3382-TARJETA-BANCO-SANTANDER-6.509E

El Juzgado de Primera Instancia Número 10 de Barcelona dicta Sentencia contra Banco Santander por falta de transparencia y declara la nulidad del contrato de tarjeta de crédito formalizado entre las partes

El 5 de febrero de 2004 se suscribió el contrato, el actor uso la tarjeta y que procedió a reclamar a la entidad demandada en diciembre de 2019.

En junio de 2011 le remitieron al actor, la modificación de las condiciones de la tarjeta de crédito, no se ha aportado el contrato suscrito en el 2004, aunque si la solicitud, la falta de aportación del contrato impide que pueda conocerse las características del contrato.

Existe una notable falta de transparencia sobre los intereses remuneratorios y comisiones no ya del contrato suscrito en el 2004, si no de las condiciones remitidas en el 2011.

La sentencia basa su fallo en el análisis de distinta Jurisprudencia de Audiencias Provinciales, y sobre todo, examina la Sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Supremo de 25 de Noviembre del año 2015, donde se analiza el carácter usurario de un crédito “revolving”, concedido a un consumidor.

La Sala declara que al contrato de crédito concertado entre las partes le es de aplicación el art. 1 de la Ley 23 de julio de 1908 de Represión de Usura, indicando que «En el caso objeto del recurso, la referida normativa debe ser aplicada, al estar encuadrada la operación crediticia en el ámbito del crédito al consumo».

Las consecuencias de la declaración por falta de transparencia del crédito “revolving” concedido, son sentencia contra Banco Santander que conlleva la nulidad, y el tener que devolver todo lo pagado por encima del capital prestado, cantidad que suma 6.509,96€.

En la sentencia contra Banco Santander se imponen las costas del proceso a la entidad.

D. Martí Solà Yagüe letrado colaborador con Economía Zero ha conseguido la siguiente sentencia contra Banco Santander.

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Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Barcelona

Procedimiento ordinario 403/2020 -H

Parte demandante/ejecutante: XXXX

Procurador/a: XXXX

Abogado/a: Martí Solà Yagüe

Parte demandada/ejecutada: SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.

Procurador/a: XXXX

Abogado/a: XXXX

SENTENCIA Nº 267/2022

En Barcelona, a veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Dª XXXX, Magistrada-Juez en sustitución del Juzgado de Primera Instancia n° 10 de Barcelona, ha vista los autos de Juicio Ordinario nº 403/2020-H sobre ACCIÓN DE NULIDAD DE CONTRATO POR NO SUPERACIÓN DEL DOBLE FILTRO DE TRANSPARENCIA de las cláusulas que regulan el precio del contrato Y NULIDAD DE CLÁUSULAS Y PRÁCTICAS ABUSIVAS.

Todas ellas incorporadas en contrato de préstamo sin garantía inmobiliaria, estipulado en CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN instada por D. XXXX representada por la Procuradora Dª. XXXX, y asistido por el letrado D. Martí Solà Yagüe contra SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A, representado por la Procuradora Dª. XXXX y la asistencia letrada de D. XXXX, habiendo dictado sentencia en base a los siguientes.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- D. XXXX presentó demanda de juicio ordinario frente a la mercantil SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A en la que alegando los hechos y los fundamentos de derecho que estimó de aplicación terminaba suplicando se dicte “Sentencia por la que se estime íntegramente la demanda y: DECLARE la nulidad de las cláusulas relativas a la fijación del interés remuneratorio, al modo de amortización de la deuda y composición de los pagos, y a los costes y precio total del contrato de autos por no superar el doble filtro de transparencia y, DECLARE la nulidad por abusividad de la cláusula de comisión por devolución de recibos y, CONDENE a la demandada a la restitución de todos los efectos dimanantes del contrato declarado nulo y de los efectos de las cláusulas y prácticas abusivas impugnadas, hasta el último pago realizado; más los intereses legales y procesales y el pago de las costas del pleito.”

SEGUNDO.- Por decreto de fecha 8 de junio de 2020 se admitió a trámite la demanda y se emplazó a la parte para compareciera en forma legal en las actuaciones y contestara la demanda, con los apercibimientos legales oportunos. Lo efectuó SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A en fecha 21 de julio de 2020 por escrito de contestación a la demanda, por el que tras invocar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminó solicitando “acuerde desestimar íntegramente la demanda interpuesta de contrario, con imposición de costas a la parte actora.”

