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Sentencia contra TTI Finance por usura devuelve 6.767,96€

Juzgado de 1ª instancia nº9 de Mataró dicta sentencia contra TTI Finance por usura en los intereses obligando a devolver 6.767,96€.

Entre las partes se celebró un contrato de tarjeta de crédito en fecha 13 de agosto de 2008, en el cual se impusieron unos intereses usurarios TAE del 26,9 %, cuando el tipo medio en esas fechas era del 19,88%, así como varias clausulas abusivas.

La actora presentó requerimiento extra judicial solicitando la nulidad del contrato por su carácter usurario.

La actora interesa tener por interpuesta la demanda de de juicio ordinario en el ejercicio de la acción de nulidad por usura y subsidiariamente nulidad de condición general de la contratación del contrato de tarjeta de crédito de fecha 13 de agosto de 2008.

Se alega por la demandada que no ostenta legitimación pasiva, ya que si bien se produjo una cesión de créditos en fecha 17 de diciembre de 2014, a la misma tan solo se le cedió un derecho de crédito, pero no la titularidad del contrato, que continuó en manos de “Servicios Prescriptor y Medios de Pagos, e.f.c., S.A.U” sucesora de la entidad MBNA, firmante del mismo.

Por lo cual, es evidente que requiere el consentimiento del contratante cedido; es, pues, necesaria la conjunción de tres voluntades contractuales (que destaca la sentencia de 5 de marzo de 1994 )». Y la de 6 noviembre 2006 reitera: «La cesión de contrato consiste «en el traspaso a un tercero, por parte de un contratante, de la posición íntegra que ocupaba en el contrato cedido», de manera que el cesionario adquiere los derechos que ostentaba el cedente en la relación contractual como si hubiese sido el contratante inicial

La Magistrada del caso estima la demanda y en consecuencia condena a SPMP a la nulidad por usura de la relación contractual en relación con el contrato de tarjeta de crédito suscrito entre las partes y nulidad por abusividad de la cláusula que establece una comisión por impago.

En la sentencia contra TTI Finance se imponen las costas del proceso a la entidad demandada.

Doña María Lourdes Galvé Garrido letrada colaboradora con Economía Zero ha conseguido la sentencia contra TTI Finance.

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Juzgado de Primera Instancia nº9 de Mataró

Procedimiento ordinario (Contratación art. 249.1.5) 223/2021 -6

Parte demandante/ejecutante: XXXX

Procurador/a: XXXX

Abogado/a: María Lourdes Galvé Garrido

Parte demandada/ejecutada: TTI FINANCE S.A.R.L.

Procurador/a: Abogado/a: XXXX

SENTENCIA Nº193/2022

En Mataró, a 10 de octubre de 2022

Vistos por mí, XXXX, Titular del Juzgado de Primera Instancia Nº9 de este partido judicial, los autos de Juicio Ordinario Nº. 223/2021, promovidos por el Sr. XXXX, representado por la Procuradora de los Tribunales Sr. XXXX y asistido por la Letrada Sra. Lourdes Galve Garrido, sustituida por el Letrado Sr. XXXX, contra la mercantil “TTI FINANCE, S.A.R.L”, representada por la Procuradora de los Tribunales Sra. XXXX y asistida por la Letrada Sra. XXXX, en sustitución del Sr. XXXX, sobre nulidad contractual y reclamación de cantidad.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Por la parte actora, mediante escrito presentado el día 26 de febrero de 2021, se promovió demanda de juicio ordinario a través de la cual se ejercitaba la acción de nulidad contractual y reclamación de cantidad, así como otras subsidiarias.

Asimismo, dicha parte litigante alegó los fundamentos de derecho que estimó de aplicación para terminar suplicando que se estimara íntegramente la demanda, más las costas generadas en el procedimiento.

SEGUNDO: Por Decreto de fecha 19 de marzo de 2021, se admitió a trámite la demanda, sustanciándose el proceso por los trámites del juicio ordinario y, conferido el preceptivo traslado de la misma a la parte demandada, procedió a presentar su escrito de contestación a la demanda en fecha 14 de junio de 2021.

TERCERO: Llegado el día señalado para la celebración de la audiencia previa, comparecieron a la misma tanto la parte actora como la demandada, quienes manifestaron que no se había alcanzado transacción o acuerdo alguno entre los litigantes.

Tras la fijación de los hechos y extremos de derecho sobre los que existía controversia, seguidamente se procedió a la proposición y admisión de las pruebas.

