Tarjeta PASS declarada nula por usuraria, devolviendo Carrefour 4.290,26 € a un usuario de EZ

La tarjeta PASS declarada nula por un Juzgado de Las Palmas de Gran Canaria, había sido reclamada previamente por el consumidor demandante (un usuario de EZ) ante el Servicio de Atención al Cliente de la entidad, pero CARREFOUR hizo caso omiso a dicha reclamación extrajudicial, obligando al usuario a contratar los servicios de uno de nuestros Despachos colaboradores expertos en nulidad de contratos de productos con intereses abusivos (tarjetas, líneas de crédito y préstamos rápidos), concretamente, por el abogado Rodrigo Pérez Del Villar Cuesta.

Carrefour, tras recibir la demanda, se allana a todas las pretensiones expuestas en ella (las mismas ya reclamadas en vía extrajudicial ante el SAC de la entidad), y solicita no ser condenada en costas. Pero el Juez, tras comprobar que el demandante había remitido una carta de reclamación, y la entidad contestado a dicha carta, no accediendo a la petición de nulidad, considera que procede la condena en costas a CARREFOUR al existir mala fe por su parte, puesto que fue tras la interposición de la demanda cuando CARREFOUR accedió a la declaración de nulidad de al tarjeta Visa PASS, y si quería no tener que soportar las costas procesales, debería de haber aceptado dicha nulidad tras el recibo de la carta enviada a su SAC.

La tarjeta PASS declarada nula, tras la correspondiente Ejecución de Sentencia realizada después del allanamiento, en la que la entidad tuvo que presentar la liquidación de todos los pagos realizados en dicha tarjeta durante su existencia, dio como resultado que el cliente no sólo no debía la cuantía que la entidad le reclamaba (2.804,46 €), sino que además, había pagado por encima de la cantidad realmente prestada por la entidad una cuantía de 1.485,80 €, la cual le fue devuelta por parte de CARREFOUR.

Por lo tanto, y aunque el usuario realmente percibió en metálico esos 1.485,80 €, pagados ya de más sobre el capital efectivamente prestado por CARREFOUR, también se deshizo de esa supuesta deuda de 2.804,46 € que la entidad sostenía que aun debía, por lo que el Beneficio Económico real para el consumidor fue de 4.290,26 €. Además, como CARREFOUR es condenada al pago de las costas, el usuario no tiene que pagar ni un solo euro al Abogado que lo ha representado, puesto que sus honorarios son siempre las costas (salvo que no sean concedidas), y que de este modo las usuarias de EZ se puedan quedar con todo el dinero recuperado, o se beneficien de toda la deuda anulada.

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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 11 DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Demandante: XXXXXX

Abogado: Rodrigo Pérez Del Villar Cuesta

Procurador: XXXXXX

Demandado: SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR E.F.C. S.A.

Abogado: XXXXXX

Procurador: XXXXXX

SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de diciembre de 2018.

Vistos por XXXXXX, MAGISTRADO del Juzgado de Primera Instancia Nº 11 de Las Palmas de Gran Canaria los presentes autos de Procedimiento ordinario, nº 901/2018 seguido entre XXXXXX, dirigido por el Abogado RODRIGO PÉREZ DEL VILLAR CUESTA y representado por la Procuradora XXXXXX contra la entidad SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR E.F.C. S.A., dirigido por el Letrado XXXXXX y representada por el Procurador XXXXXX sobre nulidad contractual.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El proceso ha sido promovido por el Procurador XXXXXX, en nombre y representación del Sr. XXXXXX contra la entidad SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR E.F.C. S.A., solicitando se dictara sentencia en virtud de la cual se declarara con carácter principal:

1.- La nulidad del contrato de tarjeta de crédito de fecha 7 de julio de 2016, por tipo de interés usurario; y del contrato de seguro vinculado; con los efectos legales que procedan.

2.- Con carácter subsidiario la nulidad del contrato de tarjeta de crédito de fecha 7 de julio de 2016, por tipo de interés usurario; con los efectos legales que procedan.

3.- Con carácter más subsidiario declare la nulidad de la cláusula de intereses remuneratorios, por falta de incorporación y transparencia; así como demás cláusulas abusivas contenidas en el título, apreciadas de oficio; con los efectos restitutorios que procedan; más intereses legales y costas debidas.

SEGUNDO.- Encontrándose el proceso en el trámite de contestación, se ha presentado por la parte demandada escrito allanándose a la totalidad de las pretensiones de la actora, solicitando la no imposición de las costas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Establece el artículo 21.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que cuando el demandado se allanare a todas las pretensiones del actor, el tribunal dictará sentencia condenatoria de acuerdo con lo solicitado, salvo que el allanamiento se hiciere en fraude de ley o supusiere renuncia contra el interés general o perjuicio de tercero, en cuyo caso debe rechazarse, siguiendo el juicio adelante.

