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Sentencia a BBVA. Recuperados 4.292€

El Juzgado de 1ª Instancia e instrucción nº1 de Villanueva de la serena sentencia a BBVA por usura obligando a devolver 4.292€ a un usuario de Economía Zero.

Entre las partes se celebró un contrato de tarjeta de crédito tipo revolving con fecha 2003, en el cual se aplicaban unos intereses abusivos y desproporcionados que oscilaban entre el 20% y el 34% TAE muy superior al precio del dinero en esas fechas.

La parte actora presentó requerimiento extrajudicial solicitando la nulidad del contrato por contener unos intereses usurarios y por falta de transparencia.

La Magistrada del caso estima íntegramente la demanda interpuesta por el actor y sentencia a BBVA a la restitución de todo lo pagado por encima del capital prestado inicialmente suma que asciende 4.292€.

En la siguiente sentencia a BBVA se condena a la entidad al pago de las costas del proceso.

El Letrado colaborador de Economía Zero Don Rodrigo Pérez del Villar Cuesta ha llevado a cabo la siguiente sentencia a BBVA.

!!! RECLAMA CON ECONOMÍA ZERO TUS TARJETAS REVOLVING, SENTENCIA A BBVA POR USURA Y RECUPERA TU DINERO !!!

JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.1 VILLANUEVA DE LA SERENA

SENTENCIA: 00047/2022

OR5 ORDINARIO CONTRATACION-249.1.5 0000510/2021

Procedimiento origen:

Sobre OTRAS MATERIAS

DEMANDANTE D/ña. XXXX

Procurador/a Sr/a. XXXX

Abogado/a Sr/a. XXXX

DEMANDADO D/ña. BBVA

Procurador/a Sr/a. XXXX

Abogado/a Sr/a. XXXX

SENTENCIA

En Villanueva de la Serena, a 29 de marzo de 2022 Doña XXXX, Juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de esta ciudad y su partido judicial, ha visto los autos de Juicio Ordinario Especial de Contratación nº510/2021, promovidos por don XXXX, representado por la Procuradora de los Tribunales doña XXXX y bajo la asistencia letrada de don Rodrigo Pérez del Villar cuesta, contra la mercantil BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., representada por la Procuradora doña XXXX y bajo la asistencia letrada de doña XXXX, sobre acción de nulidad de contrato de crédito.

ANTENCEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El 21-7-2021 tuvo entrada en este Juzgado la demanda rectora de este procedimiento, registrada como OR5 510/2021.

SEGUNDO.- Por decreto de 23-11-2021 se admitió a trámite la demanda, dándose traslado de la misma a la parte demandada para que la contestara en legal forma.

Mediante diligencia de ordenación de 19-1-2022 se tuvo por contestada la demanda y se convocó a las partes a la celebración de la audiencia previa.

TERCERO.- La audiencia previa tuvo lugar el día 18-3-2022 con el resultado que obra en el correspondiente soporte de grabación audiovisual. En dicho acto, las partes propusieron únicamente como prueba la documental. Tras la admisión de la misma, quedaron los autos en poder de S.Sª para dictar sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Objeto de la controversia. La parte actora interpone demanda contra la entidad bancaria BBVA en la cual se ejercita la acción de nulidad por usura de la cláusula de interés remuneratorio inserta en el contrato de tarjeta de crédito celebrado entre ambas en fecha 13-5-2003.

De acuerdo con su escrito iniciador, la parte actora solicita que se dicte una sentencia que contenga los siguientes pronunciamientos.

Con carácter principal, que se declare la nulidad del contrato de línea de crédito por tipo de interés usurario.

Como consecuencia, que se condene a la demandada a devolver las cantidades pagadas por el actor, por todos los conceptos, que haya excedido del total del capital efectivamente prestado o dispuesto, con intereses y costas.

