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Cofidis anula un contrato de tarjeta de crédito y devuelve 3.351,03 € a un usuario de EZ

Cofidis anula un contrato de tarjeta de crédito y devuelve 3.351,03 € a un usuario de EZ

El Juzgado de Primera Instancia Nº 8 de Madrid declara la nulidad del contrato de tarjeta de crédito suscrito entre la entidad Cofidis S.A. y un usuario de Economía Zero por aplicar un interés usurario del 24,51 % TAE.

El Letrado D. Rodrigo Pérez del Villar Cuesta ha sido el encargado de encabezar el presente litigio sobre reclamación de intereses usurarios.

La demandante del litigio de autos, realizó con la entidad financiera, en octubre de 2010, un contrato de crédito tipo revolving, asociado a una tarjeta de crédito, en el que se estipulaba un tipo de interés remuneratorio del 24,51 % TAE, el cuál no fue constatado en el contrato, siendo la tasa media ponderada de los plazos para los créditos al consumo en esa fecha, según el Banco de España, del 7,83 % TAE.

Por consiguiente, cabe apreciar el carácter usurario del interés remuneratorio aplicado por tratarse de un interés notablemente superior al normal del dinero y ser manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso.

Asimismo, la entidad demandada no ha justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que justifiquen el tipo de interés aplicado anormalmente alto, por ello el mismo debe ser declarado nulo por usurario.

Tras la estimación de la demanda, la Magistrada-Juez del caso declara la nulidad del contrato de tarjeta de crédito suscrito por la demandante con la entidad Cofidis S.A. por usurario y condena a la financiera a la retribución a la actora de 3.351,03 €, más los intereses legales, absolviendo a la actora de todos los pedimentos dirigidos contra ella.

Se hace expresa imposición de las costas procesales a la entidad demandada.

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JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 08 DE MADRID

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1117/2018

Demandante: Dña. XXXXXX
PROCURADOR Dña. XXXXXX

Demandado: COFIDIS, S.A.
PROCURADOR D. XXXXXX

SENTENCIA Nº 284/2019

En Madrid, a dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve.

Vistos por mí, Dña. XXXXXX, Magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Madrid, los presentes autos de Juicio Ordinario seguidos en este Juzgado bajo el número 1117/19, a instancia de Dña. XXXXXX, también parte reconvenida, representada por la Procuradora Dña. XXXXXX y asistida técnicamente por el Letrado D. Rodrigo Pérez del Villar Cuesta, contra la entidad “COFIDIS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA”, también parte reconviniente, representada por el Procurador D. XXXXXX y asistida técnicamente por el Letrado Dña. XXXXXX, sobre nulidad de cláusulas contractuales.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la representación de la parte actora se formuló demanda con arreglo a las prescripciones legales en la cual se solicitaba, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho, que se dictara sentencia en la que se condenase a la parte demandada conforme al suplico de la misma.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda y emplazada la parte demandada para que en el término legal compareciera en autos asistida de abogado y procurador, y contestara a la demanda, así lo verificó en tiempo y forma mediante escrito de contestación en el que suplicaba se declarase no haber lugar a las pretensiones deducidas por la parte demandante, y se dictara sentencia en la que se condenase a aquella conforme al suplico de su reconvención.

Emplazada la parte reconvenida para que en el término legal contestara a la demanda reconvencional, lo verificó en tiempo y forma mediante escrito de contestación en el que suplicaba que se declarase no haber lugar a las pretensiones deducidas por la parte demandada reconviniente.

TERCERO.- Convocadas las partes a la celebración de la audiencia previa, a ésta asistieron ambas y en ella suplicaron que se dictara sentencia de acuerdo con sus pretensiones.

CUARTO.- Habiéndose aportado por las partes únicamente prueba documental y tratándose de una cuestión jurídica, de conformidad con el artículo 428.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, quedan los autos pendientes para dictar sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Por la parte actora se ejercita acción contra la entidad “COFIDIS, S.A.”, pretendiendo se declare la nulidad del contrato de tarjeta de crédito de fecha 15 de octubre de 2010 por resultar usurario, así como el contrato de seguro, en caso de haberse celebrado, condenando a la demandada a devolverle la cantidad que haya abonado por todos los conceptos y que exceda del total del capital efectivamente prestado, más los intereses legales, y subsidiariamente, la nulidad de la condición general de la contratación relativa los intereses remuneratorios, por falta de incorporación y transparencia, así como de la cláusula penal por vencimiento anticipado por abusiva, y demás contenidas en el título, apreciadas de oficio, con los efectos restitutorios que procedan, con expresa imposición de las costas a la parte demandada.

