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Santander Consumer Finance devuelve 3.165,25 € a un usuario de EZ por un contrato de tarjeta de crédito usurario

Santander Consumer Finance S.A. devuelve 3.165,25 € a un usuario de EZ por un contrato de tarjeta de crédito usurario

Santander Consumer Finance S.A. es condenada por el Juzgado de Primera Instancia Nº 7 de Puerto del Rosario por un contrato de tarjeta de crédito usurario suscrito con un usuario de EZ.

El letrado D. Miguel Ángel Correderas García, colaborador con Economía Zero, ha sido el encargado de llevar el presente litigio ante el Juzgado.

Las partes del litigio firmaron un contrato de tarjeta de crédito en el que la entidad impuso un TIN anual del 23,52 %, lo que equivale a una TAE del 26,62 %, mientras que la TAE media en España de los créditos al consumo en la fecha de suscripción del contrato (mayo de 2008) era de 10,54 %, por lo que el contrato ha de considerarse nulo por usuario.

La Magistrada del litigio, estima la demanda interpuesta y declara la nulidad del contrato de tarjeta de crédito suscrito con fecha 21/05/2008 por Santander Consumer Finance S.A. con la parte demandante, condenado a la entidad financiera a la retribución a la actora de las cantidades recibidas por todos los conceptos en cuanto hayan excedido del capital efectivamente prestado o dispuesto, suma que asciende a 3.165,25 €, más los intereses devengados.

Asimismo, las costas judiciales son impuestas a la parte demandada.

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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 7

Procedimiento: Procedimiento ordinario

Nº Procedimiento: 0000011/2018

Materia: Sin especificar

Resolución: Sentencia 000074/2019

Demandante: Dña. XXXXXX
Abogado: Miguel Angel Correderas Garcia
Procurador: Dña. XXXXXX

Demandado: Santander Consumer Finance S.A.
Abogado: D./Dña. XXXXXX
Procurador: D. XXXXXX

SENTENCIA

En Puerto del Rosario, a diez de septiembre de dos mil diecinueve.

Vistos por mí, Dña. XXXXXX, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Núm. 7 de Puerto del Rosario, los presentes autos de juicio ordinario núm. 11/2018, promovidos por Dña. XXXXXX, representada por el procurador D. XXXXXX y asistida por el letrado D. Miguel Ángel Correderas García, contra SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A., representada por el procurador D. XXXXXX y asistida por el letrado D. XXXXXX, sobre nulidad de contrato de préstamo.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 06.10.2018, el procurador de los tribunales D. XXXXXX, en el nombre y representación acreditados, presentó demanda de juicio ordinario por la que, con base en los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminó suplicando el dictado de una sentencia que “declare la nulidad del contrato de tarjeta de crédito suscrito en fecha 21 de mayo de 2008 por tipo de interés usurario y condene a la entidad crediticia demandada a abonar a mi mandante la cantidad pagada por esta por todos los conceptos que haya excedido del total del capital efectivamente prestado o dispuesto, más intereses legales y costas debidas, y subsidiariamente declare la nulidad de la cláusula de intereses remuneratorios, por falta de incorporación y transparencia, así como demás cláusulas abusivas contenidas en el título, apreciadas de oficio, con los efectos restitutorios que procedan? más intereses legales y costas debidas”.

SEGUNDO.– Admitida a trámite la demandada, se emplazó a la parte demandada para personarse y contestar a la misma.

La representación procesal de la parte demandada presentó oportunamente escrito contestando y oponiéndose a la demanda esgrimida de contrario.

TERCERO.- En el día y hora señalados, se celebró el acto de la audiencia previa al juicio al que comparecieron ambas partes.

Comprobada la subsistencia del litigio, se fijaron como hechos controvertidos:

1) la nulidad por usurario del contrato de préstamo suscrito entre las partes, y

2) la nulidad por falta de incorporación y transparencia de la cláusula contractual relativa a los intereses remuneratorios.

Seguidamente, tras la proposición y admisión de prueba y estando conformes ambas partes en el carácter jurídico de la cuestión controvertida, se declararon los autos conclusos para sentencia.

CUARTO. – En la tramitación de este procedimiento se han observado todas las formalidades legales, salvo la relativa al plazo para dictar sentencia por haberse encontrado la juez en situación de incapacidad temporal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.Nos hallamos ante un procedimiento ordinario en el que la parte actora ejercita acción principal de nulidad de contrato de préstamo y subsidiaria de nulidad de condición general de la contratación.