TERCERO.- Por diligencia de ordenación de 12 de marzo de 2021 de conformidad con lo dispuesto en el art. 414.1 Lec se citó a las partes a la Audiencia Previa que se señaló para el día 20 de diciembre de 2021 a las 11:00 horas.

CUARTO.- En el día y a la hora señalada tuvo lugar la Audiencia Previa. No siendo posible llegar a un acuerdo ni cuestiones procesales, ni alegaciones complementarias, si bien la parte actora indicó que no ejercitaban la acción de usura, si no la nulidad por falta de transparencia respecto al precio y a las comisiones por abusividad. No se impugnó de la autenticidad de los documentos, se fijaron los hechos y propusieron en orden a su admisión la prueba documental que fue toda ella admitida. Formuló recurso de reposición la parte demandada por la admisión de la más documental, que fue desestimado y se señaló el día 8 de septiembre de 2022 a las 13 horas.

QUINTO.- En 8 de septiembre de 2022 tuvo lugar el juicio. Abierto el acto, las partes procedieron a formular las conclusiones, tras lo cual quedaron los autos vistos para sentencia.

SEXTO.- En la tramitación de este procedimiento, se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Interesa la parte actora que declare la nulidad de las cláusulas relativas a la fijación del interés remuneratorio, al modo de amortización de la deuda y composición de los pagos, y a los costes y precio total del contrato de autos por no superar el doble filtro de transparencia y, declare la nulidad por abusividad de la cláusula de comisión por devolución de recibos y, condene a la demandada a la restitución de todos los efectos dimanantes del contrato declarado nulo y de los efectos de las cláusulas y prácticas abusivas impugnadas, hasta el último pago realizado; más los intereses legales y procesales y el pago de las costas del pleito.

Dirige su demanda contra SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. Alega en su escrito de demanda: 1º.- Que contrató una tarjeta denominada RENFE VISA. Que la demandada es una empresa financiera que comercializó directamente la tarjeta de crédito con crédito aplazado. 2º.- Que fue abordado en la estación de Renfe por un comercial de la demandada quien le ofreció la contratación de un crédito para poder sobrellevar más fácilmente los gastos del hogar, comunicándole las grandes ventajas que le reportaría ya que tendría una línea de crédito con unos intereses muy bajos y que podría pagar en cómodos plazos de su elección, ocultando los riesgos de un producto calificado como complejo por el Banco de España.

Que no le entregó ninguna documentación limitándose a recoger sus datos, informándole que por correo le llegaría la tarjeta junto con el contrato y las condiciones. Que el contrato y las condiciones nunca fueron puestas a su disposición, recibiendo exclusivamente el formulario rellenado por el comercial.

Que solicitó el contrato, indicándole la adversa que no disponía del mismo dado que se había contratado en 2004, e indicándole que le adjuntaban las actualizaciones posteriores que le fueron remitidas con posterioridad, y que no recibió hasta el 2019. Que tampoco le remitieron de manera mensual los extractos de pago abonados por conforme corresponde.

3º.- Que la demandada incumple sus obligaciones, no sólo no le entregó el contrato y las condiciones, pues las que aportó posteriormente eran de 7 años después de la contratación, sin que conste firma alguna, si no que incumplió con sus obligaciones ya que no informa del TAE, sino del TIN. Que utilizó el servicio pensando que los intereses eran bajos y que las cuotas siempre reducirían capital pendiente como una tarjeta de crédito normal no revolvente, sin saber que se le aplicarían cláusulas que distorsionarían el coste del mismo ni poder percatarse de sus efectos hasta tiempo después ya que la entidad no remitió debidamente.

4º.- Que es un consumidor, y las condiciones no se negociaron, sino que venían estipuladas de adverso y, ni en las mismas ni en documento a parte, se explicó claramente ni con ejemplos el coste total; sin informar expresamente del interés ni mostrar su comparación con los tipos de interés oficiales de ese momento.

Que durante la relación contractual, la entidad no ha remitido ni extractos ni movimientos ni información sobre el motivo de la variación del coste del contrato. Que se trata de un contrato complejo. Que las cláusulas del contrato que determinan el precio no superan el control de incorporación ni el de transparencia. Que las condiciones generales de la contratación facilitadas con posterioridad son completamente ilegibles y están sin firmar. 5º.- Expone cual es el criterio de las Audiencias en relación a la materia. 6º.- Que procede la declaración de abusividad.

