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Anulan una tarjeta Citibank Visa de Wizink con una TAE del 26,82 % por usura

Anulan una tarjeta Citibank Visa de Wizink con una TAE del 26,82 % por usura

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 3 de Lliria, declara la nulidad de un contrato de tarjeta revolving Citibank Visa por aplicar intereses de usura a un usuario de Economía Zero.

El presente caso ha sido dirigido por Dña. María Lourdes Galvé Garrido, abogada colaboradora de Economía Zero desde hace años.

En el contrato litigioso, la entidad estableció para dicho usuario un interés del 26,82 % TAE, siendo el interés legal de los préstamos en ese año del 9 % y el interés de demora del 11 %, por lo que se determina el carácter abusivo del interés remuneratorio pactado y aplicado a lo largo de la vida del contrato, ya que no se ha justificado que concurrieran circunstancias excepcionales que justificaran el alto tipo de interés fijado.

El Magistrado Juez del caso, ante lo dispuesto en el caso de autos, condena a la parte demandada a la restitución a la parte actora de la cantidad que exceda del total del capital que le haya sido prestado

Por ello, se ha de tomar en cuenta el total de lo ya percibido por todos los conceptos cargados y percibidos al margen de dicho capital y que ya hayan sido abonados por la demandante con ocasión del citado documento o contrato, especialmente las cantidades que hayan sido cobradas por intereses remuneratorios y comisiones.

De la misma forma, los intereses legales a contar desde la interpelación judicial, incrementados en dos puntos desde el dictado de la Sentencia, son impuestos a la entidad bancaria.

Las costas procesales, dada la estimación íntegra de la demanda presentada, se imponen a la parte demandada.

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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 DE LLIRIA (VALENCIA)

Procedimiento: Asunto Civil 000319/2018

PARTE DEMANDANTE: D. XXXXX
Abogado: GALVE GARRIDO, MARIA LOURDES
Procurador: D. XXXXX

PARTE DEMANDADA: WIZINK BANK SA
Abogado: Dña. XXXXX
Procurador: D. XXXXX

SENTENCIA Nº 000241/2018

En Lliria, 26 de octubre de 2018.

Dña. XXXXX, Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 3 de Lliria, ha visto los presentes autos de Juicio Ordinario, seguidos en este Juzgado y registrados bajo el número de procedimiento 319/2018, a instancia de D. XXXXX, representado por el Procurador D. XXXXX y defendido por la Letrada Dña. María Lourdes Galvé Garrido, contra Wizink Bank, S.A, representada por el Procurador D. XXXXX y asistida por la Letrada Dña. XXXXX, sobre nulidad contractual y restitución de prestaciones.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Procurador D. XXXXX,en nombre y representación de D. XXXXX, interpuso, con fecha registro de entrada 26 de marzo de 2018, demanda de juicio ordinario en la que, tras alegar los hechos y fundamentos jurídicos que consideraba aplicables al caso, solicitaba que se dictase sentencia por la que:

  • Se declare la nulidad del contrato objeto de litis por usura o, subsidiariamente, la nulidad por falta de transparencia de la cláusula de fijación del interés remuneratorio, de variación unilateral de las condiciones del contrato y de comisión de impagados.

  • Se condene a la demandada a la restitución de los efectos dimanantes del contrato declarado nulo o de las cláusulas cuya nulidad sea declarada, con devolución recíproca de tales efectos, más los intereses del artículo 576.1 de la LEC y costas procesales.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, por decreto de fecha 28 de mayo de 2018 se emplazó a la parte demandada a fin de que en el plazo de veinte días contestase a la demanda, efectuándose el emplazamiento en fecha 05/06/2018.

El Procurador D. XXXXX, en nombre y representación de Wizink Bank, S.A, mediante escrito con fecha registro de entrada 3 de julio de 2018, contestó a la demanda presentada, oponiéndose a la misma, e interesando se dicte sentencia por la que se desestimen los pedimentos efectuados en su contra, con imposición de costas procesales a la parte demandada.

