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Sentencia contra COFIDIS anulando un contrato de crédito de un usuario de EZ, que recupera 7.472,87 €

Sentencia contra COFIDIS anulando un contrato de crédito de un usuario de EZ, que recupera 7.472,87 €

El Juzgado de Primera Instancia Nº 9 de Las Palmas de Gran Canaria condena a la entidad COFIDIS, S.A. a la nulidad de un contrato de línea de crédito suscrito con un usuario de EZ por usurario.

El presente litigio ha sido llevado a cabo por el Letrado colaborador con Economía Zero, D. Miguel Ángel Correderas García.

La parte demandante suscribió con la entidad COFIDIS, S.A. Sucursal en España, un contrato en el que se estipulaba un TIN del 22,12 %, y una TAE de 24,51 %, siendo para el mismo periodo (2011) los tipos medios (TAE) para créditos al consumo del 8,18 %, por lo que se considera desproporcionado y, por tanto, usurario.

El Magistrado-Juez del caso estima la demanda interpuesta contra Cofidis S.A. declarando nulo el contrato suscrito entre las partes, y condena a la entidad demandada a devolver a la actora lo que exceda del capital prestado, por lo que el usuario de EZ consigue recuperar 7.472,87 €.

Asimismo, se condena al pago de las costas procesales a la parte demandada.

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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 9 DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Procedimiento: Procedimiento ordinario
Nº Procedimiento: 0001297/2018
Proc. origen: Procedimiento ordinario
Materia: Sin especificar
Resolución: Sentencia 000263/2019

Demandante: D. XXXXXX
Abogado: D. Miguel Ángel Correderas García
Procurador: Dña. XXXXXX

Demandado: Cofidis S.A. Sucursal en España
Abogado: Dña. XXXXXX
Procurador: D. XXXXXX

SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de DICIEMBRE del 2019,

Vistos por mí D. XXXXXX, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 9 de los de Las Palmas de Gran Canaria los presentes autos de juicio ordinario número 1297-2018, seguido entre partes.

Como demandante D. XXXXXX (DNI XXXXXX) representado por la Procuradora de los Tribunales Dña. XXXXXX y defendida por el letrado D. MIGUEL ÁNGEL CORREDERAS GARCÍA; y como demandada la entidad financiera COFIDIS SUCURSAL en ESPAÑA (CIF XXXXXX) representada por la Procuradora de los Tribunales D. XXXXXX y defendido por la letrada Dña. XXXXXX.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.Por D. XXXXXX (DNI XXXXXX) representada y defendida en autos como se señala en el encabezamiento se presentó demanda, pidiendo lo siguiente (folio 22):

“ … DECLARE la NULIDAD del contrato de crédito de fecha 3 de junio de 2011, por tipo de interés usurario; y del contrato de seguro vinculado, con los efectos que legalmente procedan; más costas.

CON CARÁCTER SUBSIDIARIO

I. DECLARE la NULIDAD del contrato de crédito de fecha 3 de junio de 2011, por tipo de interés usurario, con los efectos que legalmente procedan; más costas.

S SUBSIDIARIO

I. DECLARE la NULIDAD de la cláusula de intereses remuneratorios, por falta de incorporación y transparencia; así como demás cláusulas abusivas contenidas en el título, apreciadas de oficio; con los efectos que legalmente procedan; más costas…”

La demanda entró en esta oficina el 20 de NOVIEMBRE del 2018 (folio 1).

SEGUNDO.- La parte demandante fundó su causa de pedir en los siguientes hechos (folio 1 y siguientes):

1º.- El demandante D. XXXXXX suscribió con la entidad COFIDIS, S.A., Sucursal España, el 3 de JUNIO del 2011, un contrato de ventas a plazos. Se pactó un TIN del 22,12 %, correspondiente a un TAE de 24,51 %.

2º.- La parte ha requerido previamente a la financiera sobre la existencia de nulidad por la existencia de tipo usurario.

