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Hucha de reclamaciones de EZ

El contrato de una Visa Vodafone es declarado nulo por usura al aplicar una TAE del 26,82 %

El contrato de una Visa Vodafone es declarado nulo por usura al aplicar una TAE del 26,82 %

El Juzgado de Primera Instancia Nº 2 de Ferrol declara nulo el contrato de una tarjeta Visa Vodafone al considerar que aplicaba unos intereses usurarios. La entidad Bankinter Consumer Finance E.F.C. S.A. es por ello condenada a restituir a la demandante, usuaria de EZ, la cantidad de 1.304,41 €, así como los intereses legales generados por esa cantidad desde la fecha de imposición de la demanda.

La parte demandante, asesorada por la Letrada Natalia Rodríguez Picallo -colaboradora de EZ desde hace años-, invocó como infringido el Artículo 1 de la Ley de Represión de la Usura (o Ley Azcárate). En ella se recoge que: «Será nulo todo contrato de préstamo en el que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso.»

La TAE del contrato de esa tarjeta Visa Vodafone ascendía al 26,82 %, situándose ampliamente por encima de la media recogida por el Banco de España para este tipo de productos.

Por ello, el Juzgado consideró usurario dicho contrato de la tarjeta Visa Vodafone, y por ello condenó a la entidad demandada, Bankinter Consumer Finance E.F.C. S.A., a someterse a lo establecido en el Artículo 3 de dicha ley: «La demandante solo está obligada a abonar la suma efectivamente percibida.»

Así pues, la entidad demandada debe restituir a la usuaria de EZ todas las cantidades percibidas durante la vigencia del contrato de la tarjeta Visa Vodafone -sean los que sean los conceptos-  que excedan del dinero efectivamente dispuesto por la demandante más los intereses legales de tales cantidades.

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JDO. PRIMEIRA INSTANCIA Nº 2 FERROL

SENTENCIA: 00132/2019

PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 174/2019

SENTENCIA

Ferrol, dos de julio de dos mil diecinueve.

Vistos por Doña XXXXXXX, Magistrada-Juez del juzgado de Primera Instancia nº 2 de Ferrol los presentes autos de Procedimiento Ordinario sobre nulidad contractual, seguidos en este Juzgado con el nº 174/2019, a instancia de doña XXXXXXX, representada por la Procuradora Sra. XXXXXXX y asistida de la Letrada Sra. Rodríguez Picallo, contra Bankinter Consumer Finance E.F.C. S.A., representada por la Procuradora Sra. XXXXXXX y asistida de los Letrados XXXXXXX y Sr. XXXXXXX; se dicta la presente sentencia, con base en los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Con fecha 20/02/2018 la Procuradora Sra. XXXXXXX, en representación de doña XXXXXXX, presentó demanda de Procedimiento Ordinario contra Bankinter Consumer Finance E.F.C. S.A., que fue turnada a este Juzgado. Tras alegar los hechos y los fundamentos jurídicos que estimó de aplicación terminó solicitando que en su día se dicte sentencia estimatoria con los siguientes pronunciamientos:

– Se declare la nulidad por usura del contrato de tarjeta “Visa Vodafone” suscrito entre las partes en febrero de 2008 con número XXXXXXX condenando a la demandada a restituir a la demandante la suma de las cantidades percibidas en la vida del crédito que excedan del capital prestado a la demandante más los intereses legales devengados de dichas cantidades.

– Subsidiariamente, se declare: la nulidad, por abusiva, de la cláusula de intereses remuneratorios del contrato, condenando a la demandada a restituir a la demandante la totalidad de los intereses remuneratorios abonados, más los intereses legales devengados de dichas cantidades. Se declare la nulidad de la comisión de reclamación del contrato, condenando a la demandada a restituir a la demandante la totalidad de las comisiones cobradas, más los intereses legales devengados de dichas cantidades.

– Se condene a la demandada al pago de las costas.

SEGUNDO: Admitida a trámite la demanda, se dio traslado de la misma al demandado quien contestó en el sentido de oponerse.

