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Declaran la nulidad de un contrato de tarjeta de crédito de Wizink por usurario, con una TAE del 26,82 %

Declaran la nulidad de contrato a una tarjeta de crédito por ser usurario de Wizink, con una TAE del 26,82 %

El Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Santiago de Compostela declara nulo el contrato de tarjeta de crédito que un usuario de EZ pactó con Wizink Bank por ser de carácter usurario.

La parte actora realizó un contrato con la demandada de una tarjeta de crédito revolving con un interés remuneratorio del 24 % TIN y una TAE del 26,82 %, situándose el tipo de interés medio en ese año (2011) para préstamos al consumo en España en un 10,04 %, con una TAE del 9,31 %.

Debido a lo anterior, se considera el tipo de interés remuneratorio notablemente superior al interés normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso.

Ante el presente litigio, la Magistrada del caso declara nulo el contrato de tarjeta de crédito por usurario, así como también el contrato de seguro pactado por la demandante con la entidad Wizink Bank.

Por ello, el prestatario solo está obligado a pagar el capital dispuesto, por lo que la suma adeudada por éste se ve disminuida, no teniendo que abonar a la entidad las cantidades en concepto de los intereses, comisiones y primas de seguro.

La letrada colaboradora de Economía Zero, Azucena Natalia Rodríguez Picallo, fue la encargada de llevar el presente litigio a juicio. Tras recibir la sentencia, Wizink interpuso recurso ante la Audiencia Provincial de A Coruña, el cual fue desestimado, teniendo que abonar al usuario un total de 12.594,19 €.

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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

SENTENCIA Nº 24/2019

Juicio Ordinario nº 142/2018

Magistrada-Juez: Dña. XXXXXX

Demandante: D. XXXXXX
Abogado: Dña. Azucena Natalia Rodríguez Picallo
Procurador: Dña. XXXXXX

Demandado: Wizink Bank S.A.
Abogado: Dña. XXXXXX
Procurador: D. XXXXXX

Objeto: nulidad intereses por usurarios, nulidad intereses por control de transparencia, contrato de tarjeta de crédito.

En Santiago de Compostela, a 11 de febrero de 2019,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha de 21/2/18, por la Procuradora Dña. XXXXXX, en nombre y representación de D. XXXXXX se presentó demanda de juicio verbal contra WINZINK BANK S.A. en la que tras alegar los hechos en los que funda su pretensión y los fundamentos jurídicos que estima aplicables, termina solicitando se dicte sentencia por la que:

1.- Con carácter principal se declare la nulidad del contrato por usura de la tarjeta “Citi Oro” con nº XXXX XXXX XXXX XXXX suscrito en fecha desconocida, así como del contrato de seguro, en caso de haberse celebrado, condenando a la entidad demandada a restituir a D. XXXXXX las cantidades que excedan del capital prestado al demandante en la vida del crédito, más los intereses legales devengados de dichas cantidades.

2.- Con carácter subsidiario al punto anterior, se declare la nulidad del contrato de tarjeta de crédito con nº XXXX XXXX XXXX XXXX suscrito en fecha desconocida por D. XXXXXX por usurario.

3.- Con carácter subsidiario a los puntos anteriores, se declare la nulidad de la cláusula de intereses remunerativos del contrato por abusiva, restituyendo a D. XXXXXX, la totalidad de los intereses remuneratorios abonados, más los intereses legales devengados de dichas cantidades, pagando las cuotas pactadas que resten, sin aplicación de interés alguno.

4.- Se condene, en todo caso a la entidad demandada, al pago de las costas procesales.

Admitida a trámite la demanda por decreto de fecha de 23/5/18, se emplazó al demandado, siendo presentado en fecha de 27/6/18, por el Procurador D. XXXXXX, en nombre y representación de WIZINK BANK S.A., escrito de contestación a la demanda, en el que oponiéndose a la misma, finaliza solicitando su íntegra desestimación con imposición de costas a la parte demandante.

SEGUNDO.- En fecha de 13/11/18 se procedió a la celebración de la Audiencia Previa. Comparecen ambas partes. Fue propuesta y admitida la prueba que consta en autos. Siendo admitida documental y quedando pendiente requerimiento de documental interesado por la parte actora, se finalizo el acto quedando pendiente de su aportación por la demandada. Aportada la misma, se dio traslado a las partes para conclusiones, que fueron presentadas con el contenido que consta en autos, quedando los autos vistos para sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En la demanda se ejercita con carácter principal acción declarativa de nulidad contractual, y subsidiariamente de la cláusula de intereses remuneratorios del contrato de tarjeta de crédito “revolving” suscrito por el demandante y la entidad Citibank España S.A., posteriormente absorbida por Banco Popular-e y actualmente denominada WIZINK BANK S.A.

Expone el actor contrató en el año 2011 con la citada entidad una tarjeta CITI ORO, mediante modelo normalizado para todos los clientes y a través de la cual se concertaba un sistema de crédito revolving con un TIN de 24 % y una TAE de 26,82 %, sin ningún tipo de información sobre el tipo de interés aplicable ni las consecuencias económicas de utilización del pago aplazado.

Con carácter principal, como se indicaba, considera la actora que el interés fijado es usurario, y por ello solicita la nulidad del contrato suscrito y se declare por tanto que la entidad demandada debe restituir las cantidades que excedan del capital prestado durante la vida del préstamo.

Subsidiariamente se pretende igual devolución pero sobre la base de la nulidad de la cláusula de intereses remuneratorios al estimar la misma abusiva por falta de transparencia en la contratación.

La entidad demandada se opone a la demanda, alegando, en esencia, que el interés remuneratorio fijado no es usurario, por cuanto la comparación ha de ser realizada con los tipos de interés de las operaciones de tarjetas de crédito y no con la de préstamo o créditos al consumo, y considera que la clausula de intereses remuneratorio supera el control de incorporación, estimando además infringe la demanda la doctrina de los actos propios al ser solicitada la nulidad tras un uso continuado de la tarjeta durante varios años.

SEGUNDO.- Vistas las alegaciones de demanda y contestación, no siendo discutida la existencia del contrato en el que se sustenta la demanda y que por original figura en los autos, ni la condición de consumidor del demandante, resulta son hechos controvertidos:

1.- Si el préstamo es usurario porque su TAE es superior al normal del dinero, considerando la actora debe ser comparado con el interés en otras operaciones de crédito al consumo y la demandada con el propio de las tarjetas de crédito al tratarse de mercado con tasas propias de intereses usualmente superiores a las de los préstamos al consumo.

2.- Si el tipo de interés es desproporcionado a las circunstancias del caso, y si están justificadas o no éstas circunstancias.

