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Hucha de reclamaciones de EZ

Cofidis S.A. es condenado a anular un contrato de línea de crédito suscrito con un usuario de EZ por usura

Cofidis S.A. es condenado a anular un contrato de línea de crédito suscrito con un usuario de EZ por usura

La entidad Cofidis es condenada por el Juzgado de Primera Instancia Nº 4 de Murcia a la nulidad de un contrato de línea de crédito suscrito con un usuario de EZ por usurario.

El contrato de autos, suscrito entre las partes, no refleja con claridad las cláusulas del mismo, suministrando al contratante información confusa y contradictoria.

En el contrato no se incorpora la información fundamental para el mismo; no se concretan las cuotas mensuales que el demandado debe abonar a la entidad, además de ser su contenido difícilmente comprensible por el actor, aplicando una cláusula de intereses remuneratorios confusa.

Asimismo, no se esclarece el tipo de interés remuneratorio aplicado en el mismo, siendo éste del 24,51 % TAE, mientras que el tipo de interés medio de los créditos al consumo en el momento de celebración del contrato, enero del año 2011, era del 8,86 %.

De lo expuesto, por tanto, resulta evidente que el contrato no cumple las exigencias de transparencia, claridad, concreción y sencillez establecidas, además de no justificar la entidad demandada la aplicación de un tipo de interés tan desproporcionado.

Por tanto, el carácter usurario del contrato determina su nulidad de pleno derecho.

Estimando la demanda interpuesta, la Magistrada del caso declara la nulidad del contrato de línea de crédito de Cofidis S.A. por contener un interés remuneratorio usurario, condenando a la entidad al reintegro a la actora de lo que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del total del capital prestado, todo ello con expresa condena en costas a la parte demandada.

El presente litigio ha sido llevado a cabo por la abogada colaboradora de Economía Zero, la Letrada Dña. Lourdes Galvé Garrido.

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JDO. PRIMERA INSTANCIA Nº 4 MURCIA

SENTENCIA: 00163/2019

UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO

ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000088/2019

Procedimiento origen: ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0001195/2018

Sobre OTRAS MATERIAS

DEMANDANTE D.: XXXXXX 
Procurador Sr.: XXXXXX
Abogada Sra.: MARÍA LOURDES GALVÉ GARRIDO

DEMANDADO D/ña.: COFIDIS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA
Procuradora Sra.: XXXXXX
Abogada Sra.: XXXXXX

SENTENCIA Núm. 163/19

En la ciudad de Murcia, a veinticuatro de octubre del año dos mil diecinueve.

Vistos por su S.Sª, Dª XXXXXX, MAGISTRADA-JUEZ del Juzgado de Primera Instancia número Cuatro de Murcia y su Partido, los precedentes autos de Juicio Declarativo Ordinario nº 88/19 seguidos en este Juzgado a instancias de D. XXXXXX representado por el Procurador D. XXXXXX y defendido por la Letrada Dª LOURDES GALVÉ I GARRIDO y de otra como demandada COFIDIS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA representada por la Procuradora Dª XXXXXX y defendida por el Letrado Dª XXXXXX, que versa sobre acción de nulidad de contrato y otras; y

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Por el Procurador D. XXXXXX en nombre y representación de D. XXXXXX se interpuso demanda de juicio ordinario que fue turnada a este Juzgado en la que solicitaba al Juzgado, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, que dictase Sentencia por la que DECLARE:

A) LA NULIDAD DEL REFERIDO POR USURA.

B) SUBSIDIARIAMENTE A LA ANTERIOR NULIDAD DE LA CLÁUSULA POR FALTA DE TRANSPARENCIA Y/O POR ABUSIVIDAD DE LA CLÁUSULA DE FIJACIÓN DE INTERÉS REMUNERATORIO Y COMPOSICIÓN DE PAGOS DEL CONTRATO.

C) NULIDAD POR ABUSIVIDAD DE LAS CLÁUSULAS DE VARIACIÓN UNILATERAL DE CONDICIONES DEL CONTRATO, y de COMISIÓN DE IMPAGADOS.