Subsidiariamente, que se declare la no incorporación y/o nulidad de la cláusula de intereses remuneratorios y anatocismo, por falta de información y transparencia; y la nulidad de la cláusula de reclamación de cuota impagada e interés de demora, por abusiva.

Como consecuencia, que se condene a la devolución de todos los importes cobrados por aplicación de la cláusula declarada nula, más intereses y costas.

Por su parte, BBVA se opone a la estimación de la demanda. En primer lugar, considera que la acción de restitución de cantidades, en caso de que se declare la nulidad por usura de los intereses, habría prescrito.

Y, para el caso de que se desestime esta excepción, solicita la desestimación, pues: – El tipo de interés aplicado es el normal del dinero y, por lo tanto, no es usurario.

Relacionado con lo anterior, alega que el actor eligió libremente la modalidad de tarjeta y, por lo tanto, por la teoría de los actos propios, unida al retraso desleal en el ejercicio de la acción, el actor ha de asumir las condiciones contractuales.

– La cláusula de reclamación de cuota impagada no es nula, pues ha sido libremente pactada por las partes y se corresponde a un servicio prestado por la entidad.

– El interés de demora no es desproporcionado SEGUNDO.- Naturaleza del contrato y legislación aplicable.

El contrato perfeccionado entre las partes el 13-5-2003 tenía por objeto la apertura de una línea de crédito mediante la entrega o concesión de una tarjeta por una entidad financiera a un consumidor a través de una reglamentación seriada, esto es, integrada por condiciones generales de la contratación.

La tarjeta suministrada es de las denominadas “revolving”. De acuerdo con la información publicada por el Banco de España, “las tarjetas revolving son un tipo de tarjeta en la que dispones de un límite de crédito determinado, que puede devolverse a plazos, a través de cuotas periódicas.

Éstas pueden establecerse como un porcentaje de la deuda existente o como una cuota fija; cuotas periódicas que puedes elegir y cambiar dentro de unos mínimos establecidos por la entidad.

Su peculiaridad reside en que la deuda derivada del crédito se ‘renueva’ mensualmente: disminuye con los abonos que haces a través del pago de las cuotas, pero aumenta mediante el uso de la tarjeta (pagos, reintegros en cajero), así como con los intereses, las comisiones y otros gastos generados, que se financian conjuntamente”.

A los contratos de esta naturaleza celebrados con consumidores les resulta aplicable la Ley 16/2011, de 24 de junio, de Contratos de Crédito al Consumo.

Pero también, con apoyo en la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril, sobre cláusulas abusivas en los contratos con consumidores, el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, y la Ley 7/1998, de 13 de abril, de Condiciones Generales de la Contratación (LCGC).

Como consecuencia de la naturaleza expuesta, este tipo de contratos se somete a los controles propios de la reglamentación sobre contratación bajo condiciones generales (control de incorporación y, en su caso, de transparencia).

Además, resulta de aplicación el control propio de las reglas para la reprensión de la usura previstas en la Ley de 23 de julio de 1908. TERCERO.- Sobre la prescripción de la acción de restitución. Dispone el art. 1303 CC.

“Declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses, salvo lo que se dispone en los artículos siguientes”.

Frente a la acción restitutoria ejercitada por la parte actora, como ya se ha mencionado al inicio de esta sentencia, la parte demandada opone la prescripción.

Esta excepción invocada resulta controvertida entre los autores, de tal forma que hay quien, apoyándose en la famosa STJUE de 21 de diciembre de 2016 (asuntos acumulados C-154/15 y C-307/15), la declaración de nulidad de una cláusula contractual produce automáticamente efectos retroactivos, de manera que la remoción de efectos es consecuencia directa y necesaria de la nulidad.

Sin embargo, hay una corriente diferente que entiende que, siendo la acción de nulidad imprescriptible, la restitución de efectos sí está sujeta a prescripción.

Entienden estos autores y algunos tribunales que las razones de esta prescripción se sustentan en el principio de seguridad jurídica que ha de operar en todo negocio jurídico, remitiendo su argumentación a la STS de 27 de febrero de 1964.

