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Sentencia desestimando recurso de apelación del Banco de Santander por comisiones por devolución – 5.983,76 € más intereses y costas

Sentencia desestimando recurso de apelación del Banco de Santander por comisiones por devolución - 5.983,76 € más intereses y costas

La Audiencia Provincial de Madrid desestima el recurso presentado por Banco Santander contra la sentencia del Juzgado de 1ª Instancia núm. 61 de Madrid.

Por lo que se reitera en la devolución del importe de todas las comisiones cobradas por la entidad bancaria demandada (Banco Santander) como consecuencia de la devolución de efectos.

La Audiencia señala también el cobro indebido de dichas comisiones por devolución debido a la no acreditación de estar pactado entre las partes dicho cobro, para el supuesto de que el efecto descontado resulte impagado, como independiente de la comisión cobrada por la propia operación de descuento, ni que el Banco realizará efectivamente los concretos servicios específicos que dice haber realizado tras la devolución.


SENTENCIA

 

Recurso de Apelación núm. 151/2011

Ponente: Ilmo. Sr. D XXXXXXX

La Sección 19ª de la Audiencia Provincial de Madrid desestima el recurso de apelación deducido por la parte demandada, contra la Sentencia dictada, en fecha 19-07-2010, por el Juzgado de 1ª Instancia núm. 61 de dicha capital, en autos de juicio ordinario, confirmando la meritada Resolución.

SENTENCIA: 00157/2011

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID – SECCIÓN 19

N.I.G. 28000 1 7002479/2011

RECURSO DE APELACIÓN 151/2011

Autos: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 1945/2009

JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 61 de MADRID

Apelante/s: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A.

Procurador/es: XXXXXXX

Apelado/s: XXXXXXX

Procurador/es: XXXXXXX

SENTENCIA NÚM. 157

Ponente: Ilmo. Sr. D. XXXXXXX

Ilmos. Sres. Magistrados: XXXXXXX, XXXXXXX y XXXXXXX

En Madrid a uno de Abril del año dos mil once.

La Sección Décimo-Novena de la Audiencia Provincial de Madrid, compuesta por los Srs. Magistrados al margen reseñados, ha visto, en grado de apelación, los autos de juicio ordinario sobre reclamación de cantidad, seguidos en el Juzgado de Primera Instancia núm. 61 de los de Madrid con el núm. 1945/2009 y en esta alzada con el núm. 151/2011 de rollo, en el que han sido partes, como apelante, la entidad Banco de Santander S.A., representada por el Procurador Don XXXXXXX y dirigida por el Letrado Don XXXXXXX, y, como apelados, Don XXXXXXX y XXXXXXX, representados por la Procuradora Doña XXXXXXX y dirigidos por el Letrado Don XXXXXXX.

Se aceptan y se dan por reproducidos, en lo esencial, los antecedentes de hecho de la sentencia recurrida, en cuanto se relacionan con la presente resolución.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: En los autos más arriba indicados, con fecha 10 de Julio de 2010, se dictó sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: «FALLO: Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por la Procuradora Sra. XXXXXXX, en nombre y representación de XXXXXXX y XXXXXXX, condenando a Banco de Santander S.A. a abonar a los demandantes la cantidad de 5.983,76 euros, con los intereses desde la fecha de la demanda, imponiéndole asimismo el pago de las costas causadas

SEGUNDO: Contra dicha sentencia por la representación procesal de la entidad Banco de Santander S.A. se preparó e interpuso recurso de apelación, que fundamenta haciendo referencia a la cuestión litigiosa cual, según lo postulado en demanda, la devolución del importe de unas comisiones cobradas por la demandada, ahora apelante, durante el año 2006, como consecuencia de la devolución de efectos, cobro que la demandante estima indebido por no estar pactado y no obedecer a un servicio prestado por la ahora apelante, frente a lo cual ésta esgrimió al contestar a la demanda que dicho cobro estaba pactado, así como que obedecía a un servicio efectivamente prestado, distinto de la gestión de cobro, que sólo se produce si el efecto es devuelto, de modo que no puede cobrarse la comisión sino hasta que efectivamente se produce la devolución, no habiéndose acreditado que la ahora apelante haya cobrado dos comisiones, y acreditado por la demandante sólo el pago de una comisión de devolución; señalando que la sentencia de instancia se limita reproducir como argumentación la sentencia dictada por la Sección 21ª de la AP de Madrid, de 13 de Octubre de 2005; desde lo precedente pasa a hacer cita de la STS de 23 de Junio de 2008 , que, indica, resuelve muchas de las cuestiones enjuiciadas y de forma contraria a como lo hace la sentencia recurrida.

Pasa la apelante a hacer alegaciones en orden a la existencia de pacto para el cobro de la comisión de devolución, reiterando que con la referida sentencia del Tribunal ni siquiera es necesario el pacto, siempre que el cliente haya venido pagando las comisiones sin reclamación, admitiendo la existencia de pacto tácito, no obstante, tanto de la póliza acompañada a la demanda, como de las facturas de remesas, resulta el referido pacto, haciendo referencias a las condiciones generales: información y octava de aquélla y su condición particular tercera, así como a los puntos 3 y 5 de las facturas de remesas, lo que diferencia el supuesto del tratado en la SAP de Madrid citada de 13 de Octubre de 2005; señalando que el cobro de la referida comisión está aceptada por el Banco de España, memoria de 2008, de la que hace trascripción.

Pasa a hacer alegaciones en orden al importe de la comisión, con referencia al pacto tácito y siendo admisibles las remisiones genéricas, con referencia a la Memoria del Servicios de Reclamaciones del Banco de España correspondiente al año 2007.

En cuanto a la realidad del servicio prestado señala que no es único, por cuanto la devolución genera una serie de actuaciones que difieren de la mera gestión de cobro y cuyo importe no puede incluirse en la comisión que pueda cobrarse como consecuencia de la gestión realizada, con cita de la ya indicada STS de 23 de Junio de 2008; señalando como servicios diferenciados, realizar las operaciones precisas para que el efecto no se perjudique, informar al cliente del impago, liquidación del efecto impagado, realización de los apuntes en la cuenta del cliente, devolución de los efectos al cliente; hace concreta referencia a la comisión interbancaria, la inclusión/exclusión en el RAI; igualmente hace referencia a pronunciamiento de la Asociación Española de Banca en Informe sobre Comisiones de Devolución de 12 de Junio de 1996.