Y CONDENE A LA DEMANDADA A:

1) LA RESTITUCIÓN DE LOS EFECTOS DIMANANTES DEL CONTRATO DECLARADOS NULOS O DE LAS CLÁUSULAS CUYA NULIDAD SEA DECLARADA, CON DEVOLUCIÓN RECIPROCA DE TALES EFECTOS.

2) PAGAR LOS INTERESES DEL ARTÍCULO 576.1 LEC.

3) AL PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES.

SEGUNDO: Admitida a trámite la demanda, se acordó emplazar a la parte demandada para que en el plazo de veinte días contestase la demanda formulada en su contra con los apercibimientos legales correspondientes.

TERCERO: Emplazado en legal forma la parte demandada, por la Procuradora Dª XXXXXX en nombre y representación de Cofidis, S.A., Sucursal en España se presentó escrito oponiéndose a la demanda interpuesta y solicitando que se desestimase la demanda con expresa imposición de costas a la parte actora.

CUARTO: Se tuvo por contestada la demanda y se acordó citar a las partes para la celebración de la audiencia previa, siendo citadas las partes personadas en legal forma.

El día señalado tuvo lugar la celebración de la citada audiencia previa, en la que las partes ratificaron sus respectivos escritos y dieron cumplimiento al resto de las previsiones legales, asimismo por el Tribunal confirió traslado a la parte actora sobre la impugnación de la cuantía efectuada por la parte demandada y resolvió que asistía razón a la parte demandada y recibido el pleito a prueba, por la parte actora se propuso – la documental por reproducida y más documental en la forma que obra en autos y – testifical, y por la parte demandada se propuso: – documental acompañada a la demanda y más documental en la forma que obra en autos, admitiéndose las mismas en los términos que constan en el acta levantada, tras lo cual quedaron los autos vistos para sentencia.

QUINTO: En la tramitación de este procedimiento se han cumplido todas las formalidades legales tras lo cual quedaron los autos vistos para sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Planteamiento.

Solicita el demandante, D. XXXXXX, en el presente pleito, con carácter principal que se declare la nulidad del contrato de línea de crédito al consumo concertado con Cofidis, SA, Sucursal en España, en fecha 11 de enero de 2011 por interés remuneratorio usurario, y con carácter subsidiario que se declare la nulidad de la cláusula de fijación de interés remuneratorio y composición de pagos del contrato así como la nulidad por abusividad de las cláusulas de variación unilateral de condiciones del contrato y comisión de impagados y como consecuencia de lo anterior se condene a la prestataria demandada a la restitución de los efectos dimanantes del contrato o de las cláusulas cuya nulidad sea declarada, con devolución recíproca de efectos, más los intereses procesales que se devenguen.

Por su parte la representación procesal de la prestataria demandada arguye en su defensa que, en base al contrato concertado entre las partes, Cofidis concedió al demandado un crédito revolving, siendo las condiciones convenidas claras, simples y de fácil comprensión para el consumidor, prueba de ello es que el Sr. XXXXXX, haciendo uso de la facultad prevista en las cláusulas 1º y 2º del documento contractual, solicitó un total de 5 ampliaciones a su línea de crédito, por lo que dispuso de 4.118,16 €; de igual modo apunta que la Tasa Anual Equivalente aplicable al contrato era de 24,51%; asimismo alega que la media del interés aplicado por las entidades de crédito que comercializaban el producto que nos ocupa en esa misma fecha era de 20,45 %, según el Banco de España, de modo que el demandado no hubiera encontrado un crédito de similares características a un precio “notablemente inferior”; asimismo precisa que la línea jurisprudencial del Tribunal Supremo, entre la que se encuentra la sentencia de 18 de junio de 2012, deben ser tenidas en cuenta a la hora de que por parte del Tribunal se considere qué tipo de control permite la Ley Azcárate, de aplicación excepcional y restrictiva, en base a dichos argumentos considera que la alegación sobre que el tipo de interés aplicado al contrato es usurario debe ser desestimada.

