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Una consumidora recupera 6.864,4 € de una tarjeta de crédito de EVO FINANCE

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Evo Finance, actual propietaria de una tarjeta de crédito contratada en el año 2003 con MBNA/Avant, fue condenada en Primera Instancia a anular el contrato de dicha tarjeta de crédito y a devolver a la demandante, una consumidora, la cantidad de 6.864,4 € en concepto del capital pagado en exceso sobre el que efectivamente le había prestado la entidad.

Evo Finance presento recurso ante la Audiencia Provincial, y ésta estima todo lo dictado por el Juzgado de Primera Instancia (la nulidad del contrato y la condena a Evo Finance de tener que devolver a la demandante todo el capital pagado que exceda del realmente prestado), salvo el importe de la cuantía que Evo Finance tendrá que devolver, que se modifica de 6.989,40 € a 6.884,40 €, es decir, una diferencia de 105 € a favor de la entidad.

En esta sentencia de la AP de Oviedo, se deja bien claro que los argumentos que Evo Finance pretendía dar como válidos en su escrito de recurso, no tienen fundamento jurídico alguno, puesto que Evo Finance intentaba relacionar la financiación de los contratos de préstamos al consumo con la adquisición de bienes duraderos o de servicios pactados de amortización en un plazo largo, mientras que, según la entidad, las tarjetas de crédito permitirían cubrir necesidades de financiación a corto plazo.

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AUDIENCIA PROVINCIAL SECCIÓN Nº 5 OVIEDO

SENTENCIA: 00087/ 2018

Rollo: RECURSO DE APELACIÓN (LEÓN) 000083/2018

ILmos. Sres. Magistrados:

DON XXXXXX

DOÑA XXXXXX

DON XXXXXX

En OVIEDO, a dos de Marzo de dos mil dieciocho.

VISTOS, en grado de apelación, por la Sección Quinta de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de Procedimiento Ordinario nº 418/17, procedentes del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Oviedo, Rollo de Apelación nº 83/18, entre partes, como apelante y demanda EVO FINANCE, ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO, S.A.U., representada por la Procuradora Doña XXXXXX y bajo la dirección de la Letrado Doña XXXXXX, representada por la Procuradora Doña XXXXXX y bajo la dirección del Letrado Don XXXXXX.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Se aceptan los antecedentes de hecho de la sentencia apelada.

SEGUNDO.- El Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Oviedo dictó sentencia en los autos referidos con fecha quince de diciembre de dos mil diecisiete, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: “FALLO:

Que ESTIMADO ÍNTEGRAMENTE la demanda interpuesta por la Procuradora Doña XXXXXX, en la representación que tiene encomendada, se declara el carácter usurario de la tarjeta de crédito objeto de la presente litis, y por ende, el contrato se declara nulo, no pudiendo la demandada cobrar ningún interés ni comisión por las cantidades prestadas o las que fue disponiendo la actora, debiendo por ello devolver a la misma la cantidad de 6.989,40 euros, más los intereses devengados desde la fecha de cada cobro y hasta la presente sentencia y, desde la misma y hasta el completo pago, los previstos en el art. 576 de la LEC.

Las costas procesales se imponen a la parte demandada.”.

TERCERO.- Notificada la anterior sentencia a las partes, se interpuso recurso de apelación por Evo Finance, Establecimiento Financiero de Crédito, S.A.U., y previstos los traslados ordenados en el art. 461 de la L.E.C., se remitieron los autos a esta Audiencia Provincial con las alegaciones escritas de las partes, no habiendo estimado necesario la celebración de vista.

CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

VISTOS, siendo Ponente la ILma. Sra. DOÑA XXXXXX.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Por la actora Doña XXXXXX se promovió demanda de juicio ordinario frente a la sociedad Evo Finance, Establecimiento Financiero de Crédito, S.A.U. interesando la nulidad del contrato de tarjeta de crédito suscrito con la demandada, por el carácter usurario del interés remuneratorio estipulado, por lo que debe declararse nulo el contrato y en consecuencia la demandada no podrá cobrar ningún interés ni comisión por las cantidades prestadas o de las que fue disponiendo la actora.