3º.- Que el crédito lo suscribió, para adquirir determinados bienes de consumo. En el contrato se omite el tipo de interés de la operación.

4º.- Que el tipo que se ha ido aplicando- según la tabla de liquidación- asciende al 24,51 % TAE.

6º.- Que también se ha cargado el importe mensual del contrato de SEGURO. Que el actor no suscribió contrato de seguro alguno.

TERCERO.Por Decreto de 18 de ENERO del 2019 de se admitió a trámite la demanda (folio 45). La cuantía se fijó en indeterminada.

La parte demandante amplió su demanda, el 5 de MARZO del 2019 – folio 63: La parte suplicó – folio 74:

“ … CON CARÁCTER PRINCIPAL

DECLARE la NULIDAD del contrato de crédito de fecha 3 de junio de 2011, por tipo de interés usurario; y del contrato de seguro vinculado, con los efectos que legalmente procedan; más costas.

CON CARÁCTER SUBSIDIARIO

I. DECLARE la NULIDAD del contrato de crédito de fecha 3 de junio de 2011, por tipo de interés usurario, con los efectos que legalmente procedan; más costas.

S SUBSIDIARIO

I. DECLARE la NULIDAD de la cláusula de intereses remuneratorios, por falta de incorporación y transparencia; y de la cláusula de penalización por vencimiento anticipado, por abusiva; así como demás cláusulas abusivas contenidas en el título apreciadas de oficio; con los efectos que legalmente procedan; más costas…”

La parte fundó su derecho en los siguientes hechos (folio 65):

La parte solicita la nulidad de una cláusula penal por un importe del 8 % del capital – cláusula 9.

CUARTO.La entidad demandada – COFIDIS- contestó a la demanda en el sentido de oponerse. La parte alegó:

1º.- La parte oponer prejudicilidad civil.

2º.- La cuantía del procedimiento. La parte la fija en 3.984,45 €. La parte la fija en aplicación de los artículos 219 y 251 de la LEC. Que el demandante tendría la obligación de devolver 3.894,45 euros, que es el capital financiado.

3º.- Que el contrato es de ventas a plazo y cuenta permanente. Que el negocio sería de tipo bi- contractual.

4º.- Que el demandante decidió financiar la compra con COFIDIS. En el mes de ENERO del 2012, decidió hacer efectiva la línea de crédito contratada solicitando un capital inicial de 3.000,00 euros llegando a 14.877,35 €. La línea de crédito solo puede activarse si el cliente lo solicita.

5º.- La parte sostiene que el contrato se seguro se suscribió.

6º.- Que es válida la cláusula sobre vencimiento anticipado por la gravedad del incumplimiento.

QUINTO.- La audiencia previa se celebró el 30 de SEPTIEMBRE del 2019. La audiencia previa se grabó en el sistema ARCONTE.

En la audiencia previa se resolvió sobre la excepción relativa a la cuantía del procedimiento. Fijándose en indeterminada.

La excepción sobre causa prejudicial penal, ya se había resuelto antes de la audiencia en el Auto de 26 de JULIO del 2019 – folio 321.

En la audiencia se solicitó a las partes aclaraciones,sobre las cantidades a reintegrar, acordando que no cabría sentencias con reserva de liquidación – artículos 219 y 220 de la LEC.

SEXTO.El juicio se celebró el 4 de DICIEMBRE del 2019. El juicio se grabó en el sistema ARCONTE.

En el juicio no se pudo practicar al testifical acordada, seguidamente pasaron los autos para conclusiones.

SÉPTIMO.- En este procedimiento se han observado sustancialmente todas las prescripciones legales, incluido el plazo para dictar sentencia.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.– ACCIÓN EJERCITADA por la parte DEMANDANTE, y CONTROVERSIA entre éstas.

