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Bankinter devuelve 5.268,63 € a un usuario de EZ tras anular una tarjeta Obsidiana usuraria

Bankinter Consumer Finance devuelve 5.268,63 € a un usuario de EZ tras anular un crédito usurario

Bankinter Consumer Finance EFC, S.A, es condenada por el Juzgado de Primera Instancia Nº 5 de los de Cartagena a anular el contrato de crédito suscrito con un usuario de EZ por aplicar un tipo de interés de usura.

El Letrado D. Rodrigo Pérez del Villar Cuesta ha sido el encargado de llevar a cano el presente procedimiento.

La parte actora concertó en enero de 2009 un contrato de tarjeta de crédito revolving con la entidad crediticia en el que se fijó un TAE del 26,40 %, mientras que el interés medio de los créditos al consumo en la fecha de firma del contrato era de 8,10 % y el tipo de interés medio en el momento de interposición de la demanda (febrero de 2018) es del 8,44 %, por ello, el referido interés debe considerarse usurario.

Asimismo, no se acredita la existencia de ninguna razón que justifique un tipo de interés tan elevado, por lo que debe ser considerado excesivo, desproporcionado y abusivo.

La nulidad del contrato implica la nulidad del contrato de seguro accesorio del principal.

Por lo expuesto, el juez del caso estima la demanda y declara la nulidad del contrato de tarjeta de crédito de Bankinter Consumer Finance EFC, S.A, condenando a la entidad demandada al reintegro a la actora de la cantidad que ésta haya abonado por cualquier concepto que exceda  del principal efectivamente prestado, 5.268,63 €, más los intereses legales devengados.

Las costas judiciales son expresamente impuestas a las entidad crediticia.

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JDO. PRIMERA INSTANCIA Nº 5 DE CARTAGENA

SENTENCIA: 00080/2019

ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000229 /2018

Sobre OTRAS MATERIAS

DEMANDANTE D. XXXXXX 
Procuradora Sra. XXXXXX

DEMANDADO D/ña. BANKINTER CONSUMER FINANCE EFC, S.A.
Procuradora Sra. XXXXXX

SENTENCIA Nº 80/2019

En la ciudad de Cartagena, a 7 de junio de dos mil diecinueve.

D. XXXXXX, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número cinco de los de Cartagena, ha visto los presentes autos de juicio ordinario nº 229/18, promovidos por D. XXXXXX, representado por la Procuradora Dña. XXXXXX y dirigido por el Letrado Rodrigo Pérez del Villar Cuesta, contra Bankinter Consumer Finance EFC, S.A., representados por la Procuradora Dña. XXXXXX y dirigidos por el Letrado D. XXXXXX, sobre declaración de nulidad contractual y reclamación de cantidad.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero: Por la Procuradora Dña XXXXXX, en nombre y representación de D. XXXXXX, se presentó demanda de juicio ordinario que fue turnada a este Juzgado contra Bankinter Consumer Finance EFC, S.A.

Expresó a continuación los hechos y los fundamentos de derecho que consideró aplicables y terminó en súplica al Juzgado para que dictara sentencia por la que se declarase la nulidad del contrato de préstamo suscrito entre las partes, así como que se condenara al demandado al pago de las cantidades que excedan del importe del capital, del principal, efectivamente entregado al demandante, más los intereses y las costas del procedimiento.

Antes de la contestación se amplió la demanda, solicitando la declaración de nulidad del interés remuneratorio pactado por no superar el control de incorporación, ni el de transparencia.

Segundo: Admitida a trámite la demanda, se acordó emplazar al demandado para su contestación en el plazo de veinte días. Por la Procuradora Dña. XXXXXX, en nombre y representación de Bankinter Consumer Finance EFC, S.A. se presentó escrito oponiéndose a la demanda interpuesta y solicitando que se desestimase con expresa imposición de costas a la parte actora.

Tercero: Se tuvo por contestada la demanda y se acordó citar a las partes, en legal forma, para la celebración de la audiencia previa, que se celebró el día señalado, y en la que ambas partes ratificaron sus respectivos escritos y dieron cumplimiento al resto de las previsiones legales, y recibido el pleito a prueba, por la parte actora y por la demandada se propuso la documental, tras lo cual quedaron los autos vistos para sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: En el presente caso la actora solicita la declaración de nulidad de un contrato de tarjeta de crédito (Bankinter Obsidiana) de fecha enero de 2009, que se condene a la entidad demandada a devolver al actor la cantidad que haya pagado por todos los conceptos y que exceda del total del capital efectivamente prestado, intereses legales y costas.