Respecto de petición subsidiaria que se efectúa en la demanda, apunta que las cláusulas a las que alude el actor no han sido aplicadas al contrato que nos ocupa tal y como se desprende del extracto de cuenta que se acompaña.

SEGUNDO: Hechos Probados.

La acción que con carácter principal se insta en el presente proceso es la nulidad del contrato que figura como documento aportado como documento 5 del escrito de contestación a la demanda.

Esa pretensión se sustentaba por considerar que el interés pactado era usurario.

La voluntad contractual se documenta a través de una solicitud de crédito de hasta 2.000 euros, que se amplía hasta 5.000 euros. Aunque el contrato aportado resulta casi inteligible, sí se indica que el tipo de interés se aplicará en función del saldo pendiente (cláusula 5).

El actor podía disponer de una línea de crédito hasta el máximo autorizado mediante transferencias bancarias o tarjeta de crédito emitida por COFIDIS EFC.

Como documento 4 de los acompañados figura un extracto de operaciones emitido por esa misma entidad. Del mismo se desprende que se financiaron disposiciones de 4.118,16 euros aplicando unos intereses remuneratorios de un total de 2.551,48 €.

De acuerdo con la cláusula 5, un saldo de hasta 6.000 euros generaría un TIN del 22,12 %, para los superiores a 6.000 euros un TIN del 15,76 %, para los superiores a 9.000 euros un TIN del 15,46 %, y el tipo de interés podía ser revisado de acuerdo con la condición 12 con un TAE desde el 10,95 % al 24,51 %.

Ello abría la posibilidad de aplicar una TAE anual distinta, de hasta el 24,519 %, en función del saldo dispuesto.

No constan saldos superiores a los 6.000 euros, por lo que el TIN aplicado sería de un 22,08 % o una TAE del 24, 51 %.

TERCERO: Contratos de adhesión. Normativa aplicable.

La defensa de los consumidores se configura en el artículo 51 de nuestra Constitución como un principio rector de la política social y económica, que los poderes públicos deben garantizar.

A este propósito responde la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que define en su art 82 las CLÁUSULAS ABUSIVAS como todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquéllas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato.

El hecho de que ciertos elementos de una cláusula o que unas cláusulas aisladas se hayan negociado individualmente no excluirá la aplicación de las normas sobre cláusulas abusivas al resto del contrato.

El empresario que afirme que una determinada cláusula ha sido negociada individualmente, asumirá la carga de la prueba.

El carácter abusivo de una cláusula se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios objeto del contrato y considerando todas las circunstancias concurrentes en el momento de su celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato o de otro del que éste dependa.

No obstante, lo previsto en los apartados precedentes, en todo caso son abusivas las cláusulas que, conforme a lo dispuesto en los arts. 85 a 90, ambos inclusive:

a) vinculen el contrato a la voluntad del empresario,

b) limiten los derechos del consumidor y usuario,

c) determinen la falta de reciprocidad en el contrato,

d) impongan al consumidor y usuario garantías desproporcionadas o le impongan indebidamente la carga de la prueba,

e) resulten desproporcionadas en relación con el perfeccionamiento y ejecución del contrato, o

f) contravengan las reglas sobre competencia y derecho aplicable.

Y añade el artículo 83 que «Las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas. A estos efectos, el Juez, previa audiencia de las partes, declarará la nulidad de las cláusulas abusivas incluidas en el contrato, el cual, no obstante, seguirá siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, siempre que pueda subsistir sin dichas cláusulas«.

Pues bien, en el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias se establece que:

«a efectos de esta norma y sin perjuicio de lo dispuesto expresamente en sus libros tercero y cuarto, son consumidores o usuarios las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión.

Son también consumidores a efectos de esta norma las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial«.

