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Wizink reintegra 10.088,05 € a un usuario de EZ tras la nulidad de las condiciones generales de un contrato por no superar el control de transparencia

Wizink reintegra 10.088,05 € a un usuario de EZ tras la nulidad de las condiciones generales de un contrato por no superar el control de transparencia

El Juzgado de Primera Instancia Nº 56 de Madrid declara la nulidad de las condiciones generales del contrato de crédito suscrito por un usuario de EZ con Wizink Bank por no superar el control de transparencia, debiendo la entidad reintegrar 10.088,05 € a la actora.

En fecha 2 de diciembre de 2002 la parte actora firmó un contrato de tarjeta de crédito Classic Plus con la entidad demandada en el que se estipuló un interés del 27,24 % TAE, no quedando señalado dicho interés en la cláusula correspondiente, si no que se estableció en un apartado del anexo.

El contrato litigante fue un contrato de adhesión, sin controles de incorporación ni transparencia, prerredactado e incorporado a una pluralidad de contratos.

En base a lo expuesto, se debe realizar un doble control de incorporación y de transparencia de las condiciones generales de la contratación.

En el caso de autos, no se supera por la entidad el control de las condiciones generales por falta de claridad, concreción y sencillez en el contrato y por la escasa información dada a la parte actora, que hace que no pueda alcanzar la comprensión real de dicha operación.

Igualmente, una cláusula que no supera el filtro de transparencia es directamente abusiva.

Procede la declaración de nulidad de las condiciones generales de la contratación relativas a intereses y comisiones por no superar el control de incorporación.

Asimismo, el interés fijado como remuneratorio es usurario por ser notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con los circunstancias del caso, por lo que procede su nulidad.

La Juez del caso estima íntegramente la demanda interpuesta sobre nulidad de condiciones generales de la contratación de intereses, comisiones y gastos de tarjeta de crédito, contra la mercantil Wizink Bank S.A.

En consecuencia, declara que las condiciones generales incluidas en el Anexo del Reglamento de la tarjeta, que regulan los intereses y comisiones, No superan el control de transparencia, con lo que no deben tenerse por puestas, al no haberse incorporado válidamente al contrato.

Asimismo, declara que la entidad demandada estará obligada a devolver a la actora lo que supere el capital dispuesto, cantidad que se eleva a 10.088,05 €

Se efectúa imposición de las costas a la parte demandada.

D. Daniel Navarro Selguero, colaborador de Economía Zero, ha sido el encargado del caso litigante.

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JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 56 DE MADRID

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 431/2018

Demandante: Dña. XXXXX
PROCURADOR Dña. XXXXX

Demandado: WIZINK BANK SA
PROCURADOR Dña. XXXXX

SENTENCIA Nº 69/2020

JUEZ/MAGISTRADO – JUEZ: Dña. XXXXXX
Lugar: Madrid
Fecha: treinta de marzo de dos mil veinte

Dña. XXXXXX, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 56 de Madrid; habiendo visto los precedentes autos de juicio ordinario, seguidos con el número 431/2018 a instancia de Dña. XXXXXX representado por la Procuradora Dña. XXXXXX, y bajo la dirección letrada de Daniel Navarro Selguero, contra la entidad WIZINK BANK S.A, representada por el Procurador D. XXXXXX y bajo la dirección letrada de D. XXXXXX.


A
NTECEDENTES DE HECHO

Primero.- DEMANDA

Por la representación procesal de Dña. XXXXX se interpuso demanda de juicio ordinario por la que ejercitaba acción de nulidad radical, absoluta y originaria del contrato de crédito/tarjeta y acumuladamente reclamación de cantidad contra WIZINK BANK S.A, pretensión que basó en los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, y en concreto los siguientes:

La actora se define como consumidora, que el día 2 de diciembre de 2002 firmó un contrato con la entidad demandada de “Tarjeta de crédito classic plus” por un límite de crédito de 10.630 euros con un interés de 2 % mensual, 24 anual y la TAE era de 27,24 %.

El sistema que tenían es el sistema revolving o revolvente, que es una línea de crédito que permite sucesivas disposiciones-variables en el importe- hasta el límite concedido y durante toda la vida del contrato.

El capital disponible y los plazos se minoran o amplían en base a los reintegros que realiza el cliente, adaptándose el crédito progresivamente a las disposiciones efectuadas, de tal manera que las cuotas y plazos se recalculan sin previo aviso al cliente según el capital dispuesto.