Por la parte demandante se propuso la documental por reproducida y más documental; por la demandada asimismo la documental; medios probatorios que tras su declaración de pertinencia, fueron practicados con el resultado que es de ver en autos, quedando posteriormente las actuaciones a disposición de S.Sª para dictar sentencia.

CUARTO: En la tramitación de este juicio se han observado las prescripciones legales, excepto el plazo para dictar sentencia debido al volumen de asuntos que asume este juzgado, y la existencia de asuntos de tramitación preferente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Objeto del procedimiento; cuantía: A la vista del escrito de demanda presentado por la parte demandante y la contestación a la demanda formulada, la cuestión principal objeto de controversia radica en determinar el carácter usurario de los intereses, y por ende la nulidad radical del contrato; si el tipo de interés fijado cumple el control de transparencia; si existió error excusable en el consentimiento; si el tipo es desproporcionado para este tipo de contratos; al solicitarse por la parte actora, con carácter principal, que se declare la nulidad del contrato por usurario; subsidiariamente la nulidad y no incorporación de las condiciones generales de referidas anteriormente, así como las comisiones.

Asimismo, se alega por la demandada la falta de legitimación pasiva de la misma.

SEGUNDO.- Falta de legitimación pasiva: Se alega por la demandada que no ostenta legitimación pasiva, ya que si bien se produjo una cesión de créditos en fecha 17 de diciembre de 2014, a la misma tan solo se le cedió un derecho de crédito, pero no la titularidad del contrato, que continuó en manos de “Servicios Prescriptor y Medios de Pagos, e.f.c., S.A.U” sucesora de la entidad MBNA, firmante del mismo.

La excepción que se plantea ha sido objeto de análisis por parte de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y la jurisprudencia menor de la Audiencia Provincial de Barcelona.

A modo de ejemplo, la SAP de Barcelona, Sección 1ª, Sentencia 552/2017 de 20 Oct. 2017, Rec. 50/2016, resolvió que: “La cesión de contrato es una figura jurídica atípica, que ha sido admitido por la jurisprudencia en virtud del principio de libertad de pactos previsto en el art. 1255 CC , y según declara la STS de 22 de mayo de 2014 (ROJ: STS 2041/2014 – ECLI:ES:TS:2014:2041) en cuanto ahora interesa con cita de la STS de 29 junio 2006″.

La cesión del contrato implica la transmisión de la relación contractual en su integridad, admitida en el ordenamiento a través de la doctrina jurisprudencial ( sentencia de 7 de noviembre de 1998 ), que sin afectar a la vida y virtualidad del contrato que continúa en vigor, mantiene sus derechos y obligaciones con los que son continuadores de los contratantes ( sentencia de 4 de abril de 1990 ) y la primitiva relación contractual se amplía a un tercero, pasando al cesionario sus efectos ( sentencia de 4 de febrero de 1993 ). Su esencia es, pues, la sustitución de uno de los sujetos del contrato y la permanencia objetiva de la relación contractual (vid. también las sentencias de 19 de septiembre de 1998 y 27 de noviembre de 1998 ).

Por lo cual, es evidente que requiere el consentimiento del contratante cedido; es, pues, necesaria la conjunción de tres voluntades contractuales (que destaca la sentencia de 5 de marzo de 1994 )».

Y la de 6 noviembre 2006 reitera: «La cesión de contrato consiste «en el traspaso a un tercero, por parte de un contratante, de la posición íntegra que ocupaba en el contrato cedido», de manera que el cesionario adquiere los derechos que ostentaba el cedente en la relación contractual como si hubiese sido el contratante inicial.

Esta figura ha sido admitida por la jurisprudencia de esta Sala, al no estar regulada en el del Código civil, aunque sí lo está en el Código italiano ( artículo 1406) y en el Fuero Nuevo de Navarra(ley 513.2). La sentencia de 26 noviembre 1982 declara que «puede una de las partes contratantes hacerse sustituir por un tercero en las relaciones derivadas de un contrato con prestaciones sinalagmáticas si éstas no han sido todavía cumplidas y la otra parte prestó consentimiento anterior, coetáneo o posterior al negocio de cesión».

Para que la cesión sea efectiva, la jurisprudencia ha exigido que en el negocio jurídico concurran las tres partes, es decir, el contratante cedente de su posición contractual, el nuevo que la adquiere y el contratante que va a resultar afectado por el cambio de deudor. ( sentencias de 9 diciembre 1997 , 9 diciembre 1999 , 21 diciembre 2000 y 19 septiembre 2002 ).