Por su parte, la Ley sobre Condiciones Generales de la Contratación, 7/1998, de 13 de abril, en su artículo primero, al delimitar su ámbito objetivo, define las condiciones generales de la contratación como las cláusulas predispuestas cuya incorporación al contrato sea impuesta por una de las partes, con independencia de la autoría material de las mismas, de su apariencia externa, de su extensión y de cualquier otras circunstancias, habiendo sido redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos.

Y en el artículo segundo, al delimitar su ámbito subjetivo, establece que la presente ley será de aplicación a los contratos que contenga condiciones generales celebrados entre un profesional -predisponente- y cualquier persona física o jurídica -adherente-.

Por consiguiente, para que una cláusula perteneciente a un contrato celebrado con un consumidor o usuario sea abusiva, y por ello, nula de pleno derecho, es necesario que, como en el caso que nos ocupa, forme parte de un contrato que ha sido celebrado con un consumidor o usuario (a diferencia de los contratos con condiciones generales de la contratación, que pueden ser celebrados con cualquier persona física o jurídica, llamada, como hemos visto, adherente); y además es necesario que esa cláusula no haya sido negociada individualmente con el consumidor o usuario, de suerte que esa no negociación individual se presume «iuris tantum«, salvo prueba en contrario, aquí inexistente.

Correspondiendo la carga de aportar al proceso tal prueba en contrario al profesional que afirme que esa determinada cláusula ha sido negociada individualmente.

Por lo demás, es preciso que la cláusula en contra de las exigencias de la buena fe cause, en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato, desequilibrio y abuso contrario a la buena fe que declara expresamente la ley en todas aquellas cláusulas mencionadas en sus arts. 85 a 90.

El fundamento del control del contenido de las cláusulas abusivas no podía hallarse sino en las particularidades de la forma de configuración negociada de las condiciones generales frente al consentimiento, ya que las condiciones generales, en la contratación entre consumidores y empresarios o profesionales, no son consentidas, de manera que su fuerza vinculante por su naturaleza contractual si se prefiere, deriva de una fuente de legitimación distinta de la autonomía de la voluntad, reconocida «ex lege» por el artículo 5 de la LCGC, cuando dispone que: «Las condiciones generales pasarán a formar parte del contrato cuando se acepte por el adherente su incorporación al mismo»…y se cumplan los requisitos de incorporación establecidos por el mismo artículo.

Es decir, el establecimiento legal de unos requisitos de incorporación, implica que la fuerza vinculante de las condiciones generales se aleja del consentimiento y se fija en una mera declaración de aceptación del adherente de su incorporación al contrato -declaración de adhesión- y en el cumplimiento por el predisponente de unas condiciones objetivas de transparencia y puesta a disposición.

El legislador ha establecido en el artículo 5 de la LCGC una nueva fuente de integración del contrato que se añade a la autonomía de la voluntad, la buena fe, los usos y la ley (artículo 1258 del código civil).

La adhesión no constituye un acuerdo sobre el contenido de las condiciones generales, porque el cumplimiento de los requisitos de la incorporación no implica un conocimiento del mismo por parte del adherente y porque resulta impuesto, ya que no cabe como alternativa razonable, como línea de principio, la no aceptación de una cláusula, pues esto implicaría la renuncia al contrato en bloque.

Consecuentemente, el control del contenido de las condiciones generales no representa un límite a la autonomía de la voluntad, que no existe respecto a las mismas, sino que, al contrario, será un garante del equilibrio contractual, tradicionalmente atribuido a la autonomía de la voluntad, frente a la falta de conocimiento previo y a la falta de libertad propias del acto de adhesión.

CUARTO: El control de transparencia de las cláusulas contenidas en los contratos de adhesión. Falta de transparencia. Consecuencias.

Partiendo de tales premisas y a la vista del contrato celebrado, siguiendo a la SAP Barcelona, secc. 14ª, S 28-5- 2015, nº 165/2015, es preciso indicar que es sabido que los créditos al consumo como el de autos que COFIDIS comercializa no incorporan ninguna cláusula o pacto de interés de demora para cuando el deudor se retrasa o incumple sus compromisos de pago.