7º.- Que ejercita la acción de NULIDAD POR NO SUPERAR EL DOBLE CONTROL DE TRANSPARENCIA las cláusulas relativas a la fijación del interés remuneratorio, al modo de amortización de la deuda y composición de los pagos, y a los costes y precio total. Y Acción de ABUSIVIDAD de la cláusula de “Comisión por devolución de recibos”. 8º.- Que efectuó reclamación previa. Frente a dicha pretensión la demanda SANTANDER CONSUMER FINANCE se opone por considerar que los intereses no son usurarios.

Señala que el actor recibió en su domicilio la tarjeta física junto con el condicionado de la misma, y era perfectamente conocedor de su funcionamiento, dado que, hasta principios de 2015, en que se canceló la tarjeta RENFE VISA para convertirse en la tarjeta VIAJAR 3,2,1, pues utilizó profusamente dicha tarjeta RENFE VISA, aprovechándose de sus beneficios y descuentos, y al utilizar el modo de pago fin de mes, no abonó cantidad alguna en concepto de interés. Que en el mes de junio de 2011 se remitió un nuevo condicionado de la tarjeta RENFE VISA, motivado por el hecho de haberse promulgado la Ley 16/2011, de Contratos de Crédito al Consumo.

Que se trata de una tarjeta revolving, habiendo optado el actor por la modalidad de pago “a fin de mes”. Lo que implica que durante toda la vigencia de la tarjeta, hasta su posterior reconversión por cancelación en tarjeta VIAJAR 3,2,1 y adopción de la modalidad de pago revolving, lo que tuvo lugar a principios de 2015, no abonó cantidad alguna en concepto de intereses, Que el actor tenía pleno conocimiento de los intereses y condiciones pactadas, así como de las modalidades de pago del Contrato de tarjeta contratada, que el cliente procedió a interesar la aplicación del límite contratado.

Que a tenor de los cargos que se reflejan en los extractos, el actor, era perfectamente consciente de que la utilización tanto de la inicial tarjeta VISA RENFE como de la posterior VIAJAR 3,2,1, le reportaba beneficios adicionales en orden a descuentos de diversa consideración relacionados con la utilización del tren en general, lo que demuestra que conocía el funcionamiento de la tarjeta y sus modalidades de pago, tales como cambios en la modalidad de pago (de cuota fija revolving a pago a fin de mes o viceversa (a veces hay varios cambios), amortizaciones anticipadas parciales o totales del principal, aplazamiento puntual de alguna compra u operación, … Que niega haber recibido los extractos, que si que le fueron remitidos.

Que la primera reclamación contra los intereses se produjo el 27 de diciembre de 2019, más 15 años después de la firma del Contrato, que el actor ha comprendido siempre la carga económica del Contrato de Tarjeta sin que pueda efectuar reproche por falta de transparencia del clausulado, pues no se contrata sin reparar en el precio del producto o servicio; y ningún consumidor contrata racionalmente un crédito sin reparar en el tipo de interés remuneratorio que le será aplicado.

Que el consumidor medio conoce sin lugar a dudas que, cuando se endeuda, pagará menos intereses cuanto antes devuelva el préstamo o crédito y, en el caso de los contratos de tarjeta de crédito de pago aplazado y revolving, que cuanto más bajas sean las cuotas, más tardará en devolver su deuda, y más intereses se devengarán.

Si el consumidor elige una cuota baja, es precisamente porque dicha cuota es la que mejor se adapta a sus necesidades y a su capacidad de pago. Que el interés aplicado no es un interés usurario. TERCERO.- No se discute la cualidad de consumidor del demandante, ni que en 5 de febrero de 2004 se suscribió el contrato. Que el actor uso la tarjeta y que procedió a reclamar a la entidad demandada en diciembre de 2019.

Que en junio de 2011 le remitieron al actor, la modificación de las condiciones de la tarjeta de crédito (documento 1 de la contestación a la demanda). No se ha aportado el contrato suscrito en el 2004, aunque si la solicitud, constando que la modalidad de pago efectuada por el Sr. era de pago mensual por la totalidad (documento 1 de la demanda).