En concreto, expone en su demanda que en fecha 21.05.2008 suscribió con la entidad demandada un contrato de tarjeta de crédito denominada “Tarjeta Europa Visa” (“revolving”), con un TIN anual del 23,52 %, lo que equivale a una TAE del 26,62 %.

Según la página web del Banco de España, la TAE media en España de los créditos al consumo en mayo de 2008, ascendía al 10,54 %.

La TAE aplicada al contrato suscrito entre las partes (26,62 %) en más del doble de la TAE media en España en aquella fecha, motivo por el cual aquel ha de considerarse nulo por usuario.

De otra parte, en el documento suscrito entre las partes no constan las condiciones financieras aplicables al crédito, incluso atendiendo al condicionado particular del contrato no resulta posible apreciar que tipo de interés se aplica al crédito, pues es un documento prácticamente ilegible, debido al tamaña minúsculo de su letra, inferior a 1,5 mm.

En consecuencia y ante la negativa de la entidad demandada a solucionar extrajudicialmente el conflicto, interesa que se declare la nulidad por usurario del contrato de préstamo suscrito entre las partes y se condene a la demandada a restituir la cantidad abonada por la demandante en la medida que exceda del capital efectivamente prestado o dispuesto, más intereses legales y costas; y, subsidiariamente, se declare la nulidad por falta de incorporación y transparencia de la cláusula contractual relativa a los intereses remuneratorios con los efectos restitutorios que procedan, más intereses y costas.

La demandada, por su parte, se opone a las pretensiones articuladas de adverso.

En concreto, en su contestación a la demandada manifiesta que el contrato no ha de reputarse usurario, toda vez que el interés pactado no puede considerarse notablemente superior al normal del dinero pues la comparación no puede realizarse con los intereses medios del crédito al consumo en general sino con los intereses medios de las tarjetas de crédito con modalidad de pago “revolving”.

Asimismo y en cuanto a la acción subsidiaria, invoca que la cláusula contractual relativa al interés remuneratorio supera sobradamente el control de transparencia, toda vez que en la condición general 10.1 se indica de forma clara, sencilla y comprensible la carga onerosa de la tarjeta.

SEGUNDO.– El art. 1 de la Ley de Represión de la Usura de 1908 dispone:

«será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales».

La STS núm. 628, de 25 de noviembre de 2015, señala:

2.-(…)Mientras que el interés de demora fijado en una cláusula no negociada en un contrato concertado con un consumidor puede ser objeto de control de contenido y ser declarado abusivo si supone una indemnización desproporcionadamente alta al consumidor que no cumpla con sus obligaciones, como declaramos en las sentencias núm. 265/2015, de 22 de abril, y 469/2015, de 8 de septiembre, la normativa sobre cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores no permite el control del carácter «abusivo» del tipo de interés remuneratorio en tanto que la cláusula en que se establece tal interés regula un elemento esencial del contrato, como es el precio del servicio, siempre que cumpla el requisito de transparencia, que es fundamental para asegurar, en primer lugar, que la prestación del consentimiento se ha realizado por el consumidor con pleno conocimiento de la carga onerosa que la concertación de la operación de crédito le supone y, en segundo lugar, que ha podido comparar las distintas ofertas de las entidades de crédito para elegir, entre ellas, la que le resulta más favorable.

En este marco, la Ley de Represión de la Usura se configura como un límite a la autonomía negocial del art. 1255 del Código Civil aplicable a los préstamos, y, en general, a cualesquiera operación de crédito «sustancialmente equivalente» al préstamo.

Así lo ha declarado esta Sala en anteriores sentencias, como las núm. 406/2012, de 18 de junio, 113/2013, de 22 de febrero, y 677/2014, de 2 de diciembre.

3.A partir de los primeros años cuarenta, la jurisprudencia de esta Sala volvió a la línea jurisprudencial inmediatamente posterior a la promulgación de la Ley de Represión de la Usura, en el sentido de no exigir que, para que un préstamo pudiera considerarse usurario, concurrieran todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el art. 1 de la ley.

Por tanto, y en lo que al caso objeto del recurso interesa, para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la ley, esto es, «que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», sin que sea exigible que, acumuladamente, se exija «que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales».