Debiendo la demandada reintegrar a la actora la cantidad que le ha cobrado en exceso sobre la cantidad financiada, lo que supone la cifra de 6.989,40 €. También se efectúan en la demanda otras peticiones, unas alternativas, concretamente tres pretensiones, y cuatro de carácter subsidiario.

A la pretensión actora se opuso la parte demandada. El Juzgador “a quo” acogió la demanda en su integridad. Frente a esta resolución interpuso la demandada el presente recurso de apelación.

SEGUNDO.- Para un adecuado entendimiento de los hechos y de los motivos del recurso, debe señalarse que la actora fue contactada en febrero de 2003 por un comercializador de unas tarjetas de crédito, ofreciéndole la litigiosa que, según le manifestó, se estaba promocionando como una oferta excepcional, de modo que el comercial cubrió los impresos con los datos que le proporcionó la demandante y al cabo de pocos días le llegó a la actora una comunicación de la entidad MBNA/Avant en la que se le indicaba que faltaban unos datos, por lo que se adjuntaba un formulario que debía rellenar, como así hizo la demandante, recibiendo a los pocos días la tarjeta, que comenzó a utilizar.

Sostiene la actora que en las estipulaciones del contrato de tarjeta se establece que el coste de crédito sería de 15,9 % TAE, previendo además una serie de Comisiones en las cláusulas.

Posteriormente la demandada comunicó a la actora el cambio del interés remuneratorio, que pasa al 26,90 % TAE, que no incluye el 4% de comisión que se prevé en la cláusula 2.10 para las transferencias y en la 2.9 para las retiradas de efectivo.

Como quiera que se entienda que el interés medio de los préstamos al consumo es inferior claramente al estipulado como remuneratorio de la tarjeta de crédito, es por lo que se solicita la declaración del carácter usurario del interés y la nulidad del contrato; y así se señala respecto al TAE del 15,9 %, al que sostiene que hay que añadir el 4 % por la retirada de efectivo o puente cash, que es muy superior a los intereses que regían en el mercado a la fecha de la contratación.

Y así se señala que el Banco de España publica periódicamente en su sitio de internet un cuadro de series estadísticamente en su sitio de internet un cuadro de series temporales que recoge los datos históricos de una serie de estadísticas sobre diferentes tipos de interés, cuadro que se adjunta como documento núm. 5, y del que se infiere que en el mes de febrero del año 2003 para las operaciones de consumo el interés era del 8,055 % y en aún mayor desproporción se encuentra cuando se eleva el TAE al 26,9 %, manifestando que se desconoce el momento en que se produjo tal aumento, pero en el cualquier caso en el año 2012 el promedio de TAE para crédito al consumo era de 7,59 %.

Por su parte la demandada, por lo que se refiere al carácter usurario del interés remuneratorio del contrato, niega tal circunstancia fundamentalmente en lo que se refiere al periodo en el que se aplicó el 15,9 % y manifiesta que el posterior aumento unilateral realizado fue comunicado en su momento a la demandante por correo ordinario en virtud de lo estipulado legalmente.

Asimismo sostiene que la cantidad adecuada en el caso de estimarse la pretensión actora no es la adecuada en el caso de estimarse la pretensión actora de la demandada difieren en poco más de 10 € de los de la actora.

Igualmente manifiesta que los tipos de interés son libres y las entidades de crédito pueden aplicar en sus operaciones los intereses que hayan acordado, en todo caso en el supuesto de auto se reitera, respecto al primer tramo de aplicación, que el mismo no cabe estimarlo excesivo, es decir el citado 15,9 %.

Asimismo se señala que la modificación se produjo en agosto de 2009, siendo comunicado previamente al cliente la modificación, pudiendo oponerse a los cambios el mismo y resolver el contrato, lo que no hizo.

En cuanto a la normalidad del interés remuneratorio aplicado, la parte demandada impugna el documento número cinco, aportado con la demanda, considerando que debe tenerse en cuenta que el tipo de interés que se aplica en el presente caso es el de un crédito aparejado a una tarjeta.