A la vista de los argumentos anteriores, ha de acogerse el fundamento de que la acción de restitución sí prescribe, siendo especialmente ilustrativa a este respecto las SSAP Barcelona 92/2019, de 23 de enero, y la 1828/2020, de 10 de septiembre.

En cuanto al plazo de prescripción, hay que estar a lo establecido en el artículo 1964.2 CC, según el cual “las acciones personales que no tengan plazo especial prescriben a los cinco años desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación”.

La regla debe interpretarse conforme a lo prevenido en la disposición transitoria quinta de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, que contempla una eficacia retroactiva parcial.

A su tenor, “el tiempo de prescripción de las acciones personales que no tengan señalado término especial de prescripción, nacidas antes de la fecha de entrada en vigor de esta Ley, se regirá por lo dispuesto en el artículo 1939 del Código Civil”.

El cual “la prescripción comenzada antes de la publicación de este Código se regirá por las leyes anteriores al mismo; pero si desde que fuere puesto en observancia transcurriese todo el tiempo en él exigido para la prescripción, surgirá ésta su efecto, aunque por dichas leyes anteriores se requiriese mayor lapso de tiempo”.

De la conjunción de los preceptos mencionados se extrae la conclusión de que si la acción de restitución hubiera nacido antes de la fecha de entrada en vigor de la Ley 42/2015 (7 de octubre), se aplica el plazo de prescripción de quince años que contemplaba la redacción originaria del artículo 1964 CC, aunque, debiendo durar más allá del 7-10-2020, prescribirá en esta fecha.

En cambio, si tal acción surge después del 7-10-2015, cesa en cinco años, conforme al nuevo texto del art. 1964.2 CC.

En el cómputo de dichos plazos ha de considerarse la suspensión operada como consecuencia del RD 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID, que estableció, como es sabido, una suspensión de plazos de prescripción durante la vigencia del estado de alarma y que, a efectos prácticos, ha supuesto añadir 82 días al cómputo del plazo inicialmente aplicable.

El art. 1964 CC establece, no solo el plazo de prescripción, sino el inicio del cómputo del mismo, al indicar que el plazo se cuenta “desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación”. Y esta regla se puede interpretar conforme a un canon objetivo, esto es, la teoría de la actio nata, despojado de cualquier otra medida o circunstancia, o si se opta por un criterio subjetivo, que tomaría en cuenta las circunstancias concretas que afectan al actor.

En nuestra hipótesis, la posibilidad de conocer los hechos que fundamentan la demanda y que consistirían en ser consciente de que la cláusula de intereses remuneratorios en nula.

Ciertamente, resulta casi imposible pensar que el prestatario sepa que tiene a su disposición la acción para reclamar si, al tiempo de la firma de un contrato de estas características, ni siquiera era consciente de la nulidad del mismo.

Por ello, y en atención al principio de protección de la parte más débil de los contratos en conjunción con el art. 3 CC, debe acogerse la interpretación subjetiva del dies a quo. En el caso que nos ocupa, la fecha de referencia es aquella en la que el Tribunal Supremo revolucionó el panorama de las tarjetas revolving, a saber, el 25-11-2015 y ello porque, hasta el propio actor fundamenta jurídicamente su demanda con la misma.

La meritada sentencia fue noticia en todos los medios de comunicación, de forma que el consumidor medio y diligente pudo tomar conciencia de la litigiosidad propia del asunto y de sus repercusiones a partir de ese momento.

Teniendo en cuenta todo lo que se ha expuesto sobre el plazo de prescripción y la entrada en vigor de la reforma del art. 1964 CC, ha de entenderse que se aplica al caso de autos el plazo de 5 años, a contar desde el 25-11-2015 y, por lo tanto, en condiciones normales, la acción de restitución prescribiría el 25-11-2020.

