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Declarado nulo un contrato de tarjeta de crédito de Bankia por el que un usuario de EZ recupera 1.919,17 €

Declarado nulo un contrato de tarjeta de crédito de Bankia por el que un usuario de EZ recupera 1.919,17 €

Un contrato de tarjeta de crédito de Bankia es declarado nulo por el Juzgado de Primera Instancia Nº 3 de Alcobendas por usurario.

El proceso judicial fue encabezado por el letrado D. Rodrigo Pérez del Villar Cuesta colaborador de Economía Zero, gracias al cual, el demandante pudo recuperar su dinero.

La parte actora presenta demanda contra la entidad bancaria al constatar que el interés pactado en el presente contrato contiene un interés remuneratorio del 26,08 % TAE siendo, en la fecha de estipulación del contrato, notablemente superior al interés del mercado para los préstamos al consumo y, por tanto, manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso.

En el presente litigio y ante lo expuesto, la Magistrada del caso declara nulo el contrato firmado por el demandante con la entidad Bankia y condena a ésta a la retribución a la parte demandante de la cantidad pagada por todos los conceptos que hayan excedido del total del capital efectivamente prestado o dispuesto.

Los intereses legales son impuestos a la demandada, con expresa imposición de las costas causadas.

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Si tienes o has tenido una tarjeta de crédito con Bankia, WiZink o cualquier otra entidad, o un préstamo de Cofidis, Vivus, Creditea, etc. es probable que tengas intereses usurarios.

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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 DE ALCOBENDAS

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1262/2018
Materia:
Nulidad

Demandante: D. XXXXXX
PROCURADOR Dña. XXXXXX
ABOGADO D. Rodrigo Pérez Del Villar Cuesta

Demandado: BANKIA S.A.
PROCURADOR Dña. XXXXXX
ABOGADO D./Dña. XXXXXX

SENTENCIA Nº 144/2019

En Alcobendas a veinticinco de abril de dos mil diecinueve.

Dña. XXXXXX, Magistrada Juez del Juzgado de Primera Instancia Nº 3 de Alcobendas, ha visto los presentes autos del juicio ordinario seguidos en este Juzgado con el número 1264/18 a instancia de la procuradora de los tribunales Dña. XXXXXX actuando en nombre y representación de D. XXXXXX contra la entidad financiera BANKIA, en ejercicio de una acción de declaración de nulidad.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Por la procuradora de los tribunales Dña. XXXXXX actuando en nombre y representación de D. XXXXXX se presentó demanda de juicio ordinario contra la entidad financiera BANKIA, solicitando previa alegaciones de hechos y fundamentos de derecho, que se dictara sentencia condenatoria frente a la parte demandada.

SEGUNDO: Admitida a trámite la demanda se le dio traslado a la parte demandada para que contestara en el término de veinte días.

Contesto a la demanda solicitando una sentencia desestimatoria de la pretensión del demandante, alegando para ello los hechos y fundamentos de derecho que estimaba de aplicación.

Contestada la demanda, se convoca a las partes a la celebración de la audiencia previa que tuvo lugar el día 10 de abril de 2019, las partes fueron exhortadas para llegar a un acuerdo y no manifestando su conformidad, y a continuación se propusieron los medios de prueba por las partes y se admitieron las que se consideraron pertinentes.

Y admitiéndose solo la prueba documental en aplicación del artículo 429.8 de la LEC quedaron las actuaciones para dictar sentencia, una vez transcurrido el plazo otorgado al demandado para aportar la documentación requerida.

TERCERO: Se han observado en la tramitación de este juicio los términos y prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Se ejercita por la parte actora acción de declaración de nulidad del contrato de tarjeta de crédito firmado con la entidad financiera BANKIA, con una tasa anual equivalente del 26,08 %.

El Banco de España desde el año 2003 publica los tipos de interés medio y el TAE medio aplicables a las operaciones de crédito al consumo.

En el primer recibo de octubre de 2015 el TAE era de 9,05 %, el TAE aplicado al contrato era mayor al doble que el TAE publicado por el Banco de España.

Por todo ello se solicita se declare la nulidad del contrato de tarjeta de crédito y se condene a la demandada a los efectos jurídicos correspondientes de tal declaración con la devolución de las cantidades pagadas por todos los conceptos que haya excedido del capital efectivamente prestado más los intereses legales y costas.