Frente a dicha pretensión la entidad demandada se opone a la misma tras reconocer la contratación por la demandante de una tarjeta de crédito revolving en el año 2010, siendo entonces cuando se le entregó una copia de las condiciones generales, la póliza del seguro opcional y la información normalizada europea sobre créditos al consumo; que con ello la actora dispuso de toda la información necesaria con antelación a la contratación; que igualmente se le enviaba mensualmente un extracto con todos los movimientos del periodo de liquidación, así como uno anual; que toda la información enviada es suficiente para que la actora conociera el funcionamiento del contrato; y que existen datos oficiales elaborados por el Banco de España en los que se especifica que en el año 2010 los intereses habituales en el mercado de las tarjetas de crédito revolving oscilan entre el 19,37 % y el 24,22 % TAE, por tanto, el interés aplicado del 24,51% no resulta usurario.

A continuación, la demandada formula demanda reconvencional, interesando la condena de la actora reconvenida a abonarle la cantidad de 1980,31 euros por el incumplimiento del referido contrato.

Frente a tal pretensión la demandante reconvenida contestó oponiéndose a ella, remitiéndose en su fundamentación a la invocada en su escrito de demanda.

SEGUNDO.- Si bien la demandante acompaña al escrito de demanda la copia supuestamente facilitada por COFIDIS del contrato cuya nulidad interesa, la demandada reconoce e identifica la contratación litigiosa como la referida en la demanda, sin aportar ninguna otra documentación contractual o precontractual de las referidas en su contestación.

Ante la controversia acerca de la posibilidad o no de controlar la abusividad de las cláusulas contractuales que se refieren a la definición esencial de lo que es objeto del contrato, ha de tenerse en cuenta el artículo 4, apartado 2 de la Directiva 93/13/CEE, según el cual la apreciación del carácter abusivo de las clausulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato siempre que dichas clausulas se redacten de manera clara y comprensible.

Por tanto, el precio pactado no es revisable por el tribunal, pues la fijación de elementos básicos o estructurales del contrato quedan sometidos al libre acuerdo de las partes (principio básico de la autonomía de la voluntad de las partes); sin embargo, cuestión distinta es que el precio haya quedado fijado de forma clara y precisa, de manera tal que permita al consumidor representarse de una manera adecuada el coste real de su préstamo, por tanto, del objeto del contrato.

Tal y como advierte la sentencia del TS de 19 de mayo de 2013, “que una condición general defina el objeto principal de un contrato y que, como regla general, no pueda examinarse la abusividad de su contenido, no supone que el sistema no la someta al doble control de transparencia”, tanto por la vía de su incorporación como por la vía de la transparencia (artículos 5.5 y 7 LCGC), de modo que este filtro de incorporación y transparencia, continua diciendo la referida sentencia, “…cuando se proyecta sobre los elementos esenciales del contrato, tiene por objeto que el adherente conozca o pueda conocer con sencillez la carga económica que realmente supone para él el contrato celebrado, esto es, la onerosidad o sacrificio patrimonial realizado a cambio de la prestación económica que se quiere obtener, como la carga jurídica del mismo, es decir, la definición clara de su posición jurídica tanto en los presupuestos o elementos típicos que configuran el contrato celebrado, como en la asignación o distribución de los riesgos de la ejecución o desarrollo del mismo”.

Sin embargo y dado que con carácter principal ejercita la demandante una acción de nulidad por usurario del contrato de crédito suscrito entre las partes el 15 de octubre de 2010, una línea de crédito tipo “revolving”, asociado a una tarjeta de crédito, en el que el tipo de interés remuneratorio aplicado ascendió a un TAE 24,51 %, tal y como reconoce la demandada, cuando curiosamente no se hizo constar en el contrato el interés remuneratorio de la operación, siguiendo los criterios expuestos por la sentencia del Pleno del Tribunal Supremo, de 25 de noviembre de 2015, que examinó precisamente esta cuestión, cabe apreciar el carácter usurario del interés remuneratorio aplicado en virtud del contrato litigioso, al concurrir en él los requisitos que la Ley de Represión de la Usura exige en su artículo primero, esto es, tratarse de un interés notablemente superior al normal del dinero y ser manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso, teniendo en cuenta, tal y como explica la mencionada sentencia, que para establecer el interés normal del dinero puede acudirse a las estadísticas de los tipos de interés que las instituciones financieras monetarias aplican a los depósitos y a los préstamos frente a los hogares y sociedades no financieras que publica el Banco de España.