Añadiendo que si se mantiene el derecho al cobro de, al menos, una comisión, es la parte demandante la que debería probar que cobró dos comisiones y no una, lo que no ha quedado acreditado, siendo que todos los recibos aportados por la demandante acreditan el pago de una comisión por devolución, no acreditando que se pagase, además, una comisión por gestión; desde todo lo precedente se hace a hacer citad de sentencias de distintas AAPP en apoyo de sus alegaciones, para terminar suplicando se dicte sentencia por la que estimando el recurso se revoque la sentencia a la que se contrae, con desestimación de la demanda y con expresa condena en costas a la apelada.

TERCERO: Por interpuesto que fue el mencionado recurso se acordó dar traslado del mismo a la parte en la instancia demandante, la que presentó escrito de oposición, para en base a las alegaciones que esgrime suplicar su desestimación.

CUARTO: Remitidos los autos a esta Audiencia, con fecha registro de entrada del día 8 de Marzo de 2011, repartido de conocimiento el recurso a esta Sección, se formó el oportuno rollo, se designó Ponente conforme al turno previamente establecido y no estimándose necesaria la celebración de vista pública, se señaló para deliberación y votación, la que tuvo lugar el pasado día veintiocho de Marzo.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO

Desde el propio contenido del recurso se extrae cuál ha sido el contenido de la controversia y se delimita el ámbito de esta sentencia conforme a lo prevenido en el art. 465.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (RCL 2000, 34, 962), en relación con la previsión contenida en el art. 456 del mismo texto legal; siendo que la controversia, ciertamente, queda delimitada en los términos con que encabeza su recurso la parte apelante, esto es, si procede la devolución del importe de unas comisiones cobradas por la demandada, ahora apelante, durante el año 2006, como consecuencia de la devolución de efectos, cobro que la demandante estima indebido por no estar pactado y no obedecer a un servicio prestado por la ahora apelante, frente a lo cual ésta esgrimió al contestar a la demanda que dicho cobro estaba pactado, así como que obedecía a un servicio efectivamente prestado, distinto de la gestión de cobro, que sólo se produce si el efecto es devuelto; cuestión a lo que la sentencia de instancia da respuesta en su parte dispositiva, en los términos recogidos en el antecedente de hecho primero de la presente resolución, declarando la procedencia de devolución de lo cobrado por tal concepto, con la consecuente condena a la devolución de lo cobrado, y lo hace tomando como ratio decidendi el contenido de la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 21ª de 13 de Octubre de 2005, siendo ya de señalar en relación con la alegación formulada por la apelante al respecto, que conforme a reiterada doctrina jurisprudencial, valga por todas STS de 12 febrero 2007 (RJ 2007, 4934), con cita de las de 25 de noviembre de 2002 (RJ 2002, 10275) y 22 de junio de 2004 (RJ 2004, 3958)) la motivación por remisión a otra sentencia es bastante a efectos de la motivación de la sentencia, cuando aquella se explicite, la sentencia de remisión, ciertamente, parte del supuesto de la inexistencia de pacto expreso que justifique la comisión a que la litis se contrae, no dando valor de tal a una remisión genérica, con falta de claridad y sin previsión de cuantía y modo de cálculo de la misma, sin ser válido a tal efecto la remisión a las «tarifas», con cita de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 12 de Diciembre de 1989, norma 7ª apartado 4º c, y de la Circular 8/1990, de 7 de Septiembre (RCL 1990, 1944), del Banco de España; siendo además que el cobro de esa comisión supone incremento del precio fijado para el descuento, lo que exige constancia con claridad y sin que quepa considerar admisión tácita el hecho de que hubiere venido devengándose tal comisión, sin alegar nada en contra, en atención a que no fueron satisfechas voluntariamente sino directamente cobradas mediante los correspondientes giros en cuenta; hace referencia, además, a la necesidad de que cualquier comisión bancaria precisa que se corresponda a servicios efectivamente prestados, tal como indica la Circular 9/1990 del Banco de España, estimando que la comisión es una independientemente de que el efecto descontado sea o no hecho efectivo, siendo que las gestiones que se dicen como independientes constituyen una y única; la misma sentencia a que nos estamos refiriendo hace cita de otras que mantienen el mismo criterio, así SSAAPP de Madrid, Sección 12ª, de 18 de Enero de 2000 (AC 2000, 611), Sección 10ª de Mayo de 2000, Sección 18ª de 23 de Abril de 2001 , Sección 10ª de 11 de Marzo de 2008, de Alicante, Sección 4ª de 2 de Diciembre de 1999, Sevilla, Sección 6ª de 3 de Abril de 2004, Granada de 18 de Marzo y 19 de Septiembre de 2000; a este elenco de sentencia citadas por la referida, son de añadir SAP Salamanca de 6 octubre 2009 (JUR 2009, 469515), que hace cita de la Ley 13/1994 de 1 de junio (RCL 1994, 1554) de autonomía del Banco de España, que le confiere la potestad de dictar circulares en materia monetaria y no monetaria, así como la Ley 13/1994 de 1 de junio de autonomía del Banco de España, que le confiere la potestad de dictar circulares en materia monetaria y no monetaria, así como la Ley 26/1988 (RCL 1988, 1656) de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, y la Orden Ministerial de 12 de diciembre de 1989 (RCL 1989, 2700) del Ministerio de Economía; y al derecho de los contratos bancarios, integrado fundamentalmente por la normativa general de los contratos contenida en el Código Civil y en el Código de Comercio, completada por la legislación especial en materia de información y documentación de la contratación bancaria y de protección de los consumidores, como son fundamentalmente la Ley General de Protección de los Consumidores y Usuarios, de 19 de julio de 1984 (RCL 1984, 1906) (LGPCU), y la Ley de las Condiciones Generales de Contratación de 13 de abril de 1998 (RCL 1998, 960) (LCGC),. Para desde todo ello concluir que para que una cláusula reguladora de una comisión bancaria, contenida en un contrato bancario, tenga plena validez en derecho es necesario:

-1º. Que dicha cláusula haya sido pactada en forma;

-2º. Que obedezca a un servicio efectivamente prestado o un gasto habido;

-3º. Así como que dicho servicio haya sido aceptado o solicitado por el cliente.

