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QuéBueno se allana y es condenado a la nulidad de 12 contratos de préstamo suscritos con un usuario de EZ

QuéBueno se allana y es condenado a la nulidad de 12 contratos de préstamo suscritos con un usuario de EZ

El Juzgado de Primera Instancia Nº 43 de Barcelona declara la nulidad de 12 contratos de préstamo suscritos por un usuario de EZ con la entidad QuéBueno (NBQ Fund One, S.L.).

La Letrada Dña. Azucena Natalia Rodriguez Picallo ha sido la encargada de llevar ante el Juzgado el presente procedimiento.

Entre las partes, se concertaron diferentes contratos de préstamo en las siguientes fechas:

2 de febrero de 2015, 3 de marzo de 2015, 13 de abril de 2015, 29 de abril de 2015, 29 de mayo de 2015, 15 de septiembre de 2015, 20 de noviembre de 2015, 13 de abril de 2016, 7 de septiembre de 2016, 24 de noviembre de 2016, 3 de marzo de 2017 y 4 de septiembre de 2017.

Por parte de la actora, se presentó requerimiento fehaciente contra la financiera por la que se solicitaba la nulidad de los contratos de préstamo pactados entre las partes por usurarios.

Al no obtener respuesta por parte de la demandada, la actora interpuso demanda judicial contra la entidad.

La parte demandada se allanó a todas las pretensiones de la actora, solicitando la no imposición de costas

Se entiende que existe mala fe por parte de la demandada puesto que se allanó a las pretensiones de la actora tras la presentación de la demanda, por lo que deben imponerse las costas a la demandada.

La Magistrada del caso, estimando íntegramente la demanda contra QuéBueno (NBQ Fund One, S.L.) declara la nulidad por usura de los contratos de préstamo suscritos entre las partes.

Asimismo, condena a la demandada a restituir a la actora las cantidades percibidas en la vida de los préstamos que excedan del capital prestado, más los intereses legales devengados de dichas cantidades.

Las costas derivadas del procedimiento judicial son impuestas a la parte demandada.

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Juzgado de Primera Instancia nº 43 de Barcelona

Procedimiento ordinario 303/2020 -V

Materia: Juicio ordinario (resto de casos)

Parte demandante/ejecutante: D. XXXXXX
Procurador/a: Dña. XXXXXX
Abogado/a: Dña. Azucena Natalia Rodriguez Picallo

Parte demandada/ejecutada: NBQ FUND ONE, S.L.U
Procurador/a: Dña. XXXXXX
Abogado/a: D. XXXXXX

SENTENCIA Nº 142/2020

Magistrada: Dña. XXXXXX

Barcelona, 19 de octubre de 2020.

Vistos por mi, Doña XXXXXX, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 43 de Barcelona, los presentes autos de Juicio Ordinario 303/20, instado por el Procurador Sra. XXXXXX, en nombre y representación de D. XXXXXX, asistida por el Letrado Sra. Rodríguez, contra NBQ FUND ONE, S.L., representado por el Procurador Sra. XXXXXX y asistido del letrado Sr. XXXXXX, sobre acción de nulidad de contrato de préstamo y subsidiaria de nulidad de cláusula de intereses remuneratorios y cláusula de penalización por impago total o parcial, en virtud de las siguientes consideraciones.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que correspondió a este Juzgado la demanda que encabeza las presentes actuaciones instada por el Procurador Sra. XXXXXX, en la representación indicada, en la que se solicitaba que se condenase a la demandada en los términos expuestos en su escrito de demanda y la imposición de costas.

SEGUNDO.- Que se admitió la demanda acordando el emplazamiento de los demandados. Que han efectuada solicitando la no imposición de costas.

El actor se ha opuesto a esta petición y ha interesado la imposición de costas. Han quedado los autos vistos para dictar sentencia.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- Que de acuerdo con el artículo 17.1 de la LEC, los litigantes están facultados para disponer del objeto del juicio y podrán renunciar, allanarse, desistir del juicio, someterse a arbitraje y transigir sobre lo que sea objeto del mismo, excepto cuando la ley lo prohíba o establezca limitaciones por razones de interés general o en beneficio de un tercero.

SEGUNDO.- Que establece el art. 21 de la LEC, cuando el demandado se allane a todas las pretensiones del actor, el tribunal dictará sentencia condenatoria de acuerdo con lo solicitado por éste.

Habiéndose allanado el actor a la demanda debe acogerse la petición principal de la misma.

