Usuario de Economía Zero condena a Cofidis y recupera 9.806,90€

El Juzgado de 1ª Instancia nº6 de Mataró dicta sentencia y condena a Cofidis por usura teniendo que devolver 9.806,90€.

Entre las partes se suscribió un contrato de línea de crédito con fecha 12/09/2006 en el que se aplicaron unos intereses y clausulas abusivas por lo que procede la siguiente condena a Cofidis.

La parte actora presentó requerimiento extrajudicial solicitando, con carácter principal, la nulidad por intereses usurarios del contrato de crédito al consumo suscrito con la parte demandada en fecha12-9-2006. Con carácter subsidiario solicita la nulidad por abusividad o falta de transparencia de la cláusula de fijación de interés remuneratorio, costes y precio del contrato, o de las cláusulas de modificación unilateral de condiciones y de impagados.

El Magistrado estima la demanda declarando la nulidad del contrato suscrito entre las partes y condena a Cofdis a la devolución de todo lo pagado por encima del capital prestado inicialmente suma que asciende a 9.806,90€.

El Letrado colaborador de Economía Zero Don Martí Solá Yagüe ha sido el encargado de conseguir la siguiente condena a Cofidis.

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Juzgado de Primera Instancia nº6 de Mataró

Parte demandante/ejecutante: XXXX

Procurador/a: XXXX

Abogado/a: Martí Solá Yagüe

Parte demandada/ejecutada: Cofidis S.A., Sucursal en España

Procurador/a: XXXX

Abogado/a: XXXX

SENTENCIA Nº84/2021

Mataró, 8 de abril de 2021.

Magistrado-Juez: , Magistrado-Juez titular del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Mataró.

Procedimiento: Juicio Ordinario 383/2020-4

Objeto: Nulidad contractual por usura.

Parte Demandante: XXXX

Abogado/a: Sr. XXXX

Procurador/a: Sra. XXXX

Parte Demandada: COFIDIS SA Sucursal En España

Abogado/a: Sra. XXXX

Procurador/a: Sr. XXXX

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- En fecha 17-4-2020, tuvo entrada demanda de juicio ordinario, que por turno de reparto correspondió a este Juzgado, formulada por el/la Procurador/a Sra. XXXX, en representación de XXXX, contra COFIDIS SA Sucursal En España, en la que tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que consideraba aplicables solicitaba que se dictase sentencia que.

“DECLARE la nulidad por usura de la relación contractual objeto de autos; y subsidiariamente la nulidad de los contratos por no superar el doble control de transparencia en cuanto a las condiciones relativas al interés remuneratorio, al modo de amortización de la deuda, y a los costes y precio del contrato; y subsidiariamente la abusividad de las siguientes cláusulas y prácticas.

Cláusula que permite la modificación unilateral de las condiciones del contrato, y Comisión de impagados.

CONDENE a la demandada a la restitución de todos los efectos dimanantes del contrato declarado nulos desde el inicio del mismo hasta la resolución definitiva del procedimiento judicial incluyendo los devengados y abonados desde la presentación de la demanda hasta la terminación del proceso.

Y para el caso de nulidad de las cláusulas abusivas que se impugnan se la condene a restituir todos los efectos que estas hayan tenido desde su primera aplicación y hasta el fin del contrato. En todos los casos deberá pagar los intereses legales y procesales, y las costas del pleito.”

Segundo.- De la demanda y los documentos adjuntos se dio traslado a la parte demandada, que en fecha 14-8-2020 presentó escrito de contestación por el que solicitaba la desestimación de la demanda con condena en costas a la parte actora.

Tercero.– El día 1-2-2021 se celebró la audiencia previa con la asistencia de las partes y el resultado obrante en las actuaciones.

Como prueba se admitió la documental por reproducida y más documental, tras cuya práctica las partes evacuaron por escrito el trámite de conclusiones y quedaron las actuaciones vistas para sentencia en fecha 31-3-2021.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Cuestiones controvertidas.

La parte actora solicita, con carácter principal, la nulidad por intereses usurarios del contrato de crédito al consumo suscrito con la parte demandada en fecha 12-9-2006.

Con carácter subsidiario solicita la nulidad por abusividad o falta de transparencia de la cláusula de fijación de interés remuneratorio, costes y precio del contrato, o de las cláusulas de modificación unilateral de condiciones y de impagados.

Todo ello con condena a la restitución de los efectos del contrato o de las cláusulas declaradas nulas, más intereses y costas.

La parte demandada niega tanto el carácter usurario de los intereses remuneratorios como el carácter abusivo de las cláusulas controvertidas. También se opone la parte demandada a la fijación de la cuantía como indeterminada e invoca el retraso desleal en el ejercicio de la acción por parte de la demandante.

Sobre la cuestión de la cuantía, no cabe más que ratificar su fijación como indeterminada. La acción principal ejercitada es la de nulidad de todo el contrato de crédito, por usura de los intereses remuneratorios, de modo que le resulta de aplicación el art. 251.8º LEC: “8.ª En los juicios que versen sobre la existencia, validez o eficacia de un título obligacional, su valor se calculará por el total de lo debido, aunque sea pagadero a plazos”.