Por decreto de fecha 31 de julio de 2018, estando presentado en tiempo y forma el escrito de contestación a la demanda, se tuvo por comparecida a la parte demandada y se señaló día y hora para la celebración del acto de la audiencia previa.

TERCERO.- En el acto de la Audiencia Previa, celebrado el día 5 de octubre de 2018, ambas partes ratificaron sus respectivos escritos de demanda y contestación a la demanda y manifestaron la imposibilidad de alcanzar un acuerdo.

A continuación, una vez fijados los hechos objeto de controversia y realizada impugnación de documentos, habiendo sido admitido como único medio de prueba la documental obrante en autos, se dio por finalizada la vista quedando los autos pendientes de dictar sentencia, sin señalar fecha para la celebración del acto del juicio.

CUARTO.- En el presente procedimiento se han observado todas las prescripciones legales vigentes.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Por la parte actora, D. XXXXX, se promueve demanda de juicio ordinario frente a la entidad Wizink Bank, S.A, interesando se dicte sentencia por la que se declare la nulidad del contrato de tarjeta de crédito suscrito en fecha 12 de septiembre de 1996 con la entidad Citibank, por existencia de usura en la condición general que establece el interés remuneratorio aplicable y por falta de transparencia del clausulado del contrato, y por la que se condene a la parte demandada a restituir los conceptos reclamados de más en concepto de intereses y comisión de impagados, a determinar en fase ejecución de sentencia.

Alega la parte demandante que, en fecha 12 de septiembre de 1996, suscribió con la demandada la tarjeta de crédito Citibank Visa que llevaba incorporado el llamado crédito revolving, sin que se le explicara dicha circunstancia y estableciéndose como tipo de interés aplicable un TAE del 26,82 % cuando el TAE medio aplicable según la media oficial para créditos al consumo es del 9,067 %, por lo que concluye que los intereses aplicables en la tarjeta de crédito referida exceden del interés nominal de manera notable, y, de conformidad con la Ley de Represión de la Usura y jurisprudencia citada, en especial la STS de 23 de noviembre de 2015, debe declararse su nulidad, destacando además que el clausulado del contrato no supera el control de transparencia.

A la pretensión ejercitada se opone la entidad demandada, alegando que el contrato suscrito cumple la normativa de consumo vigente, habiendo facilitado al consumidor toda la información necesaria y suficiente sobre el coste del crédito e intereses aplicables, sin que se pueda predicar el carácter abusivo de sus cláusulas, ni que las mismas sean contrarias a derecho, afirmando que los intereses pactados se corresponden con el principio de libertad contractual y con un tipo medio y habitual en la contratación en el año 1996, con lo que no cabe su calificación como usuario; sostiene además que existió una información puntual en el momento de formalizar el contrato y que, en todo caso, la utilización de la tarjeta durante más de 19 años, sin formular queja ni reclamación alguna durante todo el referido periodo de tiempo, implica la confirmación del contrato, motivos por los que interesa la desestimación de la demanda presentada.

SEGUNDO.- El tema de los denominados créditos revolving ha sido analizado por el Tribunal Supremo en Sentencia de fecha 25 de noviembre de 2015, en la que se realiza un análisis pormenorizado de los intereses de este tipo de operaciones y su carácter usuario en los siguientes términos:

“1.- Se plantea en el recurso la cuestión del carácter usurario de un «crédito revolving» concedido por una entidad financiera a un consumidor a un tipo de interés remuneratorio del 24,6 % TAE.

El recurrente invoca como infringido el primer párrafo del art. 1 de la Ley de 23 julio 1908 de Represión de la Usura, que establece: «será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales» .

Aunque en el caso objeto del recurso no se trataba propiamente de un contrato de préstamo, sino de un crédito del que el consumidor podía disponer mediante llamadas telefónicas, para que se realizaran ingresos en su cuenta bancaria, o mediante el uso de una tarjeta expedida por la entidad financiera, le es de aplicación dicha ley, y en concreto su art. 1, puesto que el art. 9 establece: «lo dispuesto por esta Ley se aplicará a toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualesquiera que sean la forma que revista el contrato y la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido».

