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Un usuario de EZ recupera 1.600,37 € tras la nulidad de su contrato de tarjeta de crédito de Cetelem

Un usuario de EZ recupera 1.600,37 € tras la nulidad de su contrato de tarjeta de crédito de Cetelem

El Juzgado de Primera Instancia Nº 4 de Torrente declara la nulidad de un contrato de tarjeta de crédito de Cetelem por usurario, condenando a la entidad al reintegro al usuario de EZ de 1.600,37 €.

En el contrato de autos, se concedió una tarjeta de crédito pactándose una TAE del 21,70 % para compras y del 27,57 % para disposiciones en efectivo, mientras que en la fecha de firma del contrato (septiembre de 2005) la TAE media de los créditos al consumo era del 8,50 % y el tipo de interés legal se situaba en el 4 %.

Ante lo expuesto, resulta evidente que el tipo de interés establecido por la entidad crediticia es notablemente superior al normal del dinero para este tipo de operaciones y, por tanto, usurario.

Además, la entidad Cetelem no justifica la concurrencia de circunstancias excepcionales que justificaran esa desproporción entre el TAE estipulado y el normal para ese tipo de operaciones.

El Magistrado-Juez del caso, estimando la demanda interpuesta por la actora, declara nulo por usurario el contrato de tarjeta de crédito revolving suscrito por las partes y condena a Banco Cetelem S.A. al reintegro a la actora de la cantidad indebidamente cobrada, 1.600,37 €, es decir, lo que exceda del capital dispuesto como principal.

Las costas del proceso judicial son impuestas a la parte demandada.

El presente litigio ha sido llevado a juicio por la Letrada colaboradora con Economía Zero, Dña. Lourdes Galvé Garrido, especialista en este tipo de procesos.

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JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 4 DE TORRENTE

Procedimiento: Procedimiento Ordinario [ORD] – 000571/2018 – C

De: D/ña. XXXXXX
Procurador/a: Sr/a. XXXXXX

Contra: D/ña. BANCO CETELEM, S.A.
Procurador/a: Sr/a. XXXXXX

SENTENCIA Nº 64/2019

EN TORRENTE A VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE.

D. XXXXXX, Magistrado Juez del juzgado de Primera Instancia nº 4 de Torrente y su partido, ha visto los autos de Juicio ordinario, registrados con el Número 571/18, promovidos por el Procurador D. XXXXXX en nombre y representación Dña. XXXXXX, con la asistencia letrada de Dña. XXXXXX contra Banco Cetelem S.A., representado por el Procurador D. XXXXXX y con la asistencia letrada de D. XXXXXX.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El día 24 de mayo de 2018 el Procurador D. XXXXXX, actuando en la antedicha representación, presentó demanda de juicio ordinario contra Banco Cetelem S.A. en ejercicio de la acción de nulidad contractual, exponiendo los hechos y fundamentos de derecho que estimaba de aplicación al caso.

SEGUNDO.- Por decreto de 20 de junio, se admitió a trámite la demanda, emplazando a la demandada para que en el plazo de veinte días compareciera y contestara, lo que verificó por escrito el 4 de septiembre.

Por diligencia de ordenación de 10 de septiembre se tuvo por contestada la demanda y se convocó a las partes para la celebración de la correspondiente Audiencia Previa.

Celebrada la comparecencia el 22 de noviembre, sin acuerdo, se recibió el pleito a prueba, solicitándose exclusivamente la prueba documental, siendo admitida y acordándose librar los oficios solicitados para la obtención de dichos documentos.

Recibida la documental acordada, se dio traslado a las partes a fin de que pudieran formular sus conclusiones, lo que verificó Banco Cetelem por escrito el 16 de enero de 2019, haciendo lo propio la Sra. XXXXXX por escrito el 18 de enero.

TERCERO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales.