TERCERO: La audiencia previa se celebró el día 31/05/2019. La parte actora propuso prueba documental. La parte demandada propuso documental. Se requirió a la parte demandada para aportar los documentos solicitados por la parte demandante. Una vez presentados, se dio traslado a ambas partes para conclusiones por escrito. Presentadas las conclusiones, quedaron los autos vistos para sentencia.

CUARTO: En el presente procedimiento se han respetado todas las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Solicita la demandante la nulidad del contrato de tarjeta Visa Vodafone celebrado con la entidad demandada al considerar que los intereses remuneratorios son usurarios.

A propósito de este tipo de contrato, dice la SAP de A Coruña de fecha 10/02/2012: “Entre la entidad actora y la demandada se celebró un denominado contrato de tarjeta de crédito, que tiene por objeto la emisión de una tarjeta de tal clase, que podemos definir como un documento de plástico, de carácter personalísimo, que incorpora una banda magnética o chip informático, que es creada por una entidad financiera o establecimiento mercantil, que permite a su titular adquirir en el mercado bienes y servicios, sin desembolso de numerario, así como la retirada física de dinero en un cajero automático.

Puede cumplir tres funciones fundamentales en el tráfico jurídico, actuando como medio de pago, instrumento de crédito y también como garantía, en tanto en cuanto la entidad emisora garantiza el pago de los servicios o bienes a los terceros prestadores de los mismos, que carga en la cuenta del usuario de la tarjeta, al que reclama, en su caso, los descubiertos que se producen en la misma.

Las tarjetas pueden ser bilaterales, que son las expedidas por el propio establecimiento proveedor de los bienes o prestador de los servicios, y trilaterales, en las que confluyen tres sujetos distintos: el emisor de la tarjeta, el usuario de la misma y la entidad prestadora de los bienes y servicios. E incluso pueden ser multilaterales, cuando interviene el emisor como concesionario o franquiciado de una marca de tarjetas.

Es por ello que el régimen jurídico de las precitadas tarjetas es complejo, en cuanto confluyen normalmente tres relaciones jurídicas:

La primera de ellas la que se entabla y desarrolla entre el emisor y el usuario. Se trata de un contrato consensual, sinalagmático, oneroso, conmutativo, mercantil, generalmente bancario, de adhesión y atípico, en virtud del cual se entrega por la emisora al usuario la tarjeta para hacer uso de la misma bajo las condiciones pactadas.

La segunda es la relación convencional existente entre el usuario y el establecimiento adherido al sistema, que es de naturaleza causal, normalmente de compraventa, determinante de la utilización de la tarjeta como instrumento de pago de la deuda contraída.

Y una tercera relación jurídica, que es la que vincula al emisor y el establecimiento adherido (contrato de aceptación de la tarjeta), por mor de la cual éste se compromete a admitirla como medio de pago. Se ha considerado este vínculo convencional como próximo al descuento bancario, pero sin cláusula «salvo buen fin» o una estipulación a favor de tercero e incluso como un contrato de colaboración interempresarial.

En las relaciones entre usuario y entidad emisora, ésta se obliga frente a aquél a pagar las deudas contraídas, concederle crédito dentro de los límites pactados, remitirle extractos del movimiento de la cuenta vinculada a la tarjeta y a garantizar la fiabilidad de los cajeros automáticos utilizados.

La Recomendación de la Comisión de la Unión Europea nº 97/489/CE, de 30 de julio de 1997, relativa a las transacciones efectuadas mediante instrumentos electrónicos de pago establece que compete a la entidad bancaria «demostrar que la transacción fue registrada y contabilizada correctamente y que no resultó afectada por ningún fallo técnico o cualquier anomalía».

La entidad emisora con respecto al establecimiento adherido se compromete a pagar las facturas que adeuden los usuarios y comprobar la regularidad de las mismas o cargos presentados por dicho establecimiento”.

SEGUNDO: Se admite por las partes la relación contractual. Consta aportado por ambas el contrato de tarjeta suscrito en febrero de 2008. Al dorso, la condición general 13 establece: Reembolso: los titulares quedan obligados al reembolso de las deudas derivadas de la utilización de las tarjetas de acuerdo con las formas de pago establecidas para cada modalidad de uso (pago a fin de mes o pago aplazado) y por los importes y cuotas derivadas.