No niega la demandada que en ese documento núm. 5 se establezca para el mes de febrero de 2003 un 8,055 %, sino que considera que tal cifra es engañosa y que no se corresponde con la realidad de productos semejantes.

En ese documento núm. 5 aparece que en agosto de 2009 el interés de estas operaciones era del 10,527 % y en junio de 2012 el promedio del TAE era de 7,59 %.

El juzgador “a quo” estimó la petición principal y argumentó que el interés estipulado era desproporcionado, haciendo referencia al 15,9 % más la Comisión del 4 % por retirar efectivo, tal como se refleja en la cláusula 2.2 del Condicionado General aportado a los autos, con lo que estima que se llega incluso superar el doble de 8,055 % referido en líneas precedentes y en lo que se refiere al segundo tipo de interés, evidentemente aún es más elevado, añadiendo que no existe relación a la actora que justificara en este caso la imposición a la demandante de unos intereses notablemente superiores al normal del dinero.

Frente a esta resolución interpuso la demandada el presente recurso de apelación.

TERCERO.- Expuestos los términos del debate, debe señalarse que es un hecho no discutido que nos encontramos ante la figura del crédito revolving, sobre el que se pronunció el TS en la sentencia de 25 de noviembre de 2015, la que ya se ha hecho referencia en diversas sentencias de esta Sala al enjuiciar casos análogos al presente, señalando que: “Resulta de capital importancia la sentencia citada, donde se contempla un supuesto (“crédito revolving”) que presenta un acusado paralelismo con el que, ahora, se ha sometido a nuestra consideración por mor del recurso de apelación interpuesto y que, en consecuencia, resulta absolutamente extrapolable al mismo.

De este modo y, en términos literales, el Tribunal Supremo, en la expresada resolución, ha declarado lo siguiente:

“Decisión de la Sala. Carácter usurario del crédito “revolving” concedido por una entidad financiera a un consumidor a un tipo de interés remuneratorio del 24,6 % TAE.

El recurrente invoca como infringido el primer párrafo del art. 1 de la Ley de 23 julio 1908 (LEG 1908, 57) de Represión de la Usura, que establece:

<< [s]erá nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales>>.

Aunque en el caso objeto del recurso no se trataba propiamente de un contrato de préstamo, sino de un crédito el que el consumidor podía disponer mediante llamadas telefónicas, para que se realizaran ingresos en su cuenta bancaria, o mediante que se realizaran ingresos en su cuenta bancaria, o mediante el uso de una tarjeta expedida por la entidad financiera, le es de aplicación dicha ley, y en concreto su art. 1, puesto que el art. 9 establece:

<<[l]o dispuesto por esta Ley se aplicará a toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualesquiera que sean la forma que revista el contrato y la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido>>.

La flexibilidad de la regulación contenida en la Ley de Represión de la Usura (LEG 1908, 57) ha permitido que la jurisprudencia haya ido adaptando su aplicación a las diversas circunstancias sociales y económicas.

En el caso objeto del recurso, la citada normativa ha de ser aplicada a una operación crediticia que, por sus características, puede ser encuadrada en el ámbito del crédito al consumo.

2- El art. 315 del Código de Comercio (LEG 1885, 21) establece el principio de libertad de la tasa de interés, que en el ámbito reglamentario desarrollaron la Orden Ministerial de 17 de enero de 1981 /RCL 1981, 10), vigente cuando se concertó el contrato entre las partes, y actualmente el art. 4.1 Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre (RCL 2011, 1943) (RCL 2011, 1943 y 2238), de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.

Mientras que le interés de demora fijado en una cláusula no negociada en un contrato concertado con un consumidor puede ser objeto de control de contenido y ser declarado abusivo si supone una indemnización desproporcionadamente alta al consumidor que no cumpla con sus obligaciones, como declaramos en las sentencias núm. 265/215, de 22 de abril (RJ 2015, 1360), y 469/2015, de 8 de septiembre (RJ 2015, 3977), la normativa sobre cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores no permite el control del carácter “abusivo” del tipo de interés remuneratorio en tanto que la cláusula en que se establece tal interés regula un elemento esencial del contrato, como es el precio del servicio, siempre que cumpla el requisito de transparencia, que es fundamental para asegurar, en primer lugar, que la prestación del consentimiento se ha realizado por el consumidor con pleno conocimiento de la carga onerosa que la concertación de la operación de crédito le supone y, en segundo lugar, que ha podido comparar las distintas ofertas de las entidades de crédito para elegir, entre ellas, la que le resulta más favorable.