El interés con el que ha de realizarse la comparación es el «normal del dinero». No se trata, por tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés «normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia» (sentencia núm. 869/2001, de 2 de octubre).

Para establecer lo que se considera «interés normal» puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.).

Esa obligación informativa de las entidades tiene su origen en el artículo 5.1 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (BCE), que recoge la obligación de este último, asistido por los bancos centrales nacionales, de recopilar la información estadística necesaria través de los agentes económicos.

Para ello, el BCE adoptó el Reglamento (CE) nº 63/2002, de 20 de diciembre de 2001, sobre estadísticas de los tipos de interés que las instituciones financieras monetarias aplican a los depósitos y a los préstamos frente a los hogares y a las sociedades no financieras; y a partir de ahí, el Banco de España, a través de su Circular 4/2002, de 25 de junio, dio el obligado cumplimiento al contenido del Reglamento, con objeto de poder obtener de las entidades de crédito la información solicitada.

5.Para que el préstamo pueda ser considerado usurario es necesario que, además de ser notablemente superior al normal del dinero, el interés estipulado sea «manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso».

En principio, dado que la normalidad no precisa de especial prueba mientras que es la excepcionalidad la que necesita ser alegada y probada, en el supuesto enjuiciado no concurren otras circunstancias que las relativas al carácter de crédito al consumo de la operación cuestionada.

La entidad financiera que concedió el crédito no ha justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo.

Generalmente, las circunstancias excepcionales que pueden justificar un tipo de interés anormalmente alto están relacionadas con el riesgo de la operación.

Cuando el prestatario va a utilizar el dinero obtenido en el préstamo en una operación especialmente lucrativa pero de alto riesgo, está justificado que quien le financia, al igual que participa del riesgo, participe también de los altos beneficios esperados mediante la fijación de un interés notablemente superior al normal.

Aunque las circunstancias concretas de un determinado préstamo, entre las que se encuentran el mayor riesgo para el prestamista que pueda derivarse de ser menores las garantías concertadas, puede justificar, desde el punto de vista de la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, un interés superior al que puede considerarse normal o medio en el mercado, como puede suceder en operaciones de crédito al consumo, no puede justificarse una elevación del tipo de interés tan desproporcionado en operaciones de financiación al consumo como la que ha tenido lugar en el caso objeto del recurso, sobre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico”.

TERCERO.- Aplicando la anterior doctrina al supuesto de autos, concluimos que la pretensión principal de la demanda ha de ser estimada, pues nos encontramos ante un contrato de crédito al consumo que ha de reputarse nulo por usurario.

Así, en primer lugar, la figura contractual que nos ocupa (contrato de crédito “revolving en virtud del cual se pone a disposición del cliente una línea de crédito que le permite disponer de fondos has un determinado límite de modo que a medida que se devuelven las cantidades el límite se recompone) se halla indiscutiblemente sometida a la Ley de Represión de la Usura.

En efecto, el art. 9 de la referida norma extiende la aplicación de la misma “a toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualesquiera que sean la forma que revista el contrato y la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido”.

En segundo lugar, nos hallamos ante un contrato de crédito “revolving” en el que se ha estipulado un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso.

El interés estipulado resulta notablemente superior al normal del dinero, toda vez que, según la documentación obrante en autos, la TAE aplicable a nuestro crédito ascendía al 26,23 % mientras que en mayo de 2008 (fecha de celebración del contrato) la TAE media de los contratos de crédito al consumo en España se aproximaba, según los datos estadísticos suministrados por el Banco de España, al 10,50 %.

Es decir, la TAE aplicable al contrato en cuestión excedía en prácticamente dos veces y media de la TAE media del crédito al consumo en España.

El demandado alega que la comparación que nos ocupa no puede realizarse con los intereses medios del crédito al consumo en general sino con los intereses medios de las tarjetas de crédito con modalidad de pago “revolving”.

Sin embargo y sin perjuicio de que se trata de una cuestión ciertamente controvertida, la referida alegación no puede ser aceptada.

En este sentido y por una parte, la citada STS de 25 de noviembre de 2015 no acude para determinar el precio normal del dinero al tipo que las entidades financieras aplican a las operaciones crediticias mediante tarjetas de crédito sino que parte del interés medio ordinario de las operaciones de crédito al consumo.