Se solicita se dicte sentencia declarando la nulidad del contrato de tarjeta de crédito suscrito entre los litigantes por existencia de usura en la condición general que establece el interés remuneratorio, condenando a la demandada, como consecuencia legal inherente a la declaración de nulidad por existencia de usura de conformidad con el art. 3 de la Ley de Represión de la Usura, a abonar a la demandante la cantidad que exceda del total del capital que le haya prestado, tomando en cuenta el total de lo ya recibido por todos los conceptos cargados y percibidos al margen de dicho capital y que ya hayan sido abonados por el demandante con ocasión del citado documento o contrato, especialmente las cantidades cobradas por los conceptos de Comisión por disposición de efectivo, intereses, Comisión por reclamación de cuota impagada y cuotas de seguros asociados a la tarjeta de crédito, según se determine en ejecución de sentencia, aportando para su correcta determinación todas las liquidaciones y extractos mensuales de la tarjeta de crédito completos y correlativos desde la fecha de suscripción del contrato hasta la última liquidación practicada, más intereses legales.

Sostiene el actor en la demanda que concertó enero de 2009 con la demandada un contrato de tarjeta de crédito denominada obsidiana con la modalidad incorporada de crédito revolving, fijándose un TAE inicial para pagos aplazados del 26,40 %, siendo el TAE actual para pagos aplazados el mismo del 26,40 %, el referido interés se considera que es usurario teniendo en cuenta que el interés medio – préstamos entre uno y cinco años – de los créditos al consumo en el mes de enero de 2009 era de 8,10 % y el último tipo de interés medio para los préstamos de consumo era 8,71 %, así como el tipo de interés medio al tiempo de la demanda (febrero de 2018) es del 8,44 %, por ello, basándose en la normativa referida y citando la sentencia del TS de 25 de noviembre de 2015 y sentencias de varias Audiencias, se solicita la nulidad a la que nos referimos en líneas anteriores.

A la pretensión actora se opuso la parte demandada, quien considera que no ha de estarse al tipo de referencia expuesto en líneas precedentes de créditos al consumo, sino que ha de estarse al tipo específico para las tarjetas de crédito de pago aplazado, cuyo promedio cifra en sobre 20 %, y cita al respecto diversas Reglamentos de la UE y Circulares del Banco de España.

La contestación a la demanda manifiesta que existió suficiente información, que el contrato supera las exigencias de transparencia y de incorporación, que no se trata de una cláusula abusiva.

Segundo: Procede afrontar en este momento si los intereses ordinarios reclamados deben ser calificados como usuarios al amparo de la Ley de Represión de la Usura de 23 de junio de 1908 – Ley Azcárate -.

Según el contrato ascenderían a un TAE de 22,95 %. El momento en que se realizó el contrato –septiembre de 2006- cuando el interés legal del dinero era del 4 %. Es decir, excede más de 4 veces el interés legal de dinero, incluso en cinco veces si la comparación se realiza con el TAE.

Actualmente la más moderna jurisprudencia de nuestras Audiencias Provinciales viene considerando abusivo y usurario per se el interés remuneratorio que exceda en 4 veces al interés legal del dinero.

En este sentido pueden citarse la Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias, sec. 6ª, de 21 de julio de 2014, o las Sentencias de la Audiencia Provincial de Tarragona, sec. 3ª, de 16 de marzo de 2013 y de 19 de febrero de 2013.

En el mismo sentido la Sentencia de la Audiencia Provincial de las Palmas, sec. 5ª, de seis de mayo de 2013 recuerda que no es necesario que concurran todos los elementos a los que alude el artículo 1 Ley de Represión de la Usura, bastando con que concurra cualquiera de los casos o circunstancias a las que se refiere dicho precepto para calificar el contrato como usuario.

Todas estas resoluciones citadas consideran que los intereses de demora reclamados exceden en más de cuatro veces el interés legal del dinero vigente al tiempo de la contratación deben considerarse, conforme al artículo 1 de Ley Azcárate, como excesivamente elevados atendido lo normal o habitual al tiempo de la celebración del contrato.

Debiendo la entidad de crédito alegar y acreditar la existencia de circunstancias que justifiquen ese interés, lo cual no ocurre en el presente caso, artículos 217.2 y 217.7 (relativo a la facilidad probatoria) ambos de la LEC.

A mayor abundamiento debe afirmarse que la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de febrero de 2013, nº 113/2013, rec. 1759/2010, (Ponente O´Callaghan Muñoz) considera usuario el interés remuneratorio pactado que se acercaba al cuádruplo del interés legal del dinero sin llegar a superarlo.

En este caso se trata de uno de los denominados créditos revolving –conforme dispone en la primera de sus condiciones generales se pacta una línea de crédito a los demandados-.

En este caso el acreedor no ha acreditado que existieran circunstancias que justificasen ese interés anormalmente alto.

