Anulada por usura una tarjeta de crédito de Wizink con una TAE del 26,82 %

El Juzgado nº 3 de Avilés condena a WIZINK BANK a anular el contrato de una tarjeta de crédito Citi Oro (en su día propiedad de Citibank),  por aplicar un tipo de interés (TAE) del 26,82 %, mientras en la fecha de suscripción de dicha tarjeta, la T.A.E. media publicada por el Banco de España para los créditos al consumo fue del 9,63 %.

Por lo tanto, estamos hablando de un interés casi 3 veces más elevado que el tipo medio en la fecha de contratación, y por lo tanto se puede considerar sin lugar a dudas como «notablemente superior«. 

La demanda fue presentada por un usuario de Economía Zero y dirigida por Azucena Natalia Rodríguez Picallo, abogada colaboradora de EZ desde hace años y experta en nulidad de contratos por usura y falta de transparencia.

La Sentencia alude al artículo 3 de la Ley de Represión de la Usura (Ley Azcárate), y por supuesto, en la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2015, la cual establece que cuando se anula un contrato por usurario, el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida; y si éste hubiera satisfecho parte de aquélla y los intereses vencidos, el prestamista devolverá al prestatario lo que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del capital prestado.

En aplicación del artículo 3 de la Ley de Represión de la Usura, WIZINK BANK es condenada a devolver a la parte demandante la diferencia entre el capital que efectivamente le había prestado y el que había abonado a lo largo de la vida de la tarjeta de crédito, cuantía que queda pendiente de ser calculada en la posterior Ejecución de Sentencia.

Al estimarse todas las pretensiones de la parte demandante, WIZINK BANK fue condenada también al pago de las costas del procedimiento. Además de los correspondientes intereses desde la fecha de interposición de la demanda.

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JUZGADO 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 3 AVILÉS

SENTENCIA: 00185/2018

ORDEN PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000166 /2018

Procedimiento origen: /

Sobre RESTO.ACCIO.INDV.CONDIC.GNRLS.CONTRATACION

DEMANDANTE D/ña. XXXXXX

Procurador/a Sr/a. XXXXXX

Abogado/a Sr/a. AZUCENA NATALIA RODRÍGUEZ PICALLO

DEMANDADO D/ña. WIZINK BANK S.A.

Procurador/a Sr/a. XXXXXX

Abogado/a Sr/a. XXXXXX

SENTENCIA nº 185/18

Magistrada-juez que la dicta: XXXXXX

Parte Demandante: XXXXXX.

Abogado: Sr. AZUCENA NATALIA RODRÍGUEZ PICALLO.

Procurador: Sra. XXXXXX.

Parte Demandada: Wizink Bank S.A.

Abogado: Sr. XXXXXX.

Procurador: Sr. XXXXXX.

Objeto del juicio: nulidad de contrato.

En Avilés, a 7 de noviembre del 2018.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El día 15 de marzo del 2018, la indicada representación de la parte actora presentó demanda de juicio ordinario, que correspondió a este Juzgado, en la que se concluía suplicando se condenase a la demandada conforme a lo establecido en su suplico, con costas.

SEGUNDO.- Admitida a trámite se emplazó a la demandada, que presentó escrito de oposición, convocándose a continuación a audiencia previa para el 5 de noviembre. En el acto de la misma se propuso únicamente como prueba la documental, quedando seguidamente los autos para dictar sentencia.

TERCERO.- Que en la tramitación del presente procedimiento se han observado todas las formalidades establecidas por la Ley.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se solicita por XXXXXX que se dicte sentencia frente a la entidad demandada con el siguiente contenido:

1) con carácter principal, se declare la nulidad por usura del contrato de tarjeta Citi Oro suscrito el 08.01.14, y si hubiera sastisfecho, tomando en cuenta el total de lo percibido, cantidad que exceda del capital prestado, se condene a restituir al actor dicha suma, más los intereses legales devengados;

2) subsidiariamente, se declare la nulidad por abusiva de la cláusula de intereses remuneratorios inserta en el citado contrato, condenando a restituir al actor la totalidad de los intereses remuneratorios abonados, más los intereses legales devengados de dichas cantidades, pagando si resta alguna cuota pactada, sin aplicación de interés alguno.

