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Hucha de reclamaciones de EZ

Cofidis condenada a anular una línea de crédito usuraria de un usuario de EZ, que recupera 1.284,29 €

Cofidis anula un contrato de línea de crédito usurario y un usuario de EZ recupera 1.284,29 €

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Parla declara la nulidad del contrato de una línea de crédito por usurario, recuperando un usuario de EZ 1.284,29 €.

El presente litigio ha sido llevado dirgido por el Letrado colaborador con Economía Zero, D. Daniel Navarro Salguero.

En el caso de autos, las partes litigantes suscribieron un contrato de línea de crédito revolving, en el cual se fijó un interés remuneratorio del 24,51 % TAE, mientras que la media del TAE anual de los créditos al consumo en la fecha de la firma del contrato (marzo 2011) era de un 8,62 %, y la media de los créditos revolving con los que pretende la entidad financiera hacer la comparación, era de un 20,03 %.

Asimismo, la entidad bancaria no ha justificado en forma alguna la concurrencia de circunstancias excepcionales en el crédito otorgado que pudieran justificar este tipo de interés desproporcionado, por lo que el interés establecido se considera desproporcionado y, por tanto, abusivo.

La Magistrada-Juez del caso, tras estimar la demanda, declara la nulidad del contrato de línea de crédito suscrito por COFIDIS, S.A. por contener un interés remuneratorio usurario y condena a la entidad a la retribución a la actora del exceso percibido por esta, 1.284,29 €.

Las costas del proceso judicial son impuestas igualmente a la parte demandada.

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JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 05 DE PARLA

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 761/2018

Materia: Nulidad

Demandante: D. XXXXXX 
PROCURADOR: Dña. XXXXXX

Demandado: COFIDIS, S.A.
PROCURADOR: D. XXXXXX

SENTENCIA Nº 188/2019

JUEZ/MAGISTRADO-JUEZ: Dña. XXXXXX

En Parla, a 30 de octubre de 2019.

Vistos por mi, Dña. XXXXXX, Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 5 de Parla, los autos que se siguen en este Juzgado con el num. 761/18, a instancia de D. XXXXXX, representado por el Procurador Dña. XXXXXX y defendido por Letrado, contra COFIDIS, S.A., representado por el Procurador D. XXXXXX y defendido por Letrado, sobre reclamación de cantidad, y atendidos los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Procurador de la actora se presentó, en nombre de ésta demanda en la que después de relacionar los hechos y exponer los fundamentos de Derecho en que basaba su pretensión, se suplicaba se dicte Sentencia estimando la pretensión principal o subsidiarias contenidas en suplico de demanda.

SEGUNDO.- Por Decreto de fecha 30-11-2018 se tuvo por turnada la precedente demanda, con los documentos que acompañaba, teniéndose por parte al Procurador Dña. XXXXXX , en nombre y representación de la parte actora, con el que se entendieron las sucesivas diligencias en la forma prevista en la ley.

Acordándose dar traslado de la demanda la parte demandada con los apercibimientos legales para que la contestara en el plazo de veinte días, cosa que hizo, solicitando su desestimación y formulando reconvención con el contenido que consta en autos.

Dado traslado de la demanda reconvencional se formuló contestación a la misma por la parte actora, solicitando su desestimación.

TERCERO.- Convocada la audiencia previa al juicio prevista en la Ley ésta se celebró en la fecha señalada, admitiéndose exclusivamente prueba documental, por lo que quedaron los autos conclusos para dictar Sentencia.

CUARTO.- En la tramitación de las presentes actuaciones se han observado todas las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Por la actora se ejercita acción de nulidad de contrato de línea de crédito por usurario y subsidiariamente de nulidad de cláusulas o cláusula contractual, alegando como pretensión principal que el contrato suscrito en marzo de 2011 con la demandada (Documento nº 1 demanda) fija un TAE del 24,51 % que es usurario, conforme a Ley Azcárate, por lo que ha de declararse nulo, con devolución de lo abonado que exceda del total del capital prestado.

Se opone la demandada a dicha pretensión alegando que el interés fijado es el normal en productos revolving, según resulta de las estadísticas elaboradas por el Banco de España para este tipo de productos, Circular 1/2010 actualizada en 2017, e índice informativo de ASNEF, que fija en torno al 20 % TAE los intereses habituales para crédito revolving.