En este marco, la Ley de Represión de la Usura (LEG 1908, 57), se configura como un límite a la autonomía negocial del art. 1.255 del Código Civil (LEG 1889, 27) aplicable a los préstamos y, en general, a cualquier operación de crédito <<sustancialmente equivalente>> al préstamo.

Así lo ha declarado esta Sala en anterior sentencia, como las núm. 406/2012, de 18 de junio (RJ 2012, 8857), 113/2013, de 22 de febrero, y 677/2014, de 2 de diciembre /RJ 2014, 6872).

3.- A partir de los primeros años cuarenta, la jurisprudencial inmediatamente posterior a la promulgación de la Ley de Represión de la Usura, en le sentido de no exigir que, para que un préstamo pudiera considerarse usurario, concurrieran todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el art. 1 de la ley.

Por tanto, y en lo que al caso objeto del recurso interesa, para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la ley, estos es, que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso.

Sentado lo anterior, invocándose como motivo de recurso si a los porcentajes recogidos en la recurrida debía o no añadirse el 4 % de comisión a que alude el Juzgador “a quo” en el fundamento jurídico tercero, baste señalar que la operación realizada en el añó 2003 en la condición general 2.2 se hacía referencia a que:

“EL crédito concedido devengará intereses diariamente a un TAE del 15,9 %, en el caso de disposiciones de efectivo (incluido sustitutivos en efectivo) en oficinas, cajeros y otros lugares”; y más adelante en los apartados 2.9 y 2.10 se añadía que “La retirada de efectivo estará sujeta al pago de una comisión del 4 % del importe dispuesto, con un pago de mínimo de dos euros”.

Diversamente en la modificación operada en el año 2009, en el fol. 11 vuelto, se señala que el interés remuneratorio TAE es del 26,90 %, no incluye el 4 % de la Comisión por disposición de efectivo recogida la cláusula 2.9.; y lo mismo de dicté para el caso de transferencias de saldo, señalando que el cálculo de la TAE no incluye el 4 % de la Comisión por Transferencia de saldo recogido en la cláusula 2.10.

En segundo lugar se alega la disconformidad de la parte apelante con los porcentajes comparativos que se recogen en la recurrida respecto a créditos al consumo en la mismo época, lo que debe ser rechazado a la vista del documento núm. 5 de los aportados con la demanda, e incluso refiriéndonos al primer interés remuneratorio estipulado en febrero de 2003, la propia parte apelante hace referencia al porcentaje que se señala en la recurrida, si bien a ello añade otros porcentajes, como es el de la media para el año 2003 que sería de un 8,44 %.

En el caso de autos el Juzgado “a quo” ha estado al porcentaje de interés establecido en el momento de la celebración del contrato, que era el mes de marzo de 2003, según el documento núm. 5 aportado con la demanda, que es el reflejado en la sentencia, evidenciando la desproporción exigida por la Ley de Usura para declarar la operación como tal, no habiendo proporcionado la demandada ninguna razón válida que justifique ese mayor coste, ni puede hablare de circunstancias individuales que concurrieran en la demandante porque sobre tal extremo no se efectuó prueba alguna.

Igualmente se muestra disconformidad por la parte apelante con la cantidad que se recoge en la resolución recurrida para ser reintegrada por la demandada a la actora, estimando que la concedida excede en algo más de 100 € a la que realmente debe reintegrarse, extremo que también se lleva a la cuestión de la cuantía del procedimiento, debiendo señalar respecto este último extremo que lo que solicita la parte apelante, según se observa en su escrito de recurso, es que la cuantía se fije no en 6.989,40 € sino en la de 6.884,4 €.

Pues bien, en cuanto a la modificación de la cuantía, no ha lugar a ello toda vez que ésta es la determinada por el actor basándose en su pretensión.