Únicamente se pactan unos intereses remuneratorios bastante elevados, pero dado que estos intereses son el precio del dinero, pues equivalen a la contraprestación que paga el cliente a la entidad financiera por el capital prestado, los mismos revisten carácter esencial en la estructura del contrato ya que, a diferencia de lo que acontece con los intereses moratorios, de anularse la cláusula que los establece, el contrato no podría subsistir, de ahí que dicho tipo de interés no pueda ser susceptible de ningún control de abusividad, conforme a la citada STS Pleno de 9 de Mayo de 2013.

Podría hablarse de su nulidad por usura, pero la Ley de Azcárate de 1908 exige que el interés pactado, además de ser superior al normal del dinero, sea manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso; y que se haya concertado en condiciones tales que resulte leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de una situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales. Cuestiones sobre las que se carece de toda prueba en autos.

Ahora bien, ello no significa que las cláusulas esenciales de un contrato se encuentran excluidas de todo control pues se exige que las mismas sean redactadas «de manera clara y comprensible« (art. 4.2) y la Ley 7/1998 de Condiciones Generales de la Contratación, en sus arts. 5.5 y 7, contempla la posibilidad de que sea anulada toda cláusula que no cumpla con los criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez en su redacción.

Es más, la reciente STS precisa que dicho control de transparencia es doble, uno de incorporación y otro de contenido que remitiría en definitiva a la ‘comprensibilidad real’ de la cláusula en cuestión por parte el consumidor.

Y ni tan siquiera el filtro de incorporación es superado en el contrato de autos en los que la cantidad solicitada está impresa por defecto, 2.000; y ni tan siquiera se refleja ni concreta las cuotas mensuales ni número de estas fijados para su devolución y el TIN o tasa de interés nominal aplicable a la operación (22,08 %) y un TAE de 24,51 %, su contenido presenta graves problemas de transparencia pues difícilmente puede el consumidor ‘comprender’ la verdadera carga económica que la cláusula de intereses remuneratorios comporta atendida confusa redacción del contrato.

Y al hilo de este control de transparencia reiterar que para que las cláusulas desplieguen plena eficacia jurídica se exige, dada la condición de consumidor del demandado, que cumplan las exigencias de transparencia, claridad, concreción y sencillez en la redacción, de forma que el consumidor pueda obtener, a través de la simple lectura del contrato, la información necesaria para tomar su decisión con pleno conocimiento de causa, sin margen para el error ni para los equívocos que pudieran depararle en el futuro efectos no deseados.

Y el pacto de interés remuneratorio contenido en el anverso del contrato de autos, – condición general 5ª y 6ª no cumple las exigencias expresadas en tanto que suministra al contratante información confusa y contradictoria.

Tampoco el funcionamiento del contrato se corresponde con la información facilitada en dicho documento, porque los cargos luego efectuados al cliente no se corresponden con aquella información facilitada al contratar.

En este sentido la Audiencia Provincial de Madrid (sección vigésimo primera) en sentencia de 21-7-2015 sostiene:

» … en el presente caso la cláusula general del contrato que fija el interés remuneratorio de la línea de crédito no supera el necesario control de transparencia de un elemento esencial del contrato que permita al consumidor percibir de una manera clara cual es la carga económica que le afecta de dicho contrato, lo cual a su vez permite examinar la abusividad de la condición general, con la consecuencia en este caso de decretar su nulidad, por abusiva, que es lo que ha hecho la sentencia recurrida.

En el documento de solicitud de Crédito Vidalibre ya viene impreso que se solicita un crédito de 3.000 euros, con una casilla en blanco a rellenar cuando se solicita una cantidad diferente, pero sin establecerse las mensualidades de amortización, ya que en un cuadro del anverso solo se expresan diversos tramos del posible crédito y mensualidades desde una cantidad, pero sin determinarse plazo de amortización del crédito cuando en la condición general quinta, relativa al coste del crédito, al referirse al T.A.E. se indica que depende del importe dispuesto de la línea de crédito y del plazo de amortización.

