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Wizink Bank condenado a la retribución de 4.509,08 € por usar usura en un contrato de tarjeta revolving

Wizink Bank condenado a la retribución de 4.509,08 € por usar usura en un contrato de tarjeta revolving

Wizink Bank es condenada a la restitución de 4.509,08 € a un usuario de EZ por un contrato de tarjeta de crédito revolving usurario. El Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Vigo declara, por ende, la nulidad de dicho contrato.

El contrato litigioso es considerado nulo por utilizar un tipo de interés desproporcionado, fijado este en un T.I.N. del 22,29 % y una T.A.E. del 24,71 %, estableciendo un tipo de interés neto para compras y efectivo de 18,16 %, con TAE del 19,75 %, siendo estos parámetros determinantes para considerar abusivo dicho interés.

Este caso fue llevado a juicio por la Letrada Dña. María Lourdes Galvé Garrido, colaboradora de Economía Zero.

Por el Magistrado-Juez del caso, la entidad demandada es condenada a la devolución de la cantidad señalada anteriormente, así como al pago de los intereses legales.

Tras la estimación íntegra de la demanda, Wizink Bank es condenado igualmente al pago de las costas del proceso judicial.

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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 DE VIGO
JUICIO ORDINARIO 712/2018

SENTENCIA: 00073/2019

SENTENCIA

En Vigo, a 15 de marzo de 2019.

Vistos por Dña. XXXXX, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Vigo, los autos de juicio ordinario sobre condiciones generales de la contratación con el número 712/18, promovidos por D. XXXXX, representado por la Proc. Dña. XXXXX y asistida por la Letr. Dña. María Lourdes Galvé Garrido; contra Wizink Bank S.A., representado por el Proc. Sr. Jáñez Ramos y asistido por la Letr. Dña. XXXXX.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Por la representación de D. XXXXX se presentó demanda de juicio ordinario contra Wizink Bank S.A., en ejercicio de acción de nulidad por usura, y subsidiaria no incorporación de las condiciones generales relativas a intereses y comisiones por falta de transparencia, en el contrato de tarjeta Citibank concertada en fecha 2 de febrero de 2004.

Suplicaba se declarase la nulidad del contrato por usura, o de forma subsidiaria, que las condiciones generales relativas a fijación del interés remuneratorio, variación unilateral de condiciones del contrato y comisión de impagados; condenando a la demandada a la restitución recíproca de efectos, con intereses del art. 576 LEC, y al pago de las costas procesales.

SEGUNDO. Emplazada la demandada para contestar a la demanda, se opuso a la misma, alegando la existencia de documento contractual firmado por el cliente, que reúne los requisitos de claridad y transparencia, oponiéndose a la consideración del interés remuneratorio como usurario. Solicitaba desestimación de la demanda, con imposición de costas a la actora.

TERCERO. Convocadas las partes al acto de audiencia previa, ratificaron sus pedimentos y propusieron prueba, admitida y practicada con el resultado que obra en autos.

CUARTO. Evacuado el trámite de conclusiones por escrito, quedaron los autos en situación de resolver.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. El actor concertó con la demandada una tarjeta de crédito mediante documento de solicitud en fecha 2 de febrero de 2004, cuyo condicionado general en cuanto a las condiciones generales relativas a los intereses remuneratorios, amortizaciones, variación unilateral de condiciones y comisiones entiende no es transparente y /o abusiva, además de superar el interés normal para operaciones similares a la fecha.

Solicita la nulidad del contrato por usura, y de forma subsidiaria, que se declare que las citadas condiciones no cumplen con la transparencia exigible, porque no se facilitó al demandante información comprensible de forma verbal y el formato del contrato impide conocerlas.

La demandada alega que el documento contractual aportado de adverso está firmado por el actor, aceptando las condiciones financieras impugnadas. Alega que los extractos mensuales remitidos especificaban los conceptos cargados. Y finalmente, que el interés remuneratorio no es notablemente superior al interés de operaciones similares, que no son los préstamos al consumo, sino las condiciones específicas de las tarjetas de crédito con pago aplazado, que conforme a los datos publicados no son superiores a las fijadas en este contrato.