Cuestión distinta es la relativa a qué cantidad debe ser reintegrada por la demandada a la acora, en este extremo se constata que, no obstante haber mantenido la demandada que la cantidad era ligeramente inferior a la reclamada y recayendo la prueba sobre la parte actora, por la misma no se practicó una prueba pericial respecto a esta cuestión.

Como señala la parte apelante, ciertamente esta Sala en la sentencia del 21 de mayo de 2015 declaró: “Pero la contradicción entre las partes va más allá y se extiende a los abonos hechos por el actor en la cuenta de la tarjeta de crédito. El escrito rector sostiene que los pagos realizados fueron en total 10.273,68 €, mientras que el demandado los cifra en 9.129, 34 €.

El actor obtiene la suma a partir de la información sobre la cuenta de la tarjeta que le remitió la propia recurrente, llegando sin embargo, una y otra parte, a distinto resultado sobre este extremo (a pesar de basarse en el mismo medio probatorio y fuente de información), no habiéndose practicado prueba pericial que, de forma definitiva y concluyente a la vista de la cuenta de la tarjeta y demás documentación obrante en autos, despejase la contradicción.

En esta tesitura, como es que al actor corresponde la prueba de los abonos, debe acogerse la propuesta de la recurrente de concretar éstos en la suma de 9.129,34 €. Lo que en el caso de autos se traduce por fijar la cantidad que debe ser reintegrar en lugar de en 6.989,4 € en 6.864,4 €.

Con las conclusiones precedentes e sigue el criterio mantenido por esta Sala entre otras en la sentencia de 10 de julio de 2017, en la que declaramos:

“Dicho lo anterior, podemos pasar al verdadero centro de la cuestión, que no es otro que cual debe de ser el precio o interés normal del dinero a tomar por referencia para decidir sobre el carácter usurario o no del litigioso, si el habitual en el mercado para ese concreto producto o forma de financiación o es posible y debido considerar otro distinto, cual serían los préstamos a la financiación de 1 a 5 años, como hace el actor.

La STS de 25.11.2015 se decantó por lo segundo, su criterio es el seguido por la sentencia recurrida y también por esta Sala (sentencias de fecha 7-10-2016, 7-4 y 23-5-2017) y por otras muchas de nuestras Audiencias (SAP Pontevedra, Sección 6ª, de fecha 27-10-2016, Salamanca, Sección 1ª, de fecha 18-3-2016, Barcelona, Sección 14ª, de fecha 29-12-2015, Jaén, Sección 1ª, de fecha 17-2-2016, Guipúzcoa, Sección 2ª, de fecha 15-2-2016, Madrid, Sección 20ª, de fecha 20-2-2017, Badajoz, Sección 3ª, de fecha 15-2-2017, Murcia, Sección 1ª, de fecha 24-10-2016 y Lleida, Sección 2ª, de fecha 2-5-2016…).

El art. 1 de la Ley de Represión de Usura declara usurario y, por tanto, nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso; se trata, por tanto, de un supuesto de usura que, como explica la precitada STS de 25-11-2015, requiere de la concurrencia de dos circunstancias, por un lado, el pacto de un interés notablemente superior al normal del dinero; y de otro, que dicho pacto no venga justificado por las circunstancias del caso.

En la con estación a la demanda el recurrente justifica que el interés remuneratorio normalmente aplicado a la financiación mediante tarjeta de crédito en la facilidad o disponibilidad del cliente del crédito, lo que determina un mayor riesgo, remitiéndose a las consideraciones del informe técnico acompañado con la contestación.

Dicho informe (folios 69 y sigts.) justifica el interés remuneratorio más elevado para los contratos de tarjeta de crédito en relación a los préstamos al consumo en la concurrencia de diversos elementos económicos diferenciadores (finalidad económica, mecanismos de conexión, formalización y funcionamiento, importe y plazo) que determinan un mayor riesgo en el crédito inherente al contrato de tarjeta de crédito con respecto al simple contrato de préstamo al consumo, que explicaría su interés remuneratorio notablemente más elevado con respecto al segundo (folio 81).