Considera la nulidad del préstamo por usurario, entendiendo que se dan los requisitos legales y jurisprudenciales para ello.

Entiende así mismo que es un contrato de adhesión, sin controles de incorporación ni transparencia, incompatible con la legislación de protección a los consumidores y usuarios.

Considera abusiva la cláusula que fija el interés remuneratorio , sin información previa y que no permite su comprensión de una lectura, pues entiende que un consumidor medio no puede entender la cláusula “Revolving”.

Señala que la cláusula sobre el tipo de interés no puede superar los controles de incorporación y trasparencia no solo por falta de claridad, concreción y sencillez si no por incumplimiento de la normativa imperativa aplicable, por la escasa información dada, que hace que el consumidor no pueda alcanzar la comprensibilidad real de la operación, quedando vinculado a una contratación en absoluto desconocimiento del funcionamiento y repercusiones jurídicas y económicas del mismo.

Señala que en el presente procedimiento ni si quiera se encuentra una cláusula de interés remuneratorio, si no que los mismos se establecen en un pequeño apartado del contrato y en el anexo tanto de las nuevas condiciones aplicadas en el 2018, al que procede aplicar el control de abusividad y por tanto de su contenido.

Solicita en el petitum de la demanda por tanto:

1.- Que se declare la nulidad del contrato por usurario y se proceda conforme al art. 1303 cci..

2.- Todo ello con expresa condena en costas de la demandada.

Por escrito de 27 de julio de 2018 la actora amplía la demanda señalando que es un contrato de adhesión con condiciones generales, que no se dieron las explicaciones adecuadas previamente a la contratación y hace referencia a que la clausula de interés del reglamento de tarjetas que adjunta como documento 6 es prerredactada, predispuesta e incorporada a una pluralidad de contratos, concretando el petitum en el sentido de supletoriamente pedir la nulidad no del contrato entero si no de la cláusula de intereses remuneratorios por no superar el control de información y transparencia con los efectos restitutorios que procedan.

Segundo.- CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

Admitida a trámite la demanda se emplazó a la demandada para que contestara, contestando y oponiéndose.

Señala que respecto al pedimento que la actora ejercita como principal solicitando la nulidad por abusividad de varias cláusulas no puede prosperar por razones de orden técnico y o jurídico.

Señala que todas las clausulas del contrato superan el doble control de inclusión y de transparencia; que el tipo de interés remuneratorio, en tanto elemento esencial del contrato no está sujeto a control de abusividad; que las comisiones cobradas por el banco son válidas y eficaces; que las cláusulas cuya abusividad se solicita son lícitas y no abusivas; que las actuaciones de Dña. XXXXXX contraviene sus actos propios.

Respecto a la petición subsidiaria considera que los intereses no son usurarios.

Por lo que se refiere al procedimiento para la contratación de tarjetas: señala que el proceso se suele iniciar siempre por explicaciones verbales del comercial, en la que dice que se muestran las características esenciales, debiendo firmar para contratar la tarjeta el formulario que se adjunta como doc. 2, en cuyo reverso se encuentra el Reglamento de la tarjeta, después el banco valora la calidad crediticia del solicitante, envían la tarjeta, el cliente la activa y envían mensualmente al cliente extractos mensuales, señalando que el cliente puede elegir y modificar el uso de la tarjeta.

Considera que el contrato es y era válido y lícito, por lo que solicita la desestimación de la demanda oponiéndose a la misma.

Tercero.- AUDIENCIA PREVIA.

Se convocó a las partes a la Audiencia Previa el 15 de enero de 2020, afirmándose la actora y demandada en sus respectivos escritos de demanda y contestación, fijándose hechos controvertidos y previo trámite de proposición de admisión de prueba se acordó requerir de prueba documental a la demandada, por lo que la única prueba propuesta es la documental, acordándose que cuando se reciba la misma por economía procesal se harían las conclusiones e informe no interesando ninguna parte vista al ser la única prueba documental.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Ejercita la parte actora acción en petición de declaración de que las condiciones generales que regulan los intereses y comisiones no superan el control de transparencia y se deben de tener por no puestas y subsidiariamente se declare la nulidad del interés remuneratorio cuanto que sus intereses remuneratorios son usurarios.

Todo ello con condena a la demandada a pagar al actor la diferencia entre la cantidad abonada por el actor y el capital dispuesto por éste durante la vida del crédito. Junto con sus intereses legales y las costas.