La flexibilidad de la regulación contenida en la Ley de Represión de la Usura ha permitido que la jurisprudencia haya ido adaptando su aplicación a las diversas circunstancias sociales y económicas. En el caso objeto del recurso, la citada normativa ha de ser aplicada a una operación crediticia que, por sus características, puede ser encuadrada en el ámbito del crédito al consumo.

2.- El art. 315 del Código de Comercio (LEG 1885, 21) establece el principio de libertad de la tasa de interés, que en el ámbito reglamentario desarrollaron la Orden Ministerial de 17 de enero de 1981, vigente cuando se concertó el contrato entre las partes, y actualmente el art. 4.1 Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre (RCL 2011, 1943, 2238), de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.

Mientras que el intes de demora fijado en una cláusula no negociada en un contrato concertado con un consumidor puede ser objeto de control de contenido y ser declarado abusivo si supone una indemnización desproporcionadamente alta al consumidor que no cumpla con sus obligaciones, como declaramos en las sentencias núm. 265/2015, de 22 de abril, y 469/2015, de 8 de septiembre, la normativa sobre cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores no permite el control del carácter «abusivo» del tipo de interés remuneratorio en tanto que la cláusula en que se establece tal interés regula un elemento esencial del contrato, como es el precio del servicio, siempre que cumpla el requisito de transparencia, que es fundamental para asegurar, en primer lugar, que la prestación del consentimiento se ha realizado por el consumidor con pleno conocimiento de la carga onerosa que la concertación de la operación de crédito le supone y, en segundo lugar, que ha podido comparar las distintas ofertas de las entidades de crédito para elegir, entre ellas, la que le resulta más favorable.

En este marco, la Ley de Represión de la Usura se configura como un límite a la autonomía negocial del art. 1255 del Código Civil (LEG 1889, 27) aplicable a los préstamos y, en general, a cualesquiera operación de crédito «sustancialmente equivalente» al préstamo.

Así lo ha declarado esta Sala en anteriores sentencias, como las núm. 406/2012, de 18 de junio, 113/2013, de 22 de febrero, y 677/2014, de 2 de diciembre .

3.- A partir de los primeros años cuarenta, la jurisprudencia de esta Sala volvió a la línea jurisprudencial inmediatamente posterior a la promulgación de la Ley de Represión de la Usura, en el sentido de no exigir que, para que un préstamo pudiera considerarse usurario, concurrieran todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el art. 1 de la ley.

Por tanto, y en lo que al caso objeto del recurso interesa, para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la ley, esto es, «que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», sin que sea exigible que, acumuladamente, se exija «que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales».

Cuando en las sentencias núm. 406/2012, de 18 de junio, y 677/2014 de 2 de diciembre, exponíamos los criterios de «unidad» y «sistematización» que debían informar la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, nos referíamos a que la ineficacia a que daba lugar el carácter usurario del préstamo tenía el mismo alcance y naturaleza en cualquiera de los supuestos en que el préstamo puede ser calificado de usurario, que se proyecta unitariamente sobre la validez misma del contrato celebrado.

Pero no se retornaba a una jurisprudencia dejada atrás hace más de setenta años, que exigía, para que el préstamo pudiera ser considerado usurario, la concurrencia de todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el párrafo primero del art. 1 de la Ley.

4.- El recurrente considera que el crédito «revolving» que le fue concedido por Banco Sygma entra dentro de la previsión del primer inciso del art. 1 de la Ley de Represión de la Usura en cuanto que establece un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado en relación con las circunstancias del caso.

La Sala considera que la sentencia recurrida infringe el art. 1 de la Ley de Represión de la Usura por cuanto que la operación de crédito litigiosa debe considerarse usuraria, pues concurren los dos requisitos legales mencionados.