3.- Si un uso reiterado de la tarjeta por el actor implica conocimiento del tipo de interés y determina ir contra sus propios actos.

4.- Respecto de la petición subsidiaria, si la cláusula de interés remuneratorios supera o no el control de incorporación y transparencia en su redacción y contenido y en la información suministrada al demandante al contratar la tarjeta.

TERCERO.- Para la resolución de la controversia debemos partir del hecho admitido y constatado documentalmente de la suscripción por el demandante en fecha de 30/9/2011 de un documento de solicitud de tarjeta de crédito CITI ORO, en virtud del cual, y según resulta de las condiciones generales, la demandada pone a disposición del titular un determinado límite de crédito, por un periodo de duración indefinida, permitiéndole realizar las siguientes operaciones:

a) pagar bienes y servicios en cualquiera de los establecimientos adheridos .

b) obtener dinero en efectivo en cajeros automáticos y oficinas concertadas.

c) realizar transferencias con cargo a la cuenta de la tarjeta.

El reembolso de las cantidades debidas como consecuencia de la utilización de la tarjeta admite diversas modalidades: pago total que supone el adeudo mensual de la totalidad del crédito dispuesto, y pago aplazado, que supone el aplazamiento del pago de crédito dispuesto, en cuyo caso el cliente debe abonar un determinado interés remuneratorios, generando además los impagos determinados comisiones.

Como hemos visto, partiendo de dicha suscripción contractual, el demandante solicita sea declarado el carácter usurario del préstamo, de modo que solicita solo deba abonar el principal dispuesto en la tarjeta con devolución de las sumas pagadas de más.

Por lo que se refiere a la acción principal, el artículo 1 de la Ley de 23 de julio de 1908 sobre Represión de la Usura, dispone que “será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquel leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales”.

El demandante invoca el primero de los supuestos indicados, es decir, fijación de un interés superior al normal del dinero y desproporcionado, siendo que no es discutido entre las partes que el TIN del contrato está fijado en un 24 % y la TAE en un 26,82 %, tanto para compras, como para disposiciones en efectivo, constando así también en el ANEXO del contrato suscrito.

En definitiva, el contrato cuya nulidad se pretende implica la concesión de un crédito del que se puede disponer mediante la compra de bienes y servicios en establecimientos, mediante la retirada de efectivo en cajeros o realizando transferencias con cargo a la cuenta de la tarjeta, siendo que su devolución puede hacerse pagando la totalidad del crédito dispuesto al final de la liquidación, o en el modo de pago aplazado, cuando al final del periodo de liquidación, el cliente no devuelve todo, sino una cantidad fija o un porcentaje del crédito dispuesto, respetando un mínimo, aplazándose el importe no devuelto, principal e intereses remuneratorios, hasta el siguiente periodo de liquidación en el que se vuelve a aplicar el mismo sistema de opciones de pago.

A la vista de lo expuesto es claro que nos hallamos ante la modalidad de crédito «revolving» caracterizado porque como contrapartida de la facultad de disposición que tiene el usuario, el saldo deudor se va recalculando cada mes en función de los cargos que se efectúen, de tal manera que el análisis de la controversia exige de manera obligatoria partir de la STS de 25 de noviembre de 2015, que analiza un caso similar al que ahora nos ocupa, y de la que resultan las siguientes conclusiones:

1.- Que la Ley de 23 de julio de 1908 sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios es aplicable a cualesquiera operación de crédito “sustancialmente equivalente” al préstamo.

Señala así el Alto Tribunal que “Aunque en el caso objeto del recurso no se trataba propiamente de un contrato de préstamo, sino de un crédito del que el consumidor podía disponer mediante llamadas telefónicas, para que se realizaran ingresos en su cuenta bancaria, o mediante el uso de una tarjeta expedida por la entidad financiera, le es de aplicación dicha ley, y en concreto su art. 1, puesto que el art. 9 establece:

«Lo dispuesto por esta Ley se aplicará a toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualesquiera que sean la forma que revista el contrato y la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido«.

La flexibilidad de la regulación contenida en la Ley de Represión de la Usura ha permitido que la jurisprudencia haya ido adaptando su aplicación a las diversas circunstancias sociales y económicas.

En el caso objeto del recurso, la citada normativa ha de ser aplicada a una operación crediticia que, por sus características, puede ser encuadrada en el ámbito del crédito al consumo”.

2.- Que para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del artículo 1 de la ley, es decir, que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso, sin que sea exigibles acumuladamente las segundas circunstancia del inciso.

3.- Que el elemento comparativo del contrato que ha de ser tenido en cuenta para determinar si el interés pactado es notablemente superior al normal del dinero es el TAE y no el TIN, afirmando el TS que “dado que conforme al artículo 315, párrafo segundo, del Código de Comercio, “se reputará interés toda prestación pactada a favor del acreedor”, el porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interese es notablemente superior al normal del dinero no es el nominal, sino la tasa anual equivalente, TAE, que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados”.

4.- Que el interés con el que debe compararse el TAE no es el interés legal, sino el interés de operaciones crediticias de la misma naturaleza que la que fuera objeto del contrato.

Señala así la indicada STS que “El interés con el que ha de realizarse la comparación es el «normal del dinero».

No se trata, por tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés «normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia» (sentencia núm. 869/2001, de 2 de octubre).

Para establecer lo que se considera «interés normal» puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.).

Esa obligación informativa de las entidades tiene su origen en el artículo 5.1 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (BCE), que recoge la obligación de este último, asistido por los bancos centrales nacionales, de recopilar la información estadística necesaria través de los agentes económicos.

Para ello, el BCE adoptó el Reglamento (CE) nº 63/2002, de 20 de diciembre de 2001, sobre estadísticas de los tipos de interés que las instituciones financieras monetarias aplican a los depósitos y a los préstamos frente a los hogares y a las sociedades no financieras; y a partir de ahí, el Banco de España, a través de su Circular 4/2002, de 25 de junio, dio el obligado cumplimiento al contenido del Reglamento, con objeto de poder obtener de las entidades de crédito la información solicitada”.

5.- Para que el préstamo pueda ser considerado usurario es necesario que el interés, además de ser notablemente superior al normal del dinero, sea manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso.

Señalando el Alto Tribunal que “En principio, dado que la normalidad no precisa de especial prueba mientras que es la excepcionalidad la que necesita ser alegada y probada, en el supuesto enjuiciado no concurren otras circunstancias que las relativas al carácter de crédito al consumo de la operación cuestionada.

La entidad financiera que concedió el crédito «revolving» no ha justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo”.