TERCERO.- Que de acuerdo con el art. 395.1 de la LEC, si el demandado se allana a la demanda antes de contestarla, no procederá la imposición de costas salvo que el Tribunal, razonándolo debidamente aprecie mala fe en el demandado.

Se entenderá en que en todo caso, existe mala fe, si antes de presentada la demanda se hubiese formulado al demandado requerimiento fehaciente y justificado de pago, o si se hubiera dirigido contra el demanda de conciliación.

En el presente pleito debe imponerse las costas al demandado, al constar un requerimiento fehaciente, efectuados con anterioridad a la presentación de la demanda y consistente en un correo electrónico aportado como documento 2 de la demanda y cuya autenticidad no ha sido impugnada.

Y habiéndose presentado finalmente la demanda, al no haberse atendido al requerimiento.

En este mismo sentido y para requerimientos remitidos por consumidores por vía mail, se ha pronunciado, entre otras, la SAP de Alicante, secc. 8, de 18 de enero de 2018 en la que se indica:

Con carácter general hemos de partir de que el elemento a considerar a la hora de interpretar el alcance de la excepción al criterio de vencimiento objetivo y, por consiguiente, a la imposición de las costas al demandado cuando resulta condenado al estimarse las pretensiones frente a él deducidas en una demanda que principia un proceso judicial, no es otro que el de la justicia que encierra que quien se ve compelido a acudir a los tribunales para defender su derecho, debe salir incólume en lo posible para no sufrir un injusto quebranto económico.

Como dijo el Tribunal Supremo en su Auto de 20 de diciembre de 1990, «la necesidad del proceso para obtener la razón no debe convertirse en daño para el que tiene la razón«.

Esta finalidad se encuentra en la regulación del criterio de costas en materia de allanamiento pues el principio exonerativo del pago de las costas al demandado que se allana a la demanda debe interpretarse, cuando se produce antes de la contestación, con arreglo a aquella finalidad, permitiendo solo evitar la condena en costas del allanado cuando con anterioridad a la presentación de la demanda no haya tenido ocasión de conocer o de cumplir la presentación objeto de la misma por no haber recibido reclamación extrajudicial alguna o por cualquier otro motivo legítimo, estableciendo un beneficio legal a favor del litigante vencido en estos casos porque al allanarse antes de contestar la demanda, evita la continuación de un gravoso procedimiento, tanto para la parte adversa como para la propia administración de Justicia.

Por tanto, cualquier otro modo que suponga un ataque derecho del actor y en el que se observe un plus de reprochabilidad en el ámbito de que se trate, sin perjuicio de las circunstancias de cada caso, habrá mala fe y cuando ello ocurre, como es el caso, el comportamiento del demandado en el proceso es contrario al derecho del demandante y por tanto, es conducta de mala fe, pues solo así cabrá interpretar ajustadamente el art. 395 LEC para no provocar en el actor asistido plenamente de razón una disminución económica de su legítima pretensión al tener que abonar parte de las costas ante la conducta reticente del demandado a satisfacer la pretensión que conoce y que le ha sido pedida antes del proceso, obligando a la parte finalmente, por su inacción, a iniciar el trámite judicial al que se pone fin con su allanamiento.

Esto tiene tanto más incidencia cuando se trata además de derechos originarios en la normativa de consumo.

En tal sentido debemos remitirnos a la doctrina fijada por la STS 419/2017, de 4 de julio, doctrina que resulta relevante a pesar de resolver una cuestión en materia de costas distinta a la que nos ocupa porque la sentencia aborda la cuestión de la imposición de costas sustancialmente desde el principio de efectividad trayendo a colación esencialmente el pronunciamiento de la STJUE de 21 de diciembre de 2016 (XXXXXX) que -y es lo que aquí interesa- a su vez se funda en el derecho de los consumidores a no estar vinculados por una cláusula abusiva.

En efecto, como dice la STS, la norma general en la imposición de costas es el principio de vencimiento y por ello, la no imposición de costas al banco demandado supondría una salvedad a dicho principio en perjuicio del consumidor.

Por tanto, añade, si el consumidor a pesar de vencer el litigio tuviera que pagar sus gastos en las instancias, se produciría un efecto disuasorio inverso para que los consumidores no promovieran litigios por cantidades moderadas.

En el caso hemos además de tener en cuenta la actividad pre-procesal, pues es evidente que el demandante a través de sus letrados pretendió de forma directa e inmediata, que el banco reconociese la situación, invocando su derecho a la supresión de la cláusula y la restitución de lo indebidamente abonado en base a ello, a lo que la entidad se limitó a contestar con un requerimiento de formalidades ajenas y extrañas a la cuestión de fondo exigiendo un comportamiento complementario al consumidor, a través de sus letrados, ajeno a la existencia de la cláusula abusiva y al perjuicio que de forma permanente estaba aquél padeciendo por la imposición de una condición general de la contratación abusiva.