Por otra parte, el hecho de que desde marzo de 2017 las estadísticas de los tipos de interés del Banco de España incluyan específicamente los intereses de los contratos “revolving” como subcategoría dentro del crédito al consumo no implica necesariamente que la comparación que tratamos haya de articularse en los términos pretendidos en la contestación a la demanda.

El hecho de que la mayoría de las entidades crediticias apliquen elevadísimos tipos de interés para los créditos “revolving” no puede excluir necesariamente el carácter usurario de la mayoría de estos.

De ser así, bastaría que las principales entidades financieras incrementasen potentemente los tipos de interés de sus contratos de tarjeta de crédito para que dicho porcentaje no pudiese ser considerado usurario por ser la media para este tipo de productos.

En definitiva, resulta innegable que los créditos del tipo “revolving” ofrecen diversas peculiaridades respecto de otros productos financieros de crédito al consumo; sin embargo, ello no puede justificar que las entidades financieras impongan tipos de interés tan elevados como el del contrato objeto de litis.

En consecuencia, no aceptando la argumentación expuesta al efecto por el demandado, concluimos que el interés del contrato de tarjeta de crédito concluido por las partes en fecha 21.05.2018 resulta notablemente superior al normal del dinero por exceder en aproximadamente en dos veces y media del interés medio ordinario de las operaciones de crédito al consumo españolas de la época en que se concertó el contrato.

Avanzando un paso más, el tipo de interés estipulado para nuestro contrato de tarjeta de crédito resulta, además de notablemente superior al normal del dinero, manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso.

En este sentido y dado que la normalidad no necesita prueba mientras que la excepcionalidad ha de ser alegada y probada, en el supuesto de autos no concurren otras circunstancias que las relativas al carácter de crédito al consumo de la operación cuestionada, sin que exista un especial riesgo demostrado o cualquier otra circunstancia concurrente que pueda dar lugar a apreciar que el interés pactado se encuentre justificado.

Así las cosas, resolvemos que el contrato de crédito al consumo objeto del presente procedimiento ha de ser reputado nulo por usurario, toda vez que concurren en el mismo los requisitos exigidos al efecto por art. 1 de la Ley de Represión de la Usura de 1908 interpretado de conformidad con la Sentencia de Pleno del Tribunal Supremo de fecha 25 de noviembre de 2015.

CUARTO.- El art 3 de la Ley de Represión de la Usura señala: “Declarada con arreglo a esta ley la nulidad de un contrato, el prestatario estará tan solo obligado a entregar la suma recibida; y si hubiera satisfecho parte de aquella y los intereses vencidos, el prestamista devolverá al prestatario lo que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del capital prestado”.

Por ende, la demandada deberá restituir a la actora las cantidades abonadas por esta, por todos los conceptos, en la medida que excedan del importe efectivamente prestado; cantidad que mediante una simple operación aritmética se determinará en fase de ejecución de sentencia.

Por último, se hace preciso señalar que la declaración de nulidad radical del contrato por usurario determina la improcedencia de proceder al examen de la posible abusividad de las distintas clausulas que lo componen, careciendo en consecuencia de sentido entrar en el análisis tanto de la pretensión subsidiaria como de la petición ejercitada en el otro sí digo segundo de la demanda.

Asimismo, ponderando las circunstancias del caso, no se estima oportuno imponer a la demandada la corrección disciplinaria a la que alude el otro sí digo tercero.

QUINTO.- COSTAS.

En atención a la íntegra estimación de la pretensión principal de la demanda y en aplicación del art. 394.1 LEC, se imponen las costas a la parte demandada.

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por el procurador de los tribunales D. XXXXXX, en nombre y representación de Dña. XXXXXX, contra SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A.;

1. Declaro la nulidad del contrato de tarjeta de crédito suscrito entre las partes en fecha 21.05.2008.

2. Condeno a la demandada a abonar a la actora las cantidades recibidas por todos los conceptos en cuanto hayan excedido del capital efectivamente prestado o dispuesto, más los intereses previstos en el art. 576.

3. Condeno en costas a la parte demandada.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma procede recurso de apelación a interponer ante este Juzgado en el plazo de veinte días a contar desde el siguiente al de su notificación para su posterior resolución por la Audiencia Provincial de Las Palmas.

Así lo ordeno, mando y firmo.

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