CUARTO.- Vistos los criterios expuestos y partiendo, como se indicaba de la aplicación al contrato de autos de la Ley de Represión de la Usura, puesto que aunque no estamos propiamente ante un contrato de préstamo, se concede crédito al demandante mediante uso de una tarjeta, tratándose por ende de una operación crediticia, en los términos ya señalado de la STS antes citada, debemos analizar si el interés fijado, en primer lugar, resulta o no notablemente superior al normal del dinero.

En nuestro caso, como se indicaba, el interés remuneratorio estipulado fue del 24 % con un TAE del 26,82 %.

La demandada sostiene que el tipo aplicado tratándose de operaciones realizadas con tarjeta de crédito, se ajusta al tipo de interés aplicable al mercado de tarjetas de crédito y para ello realiza análisis comparativo del TAE aplicado por entidades bancarias que ofrecen ese mismo servicio, y realiza una media aritmética ponderada de los tipos aplicables a saldos de contratos de tarjeta de crédito de pago aplazado, publicados mensualmente por el Banco de España desde el año.

Sin embargo tal comparativa no es correcta, y la comparación para determinar el carácter usuario del préstamo no ha de realizarse con dichos tipos.

En efecto, como señala SAP Coruña sección 6 del 28 de diciembre de 2018, en respuesta a las mismas alegaciones aquí realizadas por la entidad demandada y compartiendo el criterio fijado por la Audiencia Provincial de Asturias:

En la impugnación al recurso se cuestiona que se acuda como tipo comparativo al tipo medio para los créditos al consumo.

Se mantiene que debe partirse es de los tipos medios usuales y propios de los créditos mediante tarjeta, particularmente en este caso de los denominados créditos revolving. Sin embargo, se comparte el criterio mantenido por la Audiencia Provincial de Asturias.

Así, en diversas de sus resoluciones, se afirma que, tras la entrada en vigor de la Circular del Banco de España 1/2010, de 27 de enero, que modificó la Circular 4/2002, relativa a los tipos de interés aplicados por las entidades de crédito a los depósitos y a los créditos concedidos a hogares y sociedades no financieras, para adaptarla a las modificaciones que ha introducido el Reglamento (CE) 290/2009 del Banco Central Europeo, de 31 de marzo, el Banco de España diferencia entre los tipos de interés de las operaciones de créditos al consumo de las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito, y efectivamente, como señala en el capítulo 19 de su Boletín Estadístico de julio-agosto de 2010, «los cambios de la nueva Circular afectan significativamente a los datos de «Crédito al consumo hasta un año», que, a partir de los datos de junio de 2010, deja de incluir las operaciones de crédito mediante tarjeta de crédito. Estas operaciones se proporcionarán próximamente por separado, una vez que se disponga de series representativas».

Ahora bien, no es este el tipo comparativo, el que las entidades financieras aplican a las operaciones crediticias mediante tarjetas de crédito, el que utiliza la mentada resolución del Tribunal Supremo como índice para determinar el precio normal del dinero, sino que parte del interés medio ordinario en las operaciones de crédito al consumo.

Este es el criterio que ha venido siguiendo dicha audiencia provincial ante tales alegaciones. Una cosa es el interés normal del dinero, del que debe partirse para realizar la comparación, y otra distinta es que diversas circunstancias puedan justificar que se supere ese interés normal.

Es cierto que estadísticamente dichos índices a los que alude la impugnante ponen de manifiesto que en la práctica bancaria existe una tendencia a contratar a unos tipos remuneratorios notoriamente superiores a los que pueden considerarse como normales en operaciones de crédito al consumo, sin embargo, la práctica habitual disponiendo un interés remuneratorio muy superior a otros medios de financiación no puede servir de sustento y justificación bastante, sino que, a partir de la constatación de que ese interés es notablemente superior al normal en la financiación del consumo, para soslayar la reprobación de aquella norma y sus efectos debería acreditarse la concurrencia de una especial circunstancia que los justifique.

El propio Tribunal Supremo expresamente ha señalado que ello puede venir justificado «con las circunstancias del caso», pero, tal como señaló dicho tribunal, estas circunstancias deben ser acreditadas por la actora, y si bien tales circunstancias, implicar la concesión de crédito con un mayor riesgo para el prestamista al ser menores las garantías concertadas, aun cuando ello puede justificar, desde el punto de vista de la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, un interés superior al que puede considerarse normal o medio en el mercado, como puede suceder en operaciones de crédito al consumo, no puede justificarse una elevación del tipo de interés tan desproporcionado en operaciones de financiación al consumo como la que ha tenido lugar en el caso objeto del recurso, sobre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico”.

Precisamente la A.P. Asturias en S.A.P. Oviedo de 18/1/19 mantiene ese mismo criterio, indicando que:

En cuanto al interés que la parte recurrente toma como referencia comparativa para apreciar si el interés remuneratorio es usurario ha de ser rechazado en razón a la doctrina que sobre este particular ha sentado la sentencia de Pleno del TS de 21 de noviembre de 2015, que esta Sala ha de tomar como base para su resolución, en cuanto si bien se trata de una sola sentencia, que en cuanto tal no constituye doctrina legal, según reiterada jurisprudencia del TS recogida entre otras en las STS de 29 de noviembre de 2002 y 15 de octubre de 2008, al exigirse para ello la existencia de «… dos sentencias de esta Sala de Casación Civil sobre interpretación y aplicación de la Ley u otras fuentes del derecho, respecto a casos idénticos», ello no obstante se trata de una sentencia dictada con unanimidad por el Pleno de los Magistrados que la integran, y que contiene una clara modificación de la doctrina anterior a la hora de decidir cuál es el termino de comparación o de referencia a tomar en consideración para resolver en cada caso, si concurren en el producto de crédito litigioso, los requisitos objetivos del apartado 1º del art. 1 de la Ley de Usura , y concluir su carácter o no usurario.

En este sentido es evidente que una sola Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo (máxime cuando esta es de Pleno), puede tener valor vinculante como doctrina jurisprudencial para el propio Tribunal y para los demás tribunales civiles, como sucede cuando con la motivación adecuada se cambia la jurisprudencia anterior (por muy reiterada que sea ésta) y fija la nueva doctrina, pues en otro caso resultaría un sinsentido y contrario a la naturaleza de las cosas que se cambiara la jurisprudencia para un caso y sin embargo continuara siendo obligatoria la anterior modificada en tanto no se dictara por el propio TS una segunda sentencia.