Sin embargo, a dicho plazo, como ya es bien sabido y el propio demandado así lo expone en la contestación a la demanda, hay que añadirle 82 días más, como consecuencia del RD 537/2020. El 16-8-2018 se formuló reclamación extrajudicial por la actora, tal y como consta en el documento nº4 de la demanda, lo cual interrumpe los plazos de prescripción.

Por lo tanto, a la fecha de esa reclamación, la acción aún no había prescrito, en contra de lo argumentado por la entidad demandada. En consecuencia, procede desestimar la excepción planteada por BBVA. CUARTO.- Sobre la nulidad de los intereses remuneratorios.

La parte actora, con carácter principal, solicita que se declare la nulidad de la cláusula relativa a los intereses remuneratorios y, en mérito de dicha declaración, que se condene a la parte demandada a devolver las cantidades indebidamente cobradas.

Frente a esta acción, la parte demandada se opone alegando que, conforme al criterio de nuestros tribunales, el interés fijado es el normal del dinero y, por tanto, no es usurario. Con carácter previo al examen de la nulidad invocada, ha de recordarse que, habiéndose ejercitado por el actor una acción de nulidad radical, no cabe recurrir a la teoría de los actos propios como causa de sanación o enervación de la acción ejercitada de contrario.

La ejecución por el prestatario de una o varias prestaciones derivadas de las cláusulas contractuales o el mayor o menor tiempo transcurrido hasta el ejercicio de la acción de nulidad no impiden al consumidor perjudicado por ella reclamar su expulsión del contrato y el abono o reintegro de sus efectos, que nacieron “torpes y con torpeza insubsanable”.

Los intereses remuneratorios, a diferencia de los moratorios, en principio no se pueden someter al control judicial de abusividad si han sido redactados de manera clara y transparente dado que forman parte del precio, es decir, pertenecen a la definición del objeto principal del contrato o a la adecuación entre precio y servicios (STS 18 junio 2012 y 9 mayo 2013).

Pero a ellos les es de aplicación la Ley de Represión de la Usura de 23 julio 1908. Dispone el art. 1º de la Ley de 1908 que “será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales”.

Se trata de ponderar cuál se puede considerar el interés «normal» del dinero. Para ello hemos de acudir a la ya famosa STS nº628/2015, de 25 de noviembre, que ya efectúa tal ponderación en relación con el tipo de interés aplicado a liquidaciones de saldo por operaciones realizadas con tarjetas de crédito en su modalidad de pago aplazado (revolving).

La STS 149/2020, de 4 de marzo, supone un paso más a la sentencia anteriormente citada, pues ha fijado el criterio jurisprudencial en orden a determinar que la referencia que ha de utilizarse como «interés normal del dinero» debe ser el tipo medio de interés en el momento de celebración del contrato, correspondiente a la categoría a la que corresponda la operación crediticia cuestionada.

Y continúa indicando que “si existen categorías más específicas dentro de otras más amplias (como sucede actualmente con la de tarjetas de crédito y revolving, dentro de la categoría más amplia de operaciones de crédito al consumo).

Deberá utilizarse esa categoría más específica, con la que la operación crediticia cuestionada presenta más coincidencias (duración del crédito, importe, finalidad, medios a través de los cuáles el deudor puede disponer del crédito, garantías, facilidad de reclamación en caso de impago, etc.), pues esos rasgos comunes son determinantes del precio del crédito, esto es, de la TAE del interés remuneratorio”.

En la fecha de formalización del contrato de autos (mayo de 2003) no existían aun índices de referencia específicos para este tipo de operaciones. En este sentido, y por su semejanza con el caso que ahora nos ocupa, merece especial atención la SAP Barcelona 178/2020, de 22 de junio (ROJ: SAP B 5201/2020 – ECLI:ES:APB:2020:5201):

“La cuestión es que el contrato de autos data del año 2003, fecha en que el Banco de España no publicaba concretamente un apartado relativo a tarjetas de crédito/revolving. Sólo empezó a publicarlo a partir del año 2011, con tipos que variaban entre el 20,45 % y el 21,28 %.