Que toda comisión, en cuanto parte de una cláusula de un contrato bancario, debe haber sido pactada en forma por las partes para su validez y eficacia, por así desprenderse de dos normas jurídicas fundamentales reguladoras de la disciplina de los contratos que nos ocupa, cuáles son: por un lado la Ley 26/1988 de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, que en su artículo 48.2 exige que estos contratos se formalicen por escrito y que los mismos reflejen de forma explícita y con la necesaria claridad los compromisos contraídos por las partes, aunque la sanción por el incumplimiento por parte del banco de estos requisitos no es la nulidad del contrato; así como, por otro lado, la Ley reguladora de las Condiciones Generales de la Contratación, claramente aplicable a los contratos que nos ocupan, en cuanto los mismos contienen condiciones generales a las que la otra parte simplemente se adhiere, ley que exige que la cláusula o condición general se haya pactado expresamente por las partes, y no sólo eso, sino además que sea clara y precisa, de suerte que en caso de incumplimiento de estos requisitos la sanción será la no incorporación o en su caso la nulidad de la cláusula en cuestión.

Dicha ley lo que trata es de garantizar que el adherente conozca o al menos haya tenido oportunidad de conocer las condiciones generales en el momento de celebración del contrato y que éstas resulten lo suficientemente comprensibles, considerando tales cláusulas como incluidas en el contrato sólo cuando el adherente acepte su incorporación al mismo y sea firmado este por todos los contratantes, o en todo caso, no haya duda sobre la aceptación de tales cláusulas por parte de los contratantes. En consecuencia, el requisito que nos ocupa relativo a que la cláusula reguladora de la Comisión bancaria haya sido pactada en forma, por un lado excluye todas aquellas comisiones de origen exclusivamente unilateral, exigiéndose que las mismas nazcan del previo convenio o acuerdo entre las partes, expreso en el sentido de indubitado, acuerdo que además, desde este punto de vista formal, exige que en su contenido reúna los requisitos de claridad, precisión y transparencia para su correcta comprensión por la parte adherente.

La ley de condiciones generales de la contratación, como también la citada ley de disciplina e intervención de las entidades de crédito, exigen que además las cláusulas del contrato bancario reguladoras de una comisión bancaria respondan a servicios efectivamente prestados, como no podía ser de otro modo si no queremos dar al traste con toda la regulación contenida con carácter general sobre los contratos en los artículos 1254 y siguientes del código civil (LEG 1889, 27), en el primero de los cuales tan sólo se declara existente un contrato cuando una parte se obliga respecto de otra a hacer una cosa o prestar algún servicio, estableciendo el artículo 1258 que desde su perfección los contratos obligan no sólo a lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley, como lo es desde luego, que si se pacta una comisión a favor de una de las partes del contrato, dicha comisión obedezca a la prestación de un servicio real por dicha parte, indicando finalmente el artículo 1261.2º del mismo cuerpo legal que no hay contrato, si no concurren entre otros el requisito de un objeto cierto que sea materia del contrato, inexistente si se pacta una comisión a cambio de un servicio que no es real. Y por último, citada legislación exige que el servicio haya sido aceptado o solicitado por el cliente, como tampoco podría ser de otro modo sobre la base de los citados artículos del código civil reguladores de los contratos, uno de cuyos requisitos esenciales, el primero y principal , es el consentimiento o aceptación de lo pactado por las partes.

Y más adelante sigue indicando en trono a la cuestión que ahora nos ocupa, cobros llevados a cabo por la entidad demandada en concepto de comisión por devolución de efectos y en concreto a la consideración de actos concluyentes por aceptación por pago de comisiones por dicho concepto, recoge que es sin embargo dudoso que del mismo deba derivarse como concluyente una propia y auténtica aceptación de la comisión correspondiente, y no tan sólo una aceptación del servicio de descuento intentado por el banco, con la consiguiente devolución del efecto impagado. Sin que quepa aplicar al presente caso la doctrina contenida en la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de junio de 2008 (RJ 2008, 3228), (que es en la que se ampara la ahora apelante) por cuanto en la misma se habla de actos concluyentes derivados de la aceptación del pago de la comisión por devolución durante muchos años por parte del descontatario, mientras que en el supuesto que nos ocupa hablamos tan sólo de dos pagos concretos realizados durante el año 2004.

Pero es que no sólo plantea dudas la existencia de la cláusula sobre la comisión por devolución como cláusula pactada en forma por la vía de los actos concluyentes, sino que además el verdadero problema se plantea desde el punto de vista de determinar la claridad, precisión, transparencia y comprensibilidad de dicha cláusula, pues en los recibos de cobro de la correspondiente comisión (folios 43 y 44 de los autos) nada se dice sobre el contenido de la cláusula en cuya virtud se pasa de hecho para su cobro la correspondiente comisión por devolución; sin que conste tampoco en autos, si esa concreta comisión cobrada se corresponde con anuncios previamente conocidos por el cliente y colocados en lugar adecuado por el banco, o si más bien responde a la aplicación de unas tarifas entregadas para su conocimiento al banco de España, en cuyo caso nos hallaríamos ante el problema de si dicha remisión cumple o no los requisitos de claridad y transparencia que ese tipo de cláusulas, en cuanto condiciones generales, deben cumplir de acuerdo con la LCGC, so pena de la no incorporación de las mismas.

Lo cual nos lleva, en este análisis del requisito formal de la cláusula en cuestión, que como hemos visto ha de ser pactada por las partes en forma, al estudio del requisito de la claridad, precisión, transparencia y comprensibilidad que dicha cláusula debe cumplir, ya haya sido pactada por medio de actos concluyentes, ya de forma escrita. Sin que obste para nada en este análisis el contenido de la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de junio de 2008, pues en la citada sentencia, en el fundamento de derecho segundo, párrafo séptimo se establece textualmente que «ello sentado, si lo que la recurrente reclama es que declaremos indebidos los pagos a que se refiere la demanda, como sanción vinculada a la infracción, durante el funcionamiento de la relación jurídica contractual, de normas de operación y disciplina de las entidades de crédito- entre ellas, las circulares aprobadas por el banco de España: artículo uno.5 de la ley 26/1900 88,29 de julio SIC (RCL 1988, 1656 y RCL 1989, 1782) – y, en concreto, ante reglas sobre transparencia bancaria, la pretensión carece del necesario apoyo en un precepto que vincule dicha sanción al efecto de que se trata- como, en materia de comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores, permite el artículo nueve. 4, en relación con el artículo siete1.2) b), ambos de la ley 22/2711 de julio SIC (RCL 2007, 1356).