Y subsidiariamente se declare la nulidad de las cláusulas de intereses remuneratorios por falta de incorporación y transparencia así como demás cláusulas abusivas contenidas en el titulo apreciadas de oficio con los efectos restitutorios que procedan más intereses legales y costas.

La parte demandada se opone a la demanda, alegando los siguientes hechos, que no procede nulidad alguna ya que el demandado no es el prestamista alegando la falta de legitimación pasiva sin que pueda ser obligado a restituir cantidad alguna y la caducidad de la acción ejercitada.

Las condiciones del contrato fueron negociadas entre las partes independientes sin que la parte durante toda la vigencia del contrato manifestara nada al respecto. Solicitando por todo ello la desestimación de la demanda interpuesta y costas.

SEGUNDO: En primer lugar en cuanto a la falta de legitimación pasiva de la demandada debe de ser desestima, la adquisición el crédito le coloca en la posición del prestamista asumiendo los derechos y obligaciones inherentes a la cesión del crédito con todas sus consecuencias positivas y negativas.

Y en cuanto a la caducidad de la acción ejercitada ya que el contrato alega la demandada que se firmó hace más de cuatro años.

Debemos de estar a lo recogido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el momento en que se produce la consumación de los contratos, habiendo declarado en Sentencia del 11 de junio de 2003 que: «Dispone el Art. 1.301 del Código Civil que en los casos de error, o dolo, o falsedad de la causa, el plazo de cuatro años, empezará a correr, desde la consumación del contrato, norma a la que ha de estarse de acuerdo con el Art. 1.969 del citado Código.

En orden a cuando se produce la consumación del contrato, dice la sentencia de 11 de julio de 1984 que «es de tener en cuenta que aunque ciertamente el cómputo para el posible ejercicio de la acción de nulidad del contrato de compraventa, con más precisión por anulabilidad, pretendida por intimidación, dolo o error se produce a partir de la consumación del contrato, o sea, hasta la realización de todas las obligaciones (sentencias, entre otras, de 24 de junio de 1897 y 20 de febrero de 1928)», y la sentencia de 27 de marzo de 1989 precisa que «el Art. 1.301 del Código Civil señala que en los casos de error o dolo la acción de nulidad del contrato empezará a correr desde la consumación del contrato.

Este momento de la ‘consumación’ no puede confundirse con el de la perfección del contrato, sino que sólo tiene lugar, como acertadamente entendieron ambas sentencias de instancia, cuando están completamente cumplidas las prestaciones de ambas partes», criterio que se manifiesta igualmente en la sentencia de 5 de mayo de 1983 cuando dice, «en el supuesto de entender que no obstante la entrega de la cosa por los vendedores el contrato de 8 de junio de 1955, al aplazarse en parte el pago del precio, no se había consumado en la integridad de los vínculos obligacionales que generó«.

Y en supuestos concretos de contratos de tracto sucesivo se ha manifestado la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

La sentencia de 24 de junio de 1897 afirmó que «el término para impugnar el consentimiento prestado por error en liquidaciones parciales de un préstamo no empieza a correr hasta que aquél ha sido satisfecho por completo«.

Tal doctrina jurisprudencial ha de entenderse en el sentido, no que la acción nazca a partir del momento de la consumación del contrato, sino que la misma podrá ejercitarse hasta que no transcurra el plazo de cuatro años desde la consumación del contrato que establece el Art. 1.301 del Código Civil. Con lo que la acción no estaría caducada.

Igualmente la Sección 1ª de nuestra Audiencia ha rechazado la caducidad en sentencia de 3/3/2014. Por lo que desestimamos dicha alegación.

Entrando en el fondo del asunto, efectivamente, la ineficacia –como reacción sancionadora del ordenamiento jurídico frente a un negocio jurídico irregular– de los contratos viene determinada por la concurrencia de alguna de las siguientes causas:

I.- Por su nulidad radical y absoluta o inexistencia.

II.- Por su nulidad relativa o anulabilidad.

III.- Por su rescindibilidad.

Y, por su parte, la nulidad absoluta y radical de un negocio jurídico, puede tener lugar:

a. Porque se hayan traspasado los límites que señala el ordenamiento jurídico, artículo 1255 del Código Civil para el juego de la autonomía de la voluntad.

b. Porque el negocio jurídico carezca de los requisitos esenciales del artículo 1261 del Código Civil o de los que el ordenamiento jurídico imponga por razón del tipo negocial concreto.

c. Porque el negocio jurídico omite cualquiera de los elementos que su naturaleza o tipo exige.

d. Porque el negocio jurídico tenga por objeto cosas fuera del comercio de los hombres o servicios que sean contrarios a la ley o a las buenas costumbres artículo 1271 del Código Civil.

e. Porque el negocio jurídico adolezca de una causa ilícita en el sentido del artículo 1275 del Código Civil.

f. Porque el negocio jurídica carezca de la forma exigida.