En el anverso, para importes inferiores a 6.000 euros se señala no un T.A.E. fijo del 24,51 % sino desde esta cifra, lo que introduce oscuridad y no coincide con la condición general quinta.

Para importes superiores a 6.000 euros el contrato vuelve a ser confuso, pues en el anverso se indica un T.A.E hasta el 15,32 %, cuando de la condición general quinta resulta que no es así, ascendiendo el T.A.E. a diversas cuantías según la línea de crédito (para 7.000 euros se señala un T.A.E. de 21,88 %).

En cuanto al T.I.N. señalado en el anverso para cantidades superiores a 6.000 euros tampoco es correcto, pues el 22,12 % es según la cláusula quinta para saldos pendientes hasta 6.000 euros; refiriéndose igualmente en el anverso del contrato al importe dispuesto y al plazo de amortización, variante ésta para la determinación al interés remuneratorio que no se explica en el contrato.

Todas estas circunstancias determinan que la cláusula general del contrato referida al coste del crédito no supere el control de transparencia, lo que permite a su vez analizar su abusividad, con la consecuencia señalada en la sentencia recurrida de establecer su carácter abusivo y por tanto nulo, al resultar desproporcionado la aplicación de un interés del 24,51 %.

Así se ha entendido en casos similares por otros tribunales, como en las sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona, Secciones 1ª y 14ª, respectivamente de 2 de diciembre de 2013 y 28 de mayo de 2015 , Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Asturias en sentencia de 12 de diciembre de 2014, Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria de 20 de febrero de 2015, Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Baleares de 31 de marzo de 2015 y Sección 13ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 18 de mayo de 2015″.

Y como mantiene en idéntico sentido la Audiencia Provincial de Alicante, sección 8ª en sentencia de 23-7-2015:

«Del examen del contrato -doc nº 1- lo que se constata es que en la cláusula sobre «coste del crédito » -cláusula 5ª- y sobre «cálculo de los intereses» -cláusula 6ª- tiene como efecto el que el préstamo personal lo sea a interés variable, que se describe en su modalidad TIN y TAE, siendo el parámetro que determina la variabilidad no el mercado, como en el caso de los hipotecarios, sino saldo pendiente de la «línea de crédito», es decir, el importe dispuesto, estableciéndose en la cláusula 5ª hasta tres tramos distintos en atención a aquél criterio, destinándose la cláusula 6ª a albergar una fórmula matemática (I-(A x i x do) + ? n (Dn x i x d1) – ? (Rr x I x d2) – (P x I x d3) n=0 r=0) que sólo al experto le permite calcular el interés diario que devenga el crédito conforme a la ratio de la cláusula en cuestión» .

Pues bien, a poco que proyectemos lo expuesto sobre la exigencia de transparencia, resulta evidenciado que ni el contrato en su conjunto ni en particular las cláusulas litigiosas, superan tal control, esto es, que se conociera con base en aquellas el precio del préstamo a lo largo de su vida e incidencias.

El contrato de préstamo de que se trata se asemeja más que aún simple préstamo a un contrato de apertura de crédito mediante el cual la entidad financiera pone a disposición del cliente sumas de dinero a través de distintos medios que le permiten la disponibilidad de esas sumas a medida de sus requerimientos, dentro de los límites de cantidad y tiempo pactados.

De hecho, en la demanda se describe el contrato de crédito, con el nombre comercial de «créditos revolving» como un contrato que permite solicitar y obtener sucesivas disposiciones que se soliciten a través de diversos canales creados al efecto (llamada telefónica, fax, internet o SMS), permitiéndose la ampliación del importe inicial.

Y es a partir de esta característica del préstamo que el cliente asume el pago de cuotas mensuales en función de la «línea de crédito«, es decir, de lo dispuesto o solicitado.

Y lo que conoce, porque se le informa con relativa claridad, de la cuota que debe abonar de manera mensual y la que le puede corresponder en función de hasta determinadas cantidades, apareciendo en el frontispicio de la solicitud del crédito un recuadro con cinco tramos de disposición.