El intes remuneratorio estipulado fue del 24,6% TAE. Dado que conforme al art. 315, párrafo segundo, del Código de Comercio «se reputará interés toda prestación pactada a favor del acreedor», el porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero no es el nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE), que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados.

Este extremo es imprescindible (aunque no suficiente por sí solo) para que la cláusula que establece el interés remuneratorio pueda ser considerada transparente, pues no solo permite conocer de un modo más claro la carga onerosa que para el prestatario o acreditado supone realmente la operación, sino que además permite una comparación fiable con los préstamos ofertados por la competencia.

El intes con el que ha de realizarse la comparación es el «normal del dinero». No se trata, por tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés «normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia» (sentencia núm. 869/2001, de 2 de octubre ).

Para establecer lo que se considera «interés normal» puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.).

Esa obligación informativa de las entidades tiene su origen en el artículo 5.1 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (BCE), que recoge la obligación de este último, asistido por los bancos centrales nacionales, de recopilar la información estadística necesaria través de los agentes económicos.

Para ello, el BCE adoptó el Reglamento (CE) nº 63/2002, de 20 de diciembre de 2001, sobre estadísticas de los tipos de interés que las instituciones financieras monetarias aplican a los depósitos y a los préstamos frente a los hogares y a las sociedades no financieras; y a partir de ahí, el Banco de España, a través de su Circular 4/2002, de 25 de junio, dio el obligado cumplimiento al contenido del Reglamento, con objeto de poder obtener de las entidades de crédito la información solicitada.

En el supuesto objeto del recurso, la sentencia recurrida fijó como hecho acreditado que el interés del 24,6 % TAE apenas superaba el doble del interés medio ordinario en las operaciones de crédito al consumo de la época en que se concertó el contrato, lo que, considera, no puede tacharse de excesivo.

La cuestión no es tanto si es o no excesivo, como si es «notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», y esta Sala considera que una diferencia de esa envergadura entre el TAE fijado en la operación y el interés medio de los préstamos al consumo en la fecha en que fue concertado permite considerar el interés estipulado como «notablemente superior al normal del diner.

5.- Para que el préstamo pueda ser considerado usurario es necesario que, además de ser notablemente superior al normal del dinero, el interés estipulado sea «manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso».

En principio, dado que la normalidad no precisa de especial prueba mientras que es la excepcionalidad la que necesita ser alegada y probada, en el supuesto enjuiciado no concurren otras circunstancias que las relativas al carácter de crédito al consumo de la operación cuestionada.

La entidad financiera que concedió el crédito «revolving» no ha justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo.

Generalmente, las circunstancias excepcionales que pueden justificar un tipo de interés anormalmente alto están relacionadas con el riesgo de la operación. Cuando el prestatario va a utilizar el dinero obtenido en el préstamo en una operación especialmente lucrativa pero de alto riesgo, está justificado que quien le financia, al igual que participa del riesgo, participe también de los altos beneficios esperados mediante la fijación de un interés notablemente superior al normal.

Aunque las circunstancias concretas de un determinado préstamo, entre las que se encuentran el mayor riesgo para el prestamista que pueda derivarse de ser menores las garantías concertadas, puede justificar, desde el punto de vista de la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, un interés superior al que puede considerarse normal o medio en el mercado, como puede suceder en operaciones de crédito al consumo, no puede justificarse una elevación del tipo de interés tan desproporcionado en operaciones de financiación al consumo como la que ha tenido lugar en el caso objeto del recurso, sobre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico.

6.- Lo expuesto determina que se haya producido una infracción del art. 1 de la Ley de Represión de la Usura, al no haber considerado usurario el crédito «revolving» en el que se estipuló un interés notablemente superior al normal del dinero en la fecha en que fue concertado el contrato, sin que concurra ninguna circunstancia jurídicamente atendible que justifique un interés tan notablemente elevado.

Examinado el presente contrato a la luz de la jurisprudencia citada estimamos que le es aplicable la ley de represión de la usura porque, si bien no se trata de un contrato de préstamo en sentido estricto, pueden aplicarse los criterios de la Ley de Usura (LEG 1908, 57) porque lo dispuesto en la citada ley es aplicable a toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualesquiera que sean la forma que revista el contrato y la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido.