Expone que el 2 de diciembre de 2002 suscribió la tarjeta, mediante el formulario que rellenó el propio comercial, no teniendo ocasión de conocer las condiciones económicas más allá de la vaga información que se proporcionó en la suscripción.

Adjunta copia del contrato como doc. 1, adjuntándose el original tras la reclamación a la demandada en la Audiencia Previa.

Añade que el interés fijado como remuneratorio es usurario por ser al ser notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado, razón por la cual considera que es contrario a lo establecido en la Ley de represión de la usura de 23 de julio de 1908.

Por tanto y como consecuencia de la nulidad de los intereses y comisiones procede devolver al actor la cantidad en tal concepto.

La parte demanda se opone a la reclamación articulada de adverso. No cuestiona ni el préstamo que documenta la actora ni su condición de consumidor.

Afirma que tanto el contrato como sus condiciones y pactos son válidos y que la actora ha venido abonado y usando la tarjeta desde hace años.

Afirma que el contrato cumple con la legislación de consumo vigente y que se ha facilitado toda la información solicitada.

Añade que las clausulas son transparentes, claras, concretas y sencillas de tal manera que el actor puede comprender de forma real y razonable las consecuencias económicas del contrato.

En cuanto a la aplicación de la Ley de Represión de la Usura refiere que lo suscrito por el actor es un contrato de tarjeta con un TIN y una TAE que está dentro de la horquilla prevista para este tipo de tarjeta Revolving.

Añade que todos los meses se le remitía un extracto mensual de los movimientos efectuados y en ningún momento manifestó su oposición, por lo que infiere que acepta las condiciones del crédito en su integridad.

Por todo ello se opone a la estimación de la demanda.

SEGUNDO.- La referida entidad acordó la cesión parcial de los activos y pasivos al Banco Popular-E, quien posteriormente, cambió de denominación, pasando a denominarse Wizink Bank, S.A., hecho notorio.

Afirma también que no le fueron explicadas ni sus condiciones más que vagamente.

Si bien los términos de la petición son amplios, lo cierto es que del tenor de la demandada se infiere que la petición de abusividad por falta de trasparencia se refiere a la cláusula de intereses y comisiones a la que se hace alusión en el Reglamento de la tarjeta.

TERCERO.- La parte demandante, conforme a la normativa protectora de consumidores y usuarios (art. 3 RD-Ley 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, TRLGDCU), y sobre los requisitos que deben cumplir las cláusulas no negociadas individualmente, ejercita una acción de nulidad, prevista en el art. 8 Ley 7/1998, de 13 de abril, de Condiciones  Generales de la Contratación, LGCC, frente a todas las condiciones generales que se contienen en el Anexo del Reglamento de la tarjeta VISA, por entender que son abusivas por falta de trasparencia de tal manera que se contraviene la regulación contenida en la Directiva 93/13/CEE, del Consejo, de 5 de abril de 1993.

El art. 4.2 de la Directiva 93/13 dispone que la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas «no se referirá a la definición del objeto principal del contrato, siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible».

El TJUE entiende que la exigencia de transparencia de las cláusulas contractuales establecida por la Directiva 93/13 no puede reducirse sólo al carácter comprensible en un plano gramatical, sino que ha de interpretarse de manera extensiva, como exigencia de que el contrato exponga de manera transparente el funcionamiento de las distintas cláusulas, de modo que un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y cuidadoso tenga la oportunidad no solo de conocerlas, sino también evaluar, basándose en criterios precisos y comprensibles, las consecuencias económicas potencialmente importantes para él de la aplicación de tales cláusulas.

Por ello hay que analizar o realizar un doble control, el denominado control de incorporación o inclusión (arts. 5.5 y 7 LCGC), y el control de transparencia propiamente dicho o control de comprensibilidad real (STS de 8 de septiembre de 2014) La Ley 7/1998, de 13 de abril, de condiciones generales de la contratación, incorpora un control de incorporación y un control de contenido.