Nada se especifica, sin embargo, sobre el coste o precio del crédito en él, por más que también en el mismo recuadro inicial haya un ejemplo para el caso de disponibilidad desde 6.000 a 12.000 euros, caso para el que se indica el TAE aplicable.

Pero sólo este ejemplo se dedica al precio con la agravante de que ni siquiera tiene correspondencia con el importe inicialmente dispuesto por el demandado.

A partir de esta deficiente información, el precio del crédito de que se dispone se rige por las condiciones generales que aparecen en el reverso de la solicitud.

Con esta forma de articular el contrato lo que se consigue al final es que el cliente ignore cual es el interés que se le aplica en el inicio y en discurrir de la disposición de otras cantidades.

Estas circunstancias ponen de manifiesto que hubo falta absoluta de información precontractual, con infracción de lo dispuesto en el artículo 7-1 y 9 de la Ley 22/2007 que expresamente impone al proveedor del servicio –Cofidís en este caso- el deber de suministrar al consumidor, con tiempo suficiente y antes de que éste asuma cualquier obligación derivada de la oferta o del contrato a distancia, al menos información, entre otros aspectos, del precio, lo que debe hacerse con antelación a la posible celebración del contrato, de forma diferenciada del propio contrato -art 9- 1- y de manera «…clara y comprensible por cualquier medio que se acepte a la técnica de comunicación a distancia utilizada…» -art 7-2-.

Por todo ello la conclusión que se alcanza es la de que ni hay claridad en la inclusión de las cláusulas relativas al precio del contrato (que además incumplen la normativa sobre condiciones generales), que son cláusulas que aparecen como parte de un amplio clausulado general de modo indiferenciado y todo concentrado -con las exigencias tipográficas que ello implica- en el reverso del contrato ni desde luego cumplen con la condición de transparencia pues no sólo no se suministra la obligada información precontractual por la entidad financiera sino que tampoco resulta del contrato la posibilidad de comprender las consecuencias económicas del mismo.

El contrato, en consecuentemente, no colma las exigencias de transparencia, claridad, concreción y sencillez establecidas en los artículos 7 y 10.1 LGDCU y 5.5 LCGC, y la consecuencia de ello, no puede ser otra que la prevista en el artículo 7 de la LCGC.

QUINTO: Carácter usurario de los intereses remuneratorios.

Como se ha expuesto en el cuerpo de la presente resolución la condición relativa al interés remuneratorio (que no es otra cosa que el precio del contrato) debe ser calificada como cláusula que define el objeto principal del contrato y que, por tanto, no cabe el control del precio, solo cabe analizar el control de transparencia, que comprende el control de inclusión, la información que se le dio al cliente y el control de comprensibilidad, si llegó a entender el contenido de la cláusula y lo que significa.

Ciertamente el precio no es revisable por el tribunal, pues la fijación de los elementos básicos o estructurales del contrato quedan sometidos al libre acuerdo de las partes, pues la autonomía de la voluntad es un principio básico de nuestro ordenamiento jurídico.

El artículo 4 de la Directiva 93/13/CEE, del Consejo, de 5 de abril de 1993, establece que «2. La apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre el precio y retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas se redacten de una manera clara y comprensible«.

La Entidad demandada pretende defender la razonabilidad de esos intereses confrontándolos con los que se aplican en las tarjetas de crédito o en créditos revolving, sosteniendo que cuando se dice que para determinar si el interés es o no desproporcionado ha de compararse con el interés normal del dinero, debe hacerse con el habitual de las que considera operaciones similares.

Sin embargo, no puede asimilarse el préstamo que nos ocupa a los que se conceden a través de la utilización de tarjetas de crédito y, como tiene dicho el Tribunal Supremo en la sentencia de fecha 25 de noviembre de 2015, no cabe justificar la elevación desproporcionada de los tipos de interés en contraprestación a la concesión irresponsable de créditos que facilitan el sobreendeudamiento del consumidor y que no pueden ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico.

