Contrato «Dinero Ya» de Cofidis es declarado nulo por usurario: 22,95 % TAE

La Audiencia Provincial Civil de Madrid, en recurso de apelación interpuesto por dos clientes contra COFIDIS, falló a favor de los apelantes declarando la nulidad del contrato crédito al consumo denominado «DINERO YA» suscrito en marzo de 2007, así como del contrato de seguro vinculado al anterior contrato.

En dicho recurso de apelación fue expuesto el carácter usurario de los intereses, los cuales ascendían al 22,95 % TAE. Esta tasa de interés es notablemente superior al interés normal del dinero, excediendo ésta del doble del TAE medio aplicable a préstamos al consumo en la fecha de la celebración del contrato (año 2007) entre 1 y 5 años, que oscilaba entre el 10,36 % y el 10,28 % anual.

La entidad no acredita la existencia de circunstancias excepcionales que justificaran un interés remuneratorio tan elevado en el contrato «Dinero Ya», lo cual conlleva a que Cofidis es condenada a la anulación radical, absoluta y originaria del contrato de préstamo revolving, así como el seguro vinculado al mismo.

Además, como consecuencia, el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida por parte de COFIDIS; y si hubiera satisfecho parte de aquélla y los intereses vencidos, COFIDIS devolverá al prestatario lo que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del capital realmente prestado.

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SENTENCIA

Audiencia Provincial Civil de Madrid.
Sección Duodécima
Recurso de Apelación 12/2017
O. Judicial Origen: Juzgado de 1ª Instancia nº 4 de Alcalá de Henares
Autos de Procedimiento Ordinario 112/2016

DEMANDANTE/APELADO: COFIDIS, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
PROCURADOR: XXXXXX
DEMANDADO/APELANTE: XXXXXX
PROCURADOR: XXXXXX

SENTENCIA Nº 163 DE 2017
Ilmos. Sres. Magistrados:

D. XXXXXX
D. XXXXXX
Dª XXXXXX

En Madrid, a tres de mayo de dos mil diecisiete.

VISTO en grado de apelación ante esta Audiencia Provincial, integrada por los Sres. Magistrados indicados al margen, los Autos de, PROCEDIMIENTO ORDINARIO, núm.112/2016 procedentes del JDO. DE 1ª INSTANCIA núm. 4 de ALCALÁ DE HENARES, a los que ha correspondido el, en los que aparece como parte apelante Rollo núm. 12/2017 DON XXXXXX y DOÑA XXXXXX representados por la procuradora DOÑA XXXXXX, como apelada COFIDIS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA, representada por el procurador DON XXXXXX, y siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. XXXXXX, que expresa el parecer de La Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que, con fecha 21 de octubre de 2016, se dictó sentencia en primera instancia en cuyo fallo se recogía: «Que estimando parcialmente la demanda formulada por el Procurador D. XXXXXX, en nombre y representación de COFIDIS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA, debo condenar a los codemandados, D. XXXXXX y Dª XXXXXX, a abonar a la actora la cantidad de 6.649,23 €, absolviendo a los codemandados del resto de pedimentos contenidos en la demanda, todo ello sin hacer expresa mención de costas.»

SEGUNDO.- Notificada la anterior sentencia a las partes, por la representación de la partes demandados, don XXXXXX y doña XXXXXX, se presentó escrito interponiendo en tiempo y forma recurso de apelación, que fue admitido, y del que se dio traslado a las demás partes para que en 10 días presentasen escrito de oposición al recurso o, en su caso, de impugnación de la resolución apelada, en lo que le resultase desfavorable.

TERCERO.- Seguido el recurso por todos sus trámites, se señaló para la celebración de la votación y fallo el día 26 de abril de 2017, quedando pendiente de sentencia.

CUARTO.- En la tramitación del presente rollo se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

No se aceptan los fundamentos de derecho ni el fallo de la sentencia recurrida.

PRIMERO.- Por la representación procesal de don XXXXXX y doña XXXXXX se interpone recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Alcalá de Henares, nº 253/2016, de 21 de octubre, estimatoria parcial de la demanda formulada, y que condena a los codemandados al pago de la suma de 6.649,23 €.