En segundo lugar, porque el interés remuneratorio que se pactó puede calificarse de usuario ya que, en tales fechas, el interés remuneratorio en los créditos al consumo estaban en un 6% anual, si bien el normal, en este tipo de tarjetas, en los años 2004 y 2005, oscilaba entre el 12,68 % y el 26,82 %.

Pero la sentencia citada alude al interés normal del dinero, no al que los Bancos puedan fijar y, el pactado, es notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso sin que se haya invocado ni probado el concurso de circunstancias especiales que lo puedan justificar.

Por todo lo expuesto procede declarar que el tipo de interés pactado es usuario”.

La doctrina citada aplicada al caso de autos, en el que se pactó un TAE del 26,82 %, siendo que el interés legal de los préstamos en el año 1996 era del 9 % y el interés de demora era del 11 %, determina que deba declararse el carácter abusivo del interés remuneratorio pactado y aplicado a lo largo de la vida del contrato, por cuanto no ha quedado justificado que concurrieran circunstancias excepcionales que justificaran su fijación.

Las consecuencias que conlleva la declaración de usuario de los referidos intereses vienen también establecidas en la misma Sentencia en los siguientes términos:

<<1.- El carácter usurario del crédito «revolving» concedido por Banco Sygma al demandado conlleva su nulidad, que ha sido calificada por esta Sala como «radical, absoluta y originaria, que no admite convalidación confirmatoria, porque es fatalmente insubsanable, ni es susceptible de prescripción extintiva» sentencia núm. 539/2009, de 14 de julio.

2.- Las consecuencias de dicha nulidad son las previstas en el art. 3 de la Ley de Represión de la Usura , esto es, el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida>>.

Debe en consecuencia declararse la nulidad del contrato con la obligación de restitución recíproca de prestaciones, de modo que el demandante sólo debería haber abonado las cantidades percibidas o gastadas como principal, sin intereses ni comisiones.

TERCERO.- Tampoco se considera aplicable al presente caso la doctrina de los actos propios y la del retraso desleal y ello porque como señala la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de octubre de 2017:

«La precedente argumentación es perfectamente trasladable al caso de autos y aboca a la desestimación del recurso, sin que por último sea óbice el que se haya tardado 10 años en efectuar la reclamación, pues de ello no se infiere que estemos ante un acto propio como pretende la parte recurrente, ya que como señala entre otras la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 2004 (RJ 2004, 7383):

«En lo que atañe a la teoría de los actos propios, ciertamente esta Sala viene manteniendo la doctrina que se le atribuye en las sentencias, entre otras, que se citan, pero tal doctrina no es aplicable al caso por falta de base fáctica, toda vez que los hechos que se indican carecen de entidad -significación jurídica- para determinar el efecto pretendido.

Para aplicar el efecto vinculante, de modo que no sea admisible una conducta posterior contraria a la que se le atribuye a aquel, es preciso que los actos considerados, además de válidos, probados, producto de una determinación espontánea y libre de la voluntad, exteriorizados de forma expresa o tácita, pero de modo indubitado y concluyente, además de todo ello, es preciso que tengan una significación jurídica inequívoca, de tal modo que entre dicha conducta y la pretensión ejercitada exista una incompatibilidad o contradicción.

Por ello, la jurisprudencia exige una significación y eficacia jurídica contraria a la acción ejercitada (SS. entre otras, de 9 de mayo [RJ 2000, 3194], 13 de junio 2000 [RJ 2000, 5732] y 31 de octubre de 2001 [RJ 2001, 9639], 26 de julio de 2002, 13 de marzo de 2003), es decir, una eficacia jurídica bastante para producir una situación de derecho contraria a la sostenida por quien lo realiza; y ello implica, como reiteran infinidad de sentencias (entre las más recientes, 25 y 26-7-2000; 7 y 24-5 [RJ 2001, 3379], 23-11 y 21-12-2001; 25-1, 19-2, 15-3, 20-6 [RJ 2002, 5230], 19-11 y 9 y 30-12-2002 [RJ 2003,334]; 25-5- SIC, 28-10 [RJ 2003, 7770] y 28-11-2003 [RJ 2003, 8360]), la finalidad o conciencia de crear, modificar o extinguir algún derecho causando estado y definiendo o esclareciendo de modo inalterable la situación jurídica de que se trata.