Y si lo que reclama es que, atendiendo a la génesis de la relación, declaremos la invalidez de la cláusula tácitamente pactada, por infracción de normas imperativas reguladoras de la celebración de este tipo de contratos, debería la recurrente haberse referido a las vigentes en la fecha de celebración del mismo, no a las posteriores como ha hecho en contra de la regla «tempus regit actum»- disposición transitoria segunda del CC»-. Sin embargo, en el presente caso, como hemos visto, no existe esa dificultad relativa a que las normas invocadas sean posteriores a los actos que mediante ella se pretenden regular, sino que son muy anteriores; ni, por tanto, tampoco la dificultad relativa a que la pretensión carezca del necesario apoyo en un precepto que vincule la sanción de la nulidad al efecto de que se trata, puesto que como hemos visto la Ley sobre Condiciones Generales de la Contratación establece como requisitos de incorporación y de nulidad de las citadas condiciones generales que la cláusula esté pactada de forma expresa y que además sea clara y precisa, pues sólo de las cláusulas pactadas expresamente y que además sean claras y precisas podrá tenerse la seguridad de que han sido adecuadamente conocidas y aceptadas por el adherente.

Y sigue señalando que establecido lo anterior, el problema ahora consiste en determinar si las comisiones cobradas por vía de hecho, así como las cobradas a partir del pacto de la cláusula de comisión por descubierto por devolución de efectos en el año 2006 cumplen o no los requisitos de incorporación y validez establecidos por la Ley General de las Condiciones Generales de la Contratación, interpretados dichos requisitos de acuerdo con las normas especiales reguladoras de la materia, en este caso las circulares citadas en un juicio dictadas por el banco de España al respecto.

Pues bien en dicha cláusula se establece (ver folio 108 vuelto, dentro del apartado tercero relativo a las condiciones generales aplicables a toda las operaciones a formalizar en el presente documento, en la condición segunda) que «el servicio prestado por el banco en la devolución de efectos que resulten impagados devengará una comisión de devolución cuyo importe máximo, a calcular sobre el nominal del efecto, se recoge en el manual de tarifas presentada ante el banco de España, y quedará reflejado en la carta de liquidación que junto a esta factura de cesión conforma el documento contractual.»

Una de las cuestiones más discutibles en esta materia es la relativa a cuál debe ser el nivel de comprensibilidad exigible en una condición general, a los efectos de aplicar o no la consecuencia de la no incorporación de las cláusulas ilegibles, ambiguas oscuras e incomprensibles prevista en el apartado b del artículo 7, en su primer inciso, en relación con el artículo 5.5 ambos de la LCGC. Como es sabido, los contratos de adhesión van dirigidos a una pluralidad de personas de todo tipo de nivel cultural y de conocimientos, por lo que está pluralidad de adherentes plantea el problema de concretar cuándo unas condiciones generales son comprensibles o resultan oscuras.

En tal sentido, y siguiendo en este punto la tradición de nuestro derecho, hay que considerar que se debe acudir al parámetro del denominado «adherente medio», es decir, el equivalente al concepto doctrinal y jurisprudencial del buen padre de familia o del ordenado comerciante al que se refiere el código civil y el código de comercio. Por tanto las cláusulas deben tener una posibilidad de comprensión para el nivel cultural y social de los estamentos medios de la sociedad, sin tener que acudir a un examen individualizado de cada uno de los adherentes, pues ello afectaría enormemente a la seguridad del tráfico y haría en muchas ocasiones de imposible redacción las condiciones generales. Lo que una persona media puede comprender es el límite de la oscuridad. Y asimismo en esta materia habrá que tenerse en cuenta, cuando exista, la correspondiente normativa específica sobre claridad y transparencia de las cláusulas, como sucede en los contratos bancarios o financieros.

Y así, la Orden de 12 de diciembre de 1989 del Ministerio de Economía y Hacienda sobre tipos de interés y comisiones, actuación información a clientes y publicidad, que desarrolla la ya citada Ley de Disciplina e Intervención de las Entidades Bancarias, en su punto cuarto de la norma 7 señala en la letra b) que los documentos contractuales relativos a las operaciones activas y pasivas en las que intervenga el tiempo, deberán recoger de forma explícita y clara las comisiones y gastos repercutibles que sean de aplicación, con indicación concreta de su concepto, cuantía, fechas de devengo y liquidación, así como en general, cualquier otro dato necesario para el cálculo del importe absoluto de tales conceptos.

No serán admisibles, a estos efectos, las remisiones genéricas a las tarifas a que se refiere el número quinto de esta orden, pronunciándose en idéntico sentido la norma sexta. Seis, apartado C de la Circular 8 de 1990 del Banco de España relativa la transparencia de las operaciones de la protección de la clientela de las entidades de crédito, mediante la que se desarrolla la anterior orden ministerial. Por consiguiente conforme a esta normativa específica, podemos concluir que no se cumple el requisito de la transparencia y claridad en una condición general pactada en un contrato bancario cuando se utilice a la hora de determinar la cuantía de la comisión pactada en dicha cláusula el recurso de la remisión genérica a las tarifas a que se refiere el número quinto esta orden.

En la misma línea se pronuncia las SAP de Málaga de 14 de Abril de 2009 (JUR 2009, 378845), que hace concreta referencia a La Memoria del Servicio de Reclamaciones del Banco de España de 2007, a la que no reconoce carácter vinculante para el Tribunal al no ser normativa legal, para no obstante ello realizar la Sala una serie de consideraciones en relación con la misma, e indicar que como expone, al inicio, cuáles son los requisitos para el cobro de cualquier comisión, estableciendo literalmente «la normativa que regula las comisiones aplicables por las Entidades de Crédito establece como principio básico la libertad para su fijación (números 1º y 5º de la orden de diciembre de 1.989 y norma 3ª de la circular del Banco de España N.º 8/1990 (en adelante CBE N.º 8/1990)», si bien, impone dos requisitos para que resulte procedente su cobro, uno material y es que respondan a servicios efectivamente prestados que hubieren sido aceptados o solicitados en firme por el cliente, y otro de índole formal y es que se recojan en el contrato y /o en un folleto de tarifas, redactado de forma clara, concreta y fácilmente comprensible, folleto éste que ha de quedar registrado en el Banco de España antes de su aplicación y que debe estar a disposición de los clientes en todas y cada una de las oficinas abiertas al público y sigue señalando, es decir, efectivamente, la memoria, a priori, y en relación al cobro de comisión por descubierto , contempla la posibilidad, en tales supuestos, de cobrarse por la Entidad crediticia comisión junto al interés de descubierto, siempre y cuando la comisión responda a un servicio efectivamente prestado, siendo así que, en el caso de autos, como más tarde se razonará, no se ha acreditado que la comisión cobrada responda a un servicio efectivamente prestado por la Entidad Bancaria.