La utilización del servicio de pago aplazado devengará intereses día a día liquidables mensualmente, al tipo nominal mensual que figura en las condiciones particulares. (seguidamente expone las fórmulas de cálculo de los intereses y de la TAE).

En las condiciones particulares (contenidas al dorso, en el en el recuadro inferior derecho) se indica: cuota anual: tarjeta principal: sin cuota de por vida siempre que realice compras en los tres primeros meses. Tarjetas adicionales: sin cuota anual de por vida. Forma de pago: la tarjeta será emitida con pago del 3 % del saldo dispuesto (mínimo 18 euros). Recuerde que siempre podrá cambiar esta forma de pago llamando cinco días antes de fin de mes al (indica el número de teléfono)

Tipo de interés en pago aplazado: nominal mensual: 1,52 %. Nominal anual: 18,24 % (TAE 19,84 %). Para disposiciones en efectivo de cajeros: nominal mensual: 1,87 %. Nominal anual: 22,44 % (TAE 24,90 %).

Se ha de hacer constar que el contrato aportado con la demanda y la contestación es ilegible. Las condiciones anteriores se han obtenido tras cotejar el contenido de la contestación a la demanda con el contrato aportado por la demandada tras ser requerida en la audiencia previa, documento que apenas resulta legible al tratarse de una letra muy pequeña y muy poco nítida.

En la demanda se indica que en el contrato es imposible determinar cuál es la TAE aplicada al ser ilegible (letra extremadamente pequeña, borrosa y de mala calidad) Por ello necesita acudir a los extractos de la tarjeta de los periodos 2014 a 2017 en los que se detalla un interés del 20 % y una TAE del 26,82 %. La TAE media de los créditos al consumo en febrero de 2008 era de 10,48 %, lo que evidencia que el interés remuneratorio es usurario.

En la contestación la entidad demandada indica que la demandante canceló la tarjeta en el año 2018. Para afirmar que los intereses son usurarios, la demandante hace una comparativa errónea: compara la TAE del contrato con el tipo de interés previstos para los créditos al consumo. La demandada señala también que la tarjeta objeto de la controversia es una tarjeta “revolving” que difiere ligeramente de las tarjetas de crédito y débito convencionales.

Estas tarjetas se caracterizan por el establecimiento de un límite de crédito que disminuye según se realizan cargos y se repone mediante abonos. El usuario puede elegir dos modalidades de pago: pago total (sin devengo de intereses) o pago aplazado (con devengo de intereses). En el caso de las tarjetas revolving los pagos aplazados suelen tener unos intereses mayores que los asociados a las tarjetas convencionales, esto se debe a que permiten que el pago de la deuda se realice mediante la aplicación de un determinado porcentaje sobre la deuda pendiente o mediante el pago de una cuota fija.

Si las cuotas mensuales que se pagan son de escasa cuantía comparadas con el valor de la deuda pendiente de amortizar, la devolución del importe que se haya dispuesto conllevará un plazo más largo de amortización que, lógicamente, se traducirá en un importe más alto de intereses. Estas tarjetas llevan asociados una serie de servicios y ventajas que la diferencian del resto de tarjetas.

A diferencia de otros sistemas de financiación que existen en el mercado, a través de esta tarjeta de crédito no se fija de antemano la cuantía y plazo en el que el cliente ha de reintegrar el saldo dispuesto sino que es el propio titular quien decide de cuánto dinero dispone y cuánto reintegra cada mes (respectando una cuantía mínima).

Tales beneficios, la oportunidad de elegir a lo largo de la vida del contrato la cantidad de dinero del que se desea disponer, la manera en que se desea hacer frente a la deuda –si mediante el reintegro de la totalidad a fin de mes o a plazos- y en su caso la oportunidad de elegir también la cuantía a devolver a la entidad cada mes, supone un mayor riesgo para la entidad en relación al cobro de la deuda de la que es acreedora que si se tratase de un producto en virtud del cual el cliente dispone de una cantidad fija, que debe devolver en un periodo de tiempo concreto.