El Tribunal Supremo en sentencia de 25 noviembre de 2015, respecto a un crédito revolving con un interés remuneratorio de 24,6 %, lo declaró nulo por usurario.

La conclusión debe ser por tanto la declaración de nulidad del contrato de préstamo por su carácter usurario. Por ser anormalmente elevado, sin que concurra acreditada la existencia de ninguna razón, en este contrato – objetiva o subjetiva -, que justificase dichos tipos de interés. Por lo que debe ser considerado excesivo, desproporcionado y abusivo.

Declarada la nulidad del contrato implica la nulidad del contrato de seguro, accesorio del principal.

Tercero: En su demanda la parte actora postuló la nulidad de la cláusula referente a los intereses y solicitó la devolución de lo recibido en tal concepto por el prestamista, así como la nulidad del pacto de comisión por impago de cuotas, con la misma consecuencia (en su escrito de recurso nada señala respecto al resto de las cláusulas), se invoca el art. 3 antes citado.

Así, las consecuencias de la apreciación de la usura que producen la nulidad del contrato, radical y originaria, con los efectos que prevé el artículo 3 de la Ley, que se aplican de oficio y por imperativo legal aunque no hayan sido solicitados, traducidos en la nulidad de aquél, retrotrayendo a las partes a la situación anterior a la perfección del vínculo calificado como usurario, de modo que debe liquidarse con obligación del prestatario de devolver tan sólo el capital pendiente de pago sin ningún otro concepto, que se calcula descontando todas las cantidades abonadas por todos los conceptos por el prestatario al prestamista para, en su caso, si exceden las cantidades percibidas por éste del importe del capital, restituir al prestatario lo indebidamente percibido.

El problema que se plantea es que, como hemos visto, el art. 1 declara la nulidad del contrato, cuyas consecuencias serían por ello las señaladas en el art. 1.303 del CC, esto es, la recíproca devolución de lo entregado, y no sólo de los intereses, tratándose ello de una consecuencia ineludible que nace de la ley y por ello no precisa expresa petición de parte, pudiendo ser declarada sin que ello implique incongruencia. Ello, obviamente ha de dejarse para la fase ejecutoria.

Como señala la sentencia de 11-12-2018 de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Asturias, las consecuencias de esa nulidad son apreciables incluso de oficio, como efectos derivados de la ley, ligados de modo ineludible a la invalidez, lo que determina la consiguiente obligación del demandante de devolver únicamente el capital dispuesto, debiendo la demandada reintegrarle, en su caso, todas aquellas cantidades que hayan excedido del capital prestado, criterio este reiterado por otras resoluciones de esta Audiencia (por todas, la de la Sección 4ª del 11 de abril de 2018).

Por tanto, la declaración de nulidad del contrato, en virtud de la Ley de Represión de la Usura, cuya consecuencia es la nulidad de la totalidad del contrato, y por ello de todas y cada una de sus cláusulas.

En definitiva, no es posible realizar otra valoración sobre el contenido del contrato (transparencia, incorporación, nulidad,…), pretensiones planteadas de modo subsidiario, porque el contrato ya ha sido declarado nulo.

Cuarto: La demanda no reclama una cifra determinada. Solicitó de la demandada, antes de presentar la demanda, información contable del estado del contrato. Si bien no recibió la información que pretendía.

Dispone el art. 219:

  1. Cuando se reclame en juicio el pago de una cantidad de dinero determinada o de frutos, rentas, utilidades o productos de cualquier clase, no podrá limitarse la demanda a pretender una sentencia meramente declarativa del derecho a percibirlos, sino que deberá solicitarse también la condena a su pago, cuantificando exactamente su importe, sin que pueda solicitarse su determinación en ejecución de sentencia, o fijando claramente las bases con arreglo a las cuales se deba efectuar la liquidación, de forma que ésta consista en una pura operación aritmética.
  1. En los casos a que se refiere el apartado anterior, la sentencia de condena establecerá el importe exacto de las cantidades respectivas, o fijará con claridad y precisión las bases para su liquidación, que deberá consistir en una simple operación aritmética que se efectuará en la ejecución.

Sobre cómo debe interpretarse este precepto debe citarse la STS de 17 de abril de 2015, «Esta Sala en la STS, del Pleno, de 16 de enero de 2012, RIC núm. 460/2008 Jurisprudencia citada a favor TS, Sala de lo Civil, Sección: 1 ª, 02/06/2008 (rec. 1198/2001) Derecho a la tutela judicial efectiva, que reiteran las de 28 de junio, 11 de julio y 24 de octubre de 2012; 9 de enero y 28 de noviembre 2013 Jurisprudencia citada a favor STS, Sala de lo Civil, Sección: 1ª, 28/11/2013 (rec. 2543/2011).