No es de recibo pretender que tan elevado como abusivo interés sólo ha de compararse con el establecido por otras entidades en contratos de tarjeta de crédito, pues, aunque pudiera considerarse hecho notorio el que en algunos ámbitos del mundo financiero se establecen intereses de ese orden, ello no es motivo que permita sanar su nulidad.

El interés ha de compararse con el «normal del dinero» según establece la Ley de Usura y recuerda la repetida sentencia de 25 de noviembre de 2015.

Y el normal no es el que establecen esas entidades cuando en nada se corresponde con el que habitualmente se concede a los consumidores para acceder a un crédito personal al consumo, que, a la postre, es en lo que se traduce el contrato litigioso.

El interés legal del dinero en España estaba situado para el año 2011 en un 4 %, el interés de demora en un 5 %, mientras que el tipo de interés medio de los créditos al consumo concertados ese año en el mes de celebración del contrato, enero del año 2011, fue del 8,86 %.

La operación de financiación litigiosa debe considerarse, por consiguiente, usuraria ya que concurren los dos requisitos legales mencionados:

1º) el interés remuneratorio convenido rebasa sobradamente el doble del interés habitual de mercado para las financiaciones a particulares;

2º) la entidad cesionaria del crédito no ha indicado siquiera cuál sea la circunstancia específica del contrato justificativa de tan notoria desproporción entre el interés común en las financiaciones de consumo y el exigido al demandado.

Como expresara la STS de 19 de febrero de 1912, la usura existe «cuando haya una evidente y sensible falta de equivalencia entre el interés que percibe el prestamista y el riesgo que corre su capital» (la STS de 22 de febrero de 2013 recuerda que el control que se establece a través de la Ley de represión de la usura no viene a alterar el principio de libertad de precios, sino a sancionar «un abuso inmoral especialmente grave o reprochable«), y en el presente caso nada sugiere que el riesgo de insolvencia del cliente bancario fuese tan acusado como para motivar un interés remuneratorio a favor del concedente del crédito superior al doble del interés de mercado en las financiaciones a particulares.

En consecuencia, el carácter usurario del contrato determina el carácter abusivo de la cláusula y consiguientemente, su nulidad de pleno derecho, sin otro efecto, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de represión de la usura, que el prestamista entregue tan sólo la suma recibida y, si hubiera satisfecho parte de aquélla y los intereses vencidos, el prestamista devolverá al prestatario lo que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del capital prestado.

SEXTO: La estimación de la demanda conlleva, al amparo de lo dispuesto en el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la condena en costas a la parte demandada.

Vistos los preceptos legales citados, los invocados por la parte actora y demás de pertinente aplicación al caso de autos.

FALLO

Que estimando a demanda interpuesta por el Procurador D. XXXXXX en nombre y representación de D. XXXXXX representado por el Procurador D. XXXXXX contra COFIDIS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA representada por la Procuradora Dª. XXXXXX, debo declarar la nulidad del contrato objeto del procedimiento al contener un interés remuneratorio usurario, y en su consecuencia la parte demandada entregará la suma recibida y, si hubiera satisfecho parte de aquélla y los intereses vencidos, la entidad demandada devolverá al prestatario lo que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del capital prestado, todo ello con expresa condena en costas a la parte demandada.

Esta sentencia no es firme, y contra la misma cabe recurso de apelación que deberá ser interpuesto en el plazo de veinte días desde la notificación de la presente resolución, a través de escrito presentado en este Juzgado en la forma prevista en el artículo 458 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para su conocimiento y fallo por la Audiencia Provincial de Murcia.

Para la interposición de dicho recurso es necesario la constitución de depósito por importe de 50 € en la cuenta de depósitos y consignaciones del Juzgado (3087-0000-04-88/19) de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ, lo que deberá ser acreditado a la presentación del recurso.

Así por esta mi Sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por la Ilma. Sra. Magistrada que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.

MUY IMPORTANTE: Si vas a realizar una consulta debes leer antes toda la información de la página CONSULTAS.

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