La falta de aportación del contrato impide que pueda conocerse las características del contrato. Y como señala la Audiencia Provincial de Burgos, en sentencia de 4 de junio de 2020 ( ROJ: SAP BU 483/2020 – ECLI:ES:APBU:2020:483 ): “Se plantea por la recurrente que no se ha aportado el contrato de tarjeta, siendo la carga de la prueba del demandante, y sin que conforme al art. 30 del C. de Comercio deba la entidad conservar documentos de los seis años anteriores.

Este planteamiento no se considera correcto por cuanto: a) El art. 30 establece que «Los empresarios conservarán los libros, correspondencia, documentación y justificantes concernientes a su negocio, debidamente ordenados, durante seis años, a partir del último asiento realizado en los libros, salvo lo que se establezca por disposiciones generales o especiales.»

Esta referencia al «ultimo asiento realizado» lleva implícito, como asimismo resulta coherente con la debida diligencia en quien profesionalmente se dedica a poner en el mercado contratos de tarjeta de crédito, que mientras está vigente el contrato (y por tanto se van realizando asientos), conserve dichos documentos.

No cabe el automatismo de poner en el mismo plano a la entidad bancaria y al consumidor. La primera se dedica profesionalmente a esta actividad y por tanto, toda su estructura y medios están orientados a garantizar durante la vida del contrato su correcto desenvolvimiento y eficacia, así como la transparencia de su desarrollo, y la debida información a quien es lego en la materia, el consumidor, pues esos contratos son fuente relevante de sus ingresos, parte sustancial de su propia razón de ser como entidad bancaria, algo que no acontece en el consumidor.

En el presente caso hablamos de un contrato cuyos últimos apuntes, acorde al documento 3 de la demanda son de mayo de 2017. b) La carga de la prueba de haber ofrecido la información corresponde a la entidad bancaria. Conforme recordaba la Sentencia de 7 de junio de 2019 de la secc. 3 de esta Audiencia Provincial y establece la STS 19 de noviembre de 2019 la carga de la prueba sobre la información dispensada corresponde acreditarla a la entidad financiera.

Ello por sendas razones, primera porque, al tratarse de una obligación legal, incumbe al obligado la prueba de su cumplimiento; y, segunda, por el juego del principio de facilidad probatoria, puesto que es el banco quien tiene en su mano demostrar que dicha información fue efectivamente suministrada ( SSTS 668/2015, de 4 de diciembre; 60/2016, de 12 de de febrero y 690/2016, de 23 de noviembre, entre otras muchas) . c) demandante con anterioridad a la presentación de la demanda ha intentado obtener ese posible contrato, que no le ha sido facilitado por la demandada (doc. 2 de la demanda) Continua la recurrente exponiendo que demandante no ha negado la suscripción del contrato, no estamos ante nulidad por falta de consentimiento. Entiende que no puede analizarse la falta de transparencia si no se aporta el contrato. Esto tampoco se comparte.

Se aporte o no el contrato es factible analizar si se cumplen los requisitos que permiten afirmar como real, valida y eficazmente incorporadas al mismo las condiciones que son objeto de controversia, las partidas que la entidad bancaria esta procediendo a cobrar al consumidor.

Demandante ha reconocido haber suscrito un contrato, pero en ningún momento reconoce el actor haber firmado ni aceptado las partidas aquí impugnadas ni su importe, por lo que la mera inexistencia del contrato no legitima su cobro. 2.- Efectos de la nulidad de las cláusulas. Incongruencia de la sentencia.

A.- La sentencia declara que el cliente solo ha de devolver el capital prestado, y BBVA todos los intereses, comisiones y primas del seguro. Pero no todos estos conceptos han sido declarados nulos. Este argumento se desestima. Las posibles objeciones sobre la falta de claridad de la sentencia o complementos de la misma no forman parte de un recurso de apelación, sino que han de hacerse valer por la parte (a través de los cauces del art. 214 y 215 LEC) ante el tribunal de instancia.

Ciertamente la sentencia centra su razonamiento en los intereses remuneratorios, pero en el mismo Fundamento de Derecho Tercero en que se analiza se expresa como «A tal efecto, no se ha aportado el contrato del que resultase que las condiciones generales insertas eran las que libremente pactaban las partes, como reguladoras de la reglamentación contractual de la tarjeta de crédito a partir de la fecha que figuraba en el meritado documento y que permitiera tenerlas por válidamente incorporadas al mismo».