A los que son de aplicación los consecuentes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La parte actora ejercita la acción de nulidad por usurario, por falta de transparencia y abusividad de determinadas cláusulas y reclamación de cantidad respecto del contrato de tarjeta de crédito suscrito el 24/09/2005 con Matlock Bank, representado hoy por Banco Cetelem S.A., estableciéndose un TAE inicial del 21,7 % para comprar y 27,57 % para efectivo, con cuotas flexibles que capitalizan intereses y destinándose la financiación a la adquisición de bienes al consumo.

Afirma que la TAE media de los créditos al consumo en la fecha del contrato según publica el Banco de España era del 8,50 %, mientras que el interés legal se situaba en el 4 %.

Alega que no hubo negociación individual de las cláusulas contractuales y que no se le dio información alguna sobre el producto contratado, ni se le entregó copia del mismo.

Considera que la TAE establecida infringe la Ley de 23 de julio de 1908 de represión de la usura, por lo que el contrato debe ser declarado nulo, al ser muy superior al interés normal del dinero en las operaciones de crédito al consumo.

Subsidiariamente solicita la nulidad de las cláusulas que componen el precio del contrato, tratándose de una tarjeta revolving que conlleva que cuando los intereses devengados exceden de la cuota flexible contratada, esos intereses en exceso se suman a la deuda incrementándola y devengando más intereses, siendo un producto complejo, por lo que requiere una información clara y detallada.

Afirma que las condiciones generales, dada la minúscula letra utilizada en su transcripción, resultan prácticamente ilegibles, particularmente la condición general séptima que establece el coste del crédito, determinando el interés aplicable, resulta ilegible, al tiempo que no es clara ni comprensible, al incluirse fórmulas matemáticas confusas, por lo que no se supera el control de incorporación al contrato ni el de transparencia, lo que le privó de poder conocer el tipo de interés que se aplicaría ni el método de distribución de amortización e intereses del contrato.

Por último, en defecto de ser atendidas las anteriores pretensiones, interesa la declaración de abusividad de la cláusula 9 de variación unilateral de condiciones del contrato, la que establece la comisión de impagados.

La demandada se opone a lo pretendido de contrario, alegando que el importe de la línea de crédito, el interés, TAE y cuota mensual inicial se expone de forma clara en el contrato y se reitera en sucesivas ocasiones, al tiempo que mensualmente se remitían los extractos en los que constaban los intereses aplicados, habiendo utilizado la actora este medio de financiación cuando le ha convenido desde el año 2005, realizando más de 100 disposiciones entre compras y reintegros en efectivo y estableciendo el cliente el sistema de pagos que le interesaba, optando por una cantidad fija mensual con independencia de lo dispuesto.

Niega que el TAE estipulado sea usurario, considerando que debe tomarse como referencia el tipo de interés normal para este tipo de operaciones, siendo que de los índices históricos de tipos de financiación al consumo resulta un tipo medio del 23,23 % en el revolving, superior al tipo fijado en el contrato suscrito por las partes.

Respecto a la nulidad de la cláusula de intereses y composición de pagos, alega que la actora se basa en normativa posterior a la suscripción del contrato, en concreto el RD 1/2007 de 16 de noviembre, por lo que no resultaría aplicable.

Esta misma consideración efectúa la demandada respecto de la pretendida ineficacia de algunas cláusulas por abusivas.

Así planteada la cuestión, conforme establece el art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, corresponde al actor y al demandado reconveniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda o de la reconvención.

Incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior.

SEGUNDO.- Tal y como reconocen las partes y resulta de la documentación aportada, XXXXXXX suscribió una solicitud de tarjeta de crédito y crédito ibing plus el 24 de septiembre de 2005.

En dicha solicitud consta acordada como forma de pago una cuota fija mensual de 60 € sin que en las condiciones particulares se establezca el interés aplicable ni el TAE, debiendo acudir a las condiciones generales, donde se concreta el TAE en un 21,70 % para compras y un 27,57 % para efectivo.