Sin el consentimiento de éste, no existe cesión , o como afirma la sentencia de 9 diciembre 1997 , «la necesidad de mediar consentimiento es requisito determinante de la eficacia de la referida cesión contractual».

Como señala la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 19 de octubre de 2016 » La cesión del contrato por tanto tiene como presupuesto una relación sinalagmática en la que las prestaciones todavía no han sido cumplidas, y por ese motivo exige el consentimiento de cedente, cesionario y cedido». Por contra, la cesión de créditos supone la sustitución de un acreedor, titular del derecho de crédito que se transmite, por otro, con respecto al mismo crédito.

Cambia así el sujeto activo o acreedor, quedando el nuevo con los mismos derechos accesorios, con las mismas acciones y sometido a las mismas excepciones que el antiguo, de tal modo que el nuevo acreedor es el titular del derecho subjetivo de crédito, frente al deudor, habiendo quedado desligado de la relación jurídica obligatoria el antiguo acreedor.

La esencia de la cesión de créditos es la sustitución de un nuevo acreedor por el antiguo, sin novación de la relación obligatoria.

De tal modo que la doctrina y la jurisprudencia han señalado que se trata de un negocio jurídico bilateral formado, al menos, por dos partes: el antiguo acreedor, cedente, y el nuevo, cesionario, por lo que requiere el consentimiento de ambos, sin que sea necesario el consentimiento del deudor, que sigue siéndolo, pero no frente al cedente, sino frente al cesionario, requiriendo únicamente su conocimiento para que la cesión le sea oponible.

La sentencia de instancia en ningún momento mantiene que exista una cesión de contrato, a la que ni siquiera hace referencia, fundamentando la estimación de la excepción de falta de legitimación pasiva en la existencia de una cesión de crédito, y esta Sala comparte los razonamientos de la misma ”.

Aun cuando la sentencia referida anteriormente se pronuncie sobre el supuesto de hecho contrario, siendo desestimatoria, los argumentos recogidos en la misma son plenamente compartidos por esta Juzgadora y aplicables al presente caso, debiendo desestimarse la excepción planteada, al existir plena legitimación pasiva de la entidad demandada para soportar la presente demanda.

TERCERO.- Nulidad contractual: Supone un hecho incontrovertido que no requiere de prueba, conforme determina el Art. 281 de la LEC, que las partes hoy litigantes suscribieron un contrato de tarjeta de crédito en fecha 13 de agosto de 2008, según consta en los doc. 5, 6 y 7 del escrito de contestación.

Se alega en primer lugar por la demandante que el contrato referido anteriormente es nulo por resultar usurario el tipo de interés pactado, ejercitándose la acción de nulidad contractual por este motivo con carácter principal. En caso de ser desestimada, se ejercitan otras acciones más de forma subsidiaria.

Analizando la primera de las acciones, la actora sostiene que el contrato es nulo por usurario y en base a tal petición, solicita en el cuerpo del escrito de demanda, “la mutua restitución de prestaciones, es decir, la devolución del capital prestado sin intereses”.

CUARTO.- Doctrina jurisprudencial: El contrato de línea de crédito que hoy nos ocupa, ha sido objeto de análisis por la jurisprudencia menor de las audiencias provinciales desde hace varios años, habiendo tenido ocasión de pronunciarse el Tribunal Supremo en su sentencia de fecha 25 de noviembre de 2015, que ha servido de fundamento a muchas otras posteriores, instaurando un criterio claro.

Sobre este particular, la sentencia Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sección Pleno, Sentencia 149/2020 de 4 Mar. 2020, Rec. 4813/2019, recogió en su fundamento de derecho tercero la doctrina jurisprudencial sentada en la sentencia de 25 de noviembre de 2015, la cual queda sintetizada en los siguientes extremos: “i) La normativa sobre cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores no permite el control del carácter «abusivo» del tipo de interés remuneratorio en tanto que la cláusula en que se establece tal interés regula un elemento esencial del contrato, como es el precio del servicio, siempre que cumpla el requisito de transparencia.

ii) Para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la Ley de Represión de la Usura, esto es, «que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», sin que sea exigible que, acumuladamente, se exija «que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales».

iii) Dado que conforme al art. 315, párrafo segundo, del Código de Comercio, «se reputará interés toda prestación pactada a favor del acreedor», el porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero no es el nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE), que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados.

iv) Para determinar si el préstamo, crédito u operación similar es usurario, el interés con el que ha de realizarse la comparación es el «normal del dinero».

