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Hucha de reclamaciones de EZ

Una tarjeta de crédito del Banco Sabadell es anulada por usura y su propietario recupera 3.187,68 €

Tarjeta de crédito del Banco Sabadell es anulada por usura y su propietario recupera 3.187,68 €

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de Mislata estima la demanda presentada por un usuario de EZ contra Banco Sabadell S.A. y declara la nulidad por usura del contrato de su tarjeta de crédito.

El interés al que estaba sujeto el contrato de dicha tarjeta de crédito era del 25,34 % TAE, mientras que el tipo de interés medio para este tipo de productos financieros no superaba el 10,15 % en aquel momento. Es decir, el demandante estaba soportando unos intereses más del doble de onerosos de la media aquel momento en el mercado.

Por ello, y apoyándose en La Ley de la Represión de la Usura, la Magistrada del caso declaró la nulidad del contrato de la tarjeta de crédito, obligando a Banco Sabadell S.A. a devolver a su cliente todas las cantidades pagadas por éste por encima de las que realmente le fueron prestadas: 2.303,30 €.

El caso fue dirigido por la Letrada Lourdes Galvé Garrido, del Despacho Solà Galvé Abogados -colaboradores desde hace años de Economía Zero-. Además de la devolución de 2.303,30 € para el usuario de EZ, también consiguió anular la deuda de 584,38 € que la entidad reclamaba al cliente. Por lo tanto, el beneficio económico total obtenido por el usuario de EZ ascendió a 3.187,68 €.

Por último, la Magistrada, debido a la íntegra estimación de la demanda del cliente, condenó a la parte demandada al total pago de las costas procesales.

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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 1 MISLATA

Procedimiento: Procedimiento Ordinario [ORD] – 000314/2018
(Materia estadística: Nulidad)

SENTENCIA Nº 68/19

Mislata, a 15 de mayo de 2019

Jueza: XXXXXXX

Demandante: XXXXXXX
Procurador: XXXXXXX
Abogado: Lourdes Galvè Garrido

Demandado: Banco Sabadell S.A.
Procurador: XXXXXXX
Abogado: XXXXXXX

Objeto del juicio: Nulidad.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El procurador XXXXXXX, en nombre y  representación  de XXXXXXX presentó  demanda  de  juicio ordinario en la que tras alegar los hechos y fundamentos jurídicos que estima de aplicación, solicita que se dicte sentencia en la que se declare la nulidad del contrato de tarjeta de crédito de fecha 26 de junio de 2009, ampliado el 25 de octubre de 2010 por interés remuneratorio usurario, subsidiariamente la nulidad de la clausula de fijación de interés remuneratorio por no superar el control de inclusión, subsidiariamente la nulidad de la clausula de fijación de interés remuneratorio, interés moratorio, capitalización de intereses, comisión de impagados, gastos procesales a cargo del cliente por no superar el control de transparencia, subsidiariamente la nulidad de las condiciones generales de la contratación por ser abusivas y se condene a la parte demandada a restituir los efectos de los contratos declarados nulos o de las clausulas cuya nulidad se declare, con devolución reciproca de efectos y por ultimo que se condene a la parte demandada al abono de las costas.

Segundo.- La demanda se admitió a trámite, en virtud de decreto de fecha de 23 de mayo de 2018 y se emplazó a la demandada para que contestara en el plazo de 20 días. La parte demandada presentó escrito de contestación a la demanda en el que se oponía a la pretensión de la actora alegando caducidad de la acción.

Tercero.– El 9 de noviembre de 2018 se celebró la audiencia previa. Las partes se ratificaron en sus respectivos escritos y solicitaron el recibimiento del pleito a prueba. La prueba propuesta y admitida por la actora fue la documental y testifical del empleado que comercializó la tarjeta de crédito litigiosa. A la parte demandada la documental.

Cuarto.- La parte demandante por escrito de 20 de marzo de 2019 solicitó que ante la imposibilidad de citar al testigo prepuesto, se suspendiera la vista y se concediera a las partes tramite para formular conclusiones. Evacuado el tramite conferido, por diligencia de ordenación de 16 de abril de 2019 quedaron los autos sobre la mesa de su SSª para dictar sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Por la parte actora se ejercita acción tendente a declarar la nulidad del contrato de tarjeta de crédito de fecha 26 de junio de 2009, ampliado el 25 de octubre de 2010 por interés remuneratorio usurario, subsidiariamente la nulidad de la clausula de fijación de interés remuneratorio por no superar el control de inclusión, subsidiariamente  la nulidad de la clausula de fijación de interés remuneratorio, interés moratorio, capitalización de intereses, comisión de impagados, gastos procesales a cargo del cliente por no superar el control de transparencia, subsidiariamente la nulidad de las condiciones generales de la contratación por ser abusivas y se condene a la parte demandada a restituir los efectos de los contratos declarados nulos o de las clausulas cuya nulidad se declare, con devolución reciproca de efectos y por ultimo que se condene a la parte demandada al abono de las costas. La parte demandada se opone a las pretensiones de la demandante.

Segundo.- La parte actora alega que tiene la condición de consumidor (cuestión no controvertida por la contraria) y que el interés remuneratorio fijado en el contrato es usurero. El interés remuneratorio u ordinario, en cuanto que es el precio que se paga por tomar dinero a préstamo, forma parte esencial del contrato y, consecuentemente, la cláusula que lo establece queda excluida de cualquier control de abusividad, dado que dicho control solo puede proyectarse sobre cláusulas no esenciales del contrato, es decir aquellas que para el caso de ser suprimidas, no afectarían a la subsistencia del contrato.