Es decir, en realidad está analizando todos los conceptos que luego, en la parte segunda del Fallo, impone devolver. Es patente que la sentencia rechaza todas las partidas reflejadas en el apartado segundo del Fallo comisiones, intereses y primas del seguro asociado a la tarjeta. B.- La nulidad de la cláusula supone necesariamente la imposibilidad de subsistencia del contrato, si se declara los efectos no pueden ser los recogidos en la sentencia. Tampoco esta afirmación conduce a modificar la sentencia de instancia. La parte recurrente niega que los efectos sean los recogidos en la sentencia, pero no clarifica cuales serían estos.

El Fallo de la sentencia ha de obedecer acorde al art. 218 LEC a las pretensiones contenidas en la demanda. Nadie ha interesado la extinción del contrato, por lo que correctamente, no recoge pronunciamiento en tal sentido. 3.- No condena en costas . Ninguna seria duda de derecho tiene la sentencia de instancia, ni este Tribunal aprecia en este caso concreto. La mera existencia de resoluciones divergentes que no vienen a constituir una doctrina consolidada no determina por si esas serias dudas.

TERCERO. – OPOSICIÓN AL RECURSO E IMPUGNACIÓN. Pide D. XXXX se confirme la sentencia en lo no impugnado, y se estime la impugnación en cuanto al carácter usurario del interés remuneratorio. Esta impugnación no puede tener éxito. La petición relativa al carácter usurario se formuló en la demanda con carácter subsidiario a la petición principal. Este carácter subsidiario determina que, estimada sustancialmente la pretensión principal, y acogidas las consecuencias que para ambos casos se postulaban por la parte actora, no proceda el análisis de la pretensión subsidiaria.”

Pues bien, teniendo en cuenta lo anterior, dado que no se dispone de las condiciones generales ni particulares, que tampoco se ha facilitado el nombre del comercial que tomó los datos del Sr. XXXX, y siendo a la demandada a quien le incumbía acreditar la información que se facilitó al actor, a fin de determinar que éste conocía o podía conocer la carga económica y jurídica que derive para él del contrato en cuestión, a fin de determinar que los intereses remuneratorios y las comisiones superan el control de inclusión y de transparencia.

Pues bien, a juicio de quien resuelve existe una notable falta de transparencia sobre los intereses remuneratorios y comisiones no ya del contrato suscrito en el 2004, si no de las condiciones remitidas en el 2011.

Basta en este sentido remitirnos al a los documentos aportados en soporte papel por la parte demandada, documento 1, o al aportado por el demandante como documento nº 5, cuyos caracteres resultan ilegibles, no siendo admisible su ampliación por medio del zoom. Dejando al margen el reducido tamaño de la letra allí contenida, que dificulta sobremanera su lectura y adecuada comprensión, debe objetarse que la redacción de las condiciones aplicables se redacta sin distinguir apartados ni dar relevancia a aquéllas cláusulas especialmente relevantes -que fijan la TAE y comisiones aplicables- que van a determinar la carga económica que la firma de ese contrato le va a suponer al consumidor.

Ante tal oscurantismo, resulta imposible que el hoy demandante pudiera conocer con precisión cual era la trascendencia real y económica de aquello a lo que se estaba comprometiendo en el momento de suscribir el contrato de autos.

Por ello, es obligado concluir que ni la cláusula que establece el interés remuneratorio ni la que fija las múltiples comisiones aplicables eran transparentes, por lo que procede estimar íntegramente las acciones declarativa y de condena ejercitadas por el actor y, en su virtud, declarar nulas por abusivas las mismas, condenando a la demandada a restituir a la demandante la cantidad abonada a la demandada durante la vigencia de dicho contrato y que exceda de las cantidades efectivamente dispuestas por el Sr. XXXX que deberá determinarse en ejecución de sentencia.

En este sentido es muy interesante la sentencia de la Audiencia de Cantabria sección 2 del 20 de septiembre de 2021 ( ROJ: SAP S 1037/2021 – ECLI:ES:APS:2021:1037) “TERCERO.- Procede efectuar el control de incorporación y transparencia de las condiciones generales de la contratación.

El juez nacional debe apreciar de oficio, tan pronto como disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello, el carácter abusivo de una cláusula contractual incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13 y, de este modo, subsanar el desequilibrio que existe entre el consumidor y el profesional ( sentencias de 17 de mayo de 2018, Karel de Grote -Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen, C-147/16, EU:C:2018:320 , apartado 29, y de 20 de septiembre de 2018, OTP Bank y OTP Faktoring, C-51/17, EU:C:2018:750 apartado 87 y jurisprudencia citada).