La demandante ataca el citado contrato instando la nulidad del mismo por resultar usurario, considerando que el tipo medio de los préstamos al consumo se situaba en el 8,50 %.

El art. 1 de la Ley de Represión de la Usura establece: “Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales.

Será igualmente nulo el contrato en que se suponga recibida mayor cantidad que la verdaderamente entregada, cualesquiera que sean su entidad y circunstancias.

Será también nula la renuncia del fuero propio, dentro de la población, hecha por el deudor en esta clase de contratos”.

La interpretación de este precepto y la determinación de los requisitos que deben de concurrir a fin de resolver el carácter usurario de un préstamo ha dado lugar a dos líneas jurisprudenciales principalmente.

Así en una primera interpretación amplia se considera que, para apreciar la nulidad de un contrato es suficiente que concurra cualquiera de las tres circunstancias previstas en el precepto, por lo que será nulo cualquier préstamo en el que:

O bien se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso;

O resulte leonino por las condiciones o pactos que contenga, habiendo sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales;

O se exprese como recibida una cantidad mayor que la que verdaderamente fue entregada.

Desde esta posición, no resultaría necesario la concurrencia de las tres circunstancias para ser considerado nulo un préstamo, siendo muestra de este criterio la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de octubre de 1911, la STS de 24 de marzo de 1942, la de 18 de junio de 1945, la de 17 de diciembre de 1945, 19 de octubre de 1948, 5 de noviembre de 1955, 23 de septiembre de 1958, 13 de diciembre de 1958 ó 19 de junio de 1962.

En una interpretación restrictiva sólo sería nulo aquél contrato de préstamo que se encontrara en uno de estos dos supuestos;

Primero, cuando concurran de forma conjunta los tres requisitos siguientes:

a) que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero;

b) que ese interés sea manifiestamente desproporcionado o en condiciones tales que resulte leonino;

c) que haya sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales.

Y segundo, cuando la cantidad que se exprese como recibida sea mayor que la que verdaderamente fue entregada.

Habiendo seguido este criterio la STS 4 de enero de 1913, 26 de junio de 1916, 27 de diciembre de 1916, 8 de junio de 1927, 20 de marzo de 1931, 13 de octubre de 1934 ó 10 de junio de 1940.

El Tribunal Supremo se inclinó inicialmente por la primera interpretación, pero posteriormente pareció decantarse por la interpretación restrictiva, no obstante actualmente ha retomado su postura inicial, siendo muestra de ello la Sentencia de 22/02/2013, que considera usurario y nulo un préstamo valorando exclusivamente el elevado interés pactado, confirmando la sentencia que había dictado la Audiencia Provincial de Asturias de 22/02/2010 en la que textualmente se decía:

La jurisprudencia actual no exige que concurran todas las circunstancias previstas en el art. 1 de la Ley de 23 de julio de 1908 para que un préstamo pueda calificarse de usurario (STS 30-12-1987, 11-2-1989, 6-11-1992, 9-7-1993, 7-3-1998).

Este es, igualmente, el criterio que siguen nuestras audiencias provinciales, pudiendo mencionar la S.A.P. Barcelona de 25/06/2013, la S.A.P. Madrid 15/06/2010, Barcelona 25/06/2013”.

Tomando como referencia este criterio, procedería analizar si en el caso que nos ocupa el interés remuneratorio resulta notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso.

Como se ha dicho anteriormente, se concedió la tarjeta de crédito, pactándose un TAE del 21,70 % para compras y del 25,57 % para disposiciones en efectivo.

En este punto resulta necesario traer a colación la Sentencia del Pleno del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2015, de la que podemos destacar las siguientes consideraciones: Aunque en el caso objeto del recurso no se trataba propiamente de un contrato de préstamo, sino de un crédito del que el consumidor podía disponer mediante llamadas telefónicas, para que se realizaran ingresos en su cuenta bancaria, o mediante el uso de una tarjeta expedida por la entidad financiera, le es de aplicación dicha ley, y en concreto su art. 1, puesto que el art. 9 establece: «Lo dispuesto por esta Ley, se aplicará a toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualesquiera que sean la forma que revista el contrato y la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido».