Este riesgo se traduce en unos tipos de interés superiores, tal y como queda reflejado en el boletín estadístico del Banco de España de 2016 que refleja una nueva categoría para las “tarjetas de crédito de pago aplazado” que las diferencia de otros sistemas de financiación existentes en el mercado, como el crédito al consumo y que pone de manifiesto la aplicación a este tipo de productos de intereses superiores.

La parte demandante pretende asimilar el funcionamiento de la tarjeta de crédito a un crédito al consumo pero es innegable que un préstamo o crédito al consumo no funciona de igual manera en que lo hace este contrato de tarjeta de crédito, sino que cuenta siempre con un concreto capital cuya entrega se autoriza por el prestamista en el momento de la concertación del préstamo/crédito y con un plazo de devolución determinado y que también es pactado expresamente por las partes al inicio del contrato.

Si bien la tarjeta se emitía, por defecto, con la modalidad de pago aplazado, la demandante tenía la facultad de cambiar la forma de pago a pago total, modalidad que no conlleva el pago de intereses. También podía cambiar el porcentaje o la cantidad fija que deseaba pagar en cualquier momento. Como se desprende del clausulado del contrato, en el pago aplazado la entidad demandada no impone un plazo para que el titular de la tarjeta reintegre el saldo dispuesto sino que otorga la facultad al mismo de aplazar la devolución del saldo hasta el momento que desee.

El cliente elige cómo y cuándo. Ahora bien, existen dos contraprestaciones a esa libertad de aplazamiento concedida al cliente: hay un mínimo pago mensual que siempre había de abonar el titular de la tarjeta: 3 % del saldo dispuesto (con un mínimo de 18 euros) y la entidad aplicará los intereses por ese aplazamiento (nominal anual: 18,24 % (TAE 19,84 %).

En relación con el carácter usurario de los intereses remuneratorios, dice la sentencia del pleno de la Sala Civil del Tribunal Supremo de fecha 25/11/2015:

“TERCERO.- Decisión de la Sala. Carácter usurario del crédito «revolving» concedido al consumidor demandado.

1.- Se plantea en el recurso la cuestión del carácter usurario de un «crédito revolving» concedido por una entidad financiera a un consumidor a un tipo de interés remuneratorio del 24,6 % TAE.

El recurrente invoca como infringido el primer párrafo del art. 1 de la Ley de 23 julio 1908 de Represión de la Usura, que establece: «Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquel leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales» .

Aunque en el caso objeto del recurso no se trataba propiamente de un contrato de préstamo, sino de un crédito del que el consumidor podía disponer mediante llamadas telefónicas, para que se realizaran ingresos en su cuenta bancaria, o mediante el uso de una tarjeta expedida por la entidad financiera, le es de aplicación dicha ley, y en concreto su art. 1, puesto que el art. 9 establece: «Lo dispuesto por esta Ley se aplicará a toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualesquiera que sean la forma que revista el contrato y la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido».

La flexibilidad de la regulación contenida en la Ley de Represión de la Usura ha permitido que la jurisprudencia haya ido adaptando su aplicación a las diversas circunstancias sociales y económicas. En el caso objeto del recurso, la citada normativa ha de ser aplicada a una operación crediticia que, por sus características, puede ser encuadrada en el ámbito del crédito al consumo.

2.- El art. 315 del Código de Comercio establece el principio de libertad de la tasa de interés, que en el ámbito reglamentario desarrollaron la Orden Ministerial de 17 de enero de 1981, vigente cuando se concertó el contrato entre las partes, y actualmente el art. 4.1 Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.

Mientras que el interés de demora fijado en una cláusula no negociada en un contrato concertado con un consumidor puede ser objeto de control de contenido y ser declarado abusivo si supone una indemnización desproporcionadamente alta al consumidor que no cumpla con sus obligaciones, como declaramos en las sentencias núm. 265/2015, de 22 de abril, y 469/2015, de 8 de septiembre, la normativa sobre cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores no permite el control del carácter «abusivo» del tipo de interés remuneratorio en tanto que la cláusula en que se establece tal interés regula un elemento esencial del contrato, como es el precio del servicio, siempre que cumpla el requisito de transparencia, que es fundamental para asegurar, en primer lugar, que la prestación del consentimiento se ha realizado por el consumidor con pleno conocimiento de la carga onerosa que la concertación de la operación de crédito le supone y, en segundo lugar, que ha podido comparar las distintas ofertas de las entidades de crédito para elegir, entre ellas, la que le resulta más favorable.