1.1. Tal como consta en los antecedentes de hecho de esta resolución, y el primer fundamento, la parte ejercita una acción de nulidad del contrato y de forma subsidiaria la nulidad de determinadas cláusulas del contrato.

1.2. Dentro del ejercicio de la acción de nulidad absoluta, nos lleva a estudiar, si en el caso de autos en la contratación ha quebrantado o no alguna disposición imperativa o prohibitiva – artículo 6.3 del código civil.

La parte demandante, en ningún lugar de su demanda alega la existencia de una nulidad relativa, v.g. la existencia de algún vicio en el consentimiento, así error, dolo, violencia o intimidación.

La parte sostiene de forma genérica la existencia de cláusulas abusivas, lo que implicaría un quebrantamiento de los dispuesto en Ley General de Defensa de consumidores y Usuarios (RD Legislativo 1/2007, de 16 de Noviembre: BOE 30 de NOVIEMBRE del 2007). También sostiene que el tipo de interés ordinario es usurario, lo que implicaría un quebrantamiento de lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley de la Usura.

1.3. En el cuerpo de la demanda la parte fundamenta la nulidad absoluta y total del contrato, en el quebrantamiento del artículo 1 de la Ley de la Usura o Ley Azcárate.

SEGUNDO.- NULIDAD de los INTERESES ORDINARIOS. NULIDAD ABSOLUTA del CONTRATO.

2.1. Como consta en los antecedentes de hecho de esta resolución, en el caso de autos se solicita la nulidad de un contrato de linea de crédito aperturado el 3 de JUNIO del 2011 (folio 35).

La acción principal, viene referida a la nulidad total del contrato, por tener un tipo ordinario del 24,51 % TAE (cláusula 5ª, coste del crédito). Entiende que el tipo ordinario sería usurario, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley de represión de la usura.

2.2. Esta cuestión se encuentra en la actualidad resuelta en la STS de 25 de NOVIEMBRE del 2015 (St. Núm. 628-2015; Rec. Núm. 2341-2013; ECLI:ES:TS:2015:4810).

Criterio que ha sido seguido por otras de la AP de LAS PALMAS, como la SAP de 30 de NOVIEMBRE del 2018, secc. 5ª (St. Núm. 609-2108; Rec. Núm. 535-2017; ECLI:ES:APGC:2018:3044), o la SAP de 25 de OCTUBRE del 2018 (St. Nú, 533-2018; Rec. Núm. 533-2018; ECLI:ES:APGC:2018;2752).

En las resoluciones citadas se estudia, este tipo de contratos -tarjetas de crédito- y acuerda la nulidad absoluta de los mismos, por ser contrario a norma imperativa. Concretamente al considerar los tipos ordinarios, abusivos a la luz del artículo 1 de la Ley de represión de la usura.

2.3. Así sistematizando la STS de 25 de NOVIEMBRE del 2015, podemos indicar las siguientes pautas, para acordar la nulidad de estos contratos (fundamento tercero de la resolución):

– Lo primero que estudia es si la Ley de represión de la usura, es aplicable, a los contratos de tarjeta, cuando parece que solo le sería de aplicación a los contratos de préstamo. La respuesta es que si, con la siguiente argumentación:

“ … le es de aplicación dicha ley, y en concreto su art. 1, puesto que el art. 9 establece: «Lo dispuesto por esta Ley se aplicará a toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualesquiera que sean la forma que revista el contrato y la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido».

La flexibilidad de la regulación contenida en la Ley de Represión de la Usura ha permitido que la jurisprudencia haya ido adaptando su aplicación a las diversas circunstancias sociales y económicas.

En el caso objeto del recurso, la citada normativa ha de ser aplicada a una operación crediticia que, por sus características, puede ser encuadrada en el ámbito del crédito al consumo….”.

En el caso de autos nos encontraríamos con una linea de crédito, asimilable – según lo visto- bien al contrato de tarjeta de crédito o bien a un préstamo.