Y como expresamente resolvió el TJUE en su sentencia de 11 de marzo de 2020 ( asunto C-511/2017 ), si bien el juez nacional no está obligado a examinar de oficio e individualmente todas las cláusulas contractuales que no han sido impugnadas por el consumidor, con el fin de verificar si pueden considerarse abusivas, sí que debe examinar -como aquí ocurre- en cualquier caso, aquellas cláusulas que estén vinculadas al objeto del litigio según haya sido definido por las partes, tan pronto como disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios al efecto, completados, en su caso, mediante diligencias de prueba.

El control de incorporación o de inclusión busca comprobar que la adhesión se ha producido con mínimas garantías de cognoscibilidad por parte del adherente.

A este particular control se refieren los arts. 5 y 7 LCGC. Como recuerda la STS 564/2020, de 27 de octubre, en el art. 5, para establecer los requisitos de incorporación, y en el art. 7, para establecer cuándo las condiciones generales no quedan incorporadas al contrato.

En la práctica se aplica en primer lugar el filtro negativo del art. 7 LCGC, y si se supera es necesario pasar una segunda criba, ahora positiva, que es la prevista en los arts. 5.5 y 7 de la misma Ley: la redacción de las cláusulas generales deberá ajustarse a los criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez, de modo que no quedarán incorporadas al contrato las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles ( sentencias 314/2018, de 28 de mayo, y 57/2019, de 25 de enero ).

Para cumplir con el art. 7 resulta necesario que la parte predisponente acredite la puesta a disposición y la oportunidad real de conocer el contenido de dichas cláusulas para superar este control, independientemente de que el adherente o el consumidor realmente las haya conocido y entendido (cuestión propia del control de transparencia). El segundo de los filtros del control de incorporación, previsto en los arts. 5 y 7 LCGC, hace referencia a la comprensibilidad gramatical y semántica de la cláusula.

En suma, para superar el control de incorporación, debe tratarse de una cláusula con una redacción clara, concreta y sencilla, que permita una comprensión gramatical normal y que el adherente haya tenido oportunidad real de conocer al tiempo de la celebración del contrato.

No obstante, si bien el control de incorporación ( art. 5 y 7 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación ) es aplicable a cualquier contrato en que se utilicen condiciones generales de la contratación, no ocurre lo mismo que con los controles de transparencia y abusividad, reservados a los contratos celebrados con consumidores ( SSTS 367/2016, de 3 de junio ; 30/2017, de 18 de enero; 41/2017, de 20 de enero ; 57/2017, de 30 de enero ; 587/2017, de 2 de noviembre ; 639/2017, de 23 de noviembre ; 8/2018, de 10 de enero ; 314/2018, de 28 de mayo , y otras posteriores.

El control de transparencia tiene por objeto las cláusulas predispuestas que afectan a los elementos esenciales del contrato. Como recuerda la jurisprudencia, a través de una línea que se inicia a partir de la sentencia 834/2009, de 22 de diciembre y se perfila a partir de la sentencia 241/2013, de 9 de mayo , y se prolonga con posterioridad, con fundamento en el art. 4.2 de la Directiva sobre cláusulas abusivas y los arts. 60.1, 80.1 y 82.1 TRLCU, ha exigido que las condiciones generales de los contratos concertados con los consumidores cumplan con el requisito de la transparencia, como parámetro abstracto de validez de la cláusula predispuesta, cuando la condición general se refiere a elementos esenciales del contrato.

A las condiciones generales que versan sobre elementos esenciales del contrato se les exige un plus de información que permita al consumidor adoptar su decisión de contratar con pleno conocimiento de la carga económica y jurídica que le supondrá concertar el contrato, sin necesidad de realizar un análisis minucioso y pormenorizado del contrato.

El control de transparencia es un tipo de control reforzado frente al de incorporación y reservado a la contratación entre consumidores.

La comprobación y lectura de los documentos justificativos de la relación contractual permiten considerar ciertamente que no se cumplen en este caso con los requisitos de incorporación de las condiciones generales, es decir, con su primer filtro de control.

No es posible considerar que la adhesión se haya producido por las mínimas garantías de cognoscibilidad.