En la presente resolución deben resolverse dos cuestiones: la primera, si las cláusulas contenidas en el contrato suscrito entre las partes, son nulas por abusivas, atendiendo a la condición o no de consumidor del demandado, y la segunda, qué efectos debe tener en este procedimiento una decisión estimatoria de esa nulidad total del contrato.

Se entiende como cláusula abusiva, a la luz de lo dispuesto en el artículo 3 de la Directiva 1993/13/CEE, “1. Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato.

2. Se considerará que una cláusula no se ha negociado individualmente cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no haya podido influir sobre su contenido, en particular en el caso de los contratos de adhesión”.

La abusividad de determinadas cláusulas en este tipo de contrato de préstamo ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) así como por nuestro Tribunal Supremo.

Este último, en una importante Sentencia de 22 de abril de 2015 se pronunció en el sentido siguiente: “tratándose de cláusulas no negociadas en contratos concertados con consumidores, la ausencia de vicios del consentimiento o, lo que es lo mismo, que el consumidor haya prestado válidamente su consentimiento al contrato predispuesto por el profesional, incluso en el caso de cláusulas claras, comprensibles y transparentes, no es obstáculo para que pueda declararse la nulidad de las cláusulas abusivas cuando, pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato (art. 3.1 de la Directiva 1993/13/CEE y 82.1 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios).

Es más, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo, TJUE) que desarrolla la Directiva 1993/13/CEE ha resaltado la importancia que en el sistema de Derecho comunitario tiene el control de abusividad de las cláusulas no negociadas en contratos celebrados con consumidores.

La STJUE de 30 de mayo de 2013, asunto C-488/11, caso Asbeek Brusse y de Man Garabito, ha declarado que el artículo 6.1 de la Directiva 1993/13/CEE es una disposición de carácter imperativo, equivalente a las disposiciones nacionales que, en el ordenamiento jurídico interno, tienen rango de normas de orden público, y que dicha Directiva en su totalidad constituye una medida indispensable para el cumplimiento de las misiones confiadas a la Unión, especialmente para la elevación del nivel y de la calidad de vida en el conjunto de ésta (apartados 43 y 44).

En conclusión, el cumplimiento de los fines perseguidos por la Directiva 93/13/CEE ha forjado como un principio de interés general del Derecho de la Unión la supresión de las cláusulas abusivas en el tráfico jurídico-económico, para conseguir un mercado libre de situaciones de desequilibrio contractual en perjuicio de los consumidores.

Este interés general, situado en el terreno de los principios y por encima del interés particular de cada consumidor en cada caso concreto, es el que justifica la no vinculación del consumidor a las cláusulas abusivas, y que, como veremos más adelante, tal desvinculación deba ser apreciada de oficio por los órganos judiciales, en una dimensión que entronca con el orden público comunitario.

La protección de los legítimos intereses económicos y sociales de los consumidores es un principio esencial del ordenamiento jurídico (artículo 169 TFUE), que debe actuar particularmente frente a la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos”.

No se discute la condición de consumidor del demandante.

En este supuesto es ilustrativa la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona ene fecha 24 de enero de 2019.

En supuestos prácticamente idénticos al que ahora se enjuicia, las sentencias de esta Sección de 26 de junio de 2017 y de 17 de enero de 2018 recordaban la del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2015, que compendia la doctrina del propio tribunal expresada en anteriores resoluciones, en particular, la sentencia de 18 de junio de 2012 y también la de 2 de diciembre de 2014.

Indica el Alto Tribunal que la usura debe ser apreciada desde los principios de unidad y sistematización, de manera que ha de entenderse que las tres modalidades de usura previstas en la ley conllevan un mismo tipo de ineficacia, cual es la de nulidad integral de la operación.

Esas tres modalidades, conforme al artículo 1 de la Ley de Represión de la Usura de 1908, son las de (i) interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado en relación con las circunstancias del caso, (ii) situación angustiosa del prestatario, y (iii) entrega de menor cantidad de la aparente.