SEGUNDO. De acuerdo con el art. 1 de la Ley de Represión de la Usura, es usurario un contrato de préstamo o similar, con sanción de nulidad, cuando se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulten leoninos, habiendo motivos para estimar que han sido aceptados por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales.

La STS de 25 de noviembre de 2015, dictada por el Pleno de la Sala de lo Civil, revisa su doctrina sobre la usura en un crédito “revolving” concedido a consumidor.

La sentencia hace una interpretación extensiva del artículo 9 de la Ley de Represión de la Usura, entendiendo que dicho precepto es una manifestación de la flexibilidad de la regulación represora que permite que pueda ser aplicada a una operación crediticia que, por sus características, puede ser encuadrada en el ámbito del crédito al consumo.

Se inclina decididamente por una interpretación objetiva y declara que para que operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la ley, es decir que concurra un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso, sin que sea exigible que, acumuladamente «que haya sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales».

Para determinar la concurrencia de un «interés notablemente superior al normal del dinero», ha de tomarse en consideración no el interés nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE), esto es, el coste total del crédito para el consumidor, expresado como porcentaje anual del importe total del crédito concedido.

Para la citada determinación puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas.

En el supuesto de la STS, el TS considera que un interés del 24,6 % TAE debe considerarse «notablemente superior al normal del dinero» por la diferencia habida entre el TAE fijado en la operación y el interés medio de los préstamos al consumo en la fecha en que fue concertado (2001).

Además de ser notablemente superior al normal del dinero, es necesario para que el crédito sea usurario que el interés estipulado sea «manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso».

La novedad que introduce el TS es que para superar las dificultades de prueba del consumidor, traslada a la entidad financiera que concedió el crédito «revolving» la carga de justificar la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo.

Razona para ello que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico.

Las consecuencias de dicha nulidad son las previstas en el art. 3 de la Ley de Represión de la Usura, esto es, el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida, de forma que la liquidación del contrato ascenderá a la diferencia entre la suma entregada (cantidad financiada) y los pagos efectuados por el prestatario.

TERCERO. La operación litigiosa se concierta en el año 2004. El ejemplar del contrato, aportado por la demandada a requerimiento de la actora, fija en el Anexo al que remite la condición general 7 del Reglamento un T.I.N. del 22,29 % y una T.A.E. del 24,71 %. Los extractos aportados establecen un tipo de interés neto para compras y efectivo de 18,16 %, con TAE del 19,75 %.

Actora y demandada aportan la información estadística del Banco de España de los tipos aplicables a las operaciones de consumo, que en febrero de 2004 establece una T.A.E. media del 8,21 %, y de 8,28 % de media para el año completo.

La demandada entiende que el parámetro comparativo han de ser las operaciones de crédito revolving o crédito aplazado con tarjeta, de las que el Banco de España no ofrece datos sino a partir de 2010. En este sentido, el documento nº 6 de la contestación a la demanda, consistente en un informe del Banco de España, ofrece los datos de los tipos de tarjetas de crédito de pago aplazado desde junio de 2010, indicando que “hasta ese momento se incluía dentro de las nuevas operaciones de préstamos y créditos a Hogares e ISFLSH correspondientes al crédito al consumo”.

Se aportan igualmente por la demandada estadísticas del Banco de España que se refieren específicamente, entre otras modalidades de crédito, a la facilidad de crédito de hasta 4.000 euros en tarjeta de crédito cuya contratación no esté vinculada a la adquisición de bienes de consumo, con datos que abarcan desde el cuarto trimestre de 2012 al cuarto trimestre de 2015. Por tanto, muy posteriores al contrato litigioso, y que no pueden servir de parámetro comparativo.

La operación litigiosa es un «crédito revolving«, al que se refiere la memoria del Servicio de Reclamaciones del Banco de España de 2012, cuando expresa que «…este tipo de tarjetas se caracteriza por la posibilidad que tienen el titular de la misma de reintegrar de forma aplazada las cantidades dispuestas, mediante el pago de cuotas periódicas que el cliente puede elegir y cambiar dentro de unos mínimos establecidos por la entidad, con la característica de que con cada plazo pagado se reconstruyen los fondos disponibles por este importe.