Así, diferentes Audiencias Provincial, entre otras, la AP de A Coruña, en su sentencia de 16 de octubre de 2018, en supuesto similar, destaca que:

Las tarjetas, bien sean de débito o de crédito, son medios de pago. Su finalidad es sustituir al dinero en metálico a la hora de adquirir bienes o servicios.

En la tarjeta de débito el cargo se realiza al momento en la cuenta bancaria de referencia. En las tarjetas de crédito clásicas [tipo Visa o Amex (American Express)] las disposiciones se agrupan, normalmente en períodos mensuales, y se liquidan de forma conjunta mediante un único cargo. Pero, como tales medios de pago, su finalidad no es financiar a medio plazo las compras realizadas.

De ahí que suelen tener un tipo de interés anormalmente alto para los supuestos de aplazamientos, con la finalidad de disuadir a quien pretenda utilizarlas con ese propósito.

El contrato suscrito…, aunque contiene referencias a la tarjeta, no es un contrato de tarjeta de crédito o débito como medio de pago. Es un contrato de crédito, de financiación al consumo hasta un determinado límite, del que el cliente dispone libremente, y para cuya aplicación se le facilita la tarjeta.

Las compras que realiza con esa tarjeta son disposiciones de la línea de crédito. Es un contrato de crédito al consumo. Y que se use una tarjeta para disponer no convierte este contrato en un contrato de tarjeta de crédito típica.

Consecuencia de lo expuesto es que el tipo de interés a tener en consideración no es el aplicable a los aplazamientos en las tarjetas de crédito, sino a los contratos de financiación a consumidores”.

Así las cosas, aplicando la anterior doctrina jurisprudencial al caso de autos, resulta que en octubre de 2010, fecha de la contratación, la tasa media ponderada de todos los plazos para los créditos al consumo, según el Banco de España, era de 7,83 %, cerca del triple del interés aplicado, por tanto y en cualquier caso, un interés notablemente superior al normal en operaciones de crédito al consumo, y ello sin encontrar justificación en las circunstancias del caso, razón por la que el mismo debe ser declarado nulo por usurario.

Respecto de esta última afirmación, tal y como explica la mencionada sentencia del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2015, “dado que la normalidad no precisa de especial prueba, mientras que es la excepcionalidad la que necesita ser alegada y probada, en el supuesto enjuiciado no concurren otras circunstancias que las relativas al carácter de crédito al consumo de la operación cuestionada.

La entidad financiera que concedió el crédito “revolving” no ha justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en esta operación de crédito al consumo”.

Añade la sentencia que “aunque las circunstancias concretas de un determinado préstamo, entre las que se encuentran el mayor riesgo para el prestamista que pueda derivarse de ser menores las garantías concertadas, puede justificar, desde el punto de vista de la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, un interés superior al que puede considerarse normal o medio en el mercado, como puede suceder en operaciones de crédito al consumo, no puede justificarse una elevación del tipo de interés tan desproporcionado en operaciones de financiación al consumo como la que ha tenido lugar en el caso objeto del recurso, sobre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superior a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico”.  

En el presente caso, la entidad demandada no ha justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que justifiquen el tipo de interés anormalmente alto aplicado.

En consecuencia, resultando usurario el crédito “revolving” suscrito entre las parte, procede la nulidad del mismo, nulidad “radical, absoluta y originaria, que no admite convalidación confirmatoria, porque es fatalmente insubsanable” (STS de 25 de noviembre de 2015).

En consecuencia, en aplicación del artículo 3 de la Ley de Represión de la Usura, la nulidad del préstamo usurario surte como efecto que el prestatario quede únicamente obligado a la devolución del principal.

En el presente caso, consta en el extracto de la cuenta de la demandada (documento nº 1 de la contestación), que la actora ha abonado a la demandante una cantidad superior a la que recibió, por lo que la entidad demandada deberá devolverle aquello que exceda de dicha cantidad.