Es evidente que no puede tomarse como referencia para considerar lo que sea «el interés normal del dinero» el tipo medio aplicado para una tarjeta de crédito por las diferentes entidades crediticias, sino por razones de transparencia reforzada exigible en contratos celebrados con consumidores, con cláusulas generales predispuestas como es el caso, la tasa anual equivalente, (TAE), pues según la citada sentencia de Pleno,»Dado que conforme al art. 315, párrafo segundo, del Código de Comercio, «se reputará interés toda prestación pactada a favor del acreedor», el porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero no es el nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE), que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados.

Este extremo es imprescindible (aunque no suficiente por sí solo) para que la cláusula que establece el interés remuneratorio pueda ser considerada transparente, pues no solo permite conocer de un modo más claro la carga onerosa que para el prestatario acreditado supone realmente la operación, sino que además permite una comparación fiable con los préstamos ofertados por la competencia.

El interés con el que ha de realizarse la comparación es el «normal del dinero».

No se trata, por tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés «normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia» (sentencia núm. 869/2001, de 2 de octubre).

Para establecer lo que se considera «interés normal» puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.).

En cuanto al módulo de contraste para determinar si el interés pactado es manifiestamente desproporcionado al normal del mercado la citada sentencia de Pleno del TS expresa inequívocamente que esa comparación ha de realizarse con el interés medio de los préstamos a consumo, razonando al respecto que «La cuestión no es tanto si es o no excesivo, como si es «notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso».

En la sentencia recurrida se dice que si se examina la información ofrecida por el Banco de España para el año 2008, la TAE media ponderada para todos los plazos oscila entre el 10,48 % y el 11,72 % que es el correspondiente al mes de agosto y el tipo para operaciones a plazo entre 1 a 5 años estaba en torno al 7 %.

La TAE establecida en el contrato suscrito en agosto de 2008 era del 16,6 %.

En esa época la TAE era del 11,12 % y los tipos de interés activo según en operaciones entre 1 a 5 años era del 9,89 % y para operaciones superiores a 5 años del 7,35%, según resulta de la tabla de tipos de interés del Portal de clientes del Banco de España.”

En el mismo sentido que la anterior: la sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias, sección 4 ª, 246/2017, de 21 de junio; sección 5 ª, 198/2017, de 23 de mayo; sección 6 ª, 200/2017, de 9 de junio; o, séptima, 167/2017, de 30 de marzo, entre otras muchas.

En el mismo sentido SAP Coruña sección 5 del 11 de enero de 2019 cuando indica: “Dado que la apelante defiende que el TAE pactado contractualmente 26,82 % es usurario, la primera cuestión que hay que valorar es cuál es la referencia que debe tomarse en consideración para poder determinar si los referidos porcentajes del TAE son o no usurarios.

En este sentido, la sentencia, sección 6ª, de la AP de Pontevedra de fecha 6 de noviembre de 2017, citando la STS de 25 de noviembre de 2015 declara que «El interés con el que ha de realizarse la comparación es el normal del dinero. No se trata, por tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia (STS 2 de octubre 2001).

Para establecer lo que se considera interés normal puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.).

Esa obligación informativa de las entidades tiene su origen en el artículo 5.1 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (BCE), que recoge la obligación de este último, asistido por los bancos centrales nacionales, de recopilar la información estadística necesaria través de los agentes económicos.

Para ello, el BCE adoptó el Reglamento (CE) nº 63/2002, de 20 de diciembre de 2001, sobre estadísticas de los tipos de interés que las instituciones financieras monetarias aplican a los depósitos y a los préstamos frente a los hogares y a las sociedades no financieras; y a partir de ahí, el Banco de España, a través de su Circular 4/2002, de 25 de junio, dio el obligado cumplimiento al contenido del Reglamento, con objeto de poder obtener de las entidades de crédito la información solicitada.

Además para que el interés pueda ser considerado usurario es necesario que, además de ser notablemente superior al normal del dinero, el interés estipulado sea manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso.

El Tribunal Supremo en la sentencia citada de 25 de noviembre de 2015 señala que las circunstancias excepcionales que pueden justificar un tipo de interés anormalmente alto están relacionadas con el riesgo de la operación; así cuando el prestatario va a utilizar el dinero obtenido en el préstamo en una operación especialmente lucrativa pero de alto riesgo, está justificado que quien le financia, al igual que participa del riesgo, participe también de los altos beneficios esperados mediante la fijación de un interés notablemente superior al normal; sin embargo no consta que en el presente caso concurra dicha circunstancia, ya que nos encontramos ante un contrato de tarjeta de crédito para hacer frente al pago de gastos y compras.

No existe duda de que las circunstancias concretas de un determinado préstamo, entre las que se encuentran el mayor riesgo para el prestamista que pueda derivarse de ser menores las garantías concertadas, puede justificar, desde el punto de vista de la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, un interés superior al que puede considerarse normal o medio en el mercado, como puede suceder en determinadas operaciones de crédito, pero no puede justificarse una elevación del tipo de interés tan desproporcionado en operaciones de financiación al consumo como la que ha tenido lugar en el caso ahora analizado, ya que el tipo de interés legal del dinero en el año 2001, fecha de suscripción del contrato de tarjeta, era del 5,50 %.

En la página del Portal del Cliente Bancario del Banco de España se reseñan los tipos publicados por las entidades para los descubiertos y excedidos tácitos.

La normativa distingue entre descubiertos de consumidores y descubiertos del resto de los clientes (profesionales y empresas) y la principal característica de los descubiertos de consumidores es que, de conformidad con lo establecido en el artículo 20.4 de la Ley 16/2011, de contratos de crédito al consumo, los intereses que por ellos se perciban, sumados a las comisiones bancarias, no pueden dar lugar una TAE superior al interés legal del dinero multiplicado por 2,5.

Se precisa en el Portal del Banco de España que para los descubiertos en cuenta corriente con consumidores, los tipos medios efectivos declarados a 31 de diciembre de cada año por el conjunto de bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito son los siguientes: en el año 2001 eran de 12,24 % (para Bancos), 13,49 % (para Cajas) y 12,39 % (Para Cooperativas).

Por lo tanto en este caso el interés reflejado en el contrato era superior en 3,8 veces al del interés legal del dinero y en más de 8 puntos al de descubiertos en cuenta corriente con consumidores.

En el art. 19.4 de la Ley 7/1995, de 23 de marzo , de crédito al consumo (que era la vigente a la fecha del contrato) ya se establecía un límite al interés en descubierto que se fijaba en una tasa anual equivalente superior a 2,5 veces el interés legal del dinero, lo que en este caso implicaría un interés de 13,75 %, es decir 7,15 puntos inferior al pactado en el contrato litigioso.