Formula asimismo reconvención, por incumplimiento del referido contrato, alegando que se dio por vencido por impago de 5 meses consecutivos en fecha 23-6-2017, reclamando el saldo deudor fijado en 2.768,45 euros.

A esta pretensión reconvencional se opone la actora alegando abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado.

SEGUNDO.- De los hechos expuestos tanto en la demanda, como en la contestación, la cuestión controvertida es si el intereses remuneratorio que se fijó en el contrato de crédito de 24,51 % TAE, es un interés usuario de acuerdo con lo establecido en la Ley de 23 de julio de 1908 de represión de la usura.

Es un hecho admitido por ambas partes, que el contrato de crédito, de que trae causa este litigio, es un contrato de crédito llamado revolving.

El Tribunal Supremo ha definido el préstamo revolving como un contrato de crédito que permite hacer disposiciones mediante llamadas telefónicas o mediante el uso de una tarjeta expedida con un límite, el cual puede ser modificado por la entidad bancaria, y tiene un tipo de interés remuneratorio fijo.

Siendo otra de las características de este tipo de contratos, que no se suelen exigir al cliente garantías, lo que incrementa también el riesgo de insolvencia, y la posibilidad de que se produzcan impagos derivados de esta modalidad de crédito al consumo.

A fin de examinar si el interés remuneratorio fijado por las partes en el contrato 24,51 % TAE, es o no usuario debe partirse de la regulación que sobre esta cuestión establece la Ley de 23 julio 1908 de Represión de la Usura, que en su artículo 1 establece «que será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales«.

Siendo el efecto derivado de la declaración de usurario del préstamo, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley que la nulidad del contrato, conlleva que el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida; y si hubiera satisfecho parte de aquélla y los intereses vencidos, el prestamista devolverá al prestatario lo que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del capital prestado.

Si bien el Tribunal Supremo dictó sentencia el 25/11/15, por la que se declaró usurario un crédito revolving en el que se fijaba un interés remuneratorio del 24,6 %, lo cierto es que esta cuestión, sobre el carácter usurario o no de los intereses de los créditos revolving, no es pacifica en las resoluciones judiciales de las audiencias provinciales, a pesar de la citada sentencia de la Sala I del Tribunal Supremo, toda vez que la divergencia que se produce, es si el término de comparación a que alude tanto el artículo 1 de la ley represión de la usura, como la STS de 25/11/2015, debe ser con el interés previsto como tipo medio para las operaciones de préstamo al consumo, -sea en la fecha de celebración del contrato, sea en sus sucesivas novaciones-, o si, por el contrario, debe operarse con un término más preciso de comparación, referido al tipo de interés medio para contratos de préstamo al consumo en su modalidad de disposición con tarjeta.

La STS N º 628/2015 de 25/11/2015, declaro usurario el interés remuneratorio del 24,6 % TAE, de un crédito revolving, al señalar «La flexibilidad de la regulación contenida en la Ley de Represión de la Usura ha permitido que la jurisprudencia haya ido adaptando su aplicación a las diversas circunstancias sociales y económicas.

En el caso objeto del recurso, la citada normativa ha de ser aplicada a una operación crediticia que, por sus características, puede ser encuadrada en el ámbito del crédito al consumo.

El art. 315 del Código de Comercio establece el principio de libertad de la tasa de interés, que en el ámbito reglamentario desarrollaron la Orden Ministerial de 17 de enero de 1981, vigente cuando se concertó el contrato entre las partes, y actualmente el art. 4.1 Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.

El interés remuneratorio estipulado fue del 24,6 % TAE. Dado que conforme al art. 315, párrafo segundo, del Código de Comercio, «se reputará interés toda prestación pactada a favor del acreedor», el porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero no es el nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE), que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados.

Este extremo es imprescindible (aunque no suficiente por sí solo) para que la cláusula que establece el interés remuneratorio pueda ser considerada transparente, pues no solo permite conocer de un modo más claro la carga onerosa que para el prestatario o acreditado supone realmente la operación, sino que además permite una comparación fiable con los préstamos ofertados por la competencia.

El interés con el que ha de realizarse la comparación es el «normal del dinero». No se trata, por tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés «normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia» (sentencia núm. 869/2001, de 2 de octubre).

Para establecer lo que se considera «interés normal» puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.).