Y como consecuencia, el principio general del derecho -fundado en la confianza y la buena fe que debe presidir las relaciones privadas- no es aplicable cuando los actos tomados en consideración tienen carácter ambiguo o inconcreto (sentencias de 9 de mayo de 2000, 23 de julio y de 21 de diciembre de 2001, 25 de enero y 26 de julio de 2002 , 23 de mayo de 2003 [RJ 2003, 5215]), o carecen de la trascendencia que se pretende para producir el cambio jurídico (SS. 9 de mayo de 2000, 15 de marzo [RJ 2002, 5700] y 26 de julio de 2002 [RJ 2002, 8550], 23 de mayo de 2003 [RJ 2003, 5215]) por lo que resulta tanto más carente de fundamento la pretensión del motivo si, como se dijo anteriormente, los hechos con eficacia normativa de acto propio («nemine licet adversus sua facta venire») requieren carácter definitivo y concluyente y significación inequívoca.

No debiendo olvidar que reclamaciones como la de autos han surgido a raíz de la S. del TS de 9-5-2013 (RJ 2013, 3088), lo que apunta la STS de 23-12-2015 (RJ 2015, 5714)«.

En el presente caso ha sido determinante la sentencia de 25 de noviembre de 2015 del Tribunal Supremo y por ello no cabe aplicar la doctrina citada en el escrito de contestación a la demanda al caso de autos.

Es por lo expuesto que, declarada la nulidad del contrato, debe condenarse a la parte demandada a la restitución de las cantidades abonadas de más sobre el capital dispuesto o disposiciones efectuadas, a determinar en ejecución de sentencia, mediante la diferencia entre las cantidades dispuestas y lo efectivamente abonado.

CUARTO.- En materia de costas procesales, dada la estimación íntegra de la demanda presentada, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 394 de la LEC, procede su imposición a la parte demandada.

FALLO

ESTIMANDO ÍNTEGRAMENTE la demanda presentada por el Procurador D. XXXXX, en nombre y representación de D. XXXXX, DEBO DECLARAR Y DECLARO la nulidad del contrato de tarjeta de crédito Citibank Visa, suscrito en fecha 12 de septiembre de 1996, entre D. XXXXX y Citibank (actualmente Wizink Bank, S.A), por existencia de usura en la condición general que establece el interés remuneratorio, CONDENANDO a la entidad demandada, a abonar al demandante la cantidad que exceda del total del capital que le haya prestado, tomando en cuenta el total de lo ya percibido por todos los conceptos cargados y percibidos al margen de dicho capital y que ya hayan sido abonados por la demandante con ocasión del citado documento o contrato, especialmente las cantidades que hayan sido cobradas por intereses remuneratorios y comisiones, lo que deberá determinarse en ejecución de sentencia, más los intereses legales a contar desde la interpelación judicial, incrementados en dos puntos desde el dictado de la Sentencia.

Se imponen las costas procesales a la parte demandada.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que frente a la misma cabe recurso de apelación que, en su caso, deberá interponerse ante este Juzgado dentro de los veinte días siguientes al que se notifique esta resolución.

Llévese el original al libro de sentencias.

Así lo pronuncia, manda y firma, Dña XXXXX, Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 3 de Lliria.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el/la Sr/a. Magistrado-Juez que la dictó, estando el/la mismo/a celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, el/Letrado de la A. Justicia, doy fe, en LLIRIA (VALENCIA) , a veintiséis de octubre de dos mil dieciocho .

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