Manifiesta la parte recurrente su disconformidad con la sentencia de instancia, alegan la existencia de un error en la valoración de la prueba, por cuanto estiman que el seguro suscrito con la entidad Assurance cubría la contingencia de incapacidad temporal del prestatario, situación en la que estuvo incurso Don XXXXXX. Asimismo, opone el carácter usurario de los intereses remuneratorios del contrato. Finalmente, esgrime que el interés acordado por el préstamo suscrito era abusivo.

Por ello, solicita la estimación del recurso de apelación formulado, la revocación de la sentencia apelada y la desestimación de las pretensiones contenidas en el suplico de la demanda.

SEGUNDO.- Hechos probados.

En un examen de la prueba documental aportada a los autos resultan acreditados los siguientes hechos relevantes:

1. En el mes de marzo de 2007, COFIDIS suscribió con los demandados un contrato de crédito al consumo denominado «DINERO YA», con una petición de trasferencia de 5.000 €, y un tipo de interés de 1,74 % mensual, posteriormente los apelantes solicitaron las siguientes cantidades:

– 1.523 €, que les fue trasferida el 15 de enero de 2000.

– 1.255 €, que les fue transferida el 28 de mayo de 2008.

– 362 €, que les fue trasferida el 30 de septiembre de 2009.

– 276 €, que les fue trasferida el 30 de febrero de 2010

La amortización de los préstamos se hacía mediante el pago de cuotas mensuales de 187 €.

2. El interés remuneratorio aplicado por COFIDIS a los préstamos realizados fue del 20,88 % anual, TAE 22,95 %, tal como indica la entidad prestamista en su escrito de oposición al recurso de contrario.
3. Ante el impago de los prestatarios de la cuota establecida COFIDIS procedió a dar por vencida la obligación procediendo a la a realizar la liquidación del contrato, liquidación que a fecha 28 de marzo de 2014, era la siguiente:
4. Total financiado 8.615 €. Intereses reclamados 4.150,55 €. Comisiones 126 €. Seguro 625,68 €, recibos impagados 2.062 €. Gastos vencimiento anticipado 378 €. Total reclamado 7.027,24 €.

TERCERO.- Carácter usurario del préstamo litigioso.

Por razones de sistemática en la exposición procede abordar en primer lugar el motivo opuesto de los recurrentes consistente en el carácter usurario del préstamo efectuado por COFIDIS, dicha entidad combate dicha afirmación en su escrito de oposición al recurso de apelación al considerar que la Jurisprudencia del Tribunal Supremo para la aplicación de la Ley de Azcárate toma como referencia no el interés legal del dinero sino el habitual para el mismo tipo de productos litigiosos o concesiones de crédito en circunstancias semejantes, y señala que el producto de autos se trata de un producto «revolving», siendo para los mismos la fijación de un interés semejante al que nos ocupa por las distintas entidades financieras, remitiéndose al documento de la demanda.

La ST de fecha 25 de noviembre de 2015 (Pleno) aborda la cuestión de un préstamo usurario en un crédito «revolving», declara el Alto Tribunal:

1.- Se plantea en el recurso la cuestión del carácter usurario de un «crédito revolving» concedido por una entidad financiera a un consumidor a un tipo de interés remuneratorio del 24,6 % TAE.

«El recurrente invoca como infringido el primer párrafo del art. 1 de la Ley de 23 julio 1908 de Represión de la Usura que establece: «será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales» .

Aunque en el caso objeto del recurso no se trataba propiamente de un contrato de préstamo, sino de un crédito del que el consumidor podía disponer mediante llamadas telefónicas, para que se realizaran ingresos en su cuenta bancaria, o mediante el uso de una tarjeta expedida por la entidad financiera, le es de aplicación dicha ley, y en concreto su art. 1, puesto que el art. 9 establece: «lo dispuesto por esta Ley se aplicará a toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualesquiera que sean la forma que revista el contrato y la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido» .