No ha justificado la parte recurrente que el elevado interés obedezca a la existencia de riesgo de la operación crediticia».

Siguiendo las anteriores consideraciones queda claro que el tipo de comparación ha de serlo con los distintos tipos de interés aplicados por las entidades bancarias en los créditos al consumo, publicados por el Banco de España y correspondientes al tiempo de la contratación, siendo que en el caso que nos ocupa esta media, según el portal del cliente bancario de la página web del Banco de España que se referencia en la demanda, se situaba en OCTUBRE DE 2011, para préstamos al consumo entre 1 y 5 años en España en un 10,04 % siendo el TAE Medio de todos los plazos de un 9,31 y para y para operaciones en plazo superior a 5 años estaba fijado de un 8,23 %, y si acudimos a las del mes de septiembre, por constar en dicha fecha la suscripción del contrato de tarjeta, los TAES a considerar son de 9,36 % para operaciones a plazo entre 1 y 5 años, de 9,05 el TAE medio ponderado para todos los plazos y de 7,85% en las operaciones a plazo superior a 5 años.

Siendo ello así, ascendiendo el TAE del contrato de autos a nada menos que un 26,82 %, superior en casi tres veces al mayor de los índices referenciados, estamos en el caso de sostener que el remuneratorio pactado es notablemente superior al interés normal del dinero.

Cumplidas las condiciones anteriores, es necesario también, como hemos visto, para que el préstamo pueda ser considerado usuario, que el interés sea manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso, para ello ya quedo indicado que el TS señala que la normalidad no precisa de especial prueba, debiendo ser alegada y probada, y hace descansar en la entidad financiera que concedió el crédito revolving la prueba de la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo, siendo lo cierto que, en el caso de autos, no ha probado la demandada la concurrencia de circunstancias excepcionales que así lo justifiquen como pudiera ser la falta de solvencia del demandante o cualquier otra que pudiera explicar ese elevado interés, no siendo suficiente, la alegación de la asunción de un teórico alto riesgo, pues ciertamente fue asumido libremente por la entidad financiera que decidió no exigir ninguna garantía al demandante para concertar el producto.

En palabras de la S.A.P. Sección Sexta de 28/12/18 antes citada No cabe presumir que el uso de la tarjeta pudiera tener como finalidad realizar operaciones de riesgo. Que la concesión de crédito mediante este tipo de tarjetas se efectúe habitualmente sin exigencia de garantías o que produzcan morosidad o que los costes de persecución de la deuda sean altos o que haya escaso incentivo para la devolución del préstamo, no son circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal sino, más bien, circunstancias habituales en este ámbito de contratación.

En conclusión, no se ha probado que el interés notablemente superior al normal del dinero fuera proporcionado a las circunstancias del caso.”

Así las cosas, y sin que sea necesario, como quedó indicado, concurra situación de angustiosa necesidad, inexperiencia o limitación de facultades mentales, es obligado declarar el carácter usurario de los interés remuneratorios.

Citar finalmente, a modo de cierre y por referirse a supuesto idéntico al presente, Tarjeta Citibank con un TIN del 24 % y un TAE del 26,82 %, la S.A.P. Tarragona de 6 de noviembre de 2018, “Respecto al fondo del litigio, lo que se plantea en el recurso es el carácter usurario de un crédito «revolving» concedido por una entidad financiera a un consumidor y un interés remuneratorio del 24 % (TAE 26,82 %).

No se alude expresamente la Ley 23 julio 1908 de Represión de la Usura pero debe tenerse por invocada cuando se dice en la contestación que el interés remuneratorio es desorbitado y abusivo, lo que viene a suponer que es notablemente superior al normal del dinero y desproporcionado en atención a las circunstancias del caso (art. 1).

Cierto, como dice el apelante, que el interés remuneratorio es libre y así lo establece el art. 315 Código de comercio, desarrollándose en el ámbito reglamentario por el art. 4.1 Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, aplicable a la operación examinada.

Ese interés ordinario no es susceptible de control de su carácter abusivo por afectar a un elemento esencial del contrato (art. 4.2 de la Directiva 93/13/CEE), el precio del servicio o del capital prestado, salvo que la cláusula no sea transparente (STS 241/2013, de 9 mayo y 265/2015, de 22 de abril), lo que incide de manera directa en la prestación del consentimiento por el consumidor que debe poder conocer el sacrifico económico que asume y permitirle comparar las ofertas de las entidades de crédito para dar su voto en el mercado a la que le resulte más favorable.

En este marco, la Ley de Represión de la Usura viene configurándose como un límite a la autonomía de la voluntad negocial (art. 1255 CC) aplicable a los préstamos y, en general, a cualquier operación de crédito sustancialmente equivalente como el crédito examinado (STS Pleno 25 noviembre 2105, que cita la 406/2012, de 18 junio, 113/2013, de 22 febrero y 677/2014, de 2 diciembre).

El apelado considera que el crédito «revolving» que le fue concedido por Citibank España entra dentro de la previsión del primer inciso del art. 1 de la Ley de Represión de la Usura pues establece un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado en relación con las circunstancias del caso.

La Sala estima que el interés remuneratorio estipulado es usurario en los términos expuestos e infringe la prohibición contenida en el art. 1 de la Ley 1908, pues un interés del 24 % (TAE 26,82 %) debe considerarse desorbitado y abusivo y manifiestamente desproporcionado al interés del dinero.

De una parte, la TAE permite establecer el parámetro de comparación pues esa tasa equivalente incluye todos los costes que encierra el préstamo o crédito para el consumidor; y de otra, lo que debe entenderse como interés normal del dinero no es el interés legal, tampoco el interés medio de las tarjetas de crédito en que los titulares han solicitado el pago aplazado y revolvente, como dice el apelante, sino como indica la STS Pleno 628/2015, de 25 noviembre con el interés «normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia» (sentencia núm. 869/2001, de 2 de octubre).

Para establecer lo que se considera «interés normal», continua diciendo las citada sentencia, puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.).

En nuestro caso, el interés de los créditos al consumo por tiempo indefinido en el año 2011, momento en que se formalizo el contrato, se situaba en el 12,12 % para el tipo efectivo y en el 11,50 % para el nominal, claramente inferior al reclamado.

La segunda circunstancia que debe concurrir para que el préstamo o crédito tenga el carácter de usurario es que el interés sea manifiestamente desproporcionado a las circunstancias del caso, por ejemplo el riesgo de la operación, y esa prueba corresponde a la entidad financiera que es la que fija el interés remuneratorio, lo que no ha hecho (art. 217.2 LEC).