En concreto, ascendiendo el total prestado a 5.103 euros y el abonado a 9.519,26 euros, la diferencia asciende a 4.416,26 euros, sin embargo, a dicha cantidad habrá de descontársele el importe de 1.065,23 euros por el seguro contratado, el cual queda probado que fue contratado por la demandante.

Por tanto, la cantidad total a restituir a la demandante asciende a 3.351,03 euros, más los intereses legales.

TERCERO.- Interesa la demandada vía demanda reconvencional la condena de la actora a abonarle la cantidad de 1.980,31 euros, sin embargo y por los fundamentos jurídicos anteriores, dada la nulidad del contrato en virtud del cual se reclama, la pretensión no puede prosperar, absolviendo a la actora reconvenida de todos los pedimentos dirigidos contra ella.

CUARTO.- En aplicación del artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se imponen las costas procesales a la parte demandada reconviniente, al estimarse íntegramente la demanda principal y desestimarse la reconvención.

Vistos los preceptos legales y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora Dña. XXXXXX, en nombre y representación de Dña. XXXXXX, contra la entidad “COFIDIS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA”, debo declara y declaro la nulidad del contrato de tarjeta de crédito de fecha 15 de octubre de 2010, por resultar usurario, con la obligación de la actora de devolverle la cantidad de 3.351,03 euros, más los intereses legales, todo ello con expresa imposición de las costas procesales a la parte demandada.

Que desestimando la demanda interpuesta por el Procurador D. XXXXXX, en nombre y representación de la entidad “COFIDIS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA”, contra Dña. XXXXXX, debo absolver y absuelvo a la demandante reconvenida de todos los pedimentos dirigidos contra ella, todo ello con expresa imposición de las costas procesales a la parte demandada reconviniente.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que la misma no es firme y contra ella cabe interponer recurso de apelación en el plazo de veinte días desde la notificación de la misma, ante este Juzgado, para su resolución por la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid (artículos 458 y siguientes de la L.E.C), previa constitución de un depósito de 50 euros, en la cuenta XXXXXX de este Órgano.

Si las cantidades van a ser ingresadas por transferencia bancaria, deberá ingresarlas en la cuenta número IBAN ESXXXXXX, indicando en el campo beneficiario Juzgado de 1ª Instancia nº 08 de Madrid, y en el campo observaciones o concepto se consignarán los siguientes dígitos XXXXXX.

Así mismo deberá aportar justificante del pago de la tasa prevista en la Ley 10/2012 de 20 de noviembre por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

La Magistrada.

2 comentarios para Cofidis anula un contrato de tarjeta de crédito y devuelve 3.351,03 € a un usuario de EZ

  • Daniel

    Buenas tardes

    Estos son los datos de la otra tarjeta que les comete por teléfono.

    Nombre y apellidos del titular. «XXX XXXXX XXXXX»
    – Dirección completa. «C/ XXXXXXX XXXXX XXXXX».
    – Nº de DNI. «XX.XXX.XXX-X».
    – Nº de contacto XXX XXX XXX De lunes a viernes de 8 a 9, de 14:00 a 16:45 y 20:30 a 22:00
    – Nombre de la entidad. Cofidis s.a.
    – Nº que identifique el producto Crédito núm. XXXXXXXXXXXX

    Espero que con esta información sea suficiente.

    Quedo a la espera de sus noticias. Un saludo.

    • Economía Zero

      Hola Daniel

      Nos ponemos de nuevo en contacto contigo para enviarte los documentos del abogado (documento de encargo y autorización) que deberás imprimir, firmar, escanear y enviarnos por email para que podamos continuar el proceso.

      Necesitamos que nos adjuntes también una fotocopia del DNI del titular del contrato.

      Cuando lo recibamos, nos encargaremos desde Economía Zero de enviar la reclamación a Cofidis y de realizar la mediación que sea necesaria para tratar de conseguir el acuerdo extrajudicial.

      Una vez que recibamos respuesta de Cofidis, podremos valorar su propuesta e informarte de la misma. Si esta respuesta la recibes en tu domicilio, tendrás que reenviárnosla a nosotros para que podamos hacer el cálculo conforme a la documentación que te entreguen y podamos así contrastar la propuesta de resolución amistosa que te hacen, con las cantidades que conseguiríamos recuperar con una sentencia favorable.

      Quedamos a la espera de tu respuesta y como siempre, a tu disposición.

      Un saludo.

MUY IMPORTANTE: Si vas a realizar una consulta debes leer antes toda la información de la página CONSULTAS.

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