Es decir, que no se considera el medio de financiación mediante tarjeta de crédito como un género distinto de los contrato a la financiación para el consumo, sino como una especie de aquéllos en que el interés remuneratorio más elevado se justifica por el riesgo inherente a su configuración, es decir y por tanto, en razón del segundo de los requisitos establecidos por la Ley de Usura (LEG 1903, 57), a saber, las circunstancias concurrentes.

A ellas se refiere el predicho informe pericial y como primera indica la distinta finalidad de la financiación, identificando la del contrato de préstamo al consumo con la adquisición de bienes duraderos o de servicios pactados de amortización e un plazo largo, mientras que la tarjeta de crédito permitiría cubrir necesidades de financiación a corto plazo, distinción que se aprecia carente de solidez por lo difuso de la línea delimitadora que defiende respecto de la finalidad de uno y otro modo de financiación (la adquisición de bienes duraderos también puede hacerse mediante tarjeta de crédito, depende de lo que se entienda por durabilidad, el precio del bien y cual sea el límite de disposición de la tarjeta).

El mecanismo de concesión (segundo de los factores diferenciadores apuntados) se vincula al estudio individualizado del perfil de riesgo del potencial prestatario, más concienzudo en la concesión de un préstamo al consumo que mediante tarjeta d crédito, sin embargo, la ley 16/2011, de 24 de junio (RCL 2011, 1206), de Crédito al Consumo, siguiendo la línea marcada por la Ley 2/2011, de 14 de marzo, de Economía Sostenible, establece la obligación del prestamista, antes de celebrar el contrato de crédito, de evaluar la solvencia del consumidor (art. 14) y en el mismo sentido se manifiesta el art. 18 de la O.M.H de 28 de octubre del año 2011 para “cualquier contrato de crédito o préstamo”.

En cuanto a su funcionamiento, se resalta la diferencia entre negocio simple de préstamo o mutuo y de concesión de crédito (en que la suma del capital de crédito no se entrega sino que se pone a disposición del cliente o consumidor), aspecto que tampoco consideramos relevante como elemento efectivamente diferenciador, que si lo es a nivel negocial no se aprecia en cuanto al riesgo, pues éste se vincula a la solvencia del prestatario, es decir, a la futura devolución por el prestatario, consumidor o cliente del capital efectivamente dispuesto, lo que nos devuelve a la anterior consideración sobre el deber del concedente del crédito de evaluar la solvencia del destinatario del crédito.

Adicionalmente se añade rasgo como diferenciador que justifica un mayor riesgo y, por ende, un interés remuneratorio más elevado el que en el préstamo al consumo se pacta un calendario de amortización, mientras que en una tarjeta de crédito el cliente tiene total libertad para determinar las cantidades a devolver.

Esto no es exactamente así, depende de lo pactado, y al respecto la experiencia demuestra que los criterios de devolución son muy diversos (pago de una cantidad fija mensual, de un tanto porcentual sobre lo dispuesto, de todo lo dispuesto al final de mes…), pero no que quede a la sola libertad del titular de la tarjeta la forma y plazos y de devolución de lo dispuesto.

Otro elemento diferenciador, según el informe pericial que se examina, es el importe del capital, mucho más elevado en los contratos de préstamos al consumo que en el caso de las de crédito, lo que es o puede ser así, pero que no explica la diferencia del interés aplicado en uno y otro caso.

Para acabar, se indica como elemento diferenciador el distinto plazo de amortización, superior en el caso del préstamo al consumo por la necesidad de acomodar el importe de la cuota a la capacidad del prestatario, lo que nos desvela a lo expuesto sobre el deber del concedente del crédito de evaluar la solvencia del titular de la tarjeta al contratar y, cabalmente, después en cada prórroga o renovación de la tarjeta.