En este marco, la Ley de Represión de la Usura se configura como un límite a la autonomía negocial del art. 1255 del Código Civil aplicable a los préstamos, y, en general, a cualesquiera operación de crédito «sustancialmente equivalente» al préstamo. Así lo ha declarado esta Sala en anteriores sentencias, como las núm. 406/2012, de 18 de junio, 113/2013, de 22 de febrero, y 677/2014, de 2 de diciembre.

3.- A partir de los primeros años cuarenta, la jurisprudencia de esta Sala volvió a la línea jurisprudencial inmediatamente posterior a la promulgación de la Ley de Represión de la Usura, en el sentido de no exigir que, para que un préstamo pudiera considerarse usurario, concurrieran todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el art. 1 de la ley.

Por tanto, y en lo que al caso objeto del recurso interesa, para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la ley, esto es, «que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», sin que sea exigible que, acumuladamente, se exija «que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales».

Cuando en las sentencias núm. 406/2012, de 18 de junio, y 677/2014 de 2 de diciembre, exponíamos los criterios de «unidad» y «sistematización» que debían informar la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, nos referíamos a que la ineficacia a que daba lugar el carácter usurario del préstamo tenía el mismo alcance y naturaleza en cualquiera de los supuestos en que el préstamo puede ser calificado de usurario, que se proyecta unitariamente sobre la validez misma del contrato celebrado.

Pero no se retornaba a una jurisprudencia dejada atrás hace más de setenta años, que exigía, para que el préstamo pudiera ser considerado usurario, la concurrencia de todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el párrafo primero del art. 1 de la Ley.

4.- El recurrente considera que el crédito «revolving» que le fue concedido por Banco … entra dentro de la previsión del primer inciso del art. 1 de la Ley de Represión de la Usura en cuanto que establece un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado en relación con las circunstancias del caso.

La Sala considera que la sentencia recurrida infringe el art. 1 de la Ley de Represión de la Usura por cuanto que la operación de crédito litigiosa debe considerarse usuraria, pues concurren los dos requisitos legales mencionados.

El interés remuneratorio estipulado fue del 24,6 % TAE. Dado que conforme al art. 315, párrafo segundo, del Código de Comercio, «se reputará interés toda prestación pactada a favor del acreedor», el porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero no es el nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE), que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados.

Este extremo es imprescindible (aunque no suficiente por sí solo) para que la cláusula que establece el interés remuneratorio pueda ser considerada transparente, pues no solo permite conocer de un modo más claro la carga onerosa que para el prestatario o acreditado supone realmente la operación, sino que además permite una comparación fiable con los préstamos ofertados por la competencia.

El interés con el que ha de realizarse la comparación es el «normal del dinero». No se trata, por tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés «normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia» (sentencia núm. 869/2001, de 2 de octubre).

Para establecer lo que se considera «interés normal» puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.).

Esa obligación informativa de las entidades tiene su origen en el artículo 5.1 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (BCE), que recoge la obligación de este último, asistido por los bancos centrales nacionales, de recopilar la información estadística necesaria través de los agentes económicos.

Para ello, el BCE adoptó el Reglamento (CE) nº 63/2002, de 20 de diciembre de 2001, sobre estadísticas de los tipos de interés que las instituciones financieras monetarias aplican a los depósitos y a los préstamos frente a los hogares y a las sociedades no financieras; y a partir de ahí, el Banco de España, a través de su Circular 4/2002, de 25 de junio, dio el obligado cumplimiento al contenido del Reglamento, con objeto de poder obtener de las entidades de crédito la información solicitada.