El hecho de que no se publicasen oficialmente los tipos de los créditos revolving y de tarjetas de crédito no significa que no se concediesen también por entidades sujetas al control del Banco de España.

Ante la falta de publicaciones oficiales, TTI FINANCE, S.A.R.L alude a las publicaciones de la Organización de Consumidores y Usuarios en las que se ofrecía al consumidor información sobre las distintas ofertas en el mercado de las tarjetas de crédito, en la revista Dinero y Derechos de esa organización.

La información proporcionada por esa revista nos parece término correcto de comparación, habida cuenta de que se refiere a entidades, todas ellas, sujetas al control del supervisor, con lo que se conjura el peligro que pretende eludir el Tribunal Supremo cuando señala que se debe acudir a las estadísticas oficiales del Banco de España.

Pues bien, en el año 2003, que es cuando se firmó el contrato de autos, si excluimos las VISA OCU, en que el interés era más reducido por estar vinculadas a la organización, y aquéllas con condiciones especiales, la TAE se situaba entre el 12,01% de Bancopopular-e.com y el 25,34% de Banco Pastor, siendo, por ejemplo, del 24,60% en varios Bancos (Zaragozano, SCH, Banco Sabadell, BBVA, UNO-e).

La media de las 18 diferentes TAEs, sin condiciones especiales, publicadas por la OCU era de 20,94%, por lo que la TAE del 15,9%, establecida en el contrato de autos no puede decirse que fuera notablemente superior, sino, por el contrario, era inferior a la media de los créditos de la misma naturaleza ofrecidos por las entidades bancarias, lo que ha de llevar a desestimar el recurso”.

La parte actora aporta como documento nº1 una copia del contrato con actualización de condiciones, fechado en 2018. En el clausulado de dicho contrato se puede leer que la TAE aplicada para las condiciones específicas de la operación se sitúa en 34,18%.

Con el objetivo de hacer ver que el interés remuneratorio no es usurario, BBVA aporta como documento nº1 una tabla donde se recogen los tipos aplicados sucesivamente al prestatario, oscilando entre el 12,68% y el 26,08%.

Sobre esta tabla, la parte demandada entiende que, a lo sumo, solo podrían declararse usurarios los intereses aplicados a partir de 2014.

Esta alegación carece de fundamento por dos razones. La primera, porque esos intereses a los que se hace referencia por la entidad bancaria no son los llamados TEDR, es decir, Tipo Efectivo de Definición Restringida, que equivale a la TAE sin incluir comisiones.

Y, por ello, no puede servir ese tipo de interés para efectuar la comparación que ahora nos ocupa. Y, en segundo lugar, no cabe hablar de nulidades parciales, como parece esgrimir la demandada con carácter subsidiario.

Así, “el interés que hemos de tomar necesariamente en cuenta es el pactado en el contrato, siendo su fecha de celebración el momento en el que ha de apreciarse su posible nulidad; evidentemente, es un motivo de ineficacia contractual simultáneo a su concierto, no sobrevenido.

Adelantamos ya que el hecho de que consten, según la tesis de la entidad demandada-recurrente, varios TEDR a lo largo de los años – que no TAES distintas- no permitiría declarar nulidades particulares por tramos, como se pretende por dicha parte, dependiendo del tipo aplicado en cada momento, pues si existe nulidad «ab initio», la misma afecta a las sucesivas novaciones que pudieran haberse aplicado posteriormente.

La nulidad es única y radical o absoluta, y por ello, no susceptible de subsanación o convalidación ulteriormente” (SAP Badajoz 280/2021, de 13 de diciembre, Roj: SAP BA 1706/2021 – ECLI:ES:APBA:2021:1706).