Pero ello no significa que el interés remuneratorio se encuentre exento de cualquier control, pues, de un lado se encuentra el control de validez que resulta de la Ley de 23 de julio de 1908, de la Usura, si es alegado por la parte y, por otro, el de transparencia que impone la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación, que es posible realizar de oficio.

En este sentido, la sentencia de Pleno del TS de 25 de noviembre de 2015 afirma que: «Aunque en el caso objeto del recurso no se trataba propiamente de un contrato de préstamo, sino de un crédito del que el consumidor podía disponer mediante llamadas telefónicas, para que se realizaran ingresos en su cuenta bancaria, o mediante el uso de una tarjeta expedida por la entidad financiera, le es de aplicación dicha ley, y en concreto su art. 1, puesto que el art. 9 establece: «Lo dispuesto por esta Ley se aplicará a toda operación sustancialmente  equivalente a un préstamo de dinero, cualesquiera que sean la forma que revista el contrato y la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido». La flexibilidad de la regulación contenida en la Ley de Represión de la Usura ha permitido que la jurisprudencia haya ido adaptando su aplicación a las diversas circunstancias sociales y económicas.

En el caso objeto del recurso, la citada normativa ha de ser aplicada a una operación crediticia que, por sus características, puede ser encuadrada en el ámbito del crédito al consumo…» «la normativa sobre cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores no permite el control del carácter abusivo del tipo de interés remuneratorio en tanto que la cláusula en que se establece tal interés regula un elemento esencial del contrato, siempre que cumpla el requisito de transparencia  y la Ley de Represión de la Usura se configura como un límite a la autonomía negocial».

Y en dicha sentencia se argumenta y justifica la procedencia de esta aplicación de la Ley de Usura, a contratos de crédito distintos al tradicional de préstamo y así, se declara en la misma: «En este marco, la Ley de Represión de la Usura se configura como un límite a la autonomía negocial del art. 1255 del Código Civil Legislación citada aplicable a los préstamos, y en general, a cualesquiera operación de crédito «sustancialmente equivalente» al préstamo.

Y concluye que el interés remuneratorio estipulado del 24,6 % es usuario, teniendo en cuenta que «Dado que conforme al art. 315, párrafo segundo, del Código de Comercio, «se reputará interés toda prestación pactada a favor del acreedor», el porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero no es el nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE), que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados.

Este extremo es imprescindible (aunque no suficiente por sí solo) para que la cláusula que establece el interés remuneratorio pueda ser considerada transparente, pues no solo permite conocer de un modo más claro la carga onerosa que para el prestatario o acreditado supone realmente la operación, sino que además permite una comparación fiable con los préstamos ofertados por la competencia».

Tercero.- Para examinar el carácter usurero, es preciso analizar si concurren los presupuestos necesarios, especialmente con fundamento en la STS. Pleno de 25 de noviembre de 2015:

1- Para que un préstamo pueda considerarse usurario no es necesario que concurran todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el art. 1 de la Ley de Represión de la Usura de 1908. Esto es, para que la operación crediticia pueda ser considerada como usuraria basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la ley, esto es, «que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso» (presupuesto objetivo), sin que sea exigible que, acumuladamente, se exija «que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales» (presupuesto subjetivo).

2- El  porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero no es el nominal (TIN), sino la tasa anual equivalente (TAE).

3- El interés con el que ha de realizarse la comparación es el «normal del dinero». No se trata, por tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés «normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia», para cuya determinación debe acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas.

4- Ha de ser la entidad financiera que concede el crédito la que justifique «la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo«, puesto que «la normalidad no precisa de especial prueba». La normalidad no precisa de especial prueba mientras que la excepcionalidad necesita ser alegada y probada.

Cuarto.- Y en el caso de autos, se pactó un TAE del 25,34 %, siendo que en el año 2019 el TAE era 10,15 % y el interés legal del dinero era del 4 %, y el establecido por la demandada supera en mas del doble aquél tipo medio, por lo que debe considerarse usurario, no habiéndose justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal, ni la concurrencia de ninguna circunstancia jurídicamente atendible que justifique un interés tan notablemente elevado, ya que no se ha comprobado adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por lo que debe concluirse que se trata de un interés superior al normal del dinero y desproporcionado a las circunstancias del caso.

En consecuencia, el carácter usuario del crédito concedido conlleva a su nulidad y por lo tanto el prestatario solo eta obligado a entregar la suma recibida.

Quinto.- Costas.

De acuerdo con el artículo 394 y ss de la Ley de Enjuiciamiento Civil, procede condenar en costas a la parte demandada, al haberse estimado la pretensión de la parte demandante.

FALLO

Estimo la demanda presentada por XXXXXXX contra Banco Sabadell S.A. y declaro la nulidad del contrato de tarjeta de crédito de fecha 26 de junio de 2009, ampliado el 25 de octubre de 2010 por interés remuneratorio usurario. En consecuencia, la parte actora únicamente deberá devolver la cantidad recibida. Con expresa condena a la parte demandada al pago de las costas del proceso.

Contra la presente cabe recurso de apelación conforme a los art. 455 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil, debiendo interponerse el mismo en el plazo de veinte días, contados desde su notificación

Así por esta mi sentencia,  juzgando en esta instancia lo pronuncio, mando y firmo,

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el/la Sr/a. Magistrado-Juez  que la dictó, estando el/la mismo/a celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, el/la Letrado A. Justicia doy fe, en MISLATA , a quince de mayo de dos mil diecinueve .

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