La memoria analizada, prevé en su texto, decimos el cobro de comisión de descubierto junto al interés de descubierto, siempre que la comisión responda a un servicio efectivamente prestado, y así expresa «teniendo en cuenta lo anterior, esto es, la naturaleza del descubierto como operación de financiación, y con el objeto de facilitar su análisis, se han agrupado las reclamaciones derivadas de la aplicación de esta comisión con las relativas a comisiones por reclamación de posiciones derivadas de operaciones propias de activos (véase el epígrafe de adeudo de comisiones que no responden a la prestación de un servicio efectivo, del Grupo I, préstamos y otras operaciones activas)»; al analizar el epígrafe al que nos remite el anterior texto (página 93), comprobamos como el Banco de España, considera una mala práctica bancaria el cobro de una comisión por un servicio no prestado efectivamente, al expresar: «En los expedientes relacionados, las entidades adeudaron a sus clientes la citada comisión sin haber acreditado que hubieran realizado gestiones efectivas de reclamación, o que se cumplieran los requisitos que se indican anteriormente en los criterios generales, para que se estime que la aplicación de esta comisión es conforme con las buenas prácticas bancarias.

A este respecto, se considera que resulta, cuanto menos, discutible que el automatismo del envío de cartas (diferido unos días respecto de cada fecha de impago/descubierto), generadas por ordenador comunicando la existencia el impago/descubierto, constituya una verdadera gestión». Epígrafe este que impide al actor apoyarse en la memoria analizada a fin de obtener el éxito de sus pretensiones, incluso para el cobro de comisión por devolución de efectos impagados, ya que el simple hecho de la devolución del efecto, no acredita que efectivamente se hayan prestado servicios por parte del Banco, que permitan el cobro de comisión y este es el criterio del Servicio de Reclamaciones del Banco de España, expuesto en la memoria de 2007, al expresarse, en su página 84: «Esta comisión (comisión por reclamación de posiciones deudoras) constituye una práctica bancaria habitual que tiene por objeto el cobro de los costes en que ha incurrido la entidad, al efectuar las reclamaciones necesarias para la recuperación de los saldos deudores de su (s) cliente (s). Ahora bien, desde la óptica de las buenas prácticas bancarias, y ante la dificultad de las entidades de determinar a priori, y de justificar a posteriori, para cada caso concreto, la existencia efectiva de gestiones de reclamación, es criterio del Servicio de Reclamaciones que el adeudo de esta comisión solo puede ser posible si, además de aparecer recogida en el contrato, se acredita que: -Su devengo está vinculado a la existencia efectiva de gestiones de reclamación realizadas ante el cliente deudor (algo que, a juicio de este Servicio, no está justificado con la simple remisión de una carta periódicamente generada por el ordenador)».

Y en apoyo de ello, en la página 175, se expresa «… De que, si la Entidad librada no atiende el efecto, su devolución generará una nueva comisión que (en la medida que haya sido registrada por la Entidad en el Banco de España y responda a un servicio efectivamente prestado), podrá serle adeudada», es decir, el Banco de España condiciona el cobro de la comisión por devolución de efectos, no solo a que haya sido registrada en el Banco de España, cuestión esta no controvertida en la presente litis, sino también a la necesidad de que responda a un servicio efectivamente prestado. Quiere ello decir que el recurrente realiza en apoyo de sus pretensiones, una interpretación del contenido de la memoria en cuestión, absolutamente parcial e interesada, y muy alejada de lo realmente expuesto en su contenido, por lo cual, no pueden estas alegaciones servir de base para estimar sus pretensiones.

Más adelante dicha sentencia hace consideraciones en orden al contrato de descuento o de gestión de cobro de efectos es un contrato atípico por virtud del cual una Entidad crediticia anticipa a un cliente el importe de un crédito no vencido, previa deducción de los intereses que correspondan por el tiempo que falta hasta su vencimiento; entrega que se acompaña de la cesión a la Entidad bancaria del referido crédito, «salvo buen fin», es decir, se produce, por tanto, en este contrato, un préstamo de dinero del Banco al cliente, cuyos intereses son cobrados anticipadamente, y como la operación se realiza «salvo buen fin», el cliente queda obligado a devolver al banco la suma recibida cuando el crédito descontado no es pagado a su vencimiento, obligación esta propia de todo prestatario (artículos 1753 CC y 312 del C. De Comercio (LEG 1885, 21)), debiendo entenderse, en este caso, como suma entregada, el nominal del título, pues la cantidad descontada supone el interés cobrado anticipadamente, del préstamo que se produce en el descuento. Por su parte el Banco, no se obliga a actuar contra el deudor en caso de impago del efecto entregado en garantía, pero sí a presentar el crédito al cobro y a realizar los actos conservatorios del mismo.

Pues bien, aclarado el concepto, el problema planteado por la recurrente, fue ya abordado por esta Sala en Sentencia de fecha 20 de noviembre de 2000 (JUR 2001, 54963), recaída en el Rollo de Apelación Civil N.º 652/99, en sentido contrario a los intereses del hoy recurrente, en la cual se expresaba que la alegación relativa a que la devolución del efecto suponía para la Entidad un verdadero servicio prestado al descontante, entrañando una actividad adicional para la Entidad crediticia, no contratada con la línea de descuento, debía ser rechazada por absurda, pues sería igual que si los empleados de la Entidad, por asistir cada día a su trabajo, pese al sueldo mensual, le pidiesen otra retribución.