En consecuencia, el interés establecido para el crédito revolving instrumentado mediante la tarjeta de crédito VISA Citibank España debe considerarse usuario y acarrear la nulidad del mismo con la consecuencia de que el acreditado consumidor solo tendrá que devolver la suma recibida (art. 3 Ley 1908) que, según se recoge en la certificación de la propia entidad, fue la de 6.664,95 € por todos los conceptos mientras dispuso de 6.814,16 € y se le reclaman 6.632,55 €, con lo que atendido el principio de congruencia nada tiene que devolver”.

QUINTO.- Considerado el préstamo como usurario ello determina, conforme al artículo 1 de la ley la nulidad del contrato de préstamo, y las consecuencias de tal nulidad vienen determinadas en el artículo 3 de la Ley, conforme al cual:

Declarada con arreglo a esta ley la nulidad de un contrato, el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida; y si hubiera satisfecho parte de aquélla y los intereses vencidos, el prestamista devolverá al prestatario lo que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del capital prestado”; siendo calificada la nulidad por el propio TS en la citada STS de nulidad radical, absoluta y originaria, que no admite convalidación confirmatoria, porque es fatalmente insubsanable, ni susceptible de prescripción extintiva, lo que excluye la aplicación al caso de autos de la doctrina de los actos propios como pretende la demandada.

En efecto, la demandada ha alegado que el uso reiterado de la tarjeta por el actor implica su conocimiento y que actúe en contra de sus actos propios, la SAP Oviedo, de fecha 6 de octubre de 2017, que con remisión a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, resuelve en su Fundamento Jurídico Sexto:

“La STS de 29 de marzo de 2016 se pronunció refiriéndose a contratos bancarios en que se impetraba la nulidad por error en el consentimiento pero que puede perfectamente aplicarse al supuesto que con ocupa y respondiendo a idéntica alegación que a la que ahora se formula, en el sentido siguiente:

«Esta sala ha dicho ya en numerosas ocasiones, para descartar que nos encontremos ante una infracción de la teoría según la cual nadie puede ir contra sus propios actos, que ni la percepción de liquidaciones positivas, ni los pagos de saldos negativos, ni la cancelación anticipada del contrato, ni incluso el encadenamiento de diversos contratos, pueden ser considerados actos convalidantes del negocio genéticamente viciado por error en el consentimiento, ya que los mismos no constituyen actos inequívocos de la voluntad tácita de convalidación o confirmación del contrato, en el sentido de crear, definir, fijar, modificar, extinguir o esclarecer dicha situación confirmatoria».

Debe igualmente rechazarse la convalidación a que se alude en el recurso haciendo alusión al conocimiento y consentimiento de la actora, tanto previo como posterior a la celebración del contrato, del tipo de interés remuneratorio establecido en el mismo, pues siendo como es la sanción establecida en la Ley de Usura, para los créditos calificados según la misma de usurarios, de nulidad absoluta, y no mera anulabilidad, la misma sentencia de Pleno tan citada del Tribunal Supremo ya recoge que esta sanción comporta una ineficacia del negocio que es radical, absoluta y originaria, y que en cuanto tal no admite convalidación confirmatoria porque es fatalmente insubsanable afectando la misma a la totalidad del convenio con la única consecuencia, establecida en el artículo 3, de que ha de retrotraerse la situación al momento inmediatamente anterior al préstamo.

En definitiva la nulidad del contrato determina que el prestatario solo venga obligado a pagar el capital dispuesto, debiendo en su caso reintegrarle la demandada las cantidades abonadas por el demandante por conceptos diferentes al importe prestado, siendo el caso de los intereses, comisione y primas de seguro de protección de pagos satisfechas, afectadas por la declaración de nulidad, máxime cuando siquiera consta contratado dicho seguro en el contrato aportado.

Con relación a esta cuestión, y dado que el demandante solicita le sean devueltas las cantidades que excedan del capital prestado, debemos analizar, si a fecha de la sentencia hay cantidades que devolver, siendo usual en este tipo de proceso que deba diferirse a ejecución de sentencia tal determinación, pero en este caso, visto el cuadro de amortización aportado por la demandada es lo cierto que los pagos realizados hasta la fecha no cubren siquiera el principal debido, habiendo sido vencida anticipadamente la deuda, a partir de la liquidación de 16/4/17 por lo que no procede devolución alguna a favor del demandante, sino fijar únicamente la suma que resulte debida.

Antes de nada debe ponerse de manifiesto que el cuadro de amortización aportado por la demandada no es correcto en el total que refleja como disposiciones de la tarjeta por compras y efectivo, y en el importe de las comisiones de disposición, basta para ello cotejar los importes recogidos en el cuadro con los extractos mensuales que fueron adjuntados como doc. 1 del escrito de contestación a la demanda.

De dicho cotejo resulta que las cifras son correctas en todas las columnas hasta el recibo de 15/11/2015, y desde el recibo de 15/5/17 hasta el final, así como también en los de 15/2/17 y 15/3/17, pero hay una determinación indebida de las disposiciones en 9 recibos en los que a las compras y disposiciones de efectivo se suman las comisiones por disposición de efectivo de manera incorrecta, debiendo por ello ser corregidas a fin de determinar el principal debido.

Tales correcciones se han realizado sumando las disposiciones y compras realizadas en los extractos que se indicaran a continuación y las comisiones incluidas en los mismos, y permiten constatar, como se indicaba que el importe de algunas de las comisiones se incluye en el de las compras y efectivos, lo que no resulta correcto.

De modo que las cifras a considerar serán las siguientes en los siguientes recibos, manteniéndose las restantes según el cuadro de amortización aportado por la demandada:

1.- Extracto de 15/6/16, si sumamos las compras y disposiciones realizadas según el extracto correspondiente a dicha mensualidad veremos que ascienden a 2.200, frente a los 2.293,45 euros que consigna el cuadro de amortización, y que las comisiones por disposición suman 93,45 y no los 13,50 euros que recoge la actora.

2.- Extracto de 17/7/16, sumadas las compras y disposiciones tenemos un total de 800 euros y no la de 838 euros que consigna la demandada, por cuanto los 38 euros a mayores se corresponden con comisiones de disposición.

3.- Extracto de 15/8/16 en este caso la cifra señalada por la actora es correcta, 1.242,10 euros y ello porque a las disposiciones y compras realizadas ese mes, por sumas de 46,20 y 1.230,90 euros que dan un total de 1.277,10 euros se le restan 35 euros de una retrocesión de comisiones por impago. Se mantiene por tanto el importe señalada por la demandada.

4.-Extracto de 15/9/16, sumadas las compras y disposiciones que constan en el recibo de este mes tenemos un total de 896,79 euros, y no de 931 euros como indica la demandada, ascendiendo el importe de las comisiones de disposición a 38,21 euros y no a 4 euros.