En efecto y a pesar de denunciarse la existencia de una cláusula abusiva con efecto económico, se permitió por el banco siguiera produciendo sus efectos lesivos para el prestatario consumidor y ello, además, después de tener conocimiento del contenido de la STJUE de 21 de diciembre de 2016, verificando de hecho el propio allanamiento a la demanda, dicho conocimiento y el reconocimiento de la abusividad.

Procede en consecuencia estimar el recurso de apelación y revocar el pronunciamiento en materia de costas de la Sentencia de instancia en el sentido de hacer expresa imposición de las mismas a la entidad allanada”.

Y la de Madrid, secc. 21, de 28 de noviembre de 2017, que en sentido similar expone: “En los supuestos de allanamiento, como es el caso, nuestro sistema procesal dispone en el párrafo tercero del artículo 395.1LEC que:

«si el demandado se allanare a la demanda antes de contestarla, no procederá la imposición de costas salvo que el tribunal, razonándolo debidamente, aprecie mala fe en el demandado. Se entenderá que, en todo caso, existe mala fe, si antes de presentada la demanda se hubiere formulado al demandado requerimiento fehaciente y justificado de pago, o si se hubiera dirigido contra él demanda de conciliación».

De dicho precepto se deduce que la Ley ha pretendido incentivar al demandado a que no se oponga a lo pretendido por el actor con excepciones inconsistentes sin fundamento jurídico, favoreciendo así la pronta terminación del proceso y una rápida satisfacción de las pretensiones del demandante, se aleja del principio objetivo del vencimiento que regula, con carácter general, esta materia, liberando al demandado del pago de las costas procesales salvo que el allanamiento se efectúe en tiempo inoportuno o que se aprecie mala fe en su conducta.

En este caso la demandada sin base alguna justificada, entiende este tribunal, no dio respuesta a las reclamaciones que se le hicieron por la actora, provocando con su actitud que se presentara la demanda; de esto se le había advertido y no obstante dejó pasar el tiempo, y solo cuando temió y comprobó la existencia del proceso es cuando se allanó pretendiendo así obtener una ventaja, que no era de recibo al ser su conducta la determinante de este proceso.

No tiene justificación lo que alega de no tener «el atestado» cuando pudo obtenerlo y/o reclamarlo en cualquier momento y por otra parte, abonar la cantidad también pudo hacerlo, sin que fuera necesario que se le indicara una cuenta en la que consignar como afirma al recurrir porque pudo solicitarla, lo que no hizo, y así se evidencia de la documental aportada.

Niega la parte que haya habido por su parte mala fe. Concepto que según la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha de ser analizada desde el principio de causalidad para así comprobar si ha habido o no una conducta reticente del demandado a cumplir sus obligaciones, y ello ha dado lugar a la actitud de contrario, que es tener que acudir a los tribunales para defender sus derechos.

Y ese criterio es el que se recoge en el artículo 395.1LEC, que este tribunal considera no ha sido infringido al imponerle las costas a la recurrente, porque existe una clara relación causa/efecto entre su actitud y la presentación de la demanda como mecanismo para ver satisfecha la actora los intereses”.

VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLO

QUE ESTIMANDO INTEGRAMENTE la demanda interpuesta por D. XXXXXX contra NBQ FUND ONE, S.L. se declara la nulidad por usura de los contratos de préstamo “QUÉBUENO” suscritos entre D. XXXXXX y NBQ Fund One, S.L., en las siguientes fechas: 2 de febrero de 2015, 3 de marzo de 2015, 13 de abril de 2015, 29 de abril de 2015, 29 de mayo de 2015, 15 de septiembre de 2015, 20 de noviembre de 2015, 13 de abril de 2016, 7 de septiembre de 2016, 24 de noviembre de 2016, 3 de marzo de 2017, 4 de septiembre de 2017.

Se condena a la demandada a restituir al actor las cantidades percibidas en la vida de los préstamos que excedan del capital prestado, más los intereses legales devengados de dichas cantidades.

Todo ello con imposición de costas al demandado.

Notifíquese esta resolución a las partes con indicación de que contra la misma cabe recurso de apelación en el plazo de veinte días y ello de acuerdo con lo previsto en el art. 455 de la LEC.

Así por esta mi sentencia, lo acuerdo y firmo.

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