Costas. La parte demandada centra su resistencia en la validez del contrato cuya nulidad se insta.

SEGUNDO.- Fondo del asunto. En el caso examinado, nos hallamos ante un crédito revolving, formalizándose el mismo el 08.01.14 y en el que se fijó un TAE del 26,82 %.

La entidad financiera aduce al respecto que el citado contrato fue suscrito libremente por la actora tras la debida información que le fue suministrada, y que el mismo no puede ser tildado de usurario en comparación con el tipo de interés que se usa de manera habitual por las entidades en operaciones o contratos similares, lo que le lleva a concluir que el aquí pactado no reúne las condiciones de ser “notablemente superior” que requiere la Ley cuya aplicación se postula con carácter principal.

Dichos asertos no pueden prosperar por las razones que a continuación se desgranan.

El art. 1 de la Ley de Represión de la Usura de 23 de julio de 1.908 establece que “será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales».

Sobre este particular, ha de acotarse la sentencia del TS de 25 de noviembre del 2015, la cual declara que “la Ley de Represión de la Usura se configura como un límite a la autonomía negocial del art. 1255 del Código Civil aplicable a los préstamos, y, en general, a cualesquiera operación de crédito «sustancialmente equivalente» al préstamo.

Así lo ha declarado esta Sala en anteriores sentencias, como las núm. 406/2012, de 18 de junio, 113/2013, de 22 de febrero , y 677/2014, de 2 de diciembre .

A partir de los primeros años cuarenta, la jurisprudencia de esta Sala volvió a la línea jurisprudencial inmediatamente posterior a la promulgación de la Ley de Represión de la Usura, en el sentido de no exigir que, para que un préstamo pudiera considerarse usurario, concurrieran todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el art. 1 de la ley. Por tanto, y en lo que al caso objeto del recurso interesa, para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la ley, esto es, «que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», sin que sea exigible que, acumuladamente, se exija «que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales». 

Cuando  en las sentencias núm. 406/2012, de 18 de junio, y 677/2014 de 2 de diciembre , exponíamos los criterios de «unidad» y «sistematización» que debían informar la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, nos referíamos a que la ineficacia a que daba lugar el carácter usurario del préstamo tenía  el mismo alcance y naturaleza en cualquiera de los supuestos en que el préstamo puede ser calificado de usurario, que  se proyecta unitariamente sobre la validez misma del contrato celebrado.

Pero no se retornaba a una jurisprudencia dejada atrás hace más de setenta años, que exigía, para que el préstamo pudiera ser considerado usurario, la concurrencia de todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el párrafo primero del art. 1 de la Ley…”.

Asimismo, y aún cuando en el caso aquí examinado no se trata propiamente de un contrato de préstamo ello no se erige en óbice para que resulte de aplicación lo dispuesto en la mentada Ley de 1.908 dado que la misma es objeto de aplicación por la Sala I de nuestro alto Tribunal a un crédito “revolving”, en la resolución anteriormente citada, señalando al efecto que “le es de aplicación dicha ley, y en concreto su art. 1, puesto que el art. 9 establece: «lo dispuesto por esta Ley se aplicará a toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualesquiera que sean la forma que revista el contrato y la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido».

La flexibilidad de la regulación contenida en la Ley de Represión de la Usura ha permitido que la jurisprudencia haya ido adaptando su aplicación a las diversas circunstancias sociales y económicas.

En el caso objeto del recurso, la citada normativa ha de ser aplicada a una operación crediticia que, por sus características, puede ser encuadrada en el ámbito del crédito al consumo”.

Continúa diciendo, la reseñada sentencia que “el interés con el que ha de realizarse la comparación es el «normal del dinero». No se trata, por tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés «normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia» (sentencia núm. 869/2001, de 2 de octubre Jurisprudencia citada STS, Sala de lo Civil, Sección 1ª, 02-10-2001 (rec. 1961/1996))…..Para que el préstamo pueda ser considerado usurario es necesario que, además de ser notablemente superior al normal del dinero, el interés estipulado sea «manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso».