5.- Extracto de 16/10/16 suman las compras y disposiciones un total de 100 euros y no de 106,37 euros, pues esos 6,37 euros a mayores se corresponde a comisiones de disposición.

6.- Extracto de 15/11/16 las compras y disposiciones suman 491,95 euros, no 527,43 euros que indica la demandada en el cuadro de amortización, correspondientes la diferencia de 35,48 euros a comisiones de disposición.

7.- Extracto de 15/12/16 el total de disposiciones y compras de este mes suponen un total de 1.153,74 euros, y no de 1.178,93 euros, y las comisiones no suma 4 euros, sino 29,19 euros.

8.- Extracto de 15/01/17, suman las compras y disposiciones 481,79 euros, no 493,79 euros, y las comisiones de disposición las diferencia de 12 euros.

9.- Extracto de 16/04/17, las compras y disposiciones suponen un total de 150 euros, siendo que los 8,75 que a mayores recoge la demandada son en realidad comisiones de disposición.

Efectuadas las anteriores precisiones y teniendo en cuenta las correcciones realizadas resulta tenemos un total dispuesto en la tarjeta de 11.587,21 euros, siendo que los pagos que hasta la fecha ha realizado el demandante suman según el cuadro de amortización, 8.104,62 euros (habiéndose comprobado que su importe es correcto y se corresponde con el de los recibos aportados como doc. 1 de la contestación a la demanda), lo que determina que no haya lugar, pese a la nulidad declarada, a la devolución de importe alguno al demandante, sino a declarar simplemente que la deuda actual que mantiene con la demandada asciende a la diferencia entre las dos cantidades, es decir, 3.482,59 euros, y no a los 8.518,51 euros que recoge el cuadro de amortización tras ser declarado el vencimiento de la deuda.

SEXTO.- En cuanto a las costas del presente procedimiento, y aun cuando no ha resultado cantidad a devolver a favor del demandante, ha sido atendida su pretensión principal, que es la acción de nulidad y de ahí que haya de considerarse se ha producido una estimación íntegra de la demanda, que determina, conforme al artículo 394 de la LEC que las costas deban ser impuestas a la parte demandada.

FALLO

ESTIMO ÍNTEGRAMENTE la demanda presentada por D. XXXXXX contra WIZINK BANK S.A. y en consecuencia DECLARO la nulidad del contrato por usura de la tarjeta “Citi Oro” con nº XXXX XXXX XXXX XXXX suscrito con la demandada, así como del contrato de seguro, declarando que la suma que actualmente adeuda el actor a la demandada por concepto de principal asciende a 3.482,59 euros, y no a los 8.518,51 euros que recoge el cuadro de amortización que obra en autos. Todo ello con imposición de costas a la parte demandada.

Notifíquese esta resolución a las partes con la indicación de que la misma no es firme y que contra ella podrá interponerse recurso de apelación ante la Sala de lo Civil de la Audiencia Provincial, recurso que habrá de presentarse en este Juzgado en el plazo de veinte días desde su notificación.

Por exigirlo así la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, la interposición de recurso contra la anterior resolución exige la constitución de un depósito de 50€.

El depósito de la expresada suma deberá acreditarse al interponer el recurso, a cuyo escrito se adjuntará copia del resguardo o de la orden de ingreso, sin cuyo requisito no será admitido a trámite.

Están exceptuadas de la obligación de constituir el depósito las partes que tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.

Líbrese testimonio de la presente resolución para su unión a los autos principales y llévese el original al libro de Sentencias de este Juzgado. Así por esta mi sentencia, lo pronuncio mando y firmo, Dña. XXXXXX, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Santiago de Compostela.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día, en audiencia pública, fue leída y publicada la anterior Sentencia por la Juez que la dictó. Doy fe.

2 comentarios para Declaran la nulidad de un contrato de tarjeta de crédito de Wizink por usurario, con una TAE del 26,82 %

  • Sergio

    Buenos días,

    Ante todo gracias de antemano.

    Hace dos años os envié un correo con este tema pero no pude continuar por circunstancias.

    Me gustaría retomarlo y ver si es posible. Tengo una tarjeta Wizink que antes fué popular-e y antes de ello citibank. Debo llevar como 10 o 12 años con ella. (Ahora ya más bien 14)

    Hace cuatro años ingresé 10000€ en ella para poder quitarmela pero por circunstancias, entre una cosa y otra, hoy me encuentro que les debo 14000€.

    No tengo ninguna documentación de ello, ni contrato ni un extracto de todo lo que llevo pagando en todo este tiempo, etc.

    Mi primera pregunta es como puedo conseguir toda la documentación completa.

    Por otro lado he leído que han bajado el TAE al 20% pero evidentemente durante todos los años anteriores no tuvo dicho TAE si no uno superior. Asi que supongo que es reclamable. Me lo podéis confirmar?

    Por favor, podéis indicarme como proceder?

    Muchas gracias y un saludo

    • Economía Zero

      Hola Sergio

      Nos ponemos en contacto contigo desde ECONOMÍA ZERO para responder a tu consulta sobre la posibilidad de reclamar la tarjeta WIZINK para conseguir la devolución de los intereses abusivos de tu tarjeta.

      No te preocupes porque vamos a ayudaros a solucionar esta situación. En primer lugar, te recomendamos que visites (si no lo has hecho ya) nuestro artículo dedicado a este procedimiento: Cómo anular los contratos de las tarjetas de crédito y préstamos “revolving”.

      Resumiendo un poco el contenido del mismo, mediante este procedimiento lo que conseguimos es que se declare la nulidad del préstamo o la tarjeta que tiene asociados unos intereses (TAE) abusivos (superiores al 20 % ya sea o no tipo revolving).

      La principal consecuencia de la declaración de la nulidad del préstamo o la tarjeta es que, sólo tendrás que devolver al Banco la cantidad que realmente te prestó; anulando por tanto todo lo que hayas pagado en concepto de intereses, comisiones, seguros y cualquier otro cargo que no sea específicamente la devolución del principal del préstamo y anulando también la «supuesta deuda» que el banco dice que aún te queda por pagar. Si se diera el caso de que con tus pagos mensuales, ya has satisfecho el total de la cantidad que realmente te prestaron, cuando se declare la nulidad del préstamo, el banco tendría que devolverte todo lo que hayas pagado de más.

      En consecuencia, lo especialmente relevante es el tipo de interés del préstamo.