La misma resolución advierte que no es necesario que concurran todos los requisitos objetivos y subjetivos para poder declararse el préstamo como usurario.

Basta que se haya estipulado un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso, de modo que no es preciso que haya sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, inexperiencia o limitación de facultades mentales.

Según la sentencia, esto es lo que se quería decir en las SSTS 406/2012, de 18 de junio, y 677/2014, de 2 de diciembre, cuando se enfatizaban los criterios de «unidad» y «sistematización» que debían informar la aplicación de la LRU.

La modalidad de contrato usurario propiamente dicho se caracteriza porque contiene la estipulación de «un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado en relación con las circunstancias del caso», como resulta, como se ha dicho, del primer párrafo del artículo 1 de la Ley de julio de 1908.

Es distinta la modalidad de contrato leonino, que se define por tratarse de un préstamo aceptado por el prestatario a causa «de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales».          

En concreto, la referida sentencia del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2015 considera usurario por excesivo un interés remuneratorio TAE del 24,60 % contenido en un crédito de consumo tipo tarjeta revolving de julio de 2001.

El caso enjuiciado presenta grandes similitudes con el resuelto por dicha sentencia de casación.        

 Pues bien, según resulta de la estadística que publica el Banco de España con informaciones procedentes de las propias entidades objeto de supervisión, el tipo de interés legal del dinero en España estaba situado para los años 2010 y 2011 en un 4 %, mientras que el tipo de interés de referencia para los créditos al consumos otorgados por entidades bancarias en la anualidad de 2010, según se desprende de la tabla estadística aportada por la demandada, fue del 9,80 %.

No ha ofrecido Cofidis Hispania E.F.C., S.A. la más mínima explicación del interés remuneratorio que en su día impuso a Dña. XXXXXX (21,90 % anual), y que rebasa claramente el duplo del «interés normal del dinero» para ese tipo de operaciones.

Tampoco identifica la entidad apelada la razón de excepción justificativa de la estipulación de un interés «manifiestamente desproporcionado en relación con las circunstancias del caso», puesto que nada se indica acerca de un supuesto acusado riesgo de la operación justificativo del tipo del 21,90 % anual.

Se significa al respecto que la precitada sentencia del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2015 proclamaba que «para que el préstamo pueda ser considerado usurario es necesario que, además de ser notablemente superior al normal del dinero, el interés estipulado sea manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso.

En principio, dado que la normalidad no precisa de especial prueba mientras que es la excepcionalidad la que necesita ser alegada y probada, en el supuesto enjuiciado no concurren otras circunstancias que las relativas al carácter de crédito al consumo de la operación cuestionada.

La entidad financiera que concedió el crédito revolving no ha justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo».

En suma, la operación de financiación litigiosa debe considerarse usuraria ya que concurren los requisitos establecidos en el primer párrafo del artículo 1 de la Ley de usura de julio de 1908:

1º. El interés remuneratorio convenido duplica el interés habitual de mercado para las financiaciones de consumo;

2º. La entidad concedente del crédito no ha indicado cuál sea la circunstancia específica del contrato justificativa de tan notoria desproporción entre el interés común en las financiaciones de consumo y el exigido a la Dña. XXXXXX.

En realidad, Cofidis Hispania E.F.C., S.A. ni siquiera afirma que para la concesión del crédito a la demandada apelante se practicase evaluación previa alguna del riesgo de la operación, siendo así que la Circular 4/2004 del Banco de España -y antes la Circular número 13/1993- impone a las entidades de crédito unas determinadas políticas y procedimientos -adecuadamente justificados y documentados- para la concesión de crédito (exige el máximo cuidado y diligencia en el estudio riguroso e individualizado del riesgo de crédito de las operaciones), basados primordialmente en «la capacidad de pago del prestatario para cumplir, en tiempo y forma, con el total de las obligaciones financieras asumidas» (tratándose de particulares debe atenderse de modo principal a su fuente primaria de renta habitual), y en la fijación de una política de precios orientada a cubrir «los costes de financiación, de estructura y riesgo de crédito inherente a cada clase de operaciones de crédito ofertadas».

En definitiva, como expresara la ya centenaria sentencia del Tribunal Supremo de 19 de febrero de 1912 , la usura concurre «cuando haya una evidente y sensible falta de equivalencia entre el interés que percibe el prestamista y el riesgo que corre su capital» (en esa misma línea se inscribe la STS de 22 de febrero de 2013), y en el presente caso nada sugiere que el riesgo de insolvencia de la cliente exigiera un interés remuneratorio a favor del concedente del crédito superior al doble del interés de mercado en las financiaciones de consumo.           

