda) mientras que la demandada, conforme a informe pericial adjuntado a su contestación, considera que la que debía tenerse en cuenta era la fijada para operaciones realizadas por medio de tarjetas de crédito.

Conceptualmente, aunque los contratos de tarjeta de crédito son una modalidad de préstamo al consumo, existen a una serie de particularidades que pueden incidir en la fijación del tipo de interés, como una financiación a un periodo muy largo e indeterminado, la ausencia de controles previos para concederla, o de garantías y de privilegios procesales para reclamar la deuda, que hacen que se elevara el riesgo de la operación, y lo que justificaría que fueren más altos.

No obstante, tal y como consideró la AP Madrid, sec. 20ª, en St de 07-02-2019, con cita en la de 6 de marzo de 2018, para realizar esa labor comparativa debe tomarse como referencia el interés medio ordinario establecido para las operaciones de crédito al consumo, puesto que, en definitiva, se trata de una operación de dicho tipo, independientemente de que se articulara o se materializara mediante una tarjeta de crédito tipo revolving.

Como, a su vez, manifestó la AP de Madrid, sección 20ª, en Sentencia de 30 de diciembre de 2016 (recurso de apelación 725/2016) «… por cuanto la contratación de la tarjeta es una forma de instrumentalizar el contrato de préstamo, que le sirve de base y soporte para su entrega..”.

Como hemos manifestado anteriormente, resulta de aplicación lo establecido en la Ley de Represión de la Usura de conformidad con su artículo 9, debiendo ser interpretada esta ley conforme a las circunstancias sociales y económicas concurrentes y aplicándose a toda operación crediticia que, por sus circunstancias, pueda ser encuadrada en el ámbito del crédito al consumo, calificación que encaja en el supuesto aquí analizado desde el momento en que el primer paso para formalizar la relación contractual es cumplimentar la solicitud y una vez recibida ésta, previa verificación crediticia, el Banco abre una nueva línea de crédito, luego a la vista de las condiciones de contratación y circunstancias personales del usuario es claro que nos encontramos ante una operación de crédito al consumo, consideración general que no se pierde por el hecho de que exista una disposición sucesiva de crédito, ni por la posibilidad de optar por el pago aplazado o porque éste se efectúe a través de entidades que no sean las tenedoras de las cuentas a cuyo cargo se pagan (sistema revolving) –en este sentido, ver, a título de ejemplo, las sentencias de la Audiencia provincial de Madrid, de las Secc 12ª -sentencia de 3 de mayo de 2017- rec. 12/2017-; de la Sec. 11ª de fecha 10 de marzo de 2017- rec. 443/2016 o auto de la Sec. 9ª de fecha 11 de mayo de 2017; así como sentencias de la Sec. 7ª de Audiencia Provincial de Asturias de fechas 30 de junio de 2017 o 21 de diciembre de 2017; de la Audiencia provincial de Cáceres (sec. 1ª) de 9 y 20 de noviembre de 2017 y 9 de noviembre, o la de la Sec. 13ª de la Audiencia provincial de Barcelona de fecha 15 de septiembre de 2017-.

QUINTO.- Ha de considerarse, por ello, que la TAE del 24,71 % ó del 26,82 % resulta notablemente superior a la media fijada para las operaciones de crédito al consumo en el momento de suscribirse el contrato, que era sólo del 7,72 %, siendo absolutamente desproporcionada a las circunstancias del caso, o al menos no se ha acreditado que no lo fuera, siendo de la demandada la carga de tal extremo.

No consta que concurriera un riesgo en la operación, habiéndose reconocido por la demandada que la operación no fue aceptada hasta unos días después, tras el examen y evaluación por el departamento correspondiente, sin que se considerara necesaria para dicha aprobación la exigencia de garantías diferentes al propio patrimonio del consumidor.

Siguiendo nuevamente a la tan citada STS de 15 de noviembre de 2015:

En principio, dado que la normalidad no precisa de especial prueba mientras que es la excepcionalidad la que necesita ser alegada y probada, en el supuesto enjuiciado no concurren otras circunstancias que las relativas al carácter de crédito al consumo de la operación cuestionada.

La entidad financiera que concedió el crédito «revolving» no ha justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo.

Generalmente, las circunstancias excepcionales que pueden justificar un tipo de interés anormalmente alto están relacionadas con el riesgo de la operación.

Cuando el prestatario va a utilizar el dinero obtenido en el préstamo en una operación especialmente lucrativa pero de alto riesgo, está justificado que quien le financia, al igual que participa del riesgo, participe también de los altos beneficios esperados mediante la fijación de un interés notablemente superior al normal.

Aunque las circunstancias concretas de un determinado préstamo, entre las que se encuentran el mayor riesgo para el prestamista que pueda derivarse de ser menores las garantías concertadas, puede justificar, desde el punto de vista de la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, un interés superior al que puede considerarse normal o medio en el mercado, como puede suceder en operaciones de crédito al consumo, no puede justificarse una elevación del tipo de interés tan desproporcionado en operaciones de financiación al consumo como la que ha tenido lugar en el caso objeto del recurso, sobre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico«.