Desde un punto jurídico qué quebrantamiento normativo se centraría en el artículo 1 de la Ley de represión de la usura, al calificar y definir cuáles con los créditos usurarios, bastando con que concurra uno de los tres supuestos ahí indicados.

Así argumenta: “… para que un préstamo pudiera considerarse usurario, concurrieran todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el art.1 de la ley.

Por tanto, y en lo que al caso objeto del recurso interesa, para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la ley, esto es, «que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», sin que sea exigible que, acumuladamente, se exija «que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales»….”.

– También sentencia pasa a estudiar que debe entenderse por un interés superior al normal del dinero, y desproporcionado a las circunstancias del caso. Así el tipo de interés referido es el TAE.

La referencia a lo superior al normal del dinero, vendría a ser a lo habitual. Esto no significa que en casos excepcionales el tipo de interés pueda ser superior al normal del dinero. Se refiere a operaciones de gran riesgo, son situaciones excepcionales que deben acreditarse. Ahora bien aclara que estos supuestos no concurrirían en préstamos al consumo.

Así la sentencia de forma expresa sobre el tipo de interés dice: “… El interés remuneratorio estipulado fue del 24,6 % TAE. Dado que conforme al art. 315, párrafo segundo, del Código de Comercio, «se reputará interés toda prestación pactada a favor del acreedor», el porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero no es el nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE), que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados…”.

Sobre qué es lo que debe entenderse superior la normal del dinero, dice: “… El interés con el que ha de realizarse la comparación es el «normal del dinero«. No se trata, por tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés «normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia» (sentencia núm. 869/2001, de 2 de octubre)…”.

En el mismo sentido dice también, “… Generalmente, las circunstancias excepcionales que pueden justificar un tipo de interés anormalmente alto están relacionadas con el riesgo de la operación.

Cuando el prestatario va a utilizar el dinero obtenido en el préstamo en una operación especialmente lucrativa pero de alto riesgo, está justificado que quien le financia, al igual que participa del riesgo, participe también de los altos beneficios esperados mediante la fijación de un interés notablemente superior al normal.

Aunque las circunstancias concretas de un determinado préstamo, entre las que se encuentran el mayor riesgo para el prestamista que pueda derivarse de ser menores las garantías concertadas, puede justificar, desde el punto de vista de la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, un interés superior al que puede considerarse normal o medio en el mercado, como puede suceder en operaciones de crédito al consumo, no puede justificarse una elevación del tipo de interés tan desproporcionado en operaciones de financiación al consumo como la que ha tenido lugar en el caso objeto del recurso,…”

– Por último y en relación a la comparación entre el interés acordado, y el normal y habitual, podemos citar la SAP de LAS PALMAS de 30 de NOVIEMBRE del 2018, secc. 5ª (St. Núm. 609-2108; Rec. Núm. 535-2017; ECLI:ES:APGC:2018:3044), en cuyo fundamento tercero dice: “…. En consecuencia, la doctrina parece inclinarse por desvinculares de la tabla específica de “créditos al consumo”.

Tarjetas de crédito que se incluye en el número 19.4 de la estadística que al respecto hace el Banco de España, y hacer una ponderación media de todos los créditos al consumo incluidos en la tabla lo que comporta tomar como referencia un tipo de interés que rondaría al alza el 10 %, y que permitiría aplicar al supuesto establecido por el Tribunal Supremo…”.

TERCERO.- RESOLUCIÓN del CONFLICTO.

3.1. Aplicando la anterior doctrina al caso en concreto, la demanda debe estimarse.

El contrato de tarjeta data de 03 de JUNIO del 2011 – folio 35. El TAE acordado es del 24,51 %.

3.2. El tipo de interés se superior al normal del dinero, según los criterios del fundamento anterior. Así para el mismo periodo -año 2011- los tipos medios (TAE) para créditos al consumo estaban entre 8,18 – mes de mayo – a 7,73 – mes de junio.