El control de incorporación actuaría en la fase de perfección del contrato, buscando garantizar la correcta formación de la voluntad contractual por el adherente, sin analizar la legalidad intrínseca de la cláusula en cuestión, sino si ésta puede o no incorporarse válidamente en el contrato (arts. 5 y 7 LCGC: información, transparencia, claridad, concreción y sencillez; regla contra proferentem; nulidad de las cláusulas ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles), mientras el control de contenido afectaría al significado de cada estipulación contractual de un contrato correctamente formado (art. 8 LCGC: nulidad de pleno derecho de las condiciones generales que contradigan en perjuicio del adherente lo dispuesto en esta ley o en cualquier otra norma imperativa o prohibitiva, y, en particular, de las condiciones generales que sean abusivas) y obligaría a una tarea de depuración del contrato, que comienza por eliminar la cláusula abusiva y que continúa con la exigencia de una labor judicial activa de integración del contenido contractual, como alternativa a la inviabilidad del contrato.

La jurisprudencia comunitaria y el mismo Tribunal Supremo añadieron a estos controles un tercero, el de comprensibilidad real o transparencia propiamente dicha: no bastaba con que la cláusula fuera comprensible desde el punto de vista gramatical, sino que el empresario debía proporcionar al consumidor la información suficiente para garantizar que tuviera una oportunidad real de conocer las consecuencias económicas y jurídicas que asumía al celebrar el contrato.

En el caso de autos no es preciso efectuar más que el primero de los controles, el de incorporación, para advertir que no se superan por la entidad predisponente de las condiciones generales tanto por el tamaño y ubicación como por el enmascaramiento dentro de una amplia reglamentación que no distingue, ni resalta los distintos aspectos de las condiciones ni lo que a un consumidor medio le resulta relevante y necesita conocer desde el inicio.

El Tribunal Supremo claramente ha refrendado, que una cláusula que no supera el filtro de transparencia es directamente abusiva (SSTS, plenarias las cuatro, de 138/2015, de 24 marzo, 705/2015, de 23 diciembre, 367/2016, de 3 junio y 483/2016, de 14 julio).

Ninguna luz al respecto nos arroja el dictamen pericial de la demandada que no parte del contrato objeto de autos al señalar el mismo perito en el acto de la vista que no ha visto el concreto contrato objeto de los presentes.

CUARTO.- La declaración de nulidad de las condiciones generales de la contratación relativas a intereses y comisiones por no superar el control de incorporación conllevan no solo tal declaración sino el efecto de que la demandada abone al actor la suma que resulte de la diferencia entre la cantidad abonada por el actor y el capital dispuesto por éste desde la fecha de contratación (2 de diciembre de 2002) hasta el momento actual.

QUINTO.- Conforme al principio de rogación de parte a abonar devengará el interés legal desde la interposición de la demanda el 1 de febrero de 2019 hasta hoy.

El global resultante devengará el interés legal del artículo 576 LEC desde el día de hoy.

SEXTO.- En aplicación del artículo 394 de la LEC se imponen las costas a la parte demandada.

Vistos los preceptos citados y demás de legal y general aplicación,

FALLO

ESTIMAR ÍNTEGRAMENTE la demanda interpuesta por Dña. XXXXXX sobre nulidad de condiciones generales de la contratación de intereses, comisiones y gastos de tarjeta de crédito, contra la mercantil WIZINK BANK S.A., en consecuencia:

Declarar que las condiciones generales incluidas en el Anexo del Reglamento de la tarjeta Visa Cepsa, que regulan los intereses y comisiones, NO SUPERAN EL CONTROL DE TRANSPARENCIA, con lo que no deben tenerse por puestas, al no haberse incorporado válidamente al contrato;

Declarar que la demandante estará obligada a entregar a la entidad tan solo la suma recibida, cantidad que deberá minorarse con los pagos que efectúe el actor durante la tramitación del procedimiento hasta la sentencia debiendo la entidad demandada devolver la diferencia al actor en caso de que resulte un exceso;

Con condena en costas a la parte demandada.

Notifíquese esta ésta sentencia a las partes, haciéndoles saber, conforme a lo dispuesto en el artículo 248.4 de la LOPJ, la misma no es firme, y que contra ella cabe RECURSO DE APELACIÓN que, en su caso, deberá interponerse ante este juzgado para ante la Audiencia Provincial de Madrid dentro de los veinte -.20.- días siguientes al que se notifique esta resolución ( arts. 455 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil )

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Así por esta sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

El/la Juez/Magistrado/a Juez

PUBLICACIÓN: Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su notificación, dándose publicidad en legal forma, y se expide certificación literal de la misma para su unión a autos. Doy fe.

MUY IMPORTANTE: Si vas a realizar una consulta debes leer antes toda la información de la página CONSULTAS.

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