Esa obligación informativa de las entidades tiene su origen en el artículo 5.1 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (BCE), que recoge la obligación de este último, asistido por los bancos centrales nacionales, de recopilar la información estadística necesaria través de los agentes económicos.

Para ello, el BCE adoptó el Reglamento (CE) nº 63/2002, de 20 de diciembre de 2001, sobre estadísticas de los tipos de interés que las instituciones financieras monetarias aplican a los depósitos y a los préstamos frente a los hogares y a las sociedades no financieras; y a partir de ahí, el Banco de España, a través de su Circular 4/2002, de 25 de junio, dio el obligado cumplimiento al contenido del Reglamento, con objeto de poder obtener de las entidades de crédito la información solicitada.

En el supuesto objeto del recurso, la sentencia recurrida fijó como hecho acreditado que el interés del 24,6 % TAE apenas superaba el doble del interés medio ordinario en las operaciones de crédito al consumo de la época en que se concertó el contrato, lo que, considera, no puede tacharse de excesivo.

La cuestión no es tanto si es o no excesivo, como si es «notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», y esta Sala considera que una diferencia de esa envergadura entre el TAE fijado en la operación y el interés medio de los préstamos al consumo en la fecha en que fue concertado permite considerar el interés estipulado como «notablemente superior al normal del dinero».

Para que el préstamo pueda ser considerado usurario es necesario que, además de ser notablemente superior al normal del dinero, el interés estipulado sea «manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso».

En principio, dado que la normalidad no precisa de especial prueba mientras que es la excepcionalidad la que necesita ser alegada y probada, en el supuesto enjuiciado no concurren otras circunstancias que las relativas al carácter de crédito al consumo de la operación cuestionada.

La entidad financiera que concedió el crédito «revolving» no ha justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo.

Generalmente, las circunstancias excepcionales que pueden justificar un tipo de interés anormalmente alto están relacionadas con el riesgo de la operación.

Cuando el prestatario va a utilizar el dinero obtenido en el préstamo en una operación especialmente lucrativa pero de alto riesgo, está justificado que quien le financia, al igual que participa del riesgo, participe también de los altos beneficios esperados mediante la fijación de un interés notablemente superior al normal.

Aunque las circunstancias concretas de un determinado préstamo, entre las que se encuentran el mayor riesgo para el prestamista que pueda derivarse de ser menores las garantías concertadas, puede justificar, desde el punto de vista de la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, un interés superior al que puede considerarse normal o medio en el mercado, como puede suceder en operaciones de crédito al consumo, no puede justificarse una elevación del tipo de interés tan desproporcionado en operaciones de financiación al consumo como la que ha tenido lugar en el presente caso, sobre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico.

Lo expuesto determina que se haya producido una infracción del art. 1 de la Ley de Represión de la Usura, al no haber considerado usurario el crédito «revolving» en el que se estipuló un interés notablemente superior al normal del dinero en la fecha en que fue concertado el contrato, sin que concurra ninguna circunstancia jurídicamente atendible que justifique un interés tan notablemente elevado».

Por lo que la sentencia si bien llega a la conclusión que el criterio de comparación no puede ser el interés legal del dinero, y parece referirse a que el elemento de comparación debe ser el del interés de los créditos al consumo, no lo hace de una forma clara y precisa lo que ha llevado a que existan resoluciones judiciales divergentes en esta materia.

Existen por lo tanto divergencias importantes en esta materia entre las resoluciones judiciales, así entre otras la SAP de Pontevedra Nº 65/2019 de 07/02/2019, entiende que un interés remuneratorio del TAE del 26,82 %, no era usuario, dado que el tipo de interés remuneratorio pactado por las partes debía ser comparado con el tipo de interés normal del mercado de este tipo de créditos revolving, y no de los créditos al consumo en general al señalar.

«La remisión a los tipos de interés publicados por el Banco de España para operaciones análogas exige indagar la concreta clase de operación referenciada en sus índices.

El elemento de comparación exige identificar el mercado de crédito relevante. Tras la circular 1/2010, de 27 de enero del Banco de España sobre estadísticas de los tipos de interés que se aplican a los depósitos y a los créditos frente a los hogares y las sociedades no financieras, se han especificado los datos de comparación para los créditos instrumentados a través de préstamos renovables y a través de disposiciones con tarjeta de crédito de pago aplazado, como es el que ocupa.