La flexibilidad de la regulación contenida en la Ley de Represión de la Usura ha permitido que la jurisprudencia haya ido adaptando su aplicación a las diversas circunstancias sociales y económicas. En el caso objeto del recurso, la citada normativa ha de ser aplicada a una operación crediticia que, por sus características, puede ser encuadrada en el ámbito del crédito al consumo.

2.- El art. 315 del Código de Comercio establece el principio de libertad de la tasa de interés, que en el ámbito reglamentario desarrollaron la Orden Ministerial de 17 de enero de 1981, vigente cuando se concertó el contrato entre las partes, y actualmente el art. 4.1 Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.

Mientras que el interés de demora fijado en una cláusula no negociada en un contrato concertado con un consumidor puede ser objeto de control de contenido y ser declarado abusivo si supone una indemnización desproporcionadamente alta al consumidor que no cumpla con sus obligaciones, como declaramos en las sentencias núm. 265/2015, de 22 de abril, y 469/2015, de 8 de septiembre, la normativa sobre cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores no permite el control del carácter «abusivo» del tipo de interés remuneratorio en tanto que la cláusula en que se establece tal interés regula un elemento esencial del contrato, como es el precio del servicio, siempre que cumpla el requisito de transparencia, que es fundamental para asegurar, en primer lugar, que la prestación del consentimiento se ha realizado por el consumidor con pleno conocimiento de la carga onerosa que la concertación de la operación de crédito le supone y, en segundo lugar, que ha podido comparar las distintas ofertas de las entidades de crédito para elegir, entre ellas, la que le resulta más favorable.

En este marco, la Ley de Represión de la Usura se configura como un límite a la autonomía negocial del art. 1255 del Código Civil aplicable a los préstamos, y, en general, a cualesquiera operación de crédito «sustancialmente equivalente» al préstamo. Así lo ha declarado esta Sala en anteriores sentencias, como las núm. 406/2012, de 18 de junio, 113/2013, de 22 de febrero, y 677/2014, de 2 de diciembre.

3.- A partir de los primeros años cuarenta, la jurisprudencia de esta Sala volvió a la línea jurisprudencial inmediatamente posterior a la promulgación de la Ley de Represión de la Usura, en el sentido de no exigir que, para que un préstamo pudiera considerarse usurario, concurrieran todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el art. 1 de la ley.

Por tanto, y en lo que al caso objeto del recurso interesa, para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la ley, esto es, «que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», sin que sea exigible que, acumuladamente, se exija «que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales».

Cuando en las sentencias núm. 406/2012, de 18 de junio , y 677/2014 de 2 de diciembre , exponíamos los criterios de «unidad» y «sistematización» que debían informar la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, nos referíamos a que la ineficacia a que daba lugar el carácter usurario del préstamo tenía el mismo alcance y naturaleza en cualquiera de los supuestos en que el préstamo puede ser calificado de usurario, que se proyecta unitariamente sobre la validez misma del contrato celebrado. Pero no se retornaba a una jurisprudencia dejada atrás hace más de setenta años, que exigía, para que el préstamo pudiera ser considerado usurario, la concurrencia de todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el párrafo primero del art. 1 de la Ley.

4.- El recurrente considera que el crédito «revolving» que le fue concedido por Banco Sygma entra dentro de la previsión del primer inciso del art. 1 de la Ley de Represión de la Usura en cuanto que establece un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado en relación con las circunstancias del caso.

La Sala considera que la sentencia recurrida infringe el art. 1 de la Ley de Represión de la Usura por cuanto que la operación de crédito litigiosa debe considerarse usuraria, pues concurren los dos requisitos legales mencionados.

El interés remuneratorio estipulado fue del 24,6 % TAE. Dado que conforme al art. 315, párrafo segundo, del Código de Comercio, «se reputará interés toda prestación pactada a favor del acreedor», el porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero no es el nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE), que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados.

Este extremo es imprescindible (aunque no suficiente por sí solo) para que la cláusula que establece el interés remuneratorio pueda ser considerada transparente, pues no solo permite conocer de un modo más claro la carga onerosa que para el prestatario o acreditado supone realmente la operación, sino que además permite una comparación fiable con los préstamos ofertados por la competencia.