La fuente sería la del Banco de España, en la taba correspondiente al tipos de interés aplicado por las entidades de crédito en 2014.

3.3. Consecuentemente el contrato debe declararse nulo. Al ser todo el contrato nulo, carece de sentido pronunciarse de otras clausulas en particular, como es la contratación del seguro, que ni siquiera aparece en el clausula del contrato, lo que pone de manifiesto una absoluta ausencia de contratación. Lo mismo debo de indicar respecto de la cláusula de penalización por vencimiento anticipado.

CUARTO.– EFECTOS de la NULIDAD.

4.1. La sentencia del TS de 25 de NOVIEMBRE del 2015, en su fundamento cuarto indica cuáles son los efectos de la nulidad, que no son otros que la aplicación del artículo 3 de la Ley de represión de la usura: “… Las consecuencias de dicha nulidad son las previstas en el art. 3 de la Ley de Represión de la Usura, esto es, el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida….”.

El artículo 3 dice textualmente: “… Declarada con arreglo a esta ley la nulidad de un contrato, el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida; y si hubiera satisfecho parte de aquélla y los intereses vencidos, el prestamista devolverá al prestatario lo que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del capital prestado.

4.2. En el caso de autos, expresé en la audiencia previa, que nada se había dicho o pedido respecto de las cantidades a reintegrar.

En nuestro derecho no cabe las sentencias a reserva de liquidación – artículo 219 y 220 de la LEC. Esta liquidación pudo hacerse tanto en la demanda como a lo sumo en la audiencia previa; véase como es la propia parte la que presenta un extracto liquidando el préstamo – folios 37, sin que nada se indicase en la demanda o en ejecución.

QUINTO.- COSTAS.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para la condena en costas rige el criterio objetivo del vencimiento, al haber en este caso una estimación sustancial de la demanda, cabe la condena al pago de las costas procesales a la parte demandada.

Al desestimar la demanda, cabe condenar al pago de las costas procesales al demandante.

FALLO

QUE ESTIMO SUSTANCIALMENTE la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales Dña. XXXXXX en nombre y representación de D. XXXXXX (DNI XXXXXX), debiendo hacer los siguientes pronunciamientos:

1º.- Que declaro NULO el contrato de CRÉDITO suscrito entre D. XXXXXX (DNI XXXXXX) y la entidad financiera COFIDIS SUSCURSAL en ESPAÑA.

2º.- Que CONDENO al demandado al pago de las costas procesales. Condeno al pago de las costas procesales a la parte demandada.

Líbrese y únase certificación de esta resolución a las actuaciones, con inclusión del original en el libro de sentencias.

Notifíquese esta resolución a las partes.

MEDIOS de IMPUGNACIÓN. Se hace saber a las partes que esta resolución no es firme pudiendo INTERPONER contra ella recurso de APELACIÓN ante la Iltma. Audiencia Provincial de Las Palmas. Este recurso se deberá INTERPONER en el plazo de VEINTE días desde su notificación (artículo 458 y ss de la LEC).

La INTERPOSICIÓN y la TRAMITACIÓN de este recurso se hará conforme a los artículos 458 y siguientes de la LEC, tras la reforma operada por la Ley 37/2011, de 10 de Octubre (BOE 11 de octubre del 2011).

Previamente a la INTERPOSICIÓN, la parte recurrente deberá consignar un depósito de CINCUENTA euros, en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, en caso de no ingresarse no cabrá la admisión a trámite (D.A. Décimo Quinta de la L.O. 6/1985 de 1 de julio,

del Poder Judicial, tras la reforma operada en el artículo diecinueve de la L.O. 1/2009 de 3 de noviembre, (BOE 4 de noviembre del 2009)).

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo yo D. XXXXXX, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de Primera Instancia número NUEVE de Las Palmas de Gran Canaria y su partido.

EL MAGISTRADO-JUEZ

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