De este modo se ha dotado de contenido al elemento de comparación al que aludía la repetida STS en el contrato marco contractual convenido por los litigantes, fijándose tipos de interés notablemente superiores al de otras operaciones de consumo, moviéndose en cifras de TAE próximas al 21 %, precisamente por las notas diferenciales de esta clase de préstamos frente al resto de créditos al consumo (carácter normalmente indefinido de la contratación con la consiguiente incerteza del momento de su amortización; ausencia de las garantías específicas de otras modalidades de crédito al consumo; pequeña cuantía de las disposiciones, que puede hacer muy costosa la gestión de su recobro; ausencia de un control previo de solvencia según la modalidad de contratación).

Por estas razones, una TAE del 26,82 % no resulta notoriamente superior a la media de las operaciones de referencia».

Por el contrario otras sentencia de las audiencias provinciales como la SAP de Madrid secc. 20, Nº 17/2019 de fecha 5/2/2019, ha venido a entender que un interés remuneratorio TAE del 24,47 %, era usuario al señalar:

«Y sobre el índice que debe ser tomado como referencia a la hora de comprobar si el pactado era usurario , expresó lo siguiente:

«El que este tipo de crédito ofrezca peculiaridades respecto de los préstamos personales, no impide aplicar a los mismos la doctrina que el Tribunal Supremo establece a partir de la sentencia de 25 de noviembre de 2015 por cuanto la equiparación que allí se hace para justificar la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, viene referida a todas las operaciones sustancialmente equivalentes a los préstamos al consumo y, ha de serlo en todos los aspectos o prestaciones que regulan el concreto contrato de que se trate y por tanto, también a los índices de referencia de los intereses, que según el Tribunal Supremo son el de el interés normal del dinero y las circunstancias concurrentes, tal como señala en el fundamento de derecho cuarto apartado 4, de dicha resolución al indicar que»..

El interés con el que ha de realizarse la comparación es el «normal del dinero» y aunque para considerar cuál es ese interés normal pueda acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, éstas deben analizarse y valorarse, en concurrencia con las demás circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia.

Por lo que se refiere a las peculiaridades que ofrece este tipo de créditos revolving, las que señala la entidad apelante, no justifican tampoco el establecimiento de un tipo de interés remuneratorio como el aquí aplicado del 26,82 %, que no existe duda es anormalmente alto, en cuanto supera el doble del interés medio ordinario en las operaciones de crédito al consumo en la época en que se concertó el contrato, que era del 11,50 %.

La existencia de diferentes productos financieros de crédito al consumo y la peculiaridad que respecto de ellos ofrece las líneas de crédito revolving, no puede justificar ni amparar un tipo de interés como el aquí aplicado y menos aplicando las modificaciones introducidas en el año 2017, cuando la línea de crédito aquí analizada se concertó en el año 2011.

Siendo de aplicación al caso, la doctrina de la referida sentencia del Tribunal Supremo y en consecuencia, tomando como referencia el tipo de interés normal del dinero, dicha normalidad no precisa de especial prueba mientras que es la excepcionalidad la que necesita ser alegada y probada por la entidad bancaria y si bien no puede equipararse con el «interés legal», tampoco puede hacerse con el «interés habitual», que es en realidad lo que se pretende al señalar como término de referencia el tipo de interés medio establecido para las tarjetas de crédito revolving y respecto de esta situación, también señala el Tribunal Supremo, que la habitualidad o reiteración en la aplicación de un tipo de interés desproporcionado no elimina el carácter usurario que pudiera atribuirse al interés fijado en el caso concreto, en cuanto la reiteración no convierte en razonable y normal, prácticas que por sí son reprobables.

A la hora de analizar el riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, ha de partirse también, como indica el alto tribunal, que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico».

Este criterio es mayoritario en los tribunales, y en concreto en la Audiencia Provincial de Madrid pueden citarse, entre otras, las sentencias de las Secciones undécima, decimoctava y vigésima, respectivamente de fechas 29 de junio de 2018, 17 de abril de 2018, 21 de mayo de 2018 y 6 de marzo de 2018, y el auto de la Sección decimocuarta de 13 de septiembre de 2018.

En el caso examinado en los presentes autos se deduce que el contrato que vincula a las partes es un contrato de crédito de la modalidad revolving, en el cual se fijó como intereses remuneratorios el 24,51% TAE, similar al que la propia sentencia del tribunal supremo sobre esta misma cuestión considero usurario.