Para establecer lo que se considera «interés normal» puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas.

No es correcto utilizar como término de comparación el interés legal del dinero.

v) La decisión de la Audiencia Provincial de considerar como «no excesivo» un interés que superaba ampliamente el índice fijado en la instancia como significativo del «interés normal del dinero» (el tipo medio de los créditos al consumo) no fue correcta, puesto que la cuestión no era tanto si ese interés es o no excesivo, como si es «notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», y una diferencia tan importante respecto del tipo medio tomado como referencia permite considerar el interés estipulado como «notablemente superior al normal del dinero».

vi) Corresponde al prestamista la carga de probar la concurrencia de circunstancias excepcionales que justifiquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo.

vii) No pueden considerarse como circunstancias excepcionales que justifiquen un interés notablemente superior al normal del dinero el riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico.

En base a la inicial sentencia del Tribunal Supremo de fecha 25 de noviembre de 2015, y siguiendo sus conclusiones, se declaró la nulidad de los intereses remuneratorios por diversas secciones de la jurisprudencia menor, siendo muestra de ello, las sentencias de la Ilma. Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 13ª, Sentencia 8/2017 de 13 Ene. 2017, Rec. 869/2015; Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 17ª; Sentencia 254/2018 de 6 Mar. 2018, Rec. 689/2017; y Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 1ª, Sentencia 339/2017 de 30 Jun. 2017, Rec. 1087/2015.

QUINTO.- Caso concreto; nulidad por usura: En el presente caso, y aun cuando la demandante ejercite de forma subsidiaria otras acciones basadas en el control de las cláusulas por falta de transparencia, conforme a la normativa de consumidores y usuarios, lo cierto es que la acción principal ejercitada es la de nulidad de la operación de crédito por su carácter usurario, la cual pasamos a analizar. El Art. 1 de la Ley de 23 julio 1908, de Represión de la Usura establece: “Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso ”.

Como señala la STS de fecha 4 de marzo de 2020 referida al inicio, la cual actualiza los razonamientos recogidos en la sentencia de 25 de abril de 2015 y resuelve algunas contradicciones de hecho y de derecho en cuánto al interés de referencia, “a diferencia de otros países de nuestro entorno, donde el legislador ha intervenido fijando porcentajes o parámetros concretos para determinar a partir de qué tipo de interés debe considerarse que una operación de crédito tiene carácter usurario, en España la regulación de la usura se contiene en una ley que ha superado un siglo de vigencia y que utiliza conceptos claramente indeterminados como son los de interés «notablemente superior al normal del dinero» y «manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso».

Esta indeterminación obliga a los tribunales a realizar una labor de ponderación en la que, una vez fijado el índice de referencia con el que ha de realizarse la comparación, han de tomarse en consideración diversos elementos”.

Es necesario hacer mención a la reciente sentencia del Tribunal Supremo, de lo Civil, Sentencia 367/2022 de 4 May. 2022, Rec. 812/2019, que interpretando nuevamente su doctrina anterior, vino a aclarar que: “ Por el contrario, la cuestión planteada en este recurso, que consiste en determinar cuál debe ser el término comparativo que ha de utilizarse como indicativo del «interés normal del dinero» en el caso de las tarjetas revolving, ha sido resuelta en la sentencia del pleno de esta sala 149/2020, de 4 de marzo.

No existen razones para apartarse de la doctrina sentada en esa sentencia, que reproduciremos en lo fundamental.

2.- En la citada sentencia 149/2020, de 4 de marzo, afirmamos que para determinar la referencia que ha de utilizarse como «interés normal del dinero» para realizar la comparación con el interés cuestionado en el litigio y decidir si el contrato es usurario, debe utilizarse el tipo medio de interés, en el momento de celebración del contrato, correspondiente a la categoría a la que corresponda la operación crediticia cuestionada.

Y que, si existen categorías más específicas dentro de otras más amplias (como sucede con la de tarjetas de crédito y revolvíng, dentro de la categoría más amplia de operaciones de crédito al consumo), deberá utilizarse esa categoría más específica, con la que la operación crediticia cuestionada presenta más coincidencias (duración del crédito, importe, finalidad, medios a través de los cuáles el deudor puede disponer del crédito, garantías, facilidad de reclamación en caso de impago, etc.), pues esos rasgos comunes son determinantes del precio del crédito, esto es, de la TAE del interés remuneratorio.