El interés con el que ha de realizarse la comparación es el «normal del dinero». No se trata, por tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés «normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia» (sentencia núm. 869/2001, de 2 de octubre).

Para establecer lo que se considera «interés normal» puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.).

Esa obligación informativa de las entidades tiene su origen en el artículo 5.1 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (BCE), que recoge la obligación de este último, asistido por los bancos centrales nacionales, de recopilar la información estadística necesaria a través de los agentes económicos.

Para ello, el BCE adoptó el Reglamento (CE) nº 63/2002, de 20 de diciembre de 2001, sobre estadísticas de los tipos de interés que las instituciones financieras monetarias aplican a los depósitos y a los préstamos frente a los hogares y a las sociedades no financieras; y a partir de ahí, el Banco de España, a través de su Circular 4/2002, de 25 de junio, dio el obligado cumplimiento al contenido del Reglamento, con objeto de poder obtener de las entidades de crédito la información solicitada.

En el supuesto objeto del recurso, la sentencia recurrida fijó como hecho acreditado que el interés del 24,6 % TAE apenas superaba el doble del interés medio ordinario en las operaciones de crédito al consumo de la época en que se concertó el contrato, lo que, considera, no puede tacharse de excesivo. La cuestión no es tanto si es o no excesivo, como si es «notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», y esta Sala considera que una diferencia de esa envergadura entre el TAE fijado en la operación y el interés medio de los préstamos al consumo en la fecha en que fue concertado permite considerar el interés estipulado como «notablemente superior al normal del dinero».

5.- Para que el préstamo pueda ser considerado usurario es necesario que, además de ser notablemente superior al normal del dinero, el interés estipulado sea «manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso».

En principio, dado que la normalidad no precisa de especial prueba mientras que es la excepcionalidad la que necesita ser alegada y probada, en el supuesto enjuiciado no concurren otras circunstancias que las relativas al carácter de crédito al consumo de la operación cuestionada. La entidad financiera que concedió el crédito «revolving» no ha justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo.

Generalmente, las circunstancias excepcionales que pueden justificar un tipo de interés anormalmente alto están relacionadas con el riesgo de la operación. Cuando el prestatario va a utilizar el dinero obtenido en el préstamo en una operación especialmente lucrativa pero de alto riesgo, está justificado que quien le financia, al igual que participa del riesgo, participe también de los altos beneficios esperados mediante la fijación de un interés notablemente superior al normal.

Aunque las circunstancias concretas de un determinado préstamo, entre las que se encuentran el mayor riesgo para el prestamista que pueda derivarse de ser menores las garantías concertadas, puede justificar, desde el punto de vista de la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, un interés superior al que puede considerarse normal o medio en el mercado, como puede suceder en operaciones de crédito al consumo, no puede justificarse una elevación del tipo de interés tan desproporcionado en operaciones de financiación al consumo como la que ha tenido lugar en el caso objeto del recurso, sobre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico.

6.- Lo expuesto determina que se haya producido una infracción del art. 1 de la Ley de Represión de la Usura, al no haber considerado usurario el crédito «revolving» en el que se estipuló un interés notablemente superior al normal del dinero en la fecha en que fue concertado el contrato, sin que concurra ninguna circunstancia jurídicamente atendible que justifique un interés tan notablemente elevado».

En el caso que aquí nos ocupa tratándose de un contrato de línea de crédito, entra también dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Represión de la Usura al ser sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero.

Teniendo en cuenta la doctrina anteriormente expuesta al supuesto sometido a enjuiciamiento, cabe concluir el carácter usurario de los intereses aplicados en el contrato de crédito que nos ocupa, en primer lugar estimamos que debe aplicarse para «interés normal» puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales) aunque se trate de una operación crédito «revolving».