En consecuencia, el carácter usurario del contrato determina su nulidad de pleno derecho, lo que acarrea el efecto de que Dña. XXXXXX deberá únicamente reintegrar el capital recibido de la prestamista en aquella parte que no hubiere sido devuelta por medio de las cuotas mensuales satisfechas, sea en concepto de capital propiamente dicho o de abono de intereses, todo lo cual habrá de determinarse en ejecución de sentencia”.

Teniendo como base la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona y examinado el contrato doc. nº 10 de la demanda, se fijó un TAE de 26,08 %, y debemos considerar que el interés fijado y no pactado era superior al interés de mercado para los préstamos de consumo.

Y ello es así porque la sentencia de Pleno del TS de 25 de noviembre de 2015, fijó como parámetro de comparación o límite para declarar usurarios los intereses remuneratorios, que los pactados duplicaran el normal de mercado aplicable a los préstamos al consumo a la fecha de concertar el contrato.

E incluso en caso contrario considera esta Juzgadora que no es necesario ese parámetro de duplicidad, de forma que si el pactado excede notoriamente de los mismos aunque no alcance ese parámetro de la duplicidad, en la fecha de concertarse el contrato, siendo notablemente superior al del mercado para los préstamos al consumo, ha de considerarse manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso.

La entidad financiera que concedió el crédito revolving no ha justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo.

La operación de financiación litigiosa debe considerarse usuraria ya que concurren los requisitos establecidos en el primer párrafo del artículo 1 de la Ley de usura de julio de 1908:

1º. El interés remuneratorio convenido duplica el interés habitual de mercado para las financiaciones de consumo;

2º. La entidad concedente del crédito no ha indicado cuál sea la circunstancia específica del contrato justificativa de tan notoria desproporción entre el interés común en las financiaciones de consumo y el exigido a la demandante.

Por todo ello debe de ser estimada la demanda declarando nulo el contrato de tarjeta de crédito firmado en el año 2003.

TERCERO: Estimada la demanda en virtud de lo dispuesto en el artículo 394 de la LEC, se imponen las costas causadas a la parte demandada.

Vistos los preceptos legales y demás de general y pertinente aplicación.

FALLO

Que estimo la demanda presentada por la procuradora de los tribunales Dña. XXXXXX actuando en nombre y representación de D. XXXXXX contra la entidad financiera BANKIA, y debo declarar y declaro la nulidad del contrato de tarjeta de crédito con nº XXXXXX por tipo de interés usurario con todos los efectos jurídicos correspondientes y debo condenar y condeno a la parte demandada que devuelva al demandante la cantidad pagada por este, por todos los conceptos que hayan excedido del total del capital efectivamente prestado o dispuesto más los intereses legales y todo ello con expresa imposición de las costas causadas a la parte demandada.

Notifiques esta sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de apelación.

Así, por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

4 comentarios para Declarado nulo un contrato de tarjeta de crédito de Bankia por el que un usuario de EZ recupera 1.919,17 €

  • Juan Ignacio

    Buenas tardes

    Tengo una cuenta en Bankia, y un préstamo (y tuve otro préstamo diferente). Me cobran con cierta frecuencia comisiones por pagar tarde los recibos del préstamo, y también por descubierto en la cuenta.

    Me pasa lo mismo en BBK Cajasur. Donde tengo una cuenta corriente y una VISA de crédito, de la que también me cobran a menudo comisiones por pagar tarde.

    El ‘problema’ es cómo conseguir los extractos, ya que tanto en Bankia como en BBK Cajasur, al haber sido otras entidades previamente (Cajasur, BBK Cajasur), y (Caja Granada; BMN ; Bankia) hace más dificultoso encontrar los apuntes y los conceptos cobrados ‘indebidamente’.

    Aparte, no sé hasta cuanto tiempo se puede reclamar… Pero llevan cobrándome desde el principio de los tiempos por este tipo de concepto.

    Espero vuestra respuesta.

    Gracias y un saludo

    • Economía Zero

      Hola Juan

      Nos ponemos en contacto contigo para responder a tu consulta sobre la posibilidad de reclamar las comisiones por descubierto que te ha cobrado Bankia.