3.- También declaramos en aquella sentencia que, a estos efectos, es significativo que actualmente el Banco de España, para calcular el tipo medio ponderado de las operaciones de crédito al consumo, no tenga en cuenta el de las tarjetas de crédito y revolvíng, que se encuentra en un apartado específico.

4.- En el presente caso, la cuestión controvertida objeto del recurso de casación se ciñe a determinar cuál es el interés de referencia que debe tomarse como «interés normal del dinero».

La Audiencia Provincial ha utilizado el interés específico de las tarjetas de crédito y revolvíng y la recurrente considera que debió utilizar el interés de los créditos al consumo en general.

5.- Al igual que declaramos en la anterior sentencia 149/2020, de 4 de marzo, el índice que debe ser tomado como referencia es el tipo medio aplicado a las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito y revolvíng con las que más específicamente comparte características la operación de crédito objeto de la demanda.

No puede aceptarse la tesis de la recurrente de que el interés de referencia que debe emplearse para decidir si el interés del contrato cuestionado es «notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso» es el general de los créditos al consumo y no el más específico de las tarjetas de crédito y revolving que es utilizado en la sentencia recurrida.

6.- Los hechos fijados en la instancia, que deben ser respetados en el recurso de casación, consisten en que los datos obtenidos de la base de datos del Banco de España revelan que, en las fechas próximas a la suscripción del contrato de tarjeta revolving, la TAE aplicada por las entidades bancarias a las operaciones de tarjeta de crédito con pago aplazado era frecuentemente superior al 20% y que también era habitual que las tarjetas revolving contratadas con grandes entidades bancarias superasen el 23%, 24%, 25% y hasta el 26% anual.

7.-Dado que la TAE de la tarjeta revolving contratada por la recurrente es, según declara la sentencia recurrida, del 24,5% anual, la Audiencia Provincial, al declarar que el interés remuneratorio no era «notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso» y que, por tal razón, el contrato de tarjeta revolving objeto del litigio no era usurario, no ha vulnerado los preceptos legales invocados, ni la jurisprudencia de esta sala que los interpreta, dado que el tipo de interés de la tarjeta estaba muy próximo al tipo medio de las operaciones con las que más específicamente comparte características ”.

Llegados a este punto, deberemos examinar si en el caso de autos, el tipo de interés del crédito que nos ocupa, una TAE inicial del 20,9% y posterior de 26,9%, es notoriamente superior al interés normal del dinero, y en su caso, qué referencia ha de tomarse para para determinar si se da esta circunstancia.

El Tribunal Supremo también ha resuelto esta cuestión, y en la referida sentencia de 4 de marzo de 2020, concluye que a efectos de determinar la referencia que ha de utilizarse como “interés del dinero” para realizar la comparación con el interés cuestionado en el litigio y valorar si el mismo es usurario, debe utilizarse el tipo medio de interés, en el momento de celebración del contrato, correspondiente a la categoría a la que corresponda la operación crediticia cuestionada.

Y si existen categorías más específicas dentro de otras más amplias (como sucede actualmente con la de tarjetas de crédito y revolving, dentro de la categoría más amplia de operaciones de crédito al consumo), deberá utilizarse esa categoría más específica, con la que la operación crediticia cuestionada presenta más coincidencias (duración del crédito, importe, finalidad, medios a través de los cuáles el deudor puede disponer del crédito, garantías, facilidad de reclamación en caso de impago, etc.), pues esos rasgos comunes son determinantes del precio del crédito, esto es, de la TAE del interés remuneratorio.

Como señala la actora: “los intereses medios oficiales de los créditos al consumo relativos a tarjetas de crédito se han venido recogiendo y publicando por el Banco de España desde el año 2003.

Entre 2003 y junio de 2010 se incluyeron dentro de la media de créditos al consumo de hasta 1 año, y a partir de junio de 2010, se estableció una columna diferenciada concreta relativa solamente a las tarjetas de crédito de pago aplazado. 30. Ambas medias (crédito al consumo hasta 1 año y tarjetas de crédito de pago aplazado) vienen recogidas en un cuadro oficial de series temporales que se aporta como DOCUMENTO 7.

