La amnistía hipotecaria

La amnistía hipotecaria

El presente artículo defiende la necesidad de una amnistía hipotecaria para paliar el drama familiar de los desahucios y el endeudamiento de la ciudadanía que día a día vive como aumenta su deuda y disminuyen sus ingresos.

Islandia aplicó su modelo de amnistía hipotecaria y desde entonces sabemos que si es posible.

El escándalo del Libor en Gran Bretaña y los indicios sobre la manipulación del Euribor por las entidades financieras nos obligan a exigir aun con mayor fuerza la defensa de la propuesta de la amnistía fiscal por justicia social y para recuperar el consumo y el crédito en un país cada vez más hundido en la recesión económica.

Para ello es necesario un estudio serio sobre la situación hipotecaria y las familias que permite concretar las propuestas del artículo.

Desde que se inició la crisis en 2008 no ha habido ningún interés en contabilizar oficialmente el número de familias que han sido desahuciadas de sus viviendas.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha calculado extrapolando los datos del primer trimestre de 2012, al ser éstos los primeros que incluyen los desalojos ordenados por los juzgados de Primera Instancia y no tan solo los acordados por los juzgados dedicados a notificaciones y embargos, en más de 400.000 las familias desahuciadas, familias en muchos casos con alguno o con todos sus miembros en el paro o en el mejor de los supuestos con bajos salarios.

En el primer trimestre del año se han alcanzado los 510 desahucios diarios.

Paralelamente a esta dramática realidad hemos asistido a la ayuda sistemática de la banca española, 337.206 millones de deuda neta recibida del BCE (Fuente. Público.es), 146.000 millones inyectados por el Estado español y a eso debemos añadir los 100.000 millones aprobados por la CE para rescatar a la banca española.

Las familias españolas deben a los bancos españoles por sus hipotecas 661.005 millones de euros (datos del Banco de España a febrero de 2012).

La realidad es que las familias no pueden hacer frente a una hipoteca que en muchos aspectos, como los denunciados por el abogado del 15 m Manuel Yagüe, pueden ser una estafa.

Las familias no pueden pagar, 1.728.400 hogares tienen a todos sus miembros en paro, muchísimos hogares tienen alguno de sus miembros en la misma situación (Fuente: EPA datos 2ºtrimestre), los trabajadores y trabajadoras de la función pública han perdido en los últimos cuatro años un 20% del poder adquisitivo, según Miguel Borra Izquierdo, presidente del CSI-F, los trabajadores y trabajadoras autónomos han visto también dismunuidos sus ingresos de manera significativa por la disminución del consumo interno y el aumento de impuestos directos e indirectos al igual que el resto de la clase trabajadora.

Y según el abogado Moreno Yagüe las hipotecas con intereses variables ligadas al euribor podrían ser ilegables ante la sospecha de que la banca podría estar manipulando este índice de referencia, tal y como ha ocurrido en Gran Bretaña con el Libor (Fuente: El escándalo del Libor se convierte en el mayor fraude de la historia para millones de consumidores).

Según M. Yagüe, en la lista de los 44 bancos que elaboran el Euribor están casi todos los denunciados en Canadá (HSBC Holdings, JPMorgan Chase, Royal Bank of Scotland, UBS, Citigroup y Deutsche Bank) y existen indicadores que los datos del Euribor se han estado realizando a partir de hipotéticas ofertadas sobre préstamos bancarios y no operaciones reales. Fuente: Moreno Yagüe: «el Euribor es una monumental estafa»

No hay reparos en que el Estado inyecte una cantidad superior a la banca, no hay reparos en que el BCE inyecte 337.206 millones, no hay reparos en empobrecer a la ciudadanía española y se afirma insistentemente en qué no hay otra opción y mientras tanto la ratio deuda/ingresos de las familias no deja de aumentar.

Ante esta situación las familias precisan una solución y exigir que los gestores de la crisis que están desmantelando el estado del bienestar social tomen la iniciativa es pura ciencia ficción, la realidad es que debemos echarlos del Gobierno y luchar desde un frente de todas las izquierdas antineoliberales para aplicar la única alternativa real, la amnistía hipotecaria, o amnistía inmobiliaria.

Islandia ha demostrado que si es posible y en esta pequeña y ejemplar isla se ha conseguido, a través de un acuerdo entre el Gobierno y los bancos, que se perdonen las deudas que superen el 110% del valor de la vivienda, la cual había descendido su valor en un 29%, por un valor del 13% del PIB islandés. Fuentes: «El Estado islandés declara una amnistía hipotecaria«, y «Amnistía hipotacaria, una posible solución a la crisis«.

En España el PIB del 2011 fue de 1.073.383 millones de euros. Si la deuda hipotecaria es de  661.005 millones de euros y si la vivienda se ha devaluado al entorno de un 33% desde sus máximos en 2007, 220.000 millones serían el coste de una amnistía fiscal en España en las condiciones parecidas a las de Islandia, en la situación más extrema, si todas las familias hipotecadas debieran el 100% de sus hipotecas, lo cual obviamente no es así.

Y en el mejor de los casos esta cifra sería significativamente inferior si tenemos en cuenta los datos de los evaluadores independientes Oliver Wyman  y Roland Berger contratados por el Gobierno de Rajoy, unos 25.000 millones en el que califican como escenario más probable y entre 51.000 y 62.000 millones en el peor de los casos. A estas cantidades habría que añadir la recapitalización por las propias entidades financieras.

Pero la propuesta islandesa, aunque plenamente deseable frente a la nada que tenemos ahora y que se manifiesta en 510 desahucios diarios que van en aumento, se queda corta. Lamentablemente la gestión de la crisis del PPSOE nos ha llevado a una situación económica y socialmente mucho más crítica que la de Islandia y para dar la debida respuesta es necesario y urgente:

– Realizar un estudio sobre la deuda hipotecaria familiar, primeras y segundas residencias, teniendo en cuenta si existe una primera residencia en propiedad ya que para hacer frente a las necesidades económicas muchas familias no residen en la vivienda que adquirieron.
– Analizar los ingresos de cada unidad familiar

– Establecer las medidas adecuadas:

  1. Amnistía fiscal plena para las familias sin ingresos suficientes para pagar la hipoteca, adquiriendo el estado la vivienda y permitiendo a la familia continuar residiendo en ella ponderándose si debe pagar o no un alquiler social y su cuantía. La entidad financiera debe efectuar una quita a la hipoteca para su adquisición por el estado.
  2. Dación en pago o amnistía fiscal de la cuantía de la hipoteca que exceda el 100% del valor real de la vivienda. La entidad financiera debe realizar una quita a la hipoteca y el estado abonar la diferencia. Si no es la primera vivienda el estado la adquirirá para destinarla a alquiler social.

Estas medidas permitirían modificar la ratio deuda/ingresos permitiendo a las familias destinar ahora parte de sus ingresos al consumo y la entidad bancaria se desharía de los activos tóxicos y de la necesidad de la consecuente provisión de fondos para insolvencias recapitalizándose sin necesidad de otras ayudas, abriéndose la puerta al crédito.

Evidentemente el estado debe afrontar un más alto costo que con otras alternativas, pero la ciudadanía debe exigir que los recursos públicos y la deuda que se genere no se destine a salvaguardar los intereses del 1%, de los y las de arriba, de la banca alemana y de la casta privilegiada y que las reformas que se acometan repercutan directamente en la recuperación económica para todos y todas nosotros.

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