Teniendo en cuenta todo lo anterior, considerando que la TAE pactada fue del 34,18% (pues, conforme a las reglas de la carga de la prueba, la parte actora ha aportado copia del único contrato que le fue entregado por la entidad bancaria, sin que esta haya desvirtuado dicha prueba aportando el contrato originario), ha de concluirse que el interés pactado no excede de manera desmesurada al que se fijó en los créditos al consumo de la misma fecha.

Ha de tenerse presente que la Ilma. Audiencia Provincial de Badajoz ha declarado: “por razones de seguridad jurídica, ha venido a entender que, a salvo de mejor opinión o de lo que pueda terminar estableciendo el legislador o el Tribunal Supremo, para las tarjetas de crédito se entenderá usurario aquel interés que supere en un 15% el interés medio de tales operaciones al tiempo de la celebración del contrato” (SAP Badajoz 690/2021, de 13 de septiembre, ROJ: SAP BA 1168/2021 – ECLI:ES:APBA:2021:1168).

Teniendo en cuenta este criterio, podemos comprobar que la TAE del contrato de autos no supera ese 15% si lo comparamos con el índice de referencia expuesto ut supra, es decir, 20,94%.

Entendiendo que el interés fijado se considera proporcionado, debe desestimarse la acción principal ejercitada por la parte actora.

QUINTO.- Sobre las cláusulas abusivas. Con carácter subsidiario, la parte demandada solicita que se declare la nulidad por abusividad de las cláusulas relativas al interés remuneratorio, comisión por reclamación de cuota impagada e intereses de demora.

Hay que tener presente que el interés remuneratorio es el precio en esta clase de contratación y, por lo tanto, afecta a un elemento esencial del contrato.

La jurisprudencia ha venido señalando que, aunque no cabría, como regla general, realizar un control de abusividad sobre lo que constituye el objeto principal del contrato, ello no resultaba incompatible con la posibilidad de someter las condiciones generales, incluso las esenciales, a un doble control de transparencia.

El primero, de carácter formal, consistente en el mero filtro de la inclusión en el contrato. Una vez rebasado ese, la condición general habría de superar un segundo control, el de carácter material o de transparencia en sentido estricto, como presupuesto del juicio de abusividad que ampara los derechos del consumidor.

(sentencia del Pleno de la Sala 1ª del Tribunal Supremo 241/2013, de 9 de mayo, nº464/2014, de 8 de septiembre, nº138/2015, de 24 de marzo; así como lo que se desprende de las sentencias del TJUE de 30 de abril de 2014, asunto C-26/13, de 26 de febrero de 2015, asunto C-143/13 y 3 de marzo de 2020, asunto C-125/18).

El primero de los filtros jurídicos es el control de incorporación al contrato del interés remuneratorio y del resto de las comisiones aplicables al mismo (el llamado control de congnoscibilidad).

Para ello, resulta imprescindible remitirnos al contenido del art. 5 de la Ley 7/1998, de Condiciones Generales de la Contratación, de 13 de abril (en adelante, LCGC). El apartado primero de este precepto indica que “las condiciones generales pasarán a formar parte del contrato cuando se acepte por el adherente su incorporación al mismo y sea firmado por todos los contratantes. Todo contrato deberá hacer referencia a las condiciones generales incorporadas.

No podrá entenderse que ha habido aceptación de la incorporación de las condiciones generales al contrato cuando el predisponente no haya informado expresamente al adherente acerca de su existencia y no le haya facilitado un ejemplar de las mismas”.

Por otro lado, el apartado 5º del artículo citado añade que “la redacción de las cláusulas generales deberá ajustarse a los criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez. Las condiciones incorporadas de modo no transparente en los contratos en perjuicio de los consumidores serán nulas de pleno derecho”.

Tales previsiones deben ser conjugadas, como complemento a éstas, con el art. 7 LCGC que establece que “no quedarán incorporadas al contrato las siguientes condiciones generales.

b) Las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles, salvo, en cuanto a estas últimas, que hubieren sido expresamente aceptadas por escrito por el adherente y se ajusten a la normativa específica que discipline en su ámbito la necesaria transparencia de las cláusulas contenidas en el contrato”.