      Para conocer a fondo sobre la forma de proceder para reclamar las comisiones de descubierto, impago y similares que te haya cargado ilegalmente tu banco, te recomendamos que leas detenidamente el contenido del siguiente enlace: Cómo reclamar a los Bancos el cobro indebido de “comisiones por descubierto”.

      Resumiendo un poco el contenido del mismo, podemos reclamar a las entidades los cargos que nos han hecho en concepto de comisiones por descubierto; impago; reclamación saldo deudor; reclamación posiciones deudoras y similares.

      El objetivo de esta reclamación que llevamos a cabo, es conseguir para nuestros usuarios y usuarias la recuperación y devolución de todas las cantidades que las entidades financieras les hayan cobrado en concepto de comisiones por descubierto, reclamación de deuda vencida, comisiones por impago, etc.

      Desde Economía Zero nos encargaremos de toda vuestra reclamación, de principio a fin. En todo momento contaréis con la ayuda y supervisión de nuestro equipo de profesionales y abogadas.

      Después del estudio de la documentación que te solicitaremos (formulario con tus datos y los movimientos de la/s cuenta/s), te informaremos sobre la viabilidad de tu reclamación.

      Si estás de acuerdo con nuestras condiciones, te solicitaremos una autorización para que uno de nuestros abogados pueda iniciar la reclamación y negociación con la entidad y así recuperar todo el dinero que os han cobrado indebidamente en concepto de comisiones por descubierto.

      La reclamación de comisiones por descubierto se desarrolla en dos fases: una parte extrajudicial ante el Servicio de Atención al Cliente de la entidad y otra fase judicial (la cual no siempre es necesaria) ante el Juzgado de vuestra localidad.

      A lo largo del proceso de reclamación la entidad financiera puede realizar una o varias devoluciones parciales u ofrecernos un acuerdo para solucionar de forma amistosa nuestra reclamación. Desde Economía Zero estudiaremos todas las propuestas que quieran hacernos y os mantendremos informados en todo momento sobre los avances en las negociaciones.

      Si tras varias reclamaciones extrajudiciales no conseguimos que os devuelvan todo el dinero que os han cobrado indebidamente, iniciaremos la vía judicial para conseguir una sentencia que obligue a la entidad a devolveros todo el importe de las comisiones que os han ido cobrando a lo largo de los años. Tienes + INFO sobre los tipos de demanda y las características y condiciones de cada uno en este artículo: Cómo presentar demanda Judicial por comisiones por descubierto, posiciones deudoras y similares

      NO TE PEDIMOS NADA POR ADELANTADO Y SOLO COBRAMOS SI TÚ GANAS

      – Si conseguimos devoluciones parciales, totales o un acuerdo extrajudicial que vosotros consideráis interesante aceptar para evitar acudir al Juzgado, o la reclamación se resuelve finalmente interponiendo una demanda inferior a los 2.000 € (que no conlleva condena en costas), cobramos un 15 % + IVA de todas las cuantías recuperadas.

      – Si la reclamación se resuelve teniendo que interponer una demanda superior a los 2.000 €, cobraremos sólo las costas, que pagará el banco (siempre que el Juez así lo decida), sin porcentaje alguno del dinero que recuperéis. Si ganamos el juicio sin condena en costas, cobraremos el 15 % + IVA de la cuantía recuperada.

      ____________________________________________________________________________

      Te adjuntamos un documento PDF en el que se encuentran detalladas todas las condiciones de esta gestión y el servicio prestado por nuestra parte.

      Si decides contar con nuestros servicios para la reclamación, además de enviarnos los movimientos de la/s cuenta/s, necesitamos que nos devuelvas cubierto el formulario que te adjuntamos con todos tus datos y los de la/s entidad/es.

      Para conseguir los movimientos de tus cuentas, lo mejor es hacer un primer intento en la sucursal, solicitándolos al empleado/a de caja. Nosotros solemos deciros que digáis que tenéis un tema personal de solicitud de prestaciones y os han solicitado los movimientos en la gestoría. Para el caso de que no os los quieran entregar, la segunda opción es enviar una carta al Servicio de Atención al Cliente, que te preparemos llegado el momento.

      Una vez que tengas los movimientos en tu poder, deberás enviárnoslos para que podamos iniciar la reclamación.

      Indicarte por último que tenemos más de siete años de experiencia en la reclamación de este tipo de comisiones, con grandísimos resultados tanto extrajudiciales como judiciales.

      Si tenéis cualquier duda, solo tenéis que contactarnos al email o por teléfono en cualquiera de los números que aparecen en ESTE ENLACE.