Concluyendo, siendo cierto que la Circular del Banco de España 5/2012 de 27 de junio (RCL 2012, 943 y 1390), en su anejo 1, recoge como supuesto distinto (dentro de los préstamos sujetos a la L.Cr.C.) los préstamos o créditos facilitados mediante tarjeta de crédito hasta 6.000 y 4.000 €, también lo que es que, desde la consideración y aplicación de la Ley de Represión de la Usura, la práctica habitual disponiendo un interés remuneratorio muy superior a otros medios de financiación no puede servir de sustento y justificación bastante, sino que, a partir de la constatación de que ese interés es notablemente superior al normal en la financiación del consumo, para soslayar la reprobación de aquella Norma y sus efectos debería acreditarse la concurrencia de una especial circunstancia que los justifique.

En este caso esa circunstancia que se invoca no se asocia al prestatario, financiado, cliente o consumidor sino al propio productor, concebido y reglamentado por el propio concedente del producto en razón a un riesgo (la no devolución o amortización del crédito) no suficientemente acreditado (desde la consideración individual de cada titular de tarjeta) y que, por ende, conlleva el efecto de que el interés remuneratorio pierda su función (desvelando así también su abusividad) en cuanto, junto a su función retributiva, asocia otra socializadora del riesgo entre los titulares de la otra tarjeta de crédito (según así pone en evidencia el TS en el apartado 5 de su F.D 3 de su sentencia citada de 25-11-2015), de forma que, considerando individualmente cada titular de la tarjeta, el interés que se aplica a su capital dispuesto no retribuye esa suma sino, indirectamente, la de otros titulares o disponentes con los que no guarda relación.

En suma, se desestima el recurso.”.

Por último, se impugna el pronunciamiento de costas, solicitando que no se haga especial imposición en cuanto a las mismas, para lo que se alega la disparidad de resoluciones judiciales al enjuiciar un tema como el de autos, así como que el TAE inicial era del 15,9 % aunque el Juzgador “a quo” ha llegado a ampliarlo con la Comisión a la que se hacía referencia en líneas precedentes y, por último, se dice que ni siquiera el Banco de España tiene datos de las operaciones ejecutadas con tarjeta de crédito antes del año 2010.

La Sala desestima el motivo del recurso, dado que en la actualidad el criterio en esta Audiencia está consolidado y la estimación de la demanda es sustancial.

CUARTO.- Dado el acogimiento parcial del recurso, al estimarse la cuantía que señala la demandada y no la reclamada por la actora, no procede hacer expresa imposición en cuanto a las constas del recurso art. 398 LEC.

Por todo lo expuesto, la Sala dicta el siguiente

FALLO

Estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por Evo Finance, Establecimiento Financiero de Crédito, S.A.U. contra la sentencia dictada en fecha quince de diciembre de dos mil diecisiete por el ILmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Oviedo, en los autos de los que el presente rollo dimana, que se REVOCA en el único extremo de fijar la cantidad que debe ser reintegrada por la apelante la actora en la de 6.864,4 €.

Se confirma el resto de pronunciamientos de la recurrida. No procede hacer expresa imposición en cuanto a las costas del recurso.

Habiéndose estimado parcialmente el recurso de apelación, conforme al apartado 8 de la Disposición Adicional Decimoquinta de la L.O. 1/2009, de 3 de noviembre, por la que se modifica la L.O. 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, procédase al a devolución del depósito constituido por la parte apelante para recurrir.

Contra esta resolución cabe recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, en su caso.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Dada y pronunciada fue la anterior sentencia por los ILmos. Magistrados que la firman y leída por la ILma. Magistrado XXXXXX en el mismo día de su fecha, de lo que yo La Letrada de la Administración de Justicia, doy fe.

2 comentarios para Una consumidora recupera 6.864,4 € de una tarjeta de crédito de EVO FINANCE

  • Juan

    Buenos dias me acaban de mandar esto los de VIvus.

    Juan Jesús

    • Economía Zero

      Hola Juan

      Te comunicamos que hemos recibido correctamente el documento que nos remites con el documento recibido por Vivus y procedemos a incluirlo en tu expediente.

      De momento vamos a esperar a que remitan la documentación solicitada en la carta de nulidad, y en la que se indica perfecta y detalladamente todos los documentos que solicitamos.

      Quedamos por tanto a la espera de recibir respuesta de la entidad y a tu disposición ante cualquier duda.

      Un saludo.

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