Si la TAE pactada en el caso enjuiciado por el TS apenas superaba el doble del interés medio ordinario en las operaciones de crédito al consumo de la época en que se concertó el contrato, con más razón habrá que concluir que en el presente caso se pactó un interés usurario, al ser más del triple del mismo.

SEXTO.- Por otro lado, para apreciar la usura, resulta absolutamente indiferente si el cliente conocía las condiciones del contrato y el interés pactado, o si comprendía el funcionamiento del contrato, y lo que decía se evidenciaba por el uso de la tarjeta e importe de las cuotas revolving realizadas.

No se cuestiona ni se discute la validez del contrato por error vicio en el consentimiento.

Y, desde luego, el hecho de que pudiera conocer todas esas circunstancias, y que procediera al cumplimiento incluso puntual del contrato mediante el abono de los recibos girados, no implicaba su confirmación o sanación.

Como declaró la STS de 14 de julio de 2009, citada por la de 15 de noviembre de 2015, se trata de una nulidad «radical, absoluta y originaria, que no admite convalidación confirmatoria, porque es fatalmente insubsanable, ni es susceptible de prescripción extintiva«.

Tampoco afecta a la nulidad del contrato que el «interés habitual» en este tipo de contratos fuera anormalmente alto, que es en realidad lo que se pretende al señalar como término de referencia el tipo de interés medio establecido para las tarjetas de crédito revolving y respecto de esta situación, también señala el Tribunal Supremo, que la habitualidad o reiteración en la aplicación de un tipo de interés desproporcionado no elimina el carácter usurario que pudiera atribuirse al interés fijado en el caso concreto, en cuanto la reiteración no convierte en razonable y normal, prácticas que por sí son reprobables.

El Tribunal Supremo, en la indicada sentencia, alude al Reglamento y Circular del BANCO DE ESPAÑA, pero no como fundamento de su decisión, que, por el contrario, la deduce, como ya se ha razonado, del contraste entre el tipo aplicado y el «interés normal«, haciendo referencia al aplicado a «diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.)«, para finalmente tomar como referencia válida el interés medio ordinario en las operaciones de crédito al consumo.

No tuvo en cuenta el interés que venía aplicándose para estos contratos de tarjeta, pese a que ya a la fecha en que se había celebrado el que era objeto de enjuiciamiento podía haber sido objeto de comparación, pues el que no se reflejara en boletines estadísticos no impedía su conocimiento, siendo incluso notoria la alta tasa que se utilizaba en los mismos.

Es más, de sus razonamientos, cuando en el fundamento quinto se refiere a «operaciones de financiación al consumo como la que ha tenido lugar en el caso objeto de recurso«, que no pueden justificar una elevación de interés tan desproporcionado sobre la base del riesgo de un alto nivel de impagados, se deduce que tuvo en consideración lo que sucedía usualmente en esta clase de contratos, que «no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico«.

En definitiva, la demanda ha de ser estimada (Ver, en este mismo sentido, entre otras SS de la SAP de Madrid secc. 20, Nº 17/2019 de fecha 5/2/2019, y de la sec. 9ª, S 11-04-2019, nº 202/2019).

Y la estimación de la pretensión principal ejercitada, hace innecesario entrar a conocer sobre las peticiones subsidiarias de la demanda.

SÉPTIMO.- A tenor del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, siendo la presente íntegramente estimatoria de las pretensiones de la demanda, procede condenar a la parte demandada al abono de las costas devengadas en la sustanciación del presente procedimiento.

VISTOS los preceptos legales citados, sus concordantes y demás de oportuna aplicación,

En atención a lo expuesto,

FALLO

Que ESTIMANDO la demanda formulada en las presentes actuaciones por el Procurador Dña. XXXXXX en representación de D. XXXXXX frente a la entidad WIZINK BANK S.A., representada por el Procurador Dña. XXXXXX:

a) DECLARO la nulidad radical, absoluta y originaria del contrato objeto de autos por tratarse de un contrato usurario, con efectos inherentes a tal declaración, de conformidad con el artículo 1303 del CC;

b) CONDENO conforme al artículo 3 de la Ley Azcárate, a la entidad WIZINK BANK S.A., a fin de que RESTITUYA al demandante la cantidad que exceda del total de capital prestado que haya dispuesto, defiriendo para ejecución de sentencia la determinación concreta del capital que se haya de devolver, computando al efecto la totalidad de los pagos efectuados por la parte demandante;

c) Todo ello con expresa condena en costas a la demandada.

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma, advirtiéndoles que no es firme, pudiendo interponer contra ella, ante este Juzgado y para la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid, Recurso de Apelación dentro de los VEINTE DÍAS siguientes a su notificación, en la forma determinada por el artículo 458 de la LECv., según redacción otorgada mediante Ley 37/2011, de 10 de octubre, recurso que no será admitido a trámite si no se acreditara suficientemente por la parte interesada en su interposición haber constituido el depósito requerido por la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, introducida mediante LO 1/2009, de 3 de noviembre.

Así por esta, su sentencia, de la que se expedirá certificación literal para su unión a los autos, incorporándose el original de la misma al Libro de Sentencias que en este Juzgado se custodia, lo pronuncia, manda y firma.

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