Los efectos que la nulidad por usura podrían conllevar no pueden ser cuantificados económicamente en el momento de inicio del procedimiento, ya que resultarían de la aplicación de cálculos diferenciales entre las prestaciones de las partes, a cuya restitución recíproca cabría que fueran condenadas ambas.

Por lo que en el momento de admisión de la demanda la cuantía aparece como indeterminada, tal y como se acordó en el decreto de admisión a trámite por aplicación del art. 253.3 LEC.

Segundo.- El retraso desleal en el ejercicio de la acción.

Este primer motivo de oposición a la demanda debe ser desestimado, ya que el fundamento de la demanda son recientes pronunciamientos judiciales sobre el carácter usurario de los intereses remuneratorios incluidos en contratos como el que en su día suscribió el demandante.

En este sentido se pronuncia por ejemplo la SAP Barcelona secc. 19 de 5-3-2020 cuyo criterio se acoge en esta sentencia.

“En este tipo de supuestos no cabe acudir a la doctrina del retraso desleal. Como señala la SAP de Valladolid, Civil sección 3 del 17 de junio de 2019 (ROJ: SAP VA 861/2019 – ECLI:ES:APVA:2019:861): «No cabe tampoco acudir a la -también invocada- doctrina del retraso desleal en el ejercicio de la acción por parte del demandante.

El mero trascurso del tiempo -vigente la acción- no es suficiente para que el banco demandado razonablemente pudiera deducir una conformidad del actor que entrañara la renuncia del derecho que ejercita en su demanda, y para cuyo reconocimiento invoca una reciente doctrina jurisprudencial».”

Tercero.– La nulidad por usura de los intereses remuneratorios.

La acción principal es, como se ha dicho, la de nulidad por usurarios de los intereses remuneratorios del contrato suscrito por las partes, pretensión que debe resolverse en aplicación de la Ley de 23 de julio de 1908, sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios. Sobre dicha acción debe recordarse lo siguiente.

Conforme al art. 1 de la Ley de 23 de julio de 1908 sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios, se considera nulo todo contrato de préstamo en que se estipule «un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso».

Sin que sea exigible acumuladamente que haya sido aceptado por el prestatario «a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales» según declaró expresamente el Tribunal Supremo en su sentencia 149/2020, de 4 de marzo.

En relación al concepto de ‘”interés notablemente superior al dinero”, la STS del Pleno núm. 628/2015 de 25 de noviembre, precisa que, si conforme al art. 315

CCom se reputa interés «toda prestación pactada a favor del acreedor», el interés que debe tomarse en consideración no es el nominal sino la tasa anual equivalente (TAE), que se calcula teniendo presente cualesquiera pagos que ha de realizar el prestatario al prestamista por razón del préstamo.

La misma STS 628/2015 determina que, para conocer cuál sea el “interés normal” del dinero puede acudirse a las estadísticas que elabora y publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente le remiten las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican en sus operaciones activas y pasivas, por lo que no es correcto utilizar como término de comparación el interés legal del dinero.

La STS 149/2020 añade la prevalencia de las categorías específicas frente a las más amplias cuando la operación crediticia puede subsumirse en más de una categoría estadística, como sucede actualmente con los tarjetas de crédito y revolving, y las operaciones de crédito al consumo.

La primera cuestión controvertida es la de la calificación del contrato como de crédito al consumo o de préstamo “revolving”, pues de ello dependerá el tipo de interés con el que comparar el litigioso, en relación con los distintos apartados de las tablas estadísticas del Banco de España.

La Exposición de Motivos de la Orden ETD/699/2020, de 24 de julio, de regulación del crédito revolvente, señala que «los créditos de duración indefinida con carácter revolvente o revolving presentan ciertas especialidades que los hacen susceptibles de un tratamiento regulatorio diferenciado.

El principal elemento que los caracteriza es que el prestatario puede disponer hasta el límite de crédito concedido sin tener que abonar la totalidad de lo dispuesto a fin de mes o en un plazo determinado.

Sino que el prestatario se limita a reembolsar el crédito dispuesto de forma aplazada mediante el pago de cuotas periódicas cuyo importe puede elegir y modificar durante la vigencia del contrato dentro de unos mínimos establecidos por la entidad.

La cuantía de las cuotas puede variar en función del uso que se haga del instrumento del crédito y de los abonos que se realicen por el prestatario.

Las cuantías de las cuotas destinadas a la amortización del capital que el prestatario abona de forma periódica vuelve a formar parte de su crédito disponible (de ahí su nombre, revolvente o revolving), por lo que constituye un crédito que se renueva de manera automática en cada vencimiento, de tal forma que en realidad es un crédito rotativo equiparable a una línea de crédito permanente.

Si bien es cierto que actualmente el principal medio de disposición de los créditos revolving son las denominadas tarjetas revolving, nada impide que, dado el progreso tecnológico exponencial en esta área, se desarrollen nuevas formas de prestar el servicio de crédito revolvente asociado a otros instrumentos de pago.»