Se argumentaba igualmente por esta Sala en la indicada Sentencia, y se reproduce en la presente, que si bien es cierto que lo correcto es que el efecto descontado se abone por quien corresponda a su presentación, el hecho de que así no suceda, no puede ser considerado como algo excepcional, sino todo lo contrario, sabiendo bien de ello las Entidades Bancarias por su quehacer diario, si el efecto no es abonado, se vuelve a cargar en la cuenta del cliente que tiene la línea de descuento, y ordinariamente, pese al endoso que se le realiza para la comisión de cobranza, la actividad crediticia no hace ninguna actividad tendente a hacer efectivo el documento; la diligencia negativa del pago lo hace la Entidad domiciliataria y no la presentante, y si se hace un protesto, se facturará a parte, y la publicación en el RAI o ficheros similares, de dudosa constitucionalidad, no beneficia en absoluto al acreedor, sino a las Entidades financieras a la hora de dar nuevos créditos.

Por otra parte, la postura jurisprudencial mayoritaria es aquella que expresa que las comisiones por devolución no pueden quedar amparadas en el principio de libertad contractual del artículo 1.255 del CC, porque carecen de causa que las justifiquen ex artículos 1.274 y 1.275 del CC, ya que el mero hecho de que el Banco comunique al cliente el impago del efecto no es un nuevo servicio ajeno al propio contrato de descuento y cobro de efectos, que ya tiene una justa retribución en las comisiones de gestión o de cobro, así como en el importante tipo de interés del propio descuento. El servicio que se presta por la Entidad bancaria es el de la presentación al cobro de efectos y ese ya ha sido remunerado, sin que la simple operación material de devolverlo suponga un nuevo servicio, ya que forma parte íntegramente de la gestión de cobro.

Por otra parte, no cabe entender que el silencio del actor ante las liquidaciones que la Entidad bancaria le ha ido practicando, constituya una admisión del cobro de las comisiones hoy controvertidas, y su conformidad vinculante con las mismas, pues, constituyen las mismas, cargas aplicadas unilateralmente por la Entidad bancaria y pueden ser judicialmente impugnadas, como ha hecho la Entidad actora por medio de esta litis, mientras la acción correspondiente no se extinga por prescripción que, obviamente no concurre en el supuesto enjuiciado. La sentencia del Tribunal Supremo de 23 de junio de 2008 (reiteramos que es aquélla en que se apoya la apelante), no resulta aplicable al supuesto de autos, en cuanto que su argumentación jurídica no viene apoyada por otras dos resoluciones del alto tribunal en el mismo sentido, viniendo a contradecir lo expuesto y razonado por el propio Tribunal Supremo en Sentencia de 16 de enero de 2006, sobre el consentimiento tácito en la aceptación de las comisiones, y, además porque, en el supuesto enjuiciado, no consta acreditada la existencia de pacto expreso o tácito, entre ambos litigantes, sobre el cobro de comisión de devolución; y además, el Banco, en modo alguno ha acreditado haber realizado efectivamente los concretos servicios específicos que dice haber realizado tras la devolución, tales como declaración de impago, abono de comisiones interbancarias, comunicaciones al cliente, inclusión en la RAI, toda vez que no se han aportado documentos o testimonios del personal del Banco que avalen la efectiva prestación de estos servicios específicos.

Reitera esta sentencia en orden alegado consentimiento tácito, que no es de aplicación en cuanto que son cargos aplicados unilateralmente por el Banco demandado, pudiendo ser judicialmente impugnados mientras la acción para ello no se extinga por prescripción, lo que, no acaece en el supuesto enjuiciado. El propio Tribunal Supremo en Sentencia de 16 de enero de 2006, tiene declarada la indudable aplicación de la doctrina de los actos propios al caso como el que nos ocupa, en los cuales se producen determinados efectos conforme a lo establecido en un contrato de adhesión y en un momento dado, el contratante adherido, reclama para combatir tales efectos que le resultan desfavorables o perjudiciales. En el supuesto examinado no existe la creación de una expectativa razonable que genere en la Entidad Bancaria, una expectativa de conducta posterior coherente de la mercantil demandante, que descartara cualquier posible reclamación por parte de la misma, ni existen actos de la demandante que, por su carácter inequívoco, le impidieran conducirse a posteriori del modo en que lo ha hecho al reclamar lo que considera le es debido, por lo que, en definitiva, procede la confirmación, en su integridad, de la Sentencia recurrida.

En la misma línea se pronuncia la sentencia de la AP de Salamanca de fecha 9 de Febrero de 2009 (JUR 2009, 191589), de la de la AP de Córdoba de fecha 24 de Febrero de 2009, con argumentos de similar tenor y concretar en relación con la causa, que si la misma conforme al art. 1274 del CC es la expresión de la finalidad socialmente útil a la que el derecho reconoce como bastante, para generar y justificar la asunción de obligaciones, la comisión de devolución carece de ella. La ausencia de causa se funda en que la entidad no ha prestado servicio alguno distinto de la gestión de cobro (que ya está retribuido), siendo la devolución, por impago de los efectos, uno de los posibles resultados de esa gestión.

De lo que se desprende que el resultado negativo no puede considerarse como independiente de la gestión encomendada, ni constituye servicio nuevo, por lo que no cabe cobrar una nueva comisión -creada ex novo- por la ejecución de un contrato que ya estaba retribuido. Tampoco puede resultar justificable la pretensión de que la comunicación del impago es, en sí misma, un servicio, pues simplemente estamos ante la culminación del servicio de presentación al cobro del efecto, que exige de la entidad, como mandataria (servicio por el cual ya ha sido retribuida), dar cuenta del resultado del mismo (cobro o impago), como así lo exigen los arts. 1709 y 1720 del CC y que reproducen los arts. 244, 250, 260, 263 y 277 del Código de Comercio (LEG 1885, 21). En definitiva la comisión de devolución carece de causa, como así se deduce también de la Circular 8/1990 del Banco de España, en cuanto establece que la comisiones se aplicarán para retribuir servicios específicos y efectivamente prestados por la entidad financiera; y resulta evidente que el simple impago de los efectos cambiarios por parte del deudor no ha obligado a la Entidad bancaria a la prestación de servicio alguno, sino a simples devoluciones de efectos impagados.