En el supuesto objeto del recurso, la sentencia recurrida fijó como hecho acreditado que el interés del 24,6 % TAE apenas superaba el doble del interés medio ordinario en las operaciones de crédito al consumo de la época en que se concertó el contrato, lo que, considera, no puede tacharse de excesivo. La cuestión no es tanto si es o no excesivo, como si es «notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», y esta Sala considera que una diferencia de esa envergadura entre el TAE fijado en la operación y el interés medio de los préstamos al consumo en la fecha en que fue concertado permite considerar el interés estipulado como «notablemente superior al normal del dinero».

5.- Para que el préstamo pueda ser considerado usurario es necesario que, además de ser notablemente superior al normal del dinero, el interés estipulado sea «manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso».

En principio, dado que la normalidad no precisa de especial prueba mientras que es la excepcionalidad la que necesita ser alegada y probada, en el supuesto enjuiciado no concurren otras circunstancias que las relativas al carácter de crédito al consumo de la operación cuestionada.

La entidad financiera que concedió el crédito «revolving» no ha justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo.

Generalmente, las circunstancias excepcionales que pueden justificar un tipo de interés anormalmente alto están relacionadas con el riesgo de la operación. Cuando el prestatario va a utilizar el dinero obtenido en el préstamo en una operación especialmente lucrativa pero de alto riesgo, está justificado que quien le financia, al igual que participa del riesgo, participe también de los altos beneficios esperados mediante la fijación de un interés notablemente superior al normal.

Aunque las circunstancias concretas de un determinado préstamo, entre las que se encuentran el mayor riesgo para el prestamista que pueda derivarse de ser menores las garantías concertadas, puede justificar, desde el punto de vista de la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, un interés superior al que puede considerarse normal o medio en el mercado, como puede suceder en operaciones de crédito al consumo, no puede justificarse una elevación del tipo de interés tan desproporcionado en operaciones de financiación al consumo como la que ha tenido lugar en el caso objeto del recurso, sobre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico.

6.- Lo expuesto determina que se haya producido una infracción del art. 1 de la Ley de Represión de la Usura, al no haber considerado usurario el crédito «revolving» en el que se estipuló un interés notablemente superior al normal del dinero en la fecha en que fue concertado el contrato, sin que concurra ninguna circunstancia jurídicamente atendible que justifique un interés tan notablemente elevado.

CUARTO.- Consecuencias del carácter usurario del crédito.

1.- El carácter usurario del crédito «revolving» concedido por Banco … al demandado conlleva su nulidad, que ha sido calificada por esta Sala como «radical, absoluta y originaria, que no admite convalidación confirmatoria, porque es fatalmente insubsanable, ni es susceptible de prescripción extintiva» sentencia núm. 539/2009, de 14 de julio.

2.- Las consecuencias de dicha nulidad son las previstas en el art. 3 de la Ley de Represión de la Usura, esto es, el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida”.

Dice la SAP Pontevedra 15/12/2017: “El interés con el que ha de realizarse la comparación es el «normal del dinero». No se trata, por tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés «normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia» (sentencia núm. 869/2001, de 2 de octubre ).

Para establecer lo que se considera «interés normal» puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.).

Esa obligación informativa de las entidades tiene su origen en el artículo 5.1 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (BCE), que recoge la obligación de este último, asistido por los bancos centrales nacionales, de recopilar la información estadística necesaria través de los agentes económicos.

Para ello, el BCE adoptó el Reglamento (CE) nº 63/2002, de 20 de diciembre de 2001, sobre estadísticas de los tipos de interés que las instituciones financieras monetarias aplican a los depósitos y a los préstamos frente a los hogares y a las sociedades no financieras; y a partir de ahí, el Banco de España, a través de su Circular 4/2002, de 25 de junio, dio el obligado cumplimiento al contenido del Reglamento, con objeto de poder obtener de las entidades de crédito la información solicitada.