El contrato aportado por la parte actora, en su integridad, se encuentra redactado en un formato compacto y con un tamaño de letra minúsculo, sobre todo en la parte de las condiciones económicas, las cuales, además, aparecen redactadas en un formato de múltiples columnas.

Igualmente, el interlineado es escaso, lo que obliga al empleo de medios auxiliares para su lectura.

Para un mayor apoyo de todo lo dicho, baste mencionar que, aunque el control de inclusión fuese superado, las cláusulas del contrato tampoco superarían el llamado “control de transparencia cualificado”.

Este control de transparencia, tal y como se ha pronunciado la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (sentencias de 21 de marzo de 2013, asunto C-92/11 , caso RWE Vertrieb; de 30 de abril de 2014, asunto C-26/13, caso Kásler y Káslerne Rábai; de 26 de febrero de 2015, asunto C-143/13, caso Matei; y de 23 de abril de 2015, asunto C-96/14, caso Van Hove) .

Implica que, no sólo es necesario que las cláusulas estén redactadas de forma clara y comprensible, sino también que el adherente pueda tener un conocimiento real de las mismas, de forma que un consumidor informado pueda prever, sobre la base de criterios precisos y comprensibles, sus consecuencias económicas.

Tal y como se desprende del articulado del contrato resulta difícilmente imaginable que el señor pudiera llegar a tener conocimiento de las consecuencias económicas, fundamentalmente de las cantidades que finalmente debería abonar, derivadas de la operación contratada.

De hecho, la aportación de un formulario normalizado sobre este tipo de operaciones no es suficiente para que el prestamista se haga una idea real de todos los gastos que tendría que afrontar.

Lo ideal, para que los consumidores puedan quedar enterados de todas estas consecuencias, es que el prestamista o empresario, en clara posición de superioridad frente a aquel, ofrezca de manera desglosada, clara y comprensible todas las cantidades que, durante la vigencia del contrato, hay que abonar.

En definitiva, el documento contractual no cumple con los mínimos para llenar el requisito de legibilidad. Como el referido clausulado no rebasaba el filtro de incorporación al contrato, no debe producir efecto alguno frente a la parte demandante, al no cumplir con las formalidades mínimas para que se considere que pudo ser objeto de consciente aceptación por su parte.

Como consecuencia de la ineficacia del condicionado debe declararse la nulidad del propio contrato de tarjeta de crédito, condenándose a la entidad bancaria a restituir la demandante las cantidades cobradas por los intereses remuneratorios y demás comisiones contractuales en la medida en que la suma percibida por esta entidad financiera haya excedido de la cantidad dispuesta por el uso de la tarjeta.

Esta cantidad se determinará en ejecución de sentencia. SEXTO.- Costas. Al haberse estimado sustancialmente la demanda, se imponen las costas a la parte demandada, ex art. 394.1 LEC. Vistos los preceptos legales y demás de general y pertinente aplicación.

FALLO

DEBO ESTIMAR Y ESTIMO SUSTANCIALMENTE la demanda interpuesta por don XXXX contra BBVA, S.A. En mérito de lo anterior.

DECLARO la falta de incorporación al contrato de tarjeta de crédito suscrito entre las partes de las condiciones generales del documento contractual referentes a interés remuneratorio y resto de comisiones.

Como consecuencia de lo anterior, DECLARO la nulidad por ineficacia del contrato de autos.

CONDENO a BBVA, S.A. a proceder a la restitución de lo que hubiese cobrado al demandante en la medida en que la suma percibida por esta entidad financiera haya excedido de la cantidad dispuesta por el actor con cargo a la tarjeta. Esta cantidad se determinará en ejecución de sentencia.

CONDENO a la entidad demandada al pago de las costas procesales.

LA JUEZ

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