En la misma línea SAP de Málaga de 17 de Octubre de 2008 (JUR 2009, 163475), con cita de la de la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Sevilla de 7 de mayo de 2.001 (JUR 2001, 302358) y la de las AAPP de Córdoba de 15/9/99, Jaén de 25/3/99, Cádiz de 28/4/99 y 30/6/99 y Madrid de 10/5/2000 (AC 2000, 1446)) que consideran los pactos sobre las controvertidas comisiones de devolución como un sobreprecio añadido a lo que es el importe del descuento y convenciones sin causa en el sentido de los arts. 1.274 y 1.261.3, del Código Civil, por no ser un servicio autónomo y añadido al contrato de descuento, sino intrínseco al mismo que, como anticipábamos en el fundamento de derecho precedente, ya está retribuido con la comisión e interés del descuento, que, por su parte, retribuyen el posible riesgo de la operación para el Banco, sin que haya razón para una nueva y añadida comisión por uno de los posibles resultados del descuento, al estar compensado el posible riesgo del impago, no solo por los notables intereses de descuento, sino por el aval que lo garantiza, y, porque, en definitiva, como antes dijimos, porque el Banco toma los documentos para su cobro salvo buen fin, lo que le permite reintegrarse de sus respectivos importes; y expresa referencia a la S. de 5 de Marzo de 2004 (AC 2004, 1459) de la AP Barcelona, Sección 17 ª, que en respuesta al concreto problema señala que el mismo no ha recibido una respuesta unánime en la jurisprudencia menor, si bien la opinión mayoritaria se inclina por considerar que las comisiones por devolución no pueden quedar amparadas en el principio de libertad contractual consagrado en el art. 1255 CC, porque carecen de causa que las justifique ex. art. 1274 y 1275 CC, ya que, como señala la SAP Sevilla 7 mayo 2001 (JUR 2001, 302358), con cita de las SSAAPP, Córdoba de 15/9/99, Jaén de 25/3/99, Cádiz de 28/4/99 y 30/6/99 y Madrid de 10/5/2000, reiterando los argumentos antes indicado en orden a la inexistencia de nuevo servicio ante el impago del efecto descontado, haciendo cita, además, de la SAP Almería 9 septiembre 2.002 (JUR 2002, 254655) y Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Sevilla de 3 de abril de 2.000; para señalar también que de la aplicación de la Ley 26/1988, de 29 de Julio (RCL 1988, 1656), de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito (artículo 48.2), Orden 1989/15009, de 12 de diciembre de 1.989, sobre Tipos de Interés y Comisiones, Normas de Actuación, Información a Clientes y Publicidad de las Entidades de Crédito, y la Circular 8/1990, de 7 de Septiembre, resulta que para el cobro de cualquier comisión es necesario que se cumplan inexcusablemente una serie de requisitos, entre los que destacan el Registro previo de dicha Comisión en el Banco de España y la determinación exacta en el contrato que se firme con el cliente de la comisión en todos sus efectos.

Por lo demás y al hilo de la pretendida aceptación anterior por el actor de las comisiones percibidas por el Banco apelante, debe recordarse lo establecido en la sentencia de la Sección 5ª de esta Audiencia Provincial de 21 de enero de 2.004, conforme a la cual, «El artículo 5 de la OM del Ministerio de Economía y Hacienda de 12 de diciembre de 1989 establece con claridad que en ningún caso podrán cargarse comisiones o gastos por servicios no aceptados o solicitados en firme por el cliente. «Las comisiones o gastos repercutidos deberán responder a servicios efectivamente prestados o a gastos habidos«.

En nuestro caso la referida comisión del 6% no fue fijada de común acuerdo entre las partes sino que fue determinada por el banco sin participación alguna del cliente en su concreción ni negociación de ningún tipo. Simplemente el banco estableció las comisiones que él mismo aprobó con infracción de lo establecido en el artículo 1449 del Código Civil que impide dejar al arbitrio de una de las partes la fijación del precio. Tales comisiones carecen en nuestro caso de causa ya que, en ningún momento, la entidad demandada ha acreditado los servicios o actividades adicionales efectivamente prestados que le han servido para cobrar la suma a que se refiere en concepto de comisión por el impago de los efectos a que se refiere.

Concluyendo que en definitiva la tesis de la entidad bancaria ha de ser rechazada no pudiendo entenderse que la entidad actora aceptara voluntariamente tales comisiones por el hecho de que viniera pagándolas durante años sin objeción de ningún tipo ya que no es posible aplicar la teoría de los actos propios, pues como se señala la sentencia de esta AP de 5 de septiembre de 2001 (AC 2001, 2575) lo dispuesto en el documento de remesa de efectos en punto a la facturación resultante de documentos negociados impagados constituye una habilitación de facultades a la entidad bancaria de naturaleza asimilable a las condiciones generales de los contratos» y que por su dimensión adhesiva y oscuridad en cuanto remitido al cargo de tarifas publicadas por el mismo banco generan duda razonable sobre su interpretación.

Por otro lado ha de observarse que, tal y como se señala por la entidad actora, el pago de las comisiones se verificaba por desconocer la ilicitud de su percepción de forma que cuando se conoció la falta de causa de tales comisiones a través del oportuno asesoramiento jurídico formuló reclamación sobre las mismas, debiendo tenerse presente que su aceptación era prácticamente una imposición unilateral del banco debiendo aceptar el cliente sin objeción tales comisiones pensando en la buena marcha de su negocio para lo cual necesitaba una línea de descuento con el banco».

En la misma línea se pronuncia la SAP de Pontevedra de 27 de Mayo de 2008 (AC 2008, 2339), que aun aceptando en principio la validez de la comisión, viene a señalar que misma podrá devenir contraria a esa buena práctica bancaria si se incurre en otros defectos o vicios, cual en este caso ocurre, donde el deber de información contractual ha sido vulnerado. La propia Orden Ministerial antes citada (artículo quinto), tras amparar la libertad de fijación de las comisiones por operaciones o servicios prestados por las entidades de crédito, se preocupa por su publicidad y conocimiento por los clientes que son los destinatarios de su repercusión. No se trata de que ahora, a posteriori, la parte demandante reconozca que las comisiones cobradas hayan sido notificadas al Banco de España y que se admita que han sido debidamente aprobadas, de modo que las cargadas no sean superiores a las aprobadas por el Banco de España, según exige el citado precepto de la O.M. 12 de diciembre de 1989.

De lo que se trata es de determinar si al contratar con el cliente la entidad demandada procedió como le era exigible y el cliente conocía en ese momento, como era su derecho, cuál era en concreto la comisión que estipulaba, o dicho de otro modo, si conocía que iba a ser el 6 por ciento que luego se le cobró. No hay constancia alguna de ello en cuanto que la demandada dejó en blanco el espacio destinado a hacer constar tal dato. En el caso de que fueran varias las opciones posibles, es decir, de existir un espacio o ámbito de porcentajes diversos – incluso hipotéticamente negociables-, quedaría al arbitrio de la entidad bancaria decidir, después de suscribir el contrato y unilateralmente, cuál en definitiva se habría de aplicar, lo que valdría tanto como dejar que una de las partes decidiese sobre el contenido de la contraprestación a cargo de la otra parte y, en suma, sobre un aspecto fundamental del cumplimiento del contrato, facultad que contraviene los términos del art. 1256 del CC.