      Un saludo.

  • Carlos

    Hola buenas,

    Me llamo Carlos XXXXX XXXXX, os escribo desde XXXXX capital, para haceros una consulta. Quería saber qué pasos he de seguir para reclamar la anulación de una tarjeta Visa flexible de Bankia que llevo muchos años pagando y no solo baja la cifra sino que a veces sube. El tarjeta de crédito me permite un máximo de 2200 euros y la pago en una cuota mensual de 50 euros, pero más de la mitad de los 50 euros (28,74e) se los llevan de comisión.

    Un gran problema que tengo es que he llamado a la oficina de Bankia que esta en Madrid, pero me he mudado a XXXXX, y entonces cuando les he pedido que me manden el contrato de la tarjeta, porque no lo encuentro, me dicen que tengo que ir a la oficina a firmar algo para que me lo den. La verdad no me fío, así que querría saber:

    1. ¿Qué documentos tengo que tener y cómo pedirlos y dónde pedirlos?

    2. ¿Qué pasos a seguir tengo que hacer una vez tenga la documentación?

    Muchas gracias por vuestra atención

    • Economía Zero

      Hola Carlos

      Nos ponemos en contacto contigo para responder a tu consulta sobre la reclamación de la tarjeta Bankia que nos comentas, que muy probablemente tenga intereses de usura.

      En primer lugar, respondemos a tus preguntas.

      1. ¿Qué documentos tengo que tener y cómo pedirlos y dónde pedirlos?

      Para iniciar la reclamación no necesitas ningún documento. Solo necesitamos la numeración de la tarjeta o el número de contrato. En definitiva, un número que nos permita identificar el producto que vamos a reclamar.

      En la reclamación que presentaremos, solicitamos toda la documentación de la tarjeta y las entidades suelen concederla. Sólo para el caso de que no nos respondan a las reclamaciones o de que no nos entreguen documentación, será necesario que tú recopiles toda la documentación que puedas de esta tarjeta: contrato, extractos mensuales, etc.

      2. ¿Qué pasos a seguir tengo que hacer una vez tenga la documentación?

      La estrategia de reclamación que seguimos desde ECONOMÍA ZERO es ocuparnos de toda la reclamación, desde el principio hasta el final. Te explicamos brevemente a continuación:

      1ª. PARTE DE LA RECLAMACIÓN: EXTRAJUDICIAL O PREJUDICIAL.

      En esta primera parte de la reclamación iniciaremos un procedimiento en el que mediante la negociación de nuestros abogados, intentaremos alcanzar un acuerdo con la entidad con el que podamos conseguir que os devuelvan todo el dinero que os han cobrado indebidamente y/o os anulen la deuda que no os corresponda, en un período de tiempo mucho más reducido (aproximadamente 2 meses, frente al mínimo de 9 meses que puede durar el proceso judicial completo).

      Quizás con un ejemplo podamos visualizar mejor los resultados que pretendemos conseguir.

      Si en el momento en que se declarase la nulidad del crédito en el juzgado, la entidad te ha prestado (sumando compras, disposiciones de efectivo y demás) un total de 1.000 € y con la suma de tus pagos mensuales ya les has satisfecho 500 €, deberás devolverles únicamente la diferencia entre estas dos cantidades, es decir, 500 €, ya que solo tendrás que devolverle a la entidad la cantidad que realmente te prestó.

      Si por el contrario, en el momento en que se declarase la nulidad del crédito, te han prestado 1.000 € y con la suma de tus pagos mensuales terminaste por pagar 1.500 €, deberán devolverte la diferencia entre estas dos cantidades, es decir, 500 €, además de anular la deuda que dicen que aún mantienes con ellos.

      En consecuencia, esto es lo que intentaremos conseguir con la negociación que iniciaremos con la entidad, para evitar tener que llegar a la segunda parte de la reclamación.

      Si, efectivamente, con la negociación conseguimos para ti la devolución de todas las cantidades que te han cobrado de forma indebida o conseguimos una devolución que a ti te resulta satisfactoria, terminará aquí el proceso de reclamación.

      Para llevar a cabo este procedimiento extrajudicial os solicitamos los datos del titular/es del crédito/s. Una vez que nos habéis facilitado estos datos, os enviaremos por email dos documentos que debéis imprimir para que podáis firmarlos y devolvérnoslos escaneados también por email. Con estos documentos formalizaremos el encargo del servicio y podremos enviarle a cada entidad la reclamación en vuestro nombre, firmada por uno de nuestros abogados. Además también tendréis que enviarnos escaneada una copia escaneada bien legible del DNI del titular, para adjuntarla con la carta de reclamación que enviaremos a cada entidad de crédito.