      La estrategia de reclamación que seguimos desde ECONOMÍA ZERO es ocuparnos de toda la reclamación, desde el principio hasta el final. Te explicamos brevemente a continuación:

      1ª. PARTE DE LA RECLAMACIÓN: EXTRAJUDICIAL O PREJUDICIAL.

      En esta primera parte de la reclamación iniciaremos un procedimiento en el que mediante la negociación de nuestros abogados, intentaremos alcanzar un acuerdo con la entidad con el que podamos conseguir que os devuelvan todo el dinero que os han cobrado indebidamente y/o os anulen la deuda que no os corresponda, en un período de tiempo mucho más reducido (aproximadamente 2 meses, frente al mínimo de 9 meses que puede durar el proceso judicial completo).

      Quizás con un ejemplo podamos visualizar mejor los resultados que pretendemos conseguir:

      Si en el momento en que se declarase la nulidad del crédito en el juzgado, la entidad te ha prestado (sumando compras, disposiciones de efectivo y demás) un total de 1.000 € y con la suma de tus pagos mensuales ya les has satisfecho 500 €, deberás devolverles únicamente la diferencia entre estas dos cantidades, es decir, 500 €, ya que solo tendrás que devolverle a la entidad la cantidad que realmente te prestó.

      Si por el contrario, en el momento en que se declarase la nulidad del crédito, te han prestado 1.000 € y con la suma de tus pagos mensuales terminaste por pagar 1.500 €, deberán devolverte la diferencia entre estas dos cantidades, es decir, 500 €, además de anular la deuda que dicen que aún mantienes con ellos.

      En consecuencia, esto es lo que intentaremos conseguir con la negociación que iniciaremos con la entidad, para evitar tener que llegar a la segunda parte de la reclamación.

      Si, efectivamente, con la negociación conseguimos para ti la devolución de todas las cantidades que te han cobrado de forma indebida o conseguimos una devolución que a ti te resulta satisfactoria, terminará aquí el proceso de reclamación.

      Para llevar a cabo este procedimiento extrajudicial os solicitamos los datos del titular/es del crédito/s. Una vez que nos habéis facilitado estos datos, os enviaremos por email dos documentos que debéis imprimir para que podáis firmarlos y devolvérnoslos escaneados también por email. Con estos documentos formalizaremos el encargo del servicio y podremos enviarle a cada entidad la reclamación en vuestro nombre, firmada por uno de nuestros abogados. Además también tendréis que enviarnos escaneada una copia escaneada bien legible del DNI del titular, para adjuntarla con la carta de reclamación que enviaremos a cada entidad de crédito.

      En cuanto recibamos los documentos firmados por el/los titular/es y el DNI escaneado, realizaremos nosotros el envío certificado al Servicio de Atención al Cliente de cada entidad (sin repercutiros por ello coste alguno) e iniciaremos la negociación con la entidad, esperando resolver la reclamación en un plazo aproximado de 2 meses.

      En el momento en que recibamos respuesta de cada entidad, estudiaremos la propuesta que te quieran hacer, para informarte de las cantidades que van a devolverte y compararlas con las cantidades que te tendrían que devolver si acudiésemos al Juzgado a solicitar la nulidad del contrato. Si ellos nos entregan todos los movimientos necesarios, realizaremos un cálculo detallado para que puedas comprobar si la propuesta que te hacen es o no satisfactoria para tus intereses.

      Los costes de este servicio, podrás comprobarlas en el documento de encargo que te enviaremos, pero te las resumimos a continuación:

      Si tras esta negociación te efectúan una devolución o te anulan una parte de tu deuda, ECONOMÍA ZERO te cobrará el 15 % + IVA de esas cantidades. Por ejemplo, si te anulan 500 € de deuda y te devuelven 500 € en dinero, te cobraremos el 15 % + IVA de los 1.000 € que obtienes de beneficio (esto son 181,50 € IVA incluido).

      En caso de que no te hagan ninguna devolución ni rebaja en la deuda, no te cobramos nada. Sólo cobramos si tú recuperas dinero y/o ves rebajada tu deuda.

      Si con la negociación se finaliza la reclamación, aquí terminará el proceso y no tendrás ningún otro coste. Por ejemplo, si con los 1.000 € de beneficio no queda ya nada que reclamar en el Juzgado (o esta reclamación no te compensase) no habrá reclamación judicial.

      2ª. PARTE DE LA RECLAMACIÓN: DEMANDA JUDICIAL.

      En caso de no haber resuelto por completo la reclamación con la negociación extrajudicial (no te han devuelto todo el dinero que te corresponde), podemos acudir al Juzgado para conseguir la nulidad de tus contratos allí, con la consecuente devolución de todo el dinero que te han cobrado indebidamente.

      Con la documentación que habremos recopilado durante el proceso extrajudicial, uno de los Despachos de Abogados que colabora con nosotros, presentará una demanda contra cada entidad de préstamo para conseguir la nulidad del contrato y la consecuente devolución de todos los intereses y comisiones.

      Somos conscientes de que es muchísima toda la información que te hemos dejado, por lo que te ofrecemos tratar la consulta por teléfono.

      Finalmente, comentarte que los datos que necesitamos para elaborarte los documentos de encargo y las cartas son los siguientes:

      · Nombre y apellidos del titular.

      · Dirección completa.

      · Nº de DNI.

      · Nº de contacto (indícanos también una franja horaria en la estés disponible).

      · Nombre de la entidad.

      · Nº que identifique el producto (nº contrato/s; nº cliente, etc.).

      También puedes enviarnos documentación de los préstamos y las tarjetas. Ya sean recibos, extractos, contratos o cualquier otro documento donde se pueda comprobar la numeración del contrato de préstamo o tarjeta con la que indentificar cada producto y preparar las reclamaciones.

      Si tenéis recibos mensuales, extractos o contratos de los préstamos o tarjetas, ya sea en PDF o en papel, es muy importante que lo conservéis todo o directamente nos lo enviéis para conservarlo nosotros, ya que esta documentación podrá ser fundamental para el proceso de reclamación en el caso de que las entidades en su respuesta no nos envíen la documentación que les solicitamos.

      Aprovechamos para recomendarte que visites nuestro listado de entidades y productos reclamables por usura, por si tuvieras otro préstamo o crédito con intereses abusivos que pudieras reclamar.

      Comentarte por último que si tienes dudas sobre los resultados de nuestras gestiones, te recomendamos que visites nuestra Hucha de Reclamaciones y la sección dedicada a las SENTENCIAS.

      Como siempre, quedamos a tu disposición ante cualquier otra duda.

      Un saludo.

MUY IMPORTANTE: Si vas a realizar una consulta debes leer antes toda la información de la página CONSULTAS.

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