En el presente caso, según se indica en la demanda y no ha resultado controvertido, el contrato se suscribió inicialmente para la financiación del precio de reparación de un vehículo (1.200 euros).

Pero del extracto de movimientos aportado con la demanda también resulta que el demandante fue realizando otras disposiciones de importes a cargo de la línea de crédito hasta el año 2019, por lo que la relación contractual debe ser considerada como crédito “revolving” y no como préstamo al consumo.

Ya que las varias disposiciones del crédito que fue haciendo el demandante durante unos 13 años de vigencia del contrato encajan más en la descripción de este tipo de contratos que se contiene en la antes citada Exposición de Motivos de la Orden ETD/699/2020.

Por lo tanto, el “interés normal del dinero” con el que debe compararse el TAE pactado en el contrato controvertido sería el propio de los créditos “revolving” correspondiente al momento en que el contrato fue suscrito (septiembre de 2006).

Pero lo cierto es que el Banco de España no dispone de publicaciones correspondientes a los tipos medios de interés de las operaciones “revolving” para septiembre de 2006.

Los datos más antiguos que constan en la web del Banco de España corresponden al año 2007 y refieren solamente a “operaciones de crédito al consumo” el tipo de interés medio oscila entre el 9,36 y el 10,15% TAE, por lo que es este el tipo de interés que debe considerarse como “interés normal del dinero” y compararse con el controvertido, pactado al 22,95% TAE según los docs. 4 y 6 de la demanda.

Y en esta comparación queda claro que los intereses remuneratorios pactados resultan superiores al doble del que puede considerarse interés normal del dinero en el momento de la contratación, y por tanto, notablemente superior al mismo.

La parte demandada no consigue acreditar que las circunstancias particulares del demandante justificaran este incremento notable en el tipo de interés remuneratorio pactado. De hecho, escasas referencias se hacen en la contestación a que las circunstancias personales del demandante justificaran la inclusión de tal tipo de interés.

Por todo ello, debe declararse que el interés remuneratorio pactado en el contrato controvertido resulta notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso, por lo que se cumplen los requisitos para que sea declarado usurario y por tanto nulo, sin que tal nulidad admita convalidación o confirmación (STS 25-11-2015).

Cuarto.- Efectos de la nulidad por usura.

La declaración de usurarios de los intereses remuneratorios incluidos en el contrato controvertido produce los efectos previstos en el art. 3 de la Ley de Represión de la Usura, según el cual.

“Declarada con arreglo a esta ley la nulidad de un contrato, el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida; y si hubiera satisfecho parte de aquélla y los intereses vencidos, el prestamista devolverá al prestatario lo que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del capital prestado.”

Por lo tanto, y dado que los documentos aportados no permiten determinar en este momento el importe total ya pagado por la parte actora y la cantidad del mismo imputada al pago de los intereses remuneratorios declarados nulos por usurarios, en fase de ejecución de sentencia deberán determinarse dichos importes y por su diferencia.

Deberá fijarse si la parte demandante con los pagos ya efectuados ha pagado más del capital que le fue prestado, en cuyo caso la parte demandada deberá abonarle dicha diferencia.

Todo ello supone la estimación de la pretensión principal de la demanda y hace innecesario resolver sobre las pretensiones subsidiarias.

Quinto.– Intereses.

El art. 576.1 LEC establece que “Desde que fuere dictada en primera instancia, toda sentencia o resolución que condene al pago de una cantidad de dinero líquida determinará, en favor del acreedor, el devengo de un interés anual igual al del interés legal del dinero incrementado en dos puntos o el que corresponda por pacto de las partes o por disposición especial de la ley.”

En el presente caso, no procede incluir en la condena estos intereses pues no será hasta su liquidación en ejecución de sentencia cuando se podrá determinar el importe exacto de la cantidad que, en su caso, la parte demandada debe pagar a la demandante, con las bases fijadas en esta sentencia conforme al art. 219 LEC.

Sexto.– Costas procesales.

En materia de costas, el art. 394.1 LEC dispone que “en los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.”

En el presente caso, se ha producido la estimación íntegra de la pretensión principal de la demanda, por lo que debe condenarse a la parte demandada al pago de las costas procesales causadas en esta instancia.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación.

FALLO

Estimo íntegramente la demanda formulada por contra COFIDIS SA Sucursal En España; declaro la nulidad por usurarios de los intereses remuneratorios incluidos en el contrato suscrito por las partes en fecha 12-9-2006.

Y condeno a la parte demandada a pagar a la parte actora la diferencia, si existiera, entre el total de los importes pagados por la parte demandante en virtud del contrato y el capital prestado más comisiones y otros conceptos no declarados nulos en la sentencia, debiendo fijarse en ejecución de sentencia dicho importe.

Con condena a la parte demandada al pago de las costas procesales causadas en esta instancia.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que no es firme y que contra ella cabe interponer recurso de apelación, ante este mismo Juzgado, para su resolución por la Audiencia Provincial de Barcelona, en el plazo de veinte días desde su notificación, previa la consignación del depósito legalmente preceptivo (art. 455 LEC).

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

El Magistrado