Teniendo en cuenta la fecha del contrato objeto de autos (12/08/2008), si acudimos al documento oficial aportado resulta que en esa misma fecha el interés normal TAE era de 12,12 %, muy inferior al interés TAE del contrato (26,9 %).

La comparativa anterior nos conduce a la conclusión de que la TAE aplicada al contrato es notablemente superior y desproporcionada, y ello teniendo en cuenta que el producto tratado ya parte de unos intereses muy elevados respecto a los otros créditos al consumo.

En este caso la referencia comparativa que utilizamos es la media de créditos al consumo hasta 1 año puesto que hasta junio de 2010 no existió una media oficial de intereses exclusivamente de tarjetas y el contrato impugnado es de agosto de 2008.

Entre 2003 y junio de 2010 los intereses correspondientes a tarjetas de crédito de pago aplazado se incluían a los efectos de tipos medios del Banco de España en la media de créditos al consumo hasta 1 año.

Al respecto, la nota informativa del Boletín Estadístico. Julio Agosto 2010.

Apartado “Novedades del presente boletín” señalaba al describir los cambios de la Circular del Banco de España 1/2010: “… Finalmente, los cambios de la nueva Circular afectan significativamente a los datos de «Crédito al consumo hasta un año», que, a partir de los datos de junio de 2010, deja de incluir las operaciones de crédito mediante tarjeta de crédito. Estas operaciones se proporcionarán próximamente por separado, una vez que se disponga de series representativas”.

Sin perjuicio de lo expuesto, resulta que si a partir de los datos publicados efectuáramos una estimación de los tipos normales de las tarjetas entre 2003 y junio de 2010 -si no hubieren estado incluidas en la media de préstamos a 1 año-, resultaría que el tipo medio correspondiente hubiera sido de 19,889%, también usurario según criterio del Tribunal Supremo, comparado con la TAE de una tarjeta como la del caso (26,9 %)”.

De acuerdo con todo lo dicho anteriormente, asumiendo los argumentos de la parte actora, acreditados documentalmente y no habiéndose justificado además por la entidad crediticia la existencia de circunstancias excepcionales que justifiquen la aplicación de un tipo de interés notablemente superior al normal del dinero y en su caso, si el mismo es proporcional a las circunstancias del caso, es por lo que debe estimarse íntegramente la demanda y siendo el tipo de interés usurario, procede aplicar la consecuencia recogida en el Art. 3 de la Ley de Represión de la Usura, acordando la nulidad radical, absoluta y originaria del contrato, que no admite convalidación confirmatoria, por lo que el prestario está obligado a entregar tan solo la cantidad recibida.

Así pues, declarada la nulidad del contrato, procede la mutua restitución de prestaciones, es decir, el actor únicamente estará obligado a devolver el crédito efectivamente dispuesto, debiendo la demandada, en su caso, reintegrarle todas aquellas cantidades que hayan excedido del capital prestado, incluyendo intereses, comisiones y gastos, más los intereses legales desde la reclamación extrajudicial, o subsidiariamente, desde la interposición de la demanda, lo que se determinará en su caso, a través del cauce previsto en los Arts. 712 y ss de la LEC.

SEXTO.- Costas procesales: Habiéndose estimado íntegramente la demanda formalizada por la parte actora, procede hacer expresa imposición de costas a la parte demandada. en recta aplicación de lo dispuesto en el Art. 394 in fine de la LEC.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLO

Que estimando íntegramente la demanda promovida por el Sr. XXXX, representado por la Procuradora de los Tribunales Sr. XXXX, contra la mercantil “TTI FINANCE, S.A.R.L”, representada por la Procuradora de los Tribunales Sra. XXXX, he de DECLARAR Y DECLARO la nulidad del contrato suscrito en fecha 13 de agosto de 2008, por su carácter usurario, procediendo las partes a la mutua restitución de prestaciones es decir.

Que el actor únicamente estará obligado a devolver el crédito efectivamente dispuesto, debiendo la demandada, en su caso, reintegrarle todas aquellas cantidades que hayan excedido del capital prestado, incluyendo intereses, comisiones y gastos, más los intereses legales desde la reclamación extrajudicial, o subsidiariamente, desde la interposición de la demanda, lo que se determinará en su caso a través del cauce del Art. 712 y ss de la LEC.

Todo ello, con expresa imposición de costas a la parte demandada.

Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en esta instancia, la pronuncio, mando y firmo.

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