A diferencia de un préstamo personal con un período de amortización determinado y un interés fijo durante dicho período, el crédito revolving implica que ni la cuota de devolución es siempre la misma, -pues depende de la conveniencia de las partes en cuanto a la devolución del dinero dispuesto-, ni el saldo decrece de forma proporcional, puesto que la cantidad que periódicamente se abona en concepto de devolución pasa a engrosar el saldo disponible que puede volver a ser otra vez utilizado…«.

Se trata de la misma operación que dio lugar al pronunciamiento de la STS de 25 de noviembre de 2015 antes analizada, en la que el TS utiliza el parámetro comparativo de los tipos de interés de los préstamos al consumo, y no el de operaciones de tarjeta con pago aplazado.

La STS de 25 de noviembre de 2015 consideró que una TAE del 24,6 % apenas superaba el doble del interés medio ordinario en las operaciones de crédito al consumo de la época en que se concertó el contrato (2001), pero que una diferencia de esa envergadura permite considerar el interés estipulado como «notablemente superior al normal del dinero».

La SAP de Barcelona 25 de junio 2013 consideró usurario un contrato similar concertado por Citibank con TAE del 22,29 % en el año 2005, por comparativa con el interés legal del dinero 4 % y el tipo de interés medio de los préstamos personales del 7,77 %.

Por su parte, la SAP Madrid sección 12ª de fecha 4 de febrero de 2016 consideró usurario, por aplicación de la reciente STS tantas veces citada, un contrato similar al litigioso, es decir, una tarjeta de crédito facilitada por Citibank a un consumidor, concertado en el año 2008 con un interés del 26 % TAE para disposiciones en efectivo, y de un 24,71 % TAE para compras.

La SAP Pontevedra de 27 de octubre de 2016 declara usurario un préstamo concertado en mayo de 2009 con un TAE de 23,14 %, por desproporción con el tipo publicado en las Tablas del Banco de España en las operaciones de crédito al consumo a plazo entre 1 y 5 años, cuyo interés anual era de 7,73 % y la TAE era de 10,31 %.

Los parámetros anteriores determinan la consideración usuraria del contrato litigioso, que produce su nulidad «radical, absoluta y originaria, que no admite convalidación confirmatoria, porque es fatalmente insubsanable, ni es susceptible de prescripción extintiva».

Las consecuencias de dicha nulidad son las previstas en el art. 3 de la Ley de Represión de la Usura, esto es, el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida, de forma que la liquidación del contrato ascenderá a la diferencia entre la suma entregada (cantidad financiada) y los pagos efectuados por el prestatario.

Partiendo del extracto aportado con la demanda, las compras y disposiciones ascendieron a 15.069,39 euros, y las cantidades abonadas a 19.578,47 euros, de modo que el resultado ofrece un saldo favorable a la actora de 4.509,08 euros, que la demandada debe abonar, con incremento de los intereses legales peticionados.

Ello conlleva la estimación de la acción principal.

CUARTO. En cuanto a la imposición de costas, resulta de aplicación el art. 394.1 LEC.

Vistos los preceptos invocados y demás de general y pertinente aplicación

FALLO

Estimando en su integridad la demanda promovida por la representación de D. XXXXX contra Wizink Bank S.A., debo declarar y declaro la nulidad por usurario del contrato de tarjeta concertado en fecha 2 de febrero de 2004; condenando a la demandada a abonar al actor la cantidad de 4.509,08 euros, más intereses legales, y al pago de las costas procesales.

Notifíquese a las partes.

Contra la presente resolución cabe recurso de apelación, que habrá de interponerse ante este Juzgado en el plazo de veinte días desde su notificación, para la Audiencia Provincial de Pontevedra.

Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J., para la admisión del recurso se deberá acreditar haber constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano, un depósito de 50 euros, salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente.

Así lo acuerdo, mando y firmo

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada que fue la anterior sentencia, por la Sra Juez que la autoriza, en audiencia pública, lugar y fecha en la misma indicados. Doy fe

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