      En cuanto recibamos los documentos firmados por el/los titular/es y el DNI escaneado, realizaremos nosotros el envío certificado al Servicio de Atención al Cliente de cada entidad (sin repercutiros por ello coste alguno) e iniciaremos la negociación con la entidad, esperando resolver la reclamación en un plazo aproximado de 2 meses.

      En el momento en que recibamos respuesta de cada entidad, estudiaremos la propuesta que te quieran hacer, para informarte de las cantidades que van a devolverte y compararlas con las cantidades que te tendrían que devolver si acudiésemos al Juzgado a solicitar la nulidad del contrato. Si ellos nos entregan todos los movimientos necesarios, realizaremos un cálculo detallado para que puedas comprobar si la propuesta que te hacen es o no satisfactoria para tus intereses.

      Los costes de este servicio, podrás comprobarlas en el documento de encargo que te enviaremos, pero te las resumimos a continuación:

      Si tras esta negociación te efectúan una devolución o te anulan una parte de tu deuda, ECONOMÍA ZERO te cobrará el 15 % + IVA de esas cantidades. Por ejemplo, si te anulan 500 € de deuda y te devuelven 500 € en dinero, te cobraremos el 15 % + IVA de los 1.000 € que obtienes de beneficio (esto son 181,50 € IVA incluido).

      En caso de que no te hagan ninguna devolución ni rebaja en la deuda, no te cobramos nada. Sólo cobramos si tú recuperas dinero y/o ves rebajada tu deuda.

      Si con la negociación se finaliza la reclamación, aquí terminará el proceso y no tendrás ningún otro coste. Por ejemplo, si con los 1.000 € de beneficio no queda ya nada que reclamar en el Juzgado (o esta reclamación no te compensase) no habrá reclamación judicial.

      2ª. PARTE DE LA RECLAMACIÓN: DEMANDA JUDICIAL.

      En caso de no haber resuelto por completo la reclamación con la negociación extrajudicial (no te han devuelto todo el dinero que te corresponde), podemos acudir al Juzgado para conseguir la nulidad de tus contratos allí, con la consecuente devolución de todo el dinero que te han cobrado indebidamente.

      Con la documentación que habremos recopilado durante el proceso extrajudicial, uno de los Despachos de Abogados que colabora con nosotros, presentará una demanda contra cada entidad de préstamo para conseguir la nulidad del contrato y la consecuente devolución de todos los intereses y comisiones.

      Somos conscientes de que es muchísima toda la información que te hemos dejado, por lo que te ofrecemos tratar la consulta por teléfono.

      Finalmente, comentarte que los datos que necesitamos para elaborarte los documentos con los que empezaremos la reclamación son los siguientes:

      – Nombre y apellidos del titular.

      – Dirección completa.

      – Nº de DNI.

      – Nº de contacto (indícanos también una franja horaria en la estés disponible).

      – Nombre de la entidad.

      – Nº que identifique el producto (nº contrato/s; nº cliente, etc.).

      También puedes enviarnos documentación de los préstamos y las tarjetas. Ya sean recibos, extractos, contratos o cualquier otro documento donde se pueda comprobar la numeración del contrato de préstamo o tarjeta con la que identificar cada producto y preparar las reclamaciones.

      Si tenéis recibos mensuales, extractos o contratos de los préstamos o tarjetas, ya sea en PDF o en papel, es muy importante que lo conservéis todo o directamente nos lo enviéis para conservarlo nosotros, ya que esta documentación podrá ser fundamental para el proceso de reclamación en el caso de que las entidades en su respuesta no nos envíen la documentación que les solicitamos.

      Aprovechamos para recomendarte que visites nuestro listado de entidades y productos reclamables por usura, por si tuvieras otro préstamo o crédito con intereses abusivos que pudieras reclamar.

      Comentarte por último que si tienes dudas sobre los resultados de nuestras gestiones, te recomendamos que visites nuestra Hucha de Reclamaciones y la sección dedicada a las SENTENCIAS.

      Como siempre, quedamos a tu disposición ante cualquier otra duda.

      Un saludo.

MUY IMPORTANTE: Si vas a realizar una consulta debes leer antes toda la información de la página CONSULTAS.

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