SEGUNDO.– Se ejercita, con carácter principal la declaración de nulidad del contrato de tarjeta de 7 de julio de 2016, en base a la Ley de Represión de la Usura, en cuyo art. 1 dispone que “sera nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso”, petición extensible al contrato de seguro vinculado.

La parte demandada se allanó a la demanda, fijando las consecuencias de dicha declaración de nulidad que supone un saldo a su favor.

Por cuanto antecede, de los elementos obrantes en el expediente, no se desprende concurra alguna de las causas de exclusión de los efectos normales del allanamiento, por lo que procede dictar sentencia en los términos solicitados en la demanda.

En cuanto a las consecuencias de declaración de nulidad, apreciables de oficio, son las previstas en el art. 3 de la Ley de Represión de la Usura , es decir, “el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida; y si hubiera satisfecho parte de aquélla y los intereses vencidos, el prestamista devolverá al prestatario lo que, tomando en cuenta el total percibido, exceda del capital prestado”.

Por tanto, en virtud del art. 3 de a la Ley de Represión de la Usura, en el supuesto aquí analizado conlleva la obligación por parte del actor de devolver únicamente el capital dispuesto, debiendo la demandada reintegrarle, en su caso, todas aquellas cantidades abonadas por razón del contrato que hayan excedido del capital prestado y que se calcularán en ejecución de sentencia, más el interés legal.

TERCERO.- En los casos de allanamiento la regla general es que no es de aplicación del principio general de imposición de costas por vencimiento, regulado en el Art. 394 de la LEC, configurándose el Art. 395 de la LEC como excepción a la regla general.

Si bien la meritada regla general, a su vez, tiene su excepción para el supuesto de que el juzgador aprecie mala fe en la conducta del demandado.

Se entenderá que, en todo caso, existe mala fe, si antes de presentada la demanda se hubiese formulado al demandado requerimiento fehaciente y justificado de pago, o si se hubiera dirigido contra él demanda de conciliación.

Hay que partir del hecho de que la mala fe no puede identificarse o deducirse del solo hecho de no realizarse por el demandado, antes de la demanda, lo pretendido en ella por el actor, porque de interpretarse así el Art. 395, la excepción se convertiría en regla general dado que la misma hipótesis de que haya reclamación y allanamiento presupone la no realización previa de lo exigido, por tanto la mala fe precisa algo más que la mera falta de cumplimiento de lo debido durante un tiempo más o menos dilatado, exigiéndose una voluntariedad por parte del demandado a dar cumplimiento a la pretensión de la parte actora que sabe que se justa, haciendo caso omiso a las reclamaciones formuladas, obligando así al titular del derecho a ejercitar finalmente su acción en proceso judicial para exigir la conducta que sabiendo el deudor que es debida no ha querido maliciosamente cumplir.

En el supuesto de autos el burofax remitido a la demandada, fue entregado y contestado en plazo, no accediendo a la petición de nulidad, por tanto procede la condena en costas a la parte demandada, al existir mala fe, ya que ha sido con la interposición de la demanda cuando la entidad financiera accedió a la petición de declaración de nulidad.

FALLO

Que estimando como estimo la demanda interpuesta por XXXXXX contra la entidad SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR E.F.C. S.A. declaro la nulidad del contrato de tarjeta de crédito de fecha 7 de julio de 2016, por tipo de interés usurario y del contrato de seguro vinculado con la obligación por parte del actor de devolver únicamente el capital dispuesto, debiendo la demandada reintegrarle, en su caso, todas aquellas cantidades abonadas por razón del contrato que hayan excedido del capital prestado y que se calcularán en ejecución de sentencia, más el interés legal.

Se condena a la entidad demandada al pago de las costas procesales devengadas en la presente instancia.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra esta resolución cabe interponer el recurso de apelación en el plazo de VEINTE DÍAS contados desde el siguiente a su notificación.

Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J., para la admisión del recurso se deberá acreditar haber constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano, un depósito de 50 euros, salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente de alguno de los anteriores.

El depósito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad en el Datos de Órgano Judicial, en la cuenta de este expediente INSERTAR CUENTA EXPEDIENTE indicando, en el campo «concepto” la indicación «Recurso» seguida del código «02 Civil-Apelación».

Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá realizarse al número de cuenta IBAN XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX indicando en el campo concepto, el número de la cuenta de consignaciones antes indicado seguida del código «02 Civil-Apelación.»

En el caso de que deba realizar otros pagos en la misma cuenta, deberá verificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando, en este caso, en el campo observaciones la fecha de la resolución recurrida con el formato DD/MM/AAAA.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

EL/LA MAGISTRADO