Presumiendo que la documentación que justifica la contratación es la aportada a las presentes actuaciones, observamos que no existe constancia de una información precontractual previa a la suscripción de la solicitud de tarjeta, lo que permite inferir que a la parte actora no se le concedió la oportunidad real de conocer con antelación el contenido de las cláusulas contractuales incorporadas a las condiciones generales, prácticamente ilegibles, por el mínimo tamaño de letra utilizado, lo que impidió al consumidor el acceso a aquellos pactos que versan sobre elementos esenciales del contrato, como son los que determinan el coste financiero del contrato mediante el devengo de intereses y el aplazamientos en el pago.

Según se desprende inequívocamente de la jurisprudencia del TJUE (sentencias de 21 de marzo de 2013, asunto C-92/11, caso RWE Vertrieb, de 30 de abril de 2014, asunto C-26/13, caso Kásler y Káslerne Rábai, de 26 de febrero de 2015, asunto C-143/13, caso Matei y de 23 de abril de 2015, asunto C-96/14, caso Van Hove), no solo es necesario que las cláusulas estén redactadas de forma clara y comprensible, sino también que el adherente pueda tener un conocimiento real de las mismas, de forma que un consumidor informado pueda prever, sobre la base de criterios precisos y comprensibles, sus consecuencias económicas.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo (por todas, sentencia 367/2017, de 8 de junio y las que en ella se citan), con base en el artículo 4.2 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, y los artículos 60.1 y 80.1 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, ha exigido también que las condiciones generales de los contratos concertados con los consumidores cumplan con el requisito de la transparencia, de tal manera que, además del filtro o control de incorporación referido, debe aplicarse un control de transparencia, como parámetro abstracto de validez de la cláusula predispuesta.

Cuando la condición general se refiere a elementos esenciales del contrato, control que tiene por objeto que el adherente pueda conocer con sencillez tanto la carga económica que realmente le supone el contrato celebrado, esto es, el sacrificio patrimonial realizado a cambio de la prestación económica que quiere obtener, como la carga jurídica del mismo, es decir, la definición clara de su posición jurídica tanto en los elementos típicos que configuran el contrato celebrado, como en la asignación de los riesgos del desarrollo del mismo.

Se impone, por tanto, la exigencia de un plus de información que permita que el consumidor pueda adoptar su decisión de contratar con pleno conocimiento de la carga económica y jurídica que le supondrá concertar el contrato, y se destaca la importancia que para la transparencia en la contratación con los consumidores tiene la información precontractual que se les facilita, porque es en esa fase cuando se adopta la decisión de contratar.

En consecuencia, debemos declarar la nulidad radical del contrato por falta de incorporación, que provoca las consecuencias previstas en el art. 9.2 LCCG: la nulidad o no incorporación con la necesidad de aclarar la eficacia del contrato de acuerdo con el artículo 10.

Dado que el contrato, sin las estipulaciones no incorporadas, por afectar a su causa natural, no puede subsistir, debe declararse su nulidad con las consecuencias del art. 1.303 CC.

En consecuencia se declara la nulidad del contrato con las consecuencias del art. 1303 CC.

CUARTO.- En cuanto a las consecuencias de la nulidad es el deber entregar las sumas dispuestas con el interés legal desde cada disposición -sin aplicación de otro interés remuneratorio o moratorio- y sin aplicación de comisión o gasto de clase alguna, con deducción de todas las cantidades abonadas por él y aplicación respecto de estas del interés legal desde que se hicieron, a determinar en ejecución de sentencia.

QUINTO.- Estimándose la demanda, de conformidad con lo dispuesto en el art. 394 LEC, las costas deben ser impuestas a la parte demandada.

Vistos los preceptos legales citados, de más de general y pertinente aplicación y en atención a lo expuesto.

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por D. XXXX contra SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. debo declarar y declaro la nulidad del contrato de tarjeta por falta de transparencia e incorporación y en consecuencia el actor únicamente deberá de entregar o devolver las sumas dispuestas con el interés legal desde cada disposición -sin aplicación de otro interés remuneratorio o moratorio- y sin aplicación de comisión o gasto de clase alguna, con deducción de todas las cantidades abonadas por él y aplicación respecto de éstas del interés legal desde que se hicieron, a determinar en ejecución de sentencia.

Con imposición de costas a la parte demandada.

Así par esta mi Sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Por luis

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