La flexibilidad de la regulación contenida en la Ley de Represión de la Usura ha permitido que la jurisprudencia haya ido adaptando su aplicación a las diversas circunstancias sociales y económicas.

1.- En el caso objeto del recurso, la citada normativa ha de ser aplicada a una operación crediticia que, por sus características, puede ser encuadrada en el ámbito del crédito al consumo.

2.- En este marco, la Ley de Represión de la Usura se configura como un límite a la autonomía negocial del ar 1255 del Código Civil aplicable a los préstamos, y, en general, a cualesquiera operación de crédito «sustancialmente equivalente» al préstamo.

Así lo ha declarado esta Sala en anteriores sentencias, como las núm. 406/2012, de 18 de junio, 113/2013, de 22 de febrero, y 677/2014, de 2 de diciembre.

3.- A partir de los primeros años cuarenta, la jurisprudencia de esta Sala volvió a la línea jurisprudencial inmediatamente posterior a la promulgación de la Ley de Represión de la Usura, en el sentido de no exigir que, para que un préstamo pudiera considerarse usurario, concurrieran todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el art. 1 de la ley.

Por tanto, y en lo que al caso objeto del recurso interesa, para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la ley, esto es, «que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», sin que sea exigible que, acumuladamente, se exija «que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales».

4.- La Sala considera que la sentencia recurrida infringe el art. 1 de la Ley de Represión de la Usura por cuanto que la operación de crédito litigiosa debe considerarse usuraria, pues concurren los dos requisitos legales mencionados.

El interés remuneratorio estipulado fue del 24,6 % TAE. Dado que conforme al art. 315, párrafo segundo, del Código de Comercio, «se reputará interés toda prestación pactada a favor del acreedor», el porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero no es el nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE), que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados.

Este extremo es imprescindible (aunque no suficiente por sí solo) para que la cláusula que establece el interés remuneratorio pueda ser considerada transparente, pues no solo permite conocer de un modo más claro la carga onerosa que para el prestatario o acreditado supone realmente la operación, sino que además permite una comparación fiable con los préstamos ofertados por la competencia.

El interés con el que ha de realizarse la comparación es el «normal del dinero«. No se trata, por tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés «normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia» (sentencia núm. 869/2001, de 2 de octubre).

Para establecer lo que se considera «interés normal» puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.).

Esa obligación informativa de las entidades tiene su origen en el artículo 5.1 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (BCE), que recoge la obligación de este último, asistido por los bancos centrales nacionales, de recopilar la información estadística necesaria través de los agentes económicos.

Para ello, el BCE adoptó el Reglamento (CE) nº 63/2002, de 20 de diciembre de 2001, sobre estadísticas de los tipos de interés que las instituciones financieras monetarias aplican a los depósitos y a los préstamos frente a los hogares y a las sociedades no financieras; y a partir de ahí, el Banco de España, a través de su Circular 4/2002, de 25 de junio, dio el obligado cumplimiento al contenido del Reglamento, con objeto de poder obtener de las entidades de crédito la información solicitada.

5.- Para que el préstamo pueda ser considerado usurario es necesario que, además de ser notablemente superior al normal del dinero, el interés estipulado sea «manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso».

En principio, dado que la normalidad no precisa de especial prueba mientras que es la excepcionalidad la que necesita ser alegada y probada, en el supuesto enjuiciado no concurren otras circunstancias que las relativas al carácter de crédito al consumo de la operación cuestionada.

La entidad financiera que concedió el crédito «revolving» no ha justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo.