Porque no existe razón alguna para aplicar un interés más elevado a las operaciones anteriormente indicadas, pues en supuesto sometido a enjuiciamiento la elección del crédito concedido fue una decisión de la prestamista mediante una publicidad confusa, tratándose de un contrato de adhesión, y dicha forma de actuación no puede servir de excusa para la aplicación de intereses remuneratorios mucho más elevados, pero tampoco puede hacerse con el «interés habitual», que es en realidad lo que se pretende al señalar como término de referencia el tipo de interés medio establecido para las operaciones revolving, pues como también señala el Tribunal Supremo, la habitualidad o reiteración en la aplicación de un tipo de interés desproporcionado no elimina el carácter usurario que pudiera atribuirse al interés fijado en el caso concreto, en cuanto la reiteración no convierte en razonable y normal, prácticas que por sí son reprobables.

De acuerdo con el parámetro elegido para verificar la aplicación de un interés «normal del dinero» se aprecia que el TAE del 22,95 %, anual excede del doble del TAE medio aplicable a préstamos al consumo en la fecha de la celebración del contrato (año 2007) entre 1 y 5 años, que oscilaba entre el 10,36 % y el 10,28 % anual.

No acredita la entidad prestamista la existencia de excepcionales que justificaran un interés remuneratorio tan elevado, notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso, que son los parámetros que señala el Tribunal Supremo para considera usurario el interés fijado.

Apreciado el carácter usurario del interés remuneratorio establecido en el contrato en el sustenta su reclamación la entidad demandante ello conlleva su nulidad radical, absoluta y originaria, que no admite convalidación confirmatoria, porque es fatalmente insubsanable, ni es susceptible de prescripción extintiva, por lo que las consecuencia de todo ello han de ser las previstas en el art. 3 de la Ley de Represión de la Usura, es decir, el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida; y si hubiera satisfecho parte de aquélla y los intereses vencidos, el prestamista devolverá al prestatario lo que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del capital prestado.

La declaración de nulidad también afecta al contrato de seguro contratado por estar vinculado al contrato de préstamo.

Por todo lo expuesto procede acoger el motivo de oposición alegado.

CUARTO.- Por todo lo expuesto, procede estimar el recurso planteado, revocándose la sentencia apelada, acogiendo las pretensiones contenidas en la demanda.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no se hace imposición de las costas devengadas en esta alzada.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se imponen las costas de la primera instancia a la entidad demandante.

Vistos los preceptos y razonamientos citados, en nombre S.M. el Rey.

FALLO

Debemos ESTIMAR Y ESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de don XXXXXX y doña XXXXXX contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Alcalá de Henares, nº 253/2016, de 21 de octubre, y, en consecuencia, REVOCAMOS la expresada resolución.

Y, con ESTIMACIÓN de la demanda rectora del procedimiento, declaramos la nulidad del contrato crédito al consumo denominado «DINERO YA» suscrito en marzo de 2007, así como del contrato de seguro vinculado al anterior contrato, declarando que el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida; y si hubiera satisfecho parte de aquélla y los intereses vencidos, el prestamista devolverá al prestatario lo que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del capital prestado.

No se hace imposición de las costas devengadas en esta alzada. Se imponen a la entidad COFIDIS las costas causadas en la Instancia.

La estimación del recurso determina la devolución del depósito constituido, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 15ª de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de Julio, del Poder Judicial , introducida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial.

Notifíquese esta resolución de conformidad con lo establecido en el artículo 248.4 de la L.O.P.J . advirtiendo a las partes que contra esta sentencia Cabe interponer recurso de casación, y, en su caso, de infracción procesal, conforme a lo dispuesto en el artículo 477.2.3º de la LEC el cual habrá de ser interpuesto por escrito a presentar en el plazo de veinte días ante este mismo Tribunal, que habrá de cumplir las exigencias previstas en el artículo 481 del expresado Texto Legal, previa constitución , en su caso, del depósito para recurrir previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial , debiendo ser consignado el mismo en la cuenta de depósitos y consignaciones de esta Sección.

Líbrese testimonio de la presente el cual se llevará a los autos de su razón quedando el original en el presente libro y remítase otro al Juzgado de procedencia a los efectos oportunos.

Así por esta sentencia lo mandamos y firmamos.