Pues bien, cuando estamos ante una tarjeta de crédito de pago aplazado, el Banco de España en su página web y en lo relativo a los tipos de interés y comisiones ya señaló en el apartado de «novedades», en su boletín estadístico de marzo de 2017, como apunta la parte apelante, la siguiente nota: A partir de este mes se reorganiza la información ofrecida en este capítulo, relativa a los tipos de interés aplicados por las Instituciones Financieras Monetarias en las operaciones de préstamos y depósitos frente a los hogares e IPSFLSH y a las sociedades no financieras. El motivo de estos cambios es ofrecer una información más clara sobre la financiación destinada al consumo.

En concreto, la información referida a las tarjetas de crédito (tipos de interés aplicados y volumen de nuevas operaciones) se ha englobado a efectos de presentación dentro del segmento del crédito al consumo (por ejemplo, en los cuadros 19.3 y 19.4), pues se considera que este es su destino fundamental.

Esta agrupación resulta informativa, pues, aunque la finalidad de estos créditos es la misma, sus diferentes características hacen que los tipos aplicados en los créditos concedidos a través de tarjetas de crédito (de pago aplazado o tarjetas revolving) sean claramente distintos de los que se aplican en los tradicionales créditos al consumo.

Y, en cumplimiento de esta reorganización, al establecer el Banco de España los tipos de interés aplicados por las IFM a residentes en la UEM y los tipos de interés de nuevas operaciones, préstamos y créditos a hogares e ISFLSH, Entidades de crédito y EFC, recoge los tipos de interés para las tarjetas que los titulares han solicitado el pago aplazado y tarjetas «revolving», sin que los tipos de interés entre los años 2012 y octubre de 2017 baje del 20,68 %.

Es por ello que el interés fijado en el contrato de tarjeta de crédito que nos ocupa, de un 25,34 % TAE, no puede considerarse que sea notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado a las circunstancias del caso, pues difiere en escasos 5 puntos del tipo de interés medio, normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia respecto de los intereses aplicados en el mercado en operaciones similares.

Debe, por lo tanto, estimarse el recurso en sobre este particular, no procediendo declarar la nulidad del contrato cuestionado”.

Dice también la SAP A Coruña 09/05/2018: “Que no procede hacer compensación de los restantes pagados durante la vida de la tarjeta. La naturaleza de los intereses retributivos o remuneratorios no es la misma que la de los moratorios. Al formar aquellos parte integrante del objeto principal convenido de un contrato oneroso, que no gratuito, como contraprestación o precio del servicio crediticio prestado por la entidad financiera al consumidor, son en principio válidos y sometidos a la autonomía de la voluntad contractual; aunque también sujetos al cumplimiento de los requisitos de transparencia a que se refiere la normativa y su jurisprudencia.

Por lo cual, conforme a la Directiva 1993/13/CEE, de 5 abril sobre cláusulas abusivas en contratos celebrados con consumidores, y jurisprudencia reiterada, no cabe aquí el control de abusividad de las condiciones del contrato sino el de transparencia. En el caso litigioso no se ha infringido. Los intereses están incluidos en el contrato, la cláusula es clara y transparente, siendo a un TAE del 18,9 % (TIN 17,44 %).

– Que tampoco se puede considerar que tales intereses sean usurarios en relación al contrato de la tarjeta de crédito del asunto que nos ocupa y tipos de interés del mercado. No se trata, como exige la Ley de Usura, de un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso (como tampoco se da alguna otra de las circunstancias reprochables exigidas a tales efectos por la Ley de Usura).

La jurisprudencia advierte que la comparación no se refiere al interés legal del dinero, sino al interés normal o habitual en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia (STS de 2/10/2001 y Pleno de 25/11/2015). Para lo cual puede acudirse a las estadísticas del Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (STS de 2015 citada sobre crédito revolving)”

Indica el AAP Barcelona 12/03/2018: “La Sentencia del Tribunal Supremo 628/2015, de 25 de noviembre, invoca, como un criterio de comparación adecuado, las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas.

El parámetro de comparación para establecer el «interés normal del dinero» no es, desde luego, el interés legal ni tampoco es el interés normal del dinero en cualquier mercado de crédito. Ha de ser el interés normal en el mercado de las tarjetas de crédito, objeto del contrato en examen”.