Generalmente, las circunstancias excepcionales que pueden justificar un tipo de interés anormalmente alto están relacionadas con el riesgo de la operación.

Cuando el prestatario va a utilizar el dinero obtenido en el préstamo en una operación especialmente lucrativa pero de alto riesgo, está justificado que quien le financia, al igual que participa del riesgo, participe también de los altos beneficios esperados mediante la fijación de un interés notablemente superior al normal.

Aunque las circunstancias concretas de un determinado préstamo, entre las que se encuentran el mayor riesgo para el prestamista que pueda derivarse de ser menores las garantías concertadas, puede justificar, desde el punto de vista de la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, un interés superior al que puede considerarse normal o medio en el mercado, como puede suceder en operaciones de crédito al consumo, no puede justificarse una elevación del tipo de interés tan desproporcionado en operaciones de financiación al consumo como la que ha tenido lugar en el caso objeto del recurso, sobre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico.

En consecuencia con la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo, en el caso que nos ocupa, no cabe duda de que resulta aplicable la Ley de Represión de la Usura, aún cuando se trate de un crédito otorgado a través de una tarjeta de crédito, entendiendo que se trata de un crédito al consumo.

En la fecha del contrato, septiembre de 2005, el TAE medio de los créditos al consumo se situaba en el 8,50 %, tal y como resulta de las tablas publicadas del Banco de España, acompañadas como doc. 6 de la demanda, mientras que el tipo de interés legal se situaba en el 4 %.

Siendo que el TAE en el contrato que nos ocupa se situó, en el 21,7 % para compras y el 27,57 % para disposiciones, resultando evidente que notablemente superior al normal para este tipo de operaciones, por lo que desde esta perspectiva resulta usurario, siendo que no se ha justificado por la entidad financiera, en modo alguno, la concurrencia de circunstancias excepcionales que justificaran esa desproporción entre el TAE estipulado y el normal para ese tipo de operaciones.

En definitiva, debemos de considerar nulo por usurario, el contrato de tarjeta de crédito revolving suscrito por las partes el 24/09/2005.

Como consecuencia, la prestataria únicamente estará obligada a devolver la suma recibida, debiendo ser resarcida del importe abonado que excediera de la cantidad recibida, advirtiendo que ciertamente ha satisfecho un importe muy superior al capital recibido, tal y como resulta de los movimientos de la cuenta aportado como doc nº 5 de la demanda, a cuyo resultado habrá que estar, debiendo la parte actora efectuar la liquidación correspondiente.

TERCERO.- A tenor del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas deben imponerse a la parte cuyas pretensiones resulten totalmente rechazadas, sin que proceda la imposición de costas en caso de estimación parcial.

Vistos los preceptos legales, y demás de general aplicación.

FALLO

Que DEBO ESTIMAR Y ESTIMO la demanda interpuesta por el Procurador D. XXXXXX en nombre y representación de Dña. XXXXXX y, en consecuencia, DECLARO LA NULIDAD por usurario del contrato de tarjeta de crédito suscrito por las partes el 24/09/2005, CONDENANDO a Banco Cetelem S.A. a restituir las cantidades abonadas por la Sra. XXXXXX que excedan del capital dispuesto, debiendo ésta efectuar la liquidación correspondiente de conformidad con el doc. 5 de la demanda, imponiendo las costas a la parte demandada.

Notifíquese esta Sentencia a las partes. Frente a ella cabe interponer recurso de apelación, en el plazo de veinte días desde su notificación.

Líbrese testimonio de la presente resolución que se unirá a las actuaciones y quede la presente en el Libro de Sentencias.

Así por ésta mi Sentencia, la pronuncio, mando y firmo. El Juez.

PUBLICACIÓN.- La pongo yo, el Secretario, para hacer constar que la anterior Sentencia ha sido firmada y publicada por el Sr. Juez que la autoriza en el día de la fecha, estando celebrando audiencia pública. Doy fe.

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