En el sentido anterior la SAP de Córdoba de 21 de Septiembre de 2007 (JUR 2008, 42060), por unanimidad de los magistrados de la Audiencia reunidos para debatir la cuestión y unificar criterios, se acordó en 16 de junio de 2006 que las «denominadas comisiones de devolución de efectos impagados incluidas en los contratos de descuento bancario y similares son inexigibles por falta de causa, salvo que se acredite por la entidad bancaria la existencia de pacto expreso sobre el devengo de tales comisiones y que las mismas han correspondido a la prestación de un servicio efectivo, diferente de la mera comunicación del impago».

SEGUNDO

Hacemos nuestra la doctrina reflejada en las precedentes resoluciones, con excusa de innecesarias repeticiones, por cuanto en la misma se abordan todas las cuestiones planteadas en el escrito de interposición del recurso y descendiendo al concreto supuesto de autos, cabe señalar que no existe pacto expreso en orden al cobro de comisión para el supuesto de que el efecto descontado resulte impago, como independiente de la cobrada por la propia operación de descuento, más arriba definido como aquél por virtud del cual una Entidad crediticia anticipa a un cliente el importe de un crédito no vencido, previa deducción de los intereses que correspondan por el tiempo que falta hasta su vencimiento; entrega que se acompaña de la cesión a la Entidad bancaria del referido crédito, «salvo buen fin», es decir, se produce, por tanto, en este contrato, un préstamo de dinero del Banco al cliente, cuyos intereses son cobrados anticipadamente, y como la operación se realiza «salvo buen fin», el cliente queda obligado a devolver al banco la suma recibida cuando el crédito descontado no es pagado a su vencimiento, obligación esta propia de todo prestatario (artículos 1753 CC y 312 del C. De Comercio), debiendo entenderse, en este caso, como suma entregada, el nominal del título, pues la cantidad descontada supone el interés cobrado anticipadamente, del préstamo que se produce en el descuento.

Por su parte el Banco, no se obliga a actuar contra el deudor en caso de impago del efecto entregado en garantía, pero sí a presentar el crédito al cobro y a realizar los actos conservatorios del mismo; siendo que el Banco al momento del descuento cobra la comisión, de modo que en el caso de de que el efecto resulte impagado no se genera un nuevo contrato sino los efectos propios del descuento, sin que haya servicio independiente efectivamente prestado, ni cabe, como indicábamos extraer la existencia de pacto expreso, claro y determinante, pues la cláusulas contractuales a las que alude la apelante referida al documento acompañado a la demanda bajo el núm. 2, no hace referencia explícita a los gastos y comisiones que serán aplicables al contrato, con una remisión carente de efecto alguno, por cuanto en las facturas de cesión de remesas si bien contiene una estipulación que lleva por título «Comisión de devolución de efectos impagados» dicho epígrafe se encuentra completamente en letra impresa, como lo están todas las demás condiciones particulares, de modo tal que a esas condiciones en modo alguno se le puede anudar el efecto pretendido o por lo apelante, desde las consideraciones más arriba indicadas, sin establecer tipo o cuantía alguna de la pretendida; en cuanto a la inexistencia de causa nos remitimos a la doctrina ya recogida, que, reiteramos, en aras de innecesarias repeticiones hacemos nuestra, siendo de señalar que no existe prueba alguna en orden a ese servicio diferenciado que justificaría, en su caso, la comisión por impago del efecto descontado, igualmente nos remitimos a las doctrina ya recogida en orden a la carencia de los efectos pretendidos por la apelante al hecho de que la parte demandante hiciere efectivo el pago en ocasiones anteriores de la tantas veces referida; por último es de añadir que no cabe estimar la alegación de la recurrente de que es la parte demandante la que debería probar que cobró dos comisiones y no una, lo que no ha quedado acreditado, pues a esta cuestión da respuesta la propia parte ahora apelante al contestar a la demandada, hecho primero 3, al explicar cuando cobra la comisión a que la litis se contrae, diferenciada de la cobrada por el descuento, lo que nos excusa de cualquier otro comentario al respecto.

Desde todo lo precedente que estemos en el caso de desestimar el recurso y de confirmar la sentencia la sentencia a la que se contrae, siendo ahora de señalar como ya lo hacen algunas de las sentencia citadas, que la STS de 23 de Junio de 2008 (RJ 2008, 3228), de la que hace expresa mención y toma en gran medida como motivo de su recurso, no tiene el efecto pretendido, en cuanto parte de un hecho probado, que no cabe concurran en el caso que nos ocupa, y señala el efecto de esos hechos en casación, con referencia al efecto vinculante de los contratos, y referencia al modo y manera que en el caso que enjuicia debió plantearse la cuestión.

TERCERO

Por la desestimación del recurso que a tenor de lo que prescribe el art. 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (RCL 2000, 34, 962), con su expresión remisión al art. 394, que proceda hacer expresa imposición de las costas del mismo a la parte apelante, al no estimar que el asunto en los términos en que ha sido traído a esta alzada presente serias dudas de hecho o de derecho y en aras de que es la misma en el suplico de su escrito de interposición del recurso después de suplicar la estimación del mismo suplica la imposición de costas a las parte apelada, de lo que cabe entender que está rechazando la existencia de serias dudas de hecho o de derecho.

VISTOS los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLAMOS

que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la entidad Banco de Santande S.A. contra la sentencia dictada con fecha 19 de Julio de 2010 en los autos seguidos en el Juzgado de Primera Instancia núm. 61 de los de Madrid bajo el núm. 1945/2009, debemos confirmar y confirmamos dicha sentencia, con expresa imposición a de las costas del presente recurso a la parte apelante.

Al notificar esta sentencia dése cumplimiento a lo prevenido en el art. 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (RCL 1985, 1578, 2635).

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación literal al rollo de su razón y a los autos de que dimana, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN

.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su notificación, dándose publicidad en legal forma, y se expide certificación literal de la misma para su unión al rollo. Doy fe.


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