En principio, dado que la normalidad no precisa de especial prueba mientras que es la excepcionalidad la que necesita ser alegada y probada, en el supuesto enjuiciado no concurren otras circunstancias que las relativas al carácter de crédito al consumo de la operación cuestionada.

La entidad financiera que concedió el crédito «revolving» no ha justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo.

Generalmente, las circunstancias excepcionales que pueden justificar un tipo de interés anormalmente alto están relacionadas con el riesgo de la operación. Cuando el prestatario va a utilizar el dinero obtenido en el préstamo en una operación especialmente lucrativa pero de alto riesgo, está justificado que quien le financia, al igual que participa del riesgo, participe también de los altos beneficios esperados mediante la fijación de un interés notablemente superior al normal.

Aunque las circunstancias concretas de un determinado préstamo, entre las que se encuentran el mayor riesgo para el prestamista que pueda derivarse de ser menores las garantías concertadas, puede justificar, desde el punto de vista de la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, un interés superior al que puede considerarse normal o medio en el mercado, como puede suceder en operaciones de crédito al consumo, no puede justificarse una elevación del tipo de interés tan desproporcionado en operaciones de financiación al consumo como la que ha tenido lugar en el caso objeto del recurso, sobre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico«.

Dicha doctrina ha sido igualmente acogida por nuestra Audiencia, entre otras, que señala que el criterio comparativo ha de hacerse con el interés medio en operaciones de crédito al consumo.

Entre otras muchas, y sin ánimo de exhaustividad, se acota sentencias de la Sección 5ª de 07.10.16, 23.05.17, 16.10.17 y 18.12.17; de la Sección 1ª de 08.02.16, Sección 6ª de 09.06.17 y 06.07.18.

Tomando como premisa la doctrina jurisprudencial citada, el interés remuneratorio pactado fue del 26,82 % TAE, resultando que el interés medio de los préstamos al consumo en la fecha de suscripción lo era del 9,63 % por lo que resulta evidente que lo estipulado, y en consecuencia aplicado, cumple los parámetros fijados en la Ley de 1.908 al ser “notablemente superior al interés legal del dinero” debiendo ser declarado nulo. Por mor de lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el art. 3 de la LRU el prestatario está obligado a devolver únicamente la cantidad recibida, y si hubiera satisfecho parte de aquella y los intereses vencidos, el prestamista ha de devolver al prestatario lo que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del capital prestado.

Huelga decir que el mero transcurso del tiempo a modo de aquiescencia, como aquí se predica de adverso, no convalida en ningún caso lo que es nulo. En suma, y por los motivos indicados se estima la demanda en cuanto a su pretensión ejercitada con carácter principal.

TERCERO.- Intereses. Conforme a lo dispuesto en los artículos 1.100 y 1.108 del CC, y dado que se ha de estimar la demanda, procede su imposición a la parte demandada desde la fecha de reclamación extrajudicial -20.09-17-.

CUARTO.- Conforme a lo dispuesto en el art. 394.1 de la LEC, en los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo apreciación de serias dudas de hecho o de derecho. Dado que no concurren en este pleito tales dudas de hecho o de derecho, corresponde imponer las costas a la parte demandada.

FALLO

Que ESTIMO la demanda interpuesta por la representación procesal de XXXXXX frente a Wizink Bank S.A. y, en consecuencia, DECLARO nulo por usura el contrato de tarjeta Citi Oro suscrito el 08.01.14 entre las partes, CONDENANDO a la demandada a abonar al actor la cantidad que exceda del capital que le haya prestado, más los intereses legales desde el 20.09.17 con imposición de costas a la demandada.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que no es firme y que contra ella cabe interponer recurso de apelación en el plazo de veinte días desde su notificación.

Insértese la presente en el libro de sentencias de este Juzgado llevando a las actuaciones el oportuno testimonio.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Magistrado-juez que la suscribe estando celebrando audiencia en el día de su fecha, de lo que doy fe.