Teniendo en cuenta la doctrina recogida en la STS de 25/11/2015, y que conforme el artículo 1 de la Ley de 23 de julio de 1908, en la que se establece que es nulo el contrato de préstamo en el que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, debe entenderse que el interés pactado ha de ser calificado de usurario, con independencia que el criterio de comparación sea el de la media de los créditos al consumo, o incluso los de este tipo de créditos especiales a que alude la entidad financiera, fijados por el Banco de España tras modificación de 2017, posterior a la presente contratación.

La media para el año 2011 del TAE anual de los créditos al consumo era de un 8,62 %, y la media de los créditos con los que pretende la entidad financiera hacer la comparación, créditos revolving, era de un 20,03 %, por lo que es de plena aplicación lo establecido en el en la STS de 25 de noviembre de 2015, toda vez que se dan los mismos presupuestos que dicha sentencia contemplaba, es un interés desproporcionado, pues “la habitualidad o reiteración en la aplicación de un tipo de interés desproporcionado no elimina el carácter usurario que pudiera atribuirse al interés fijado en el caso concreto, en cuanto la reiteración no convierte en razonable y normal, prácticas que por sí son reprobables«, máxime si se tiene en cuenta que, por otro lado, la entidad bancaria no ha justificado en forma alguna la concurrencia de circunstancias excepcionales en el crédito otorgado que pudieran justificar este tipo de intereses, pues no se acredita que el interés se fijara para cubrir un mayor riesgo de impago por las particulares condiciones del cliente, ni por otra circunstancia que objetivamente justificase que para ese tipo de crédito al consumo la acreedora impusiera un interés remuneratorio tan elevado.

Las consecuencias del carácter usurario del crédito es su nulidad, que ha sido calificada por el Tribunal Supremo como «radical, absoluta y originaria, que no admite convalidación confirmatoria, porque es fatalmente insubsanable, ni es susceptible de prescripción extintiva» sentencia núm. 539/2009, de 14 de julio.

Las consecuencias de dicha nulidad son las previstas en el art. 3 de la Ley de Represión de la Usura, esto es, el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida, debiendo devolver la demandada las cantidades abonadas que excedan de dicho importe.

Dichas cantidades se han fijado en contestación a demanda, acreditando mediante documental aportada, (Documento nº 6 contestación), no impugnada de contrario, el estado de la línea de crédito, de donde resulta que el actor recibió 5.657,28 euros y ha abonado 6.941,57 euros por lo que el exceso abonado que deberá serle restituido es de 1.284,29 euros.

En consecuencia, la demanda reconvencional, en ningún caso puede ser estimada, pues declarado nulo el crédito, según lo señalado, no existe, en este caso, saldo deudor alguno a cargo del actor, por haber abonado en exceso sobre el capital recibido.

TERCERO.- En cuanto a costas, y por aplicación del criterio del vencimiento previsto en el art. 394 LEC, estimándose la demanda y desestimándose la reconvención, procede imposición de costas a la parte demandada.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLO

Que ESTIMANDO la demanda interpuesta a instancia de D. XXXXXX, representado por el Procurador Dña. XXXXXX, contra COFIDIS, S.A., representado por el Procurador Sr. XXXXXX, DEBO DECLARAR Y DECLARO que el contrato suscrito entre las partes es nulo por contener un interés remuneratorio usurario, CONDENANDO a la demanda a pagar el exceso percibido por importe de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON VEINTINUEVE EUROS (1.284,29 euros), y DESESTIMANDO la reconvención formulada DEBO ABSOLVER al actor de la pretensión ejercitada, con imposición de costas a la parte demanda.

Contra la presente sentencia, que no es firme, cabe recurso de apelación,a interponer ante este Juzgado, en el plazo de veinte días, conforme a los arts. 458 y ss LECn, previa consignación de depósito de 50 euros previsto en la Disposición Adicional 15ª LOPJ.

Así por esta mi sentencia, cuyo original se llevará al libro de sentencias civiles de este Juzgado, dejando en las actuaciones testimonio literal de la misma, definitivamente juzgando en primera instancia, la pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Ilma. Sra. Magistrado-Juez de Primera Instancia que la dictó, estando celebrando Audiencia Pública ordinaria en el día de su fecha, doy fe.

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