Difiere del anterior criterio la SAP León 01/03/2018 que confirmó la sentencia de primera instancia que había considerado usurarios los intereses del contrato de tarjeta de crédito al compararlos con los intereses de los préstamos al consumo. Siguen también este criterio muchas otras sentencias, a título de ejemplo: SAP Pontevedra 24/05/2019, 23/05/2019, 20/05/2019, 02/05/2019, 09/05/2018 y 06/11/2017, SAP Ourense 22/03/2019, SAP A Coruña 11/01/2019 y 28/12/2018.

La parte demandante considera usurario el interés remuneratorio al comparar la TAE del contrato con el tipo de interés de los créditos al consumo. Como dice el Tribunal Supremo en la sentencia referida, “no se trata, por tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés «normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia».

Para establecer lo que se considera «interés normal» puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas.

Conforme al boletín estadístico del Banco de España, el tipo medio del interés nominal de las tarjetas de crédito de pago aplazado en el año 2011 era del 20,45 %, en el año 2012 era del 20,90 %, en el año 2013 del 20,68 %, en el año 2014 del 21,17 %, en el año 2015 del 21,13 %, en el año 2016 del 20,84 % y en el año 2017 del 20,80 %.

Tratándose de un contrato de tarjeta de crédito se considera que la comparación ha de hacerse, no con el tipo de interés de los préstamos al consumo, sino con el tipo de interés en el mercado de las tarjetas de crédito. Aplicando este criterio, si bien la TAE inicial (19,84 %) no superaba al tipo medio del interés nominal de las tarjetas de crédito de pago aplazado, la última, deducida del doc. 6 de la demanda y doc. 7 contestación (26,82 %) lo superaba ampliamente.

Por ello cabe considerar que el interés aplicado es usurario. La consecuencia de esta declaración es la que determina el art. 3 de la Ley de Represión de la Usura, conforme indica la STS antes citada, esto es, la demandante solo está obligada a abonar la suma percibida. Esto supone que la demandada debe restituir a la demandante las cantidades percibidas (por todos los conceptos) durante la vigencia del contrato que excedan del dinero dispuesto por la demandante, más los intereses legales de dicha suma desde la presentación de la demanda (20/02/2019).

Conforme al documento 7 de la contestación, durante la vigencia del contrato, la cantidad pagada por la demandante ascendió a 2.044,54 euros y el nominal gastado por ella fue de 740,13 euros por lo que la demandada debe restituir la diferencia, esto es, 1.304,41 euros, cantidad que se verá incrementada con lo los intereses legales desde el día 20/02/2019.

TERCERO: No se hace expresa imposición de costas habida cuenta de las dudas de derecho que presenta la cuestión litigiosa dada la existencia de sentencias contradictorias de las Audiencias Provinciales, como se hace constar en el fundamento jurídico segundo y en relación a que, en un contrato análogo, entre las mismas partes, el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de esta ciudad no estimó que los intereses fuesen usurarios (artículo 394.1 LEC).

Por todo lo expuesto,

FALLO

Se estima la demanda presentada por la Procuradora Sra. XXXXXXX, en representación de doña XXXXXXX, contra Bankinter Consumer Finance E.F.C. S.A., con los siguientes pronunciamientos:

Se declara la nulidad, por usura, del contrato de tarjeta “Visa Vodafone” suscrito entre las partes en febrero de 2008. Se condena a la demandada a restituir a la demandante la cantidad de 1.304,41 euros más los intereses legales desde el día 20/02/2019.

– No se hace expresa imposición de las costas causadas.

Notifíquese esta sentencia a las partes. Así lo acuerdo, mando y firmo.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de apelación, que se interpondrá ante el Tribunal que haya dictado la resolución que se impugne dentro del plazo de veinte días contados desde el día siguiente de la notificación de aquella. En la interposición del recurso el apelante deberá exponer las alegaciones en que se base la impugnación, además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna.

Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J., para la admisión del recurso se deberá acreditar haber constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano, un depósito de 50 euros, salvo que el recurrente sea: beneficiario de Justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente.

MUY IMPORTANTE: Si vas a realizar una consulta debes leer antes toda la información de la página CONSULTAS.

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