Esta Sala ha declarado que el contenido de estos preceptos debe ser matizado en aquellos casos en los que un excesivo rigor en su aplicación puede afectar gravemente al derecho a la tutela judicial efectiva de las partes, provocando indefensión.

Esto puede suceder cuando, por causas ajenas a ellas, a las partes no les resultó posible la cuantificación en el curso del proceso.

Para evitarlo es preciso buscar fórmulas que, respetando las garantías constitucionales fundamentales, permitan dar satisfacción al legítimo interés de las partes, ha declarado -en interpretación de los artículos 20 4.º LEC citada que se aplica Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Arts. 209 (08/01/2001) y 219 LEC -, que el contenido de estos preceptos debe ser matizado en aquellos casos en los que un excesivo rigor en su aplicación puede afectar gravemente al derecho a la tutela judicial efectiva de las partes, provocando indefensión.

Esto puede suceder cuando, por causas ajenas a ellas, a las partes no les resultó posible la cuantificación en el curso del proceso. Para evitarlo es preciso buscar fórmulas que, respetando las garantías constitucionales fundamentales -contradicción, defensa de todos los implicados, bilateralidad de la tutela judicial-, permitan dar satisfacción al legítimo interés de las partes. No es aceptable que deba denegarse la indemnización por falta de un instrumento procesal idóneo para su cuantificación.

Debe por ello el motivo del recurso ser desestimado, en la medida en que el art. 219.2 de la LE Civil permite fijar el importe de la condena en función del establecimiento de unas bases claras y precisas que consistan en una simple operación aritmética, que es precisamente lo que ocurre en este caso.

Por otro lado, el establecimiento de bases de liquidación en lugar de la fijación del importe exacto de la condena resulta justificado además en el caso, teniendo en cuenta que el contrato de crédito ha continuado produciendo sus efectos y lo continuará haciendo hasta que el pronunciamiento anulatorio, alcance firmeza. Así lo ha declarado la Sentencia de la Audiencia Provincial de León, sección 2ª, de del 06 de marzo de 2019«.

Esta misma postura la ha asumido la Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias, sec. 5ª, de 2 de octubre de 2018. El segundo motivo, conectado con el anterior, acusa infracción del art. 219 de la LEC, porque el actor no cuantifica en la demanda la suma de la condena, sino que interesa se proceda a su liquidación posterior tomando en consideración el capital del crédito y cuantos pagos, por todos los conceptos, hubiese hecho el titular de la tarjeta, lo que es cabal con la interpretación que el TS ha hecho del mentado precepto en su sentencia de 16-1-2012 (reiterado por las 28-11-2013 y 17-4 y 11-6-2015), de acuerdo con la cual debe de aplicarse con un criterio flexible y posibilista, acomodado a la satisfacción de la tutela efectiva, como es el supuesto de que la liquidación y fijación de la suma escape a las posibilidades del accionante al momento de la formulación de la demanda por su propia razón o fundamento, como así ocurre en el caso de autos, pues se trata de una modalidad de crédito rotativo, prolongado en el tiempo, cuya declaración de nulidad conlleva un efecto retroactivo (art. 3 LRU) que exige de un soporte documental extenso.

Quinto: De conformidad con lo previsto en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en los juicios declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte cuyas pretensiones hubieren sido totalmente rechazadas.

Vistos los artículos citados y los demás de general aplicación,

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora Dña. XXXXXX, en nombre y representación de D. XXXXXX, debo declarar y declaro la nulidad del contrato de tarjeta de crédito (Bankinter Obsidiana) de fecha enero de 2009, y debo condenar y condeno a Bankinter Consumer Finance EFC, S.A. a que abone al actor la cantidad que el demandante haya abonado por cualquier concepto en exceso sobre el principal, capital, efectivamente prestado, todo ello con los intereses legales desde las fechas de su abono, con expresa condena al pago de las costas al demandado.

Notifíquese a las partes esta sentencia, advirtiéndoles que no es firme y que contra la misma cabe recurso de apelación que deberá ser preparado en el plazo de veinte días desde la notificación de la presente resolución, a través de escrito presentado en este Juzgado en la forma prevista en el artículo 458 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para su conocimiento y fallo por la Audiencia Provincial de Murcia, previa consignación de la cantidad objeto de condena con sus correspondientes intereses, sin cuyo requisito no será admitido a trámite el recurso presentado por imperativo del artículo 449.3. En caso de proceder a la interposición del recurso de APELACIÓN, deberá el recurrente depositar la cantidad de 50 euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado abierta en Banco de Santander.

Así lo acuerdo, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia, por el Sr. Juez que suscribe, estando celebrando audiencia pública, en el mismo día de su fecha, doy fe.

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